El gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Hacienda, desembolsó $1,517.7 millones en 2024 para el pago de intereses de la deuda pública, indican estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).
El monto es el más alto desde 1990, el primer año disponible en la base de datos del BCR. Además, aumentó en $187.2 millones, un 14.06 % respecto a los $1,330.5 millones reportados en 2023.
La asignación para los intereses de la deuda representó un 20 % de los ingresos tributarios netos recaudados en 2024, la principal fuente de financiamiento del gobierno sujeta a la dinámica económica.
Frente al total de ingresos y donaciones, representó un 16.8 % de los más de $9,027.9 millones que captó el fisco salvadoreño en concepto de tributos, contribuciones, transferencias y donaciones del exterior.
¿Qué significa tener una alta carga de intereses?
El alto costo de los intereses es una de las mayores presiones de la caja fiscal y un reflejo tanto del elevado nivel de endeudamiento como de la deuda cara que ha adquirido el gobierno. Los economistas han explicado en varias ocasiones que la carga resta recursos al Estado para otras carteras clave en el desarrollo de la población y la economía, como la inversión pública que en 2024 sumó $1,300 millones y fue 1.4 % inferior.
Las últimas dos emisiones de bonos de El Salvador se han colocado a un cupón sobre 9.5 %, de las cuales dos salieron al mercado internacional en 2024 por $1,000 millones cada una.
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En la actualización de la calificación de riesgo de El Salvador por parte de Fitch Rating, cuando subió la nota a 'B-' de 'CCC+', la agencia indicó que el pago de intereses aumenta debido a mayores costos de endeudamiento, como reflejo de una extensión de la curva de vencimiento de las operaciones en la gestión de pasivos.
“Sin embargo, la carga de intereses se está beneficiando de un período de gracia de cuatro años sobre la deuda relacionada con las pensiones otorgada al gobierno después de que completó un canje de deuda con los fondos de pensiones privados (AFP) en mayo de 2023 con los pagos de intereses capitalizados”, señaló la agencia.
Fitch señaló en ese momento que uno de los factores que conducirían a mejorar la calificación de El Salvador es la consolidación fiscal, que respalde una reducción sostenida de la deuda en relación al producto interno bruto (PIB), la relación entre intereses e ingresos, y la necesidad de financiamiento.
Para lograr esa consolidación fiscal, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo técnico por $1,400 millones que incluye un ajuste fiscal de 3.5 puntos del PIB durante tres años.
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