¿Qué concluyó el estudio actuarial de 2020 sobre el sistema de pensiones?

Un déficit de $17,824.20 millones para el pago de pensiones de los próximos cien años concluyó el “Informe sobre la valuación actuarial del sistema de ahorro para pensiones con proyecciones a partir de enero de 2020” publicado en marzo de ese año por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Una valuación actuarial es un estudio que pretende calcular las “obligaciones presentas y futuras” bajo ciertos flujos proyectados de ingresos y egresos de fondos, para evaluar si hay un equilibrio entre ingresos y gastos.

El estudio detectó un déficit actuarial de $9,159.75 millones en la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) para el periodo 2020-2119, faltante del monto total que debía pagar el Estado en los próximos 100 años en pensiones: obligaciones por $17,347.01 millones versus $7,964.98 millones de ingresos.

“Sus ingresos no serán suficientes para soportar las cargas que le han sido establecidas”, indicaba el estudio.

La CGS se destina el 88 % de sus fondos al pago de pensiones de jubilados del sistema privado –el SAP, los que cotizan a las AFP, tanto optados como obligados–, 1 % para pagar los Certificados de Traspaso (CT) y 11 % para las devoluciones de saldos.

En ese momento se previó que los fondos de la CGS “solamente alcanzarán a cubrir los compromisos hasta aproximadamente al año 2027” y “a partir de 2028 se estima que la CGS será deficitaria” y “requerirá del financiamiento del Estado para poder cumplir los compromisos previsionales a su cargo”.

Así, según el cálculo actuarial de 2020, la CGS terminaba el año 2027 con apenas $3.03 millones y afrontaba un saldo en rojo de -154.97 millones en 2028 y de -170.01 millones adicionales en 2029, aún tomando en cuenta los aportes de los trabajadores salvadoreños que cotizan a las AFP.

El estudio también calculó en $8,664.45 millones el déficit actuarial de las pensiones que debe pagar el Estado a los pensionados del Sistema Público de Pensiones, es decir, es lo que le falta al Estado para pagar 82 años de compromisos previsionales de este sector, cuyos aportes de cotizantes activos apenas suman $82,000.

En total, el déficit de pensiones que en ese momento resultaba de $17,824.20 millones, más de 12 veces el financiamiento que otorgará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a El Salvador para estabilizar la situación financiera del Estado. La cifra es casi dos presupuestos anuales de El Salvador.

El informe aclara que no se consideran las cargas fiscales por el pago de intereses y capital de la deuda del Estado con los ahorros de los cotizantes de las AFP.

La valuación actuarial de 2020 se hizo con base en la existencia de 2,013,477 afiliados a los sistemas de pensiones, 1,914,079 del sistema privado y 99,398 del sistema público. También, se hizo tomando en cuenta que la edad legal de jubilación es 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres; y que la edad máxima para acceder al beneficio es 85 años para los hombres y 80 años para las mujeres.

Una valuación actuarial de 2019 proyectó saldos rojos de la CGS a partir de 2026: -42.08 millones en 2026, -108.16 millones en 2027 y $-162.59 millones en 2028, progresivamente hasta alcanzar los -859.91 millones en 2058.

Evaluación actuarial de 2025

El gobierno de El Salvador, «con el apoyo técnico del FMI» tiene «previsto publicar una evaluación actuarial que evalúe la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones para finales de septiembre de 2025».

Esta publicación la dio a conocer el FMI en el «Informe del personal para la consulta del artículo IV de 2025, primera revisión bajo el Servicio de Fondo Ampliado y solicitudes de exención por incumplimiento de los criterios de desempeño y modificación de los criterios de desempeño», dentro de un documento publicado en julio pasado.

Según ese documento, la prórroga de la publicación del estudio actuarial, prevista inicialmente para julio de 2025, «permitirá disponer de más tiempo para estimar con precisión los complejos regímenes de prestaciones aplicables» a las futuras cantidades de jubilados.

Hasta este martes, el Ministerio de Hacienda ni la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) aún no había publicado esta evaluación actuarial.

En un plan por estabilizar las finanzas estatales salvadoreñas, con un apoyo financiero de $1,400 millones, el FMI ha acordado con el gobierno salvadoreño «que a principios de 2026 se implemente una reforma integral del sistema de pensiones para fortalecer su situación financiera, a la vez que se contengan los costos fiscales y los pasivos contingentes». La publicación de la propuesta de reforma de pensiones está prevista para el 10 de febrero de 2026 y se aprobaría ese mismo año.