El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Alejandro Quinteros, aseguró en la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa que tres reformas solicitadas por el gobierno buscan evitar que las estructuras criminales se «reorganicen» o «sigan operando desde los centros penitenciarios» de El Salvador.
Los diputados analizan tres reformas solicitadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: a la Ley Penal Juvenil, para que los menores de edad procesados por crimen organizado sean trasladados a centros penitenciarios comunes con separación de pabellones de separación; a la Ley contra el crimen organizado, para que los tribunales y cámaras especializadas asuman la vigilancia penitenciaria en esta materia; y a la Ley penitenciaria, para el mismo fin.
El magistrado Quinteros respaldó que los menores procesados por crimen organizado estén separados de los menores con «menor grado de peligrosidad». No explicó si actualmente están combinados.
Detalló que actualmente hay 44 jueces distribuidos en 11 tribunales en todo El Salvador y dos cámaras especializadas, además de 17 jueces de vigilancia penitenciaria en todo el país.
«Se busca evitar el uso de beneficios penitenciarios que pueden generar impunidad o facilitar la reorganización de estructuras criminales dentro del sistema penitenciario».
Alejandro Quinteros, magistrado de CSJ.
Quinteros aseguró que la reforma busca «mayor seguridad jurídica» «en principio» para evitar que estas «estructuras sigan operando desde los centros penitenciarios».
Cumplimiento gradual y con refuerzo
Sin embargo, el magistrado propuso que la implementación de la vigilancia penitenciaria del cumplimiento de las penas de crimen organizado sea gradual, evitando un colapso de la carga judicial en los 44 jueces de crimen organizado. Así, propone un juez de apoyo con su equipo en cada tribunal.
También, propuso «que los actuales jueces de ejecución de medidas al menor sigan controlando las medidas y penas ya impuestas a menores de edad», ya que la propuesta no hace referencia a qué pasará con los menores señalados de crimen organizado.
Además, pide que se refuerce presupuestariamente a la CSJ en un artículo 4 de la reforma a la Ley contra el crimen organizado: «La Corte Suprema de Justicia dispondrá de los refuerzos presupuestarios, cuya necesidad se derive de las medidas institucionales adecuadas para racionalizar la sobrecarga de trabajo que originará la implementación de esta reforma legal».
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