El «ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro», defendió este martes tres reformas que buscan que los menores de 18 años procesados o condenados por «delitos crimen organizado» sean enviados a los centros penales comunes, en donde serán separados con pabellones, y que su pena sea vigilada por los mismos tribunales que procesan los delitos de crimen organizado y no por «juzgados de vigilancia penitenciaria».
La reforma permitiría separar a los menores acusados o condenados por pertenecer a pandillas, de los menores procesados o condenados por delitos comunes.
«Esto es tan sencillo como decir que El Salvador cree en la rehabilitación y readaptación (…), estamos haciendo lo mismo en la jurisdicción de menores (…) ¿En qué es lo que creemos? No creemos en ha rehabilitación de terroristas independientemente de la edad», reiteró el funcionario del gobierno de Nayib Bukele.
Villatoro, quien propuso las reformas, explicó que pretenden «mover donde deben estar» «a todos los menores y adultos condenados como menores por delitos de crimen organizado» y «dejarle a la jurisdicción penal juvenil primaria el tratamiento adecuado». «Es algo que le debíamos al sistema de justicia penal», dijo.
Según el funcionario, «los centros de menores seguirán existiendo» pero aseveró que no permitirán que los menores de edad señalados de pertenecer a organizaciones terroristas o pandillas convivan con otros menores.
«No necesitamos ningún tipo de jurisdicción de vigilancia penitenciaria para estos terroristas porque, si aceptásemos esa condición, estamos asumiendo que el Estado puede resetearle el cerebro a un asesino serial, lo cual no podemos».
«Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.»Para Villatoro, las reformas respetan los convenios internacionales que velan por los menores de edad.
«En ningún país del mundo existe una operación para terroristas entre adultos y menores, solo nosotros teníamos la torpeza de tratar a menores de edad de tratar con un sesgo bastante romántico aún y cuando era conocido que pertenecen a una organización terrorista», dijo.
La reforma a la Ley Penal Juvenil establece que en los centros penales que administra la «Dirección General de Centros Penales» habría «pabellones» que separen a los menores de 18 años de los adultos. La segunda reforma, a la Ley contra el crimen organizado, se traslada la ejecución de la pena a los tribunales de crimen organizado, y una tercera reforma, a la Ley Penitenciaria que otorga las competencias a tribunales de crimen organizado.
Según el funcionario, con las reformas, se está «reduciendo la carga» de vigilancia penitenciaria y no se requeriría más recursos presupuestarios como lo propuso el magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Al final, la Comisión de Seguridad Nacional aprobó las tres reformas aceptando las observaciones de Quinteros y emitiendo un dictamen parcial. Quinteros sugirió mantener la ejecución de las penas para los menores de edad en el juez de garantías al menor, dentro de los tribunales especializados, «asegurando un enfoque diferenciado del régimen penitenciario para adultos».
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