El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, entregó el martes a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto general del Estado, presupuestos de autónomas y la Ley de Salarios para el ejercicio fiscal 2026, y repitió por segundo año su promesa de que no usará deuda para gasto corriente, sino solo ingresos propios.
El presupuesto asciende a $10,555.6 millones.
“Los ingresos estimados van a financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales”, fue la promesa del funcionario salvadoreño encargado de manejar las finanzas del Estado, con lo cual consideró que “por segundo año consecutivo” presentan “un proyecto de presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria”.
El gasto corriente es la erogación que realiza una entidad o persona para su funcionamiento u operación como salarios, compra de bienes y servicios, intereses de deuda, y transferencias que no se recuperan; es todo aquello que no es inversión en infraestructura.
“El presupuesto está totalmente balanceado, no requerirá de brecha y todos los ingresos corrientes (impuestos, tasas, contribuciones) que percibe el Estado van a financiar todo el gasto corriente”.
Jerson Posada Molina, ministro de Hacienda.
El gobierno calcula que el próximo año tendrá $8,950 millones de ingresos corrientes, incluidos $8,349 millones de ingresos tributarios.
Hacienda dice que la mayoría de proyectos de inversión serán financiados con préstamos de multilaterales. Prevé una inversión pública de $2,261 millones para 2026; en 2025 la inversión pública lleva una ejecución de 54.9 % de lo programado hasta agosto.
Ante una pregunta que retomó su promesa de financiar “la totalidad” del gasto corriente con ingresos propios y mencionó los préstamos del Banco Mundial que ha recibido el gobierno. El ministro reiteró la promesa y sostuvo que la mayoría de proyectos de inversión pública serán financiados con préstamos.
Un economista consultado consideró positiva la promesa, ya que eso implicará que el Ministerio de Hacienda deberá reorientar los préstamos de apoyo presupuestario que incorpore al presupuesto, y que la llamada «deuda flotante», en Letras del Tesoro Público (Letes) y Certificados de Tesorería (Cetes), que es deuda adquirida a un año plazo, no se acumulará ni refinanciará sino que deberá ser pagada en el mismo año.
“Eso sería favorable para la sostenibilidad de las finanzas públicas y reflejaría disciplina fiscal, que el gobierno comience a pagar sus Letes y Cetes en un plazo breve, que no pase del mismo año, y que los préstamos de apoyo presupuestario ya no se usarían para financiar gasto corriente sino para otro tipo de obligaciones más importantes”, indicó el especialista.
Hace una semana, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto estatal 2025 para incorporar $250 millones del préstamo del Banco Mundial a la unidad presupuestaria de “Obligaciones generales del Estado”. El préstamo corresponde al programa “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad y la resiliencia”.
Aunque Hacienda ni el Banco Mundial detallaron a qué unidad presupuestaria de las obligaciones generales del Estado se destinarán dicho refuerzo millonario. Esa unidad se compone de líneas presupuestarias como devolución de Impuesto sobre la Renta, seguro de vida de empleados públicos, devolución de IVA a exportadores, entre otros gastos corrientes.
“De seguro no usarán préstamos de apoyo presupuestario y también las Letes y Cetes que se emiten el otro año no se van a acumular, si no que se van a pagar el mismo año”.
Economista salvadoreño.
Actualmente, Hacienda puede emitir deuda flotante o de corto plazo únicamente para cubrir deficiencias temporales de caja hasta por un monto que no exceda el 20 % de los ingresos corrientes del Estado.
Hasta agosto de 2025, el gobierno ha acumulado una deuda flotante, Letes y Cetes, de $1,321.9 millones, $1,134.5 millones en Letes y $187.4 millones en Cetes. El ministro de Hacienda no detalló si se pagará la deuda a corto plazo reportada en el más reciente perfil de deuda según Transparencia Fiscal.
En agosto pasado, Hacienda pasó el 73 % de la deuda de corto plazo, $1,431.3 millones, a vencimientos de 2 y 7 años, “disminuyendo las presiones de caja y mejorando la liquidez del tesoro público”.