La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos, que crea una regulación distinta a la aplicada al sistema financiero salvadoreño, para regular los Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF) en donde personas o «inversionistas sofisticados» podrán invertir al menos $250,000.
Estos fondos podrán ser invertidos activos digitales como bitcoin.
Los PAIF serán propiedad exclusiva de los inversionistas y sus fondos se podrán invertir en activos digitales, con la ventaja de que sus ganancias o sus utilidades no pagarán Impuesto sobre la Renta en El Salvador.
Estos fondos y sus sociedades administradoras no estarán reguladas como los bancos por la “Ley de supervisión y regulación del sistema financiero”, aunque la ejecución de la supervisión sí la hará la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Banco Central de Reserva (BCR), que emitirá normas técnicas para regular los requisitos de informes de auditorías o políticas de funcionamiento.
El gobierno busca atraer inversiones con la nueva normativa, pero la oposición cuestiona los riesgos de que los fondos invertidos provengan de ilícitos.
Nuevas Ideas: “da certeza jurídica”
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, destacó que la nueva regulación da certeza jurídica a las inversiones que hagan los inversionistas sofisticados, que podrán invertir en activos digitales.
“La legislación debe regular la actividad que ya está pasando… Es uno de los temas que los inversionistas están buscando, generar su inversión y que haya una regulación que pueda darle una certeza jurídica al capital que ellos están invirtiendo”, indicó la diputada.
Agregó que, al regular este tipo de fondos, “se reduce el riesgo a fraudes e inestabilidad financiera” para proteger la economía salvadoreña.
“Los PAIF no solo van a traer grandes capitales, sino que se van a canalizar recursos hacia proyectos importantes en sectores como energía renovable, desarrollos inmobiliarios, tecnología y activos digitales”. Elisa Rosales, diputada de Nuevas Ideas.
La legisladora espera que la ley fortalezca “el ecosistema de inversiones para El Salvador” y con el tiempo “esto puede llegar el financiamiento no tradicional para los salvadoreños”.
Según Rosales, estos fondos alternativos ya son regulados en Estados Unidos, India, Singapur, Suiza, Brasil, México, Chile y Uruguay.
Convierte país en “paraíso” fiscal
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió modificar el artículo 14, sobre las facultades de la SSF para corroborar el cumplimiento de un marco de gestión de riesgos de los fondos de inversión privados alternativos.
“Este artículo 14 dice que la Superintendencia podrá corroborar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las administradoras de estos fondos de inversión en materia de lavado de dinero y activos; dice podrá, no dice deberá”, advirtió Ortiz.
Si existe una exposición a riesgos o hay deficiencias en estos fondos de inversión, la SSF podría solicitarle adecuaciones pertinentes.
El problema, según Ortiz, es que la SSF tendrá como “opción” exigir o no estas adecuaciones a las sociedades administradoras de este tipo de inversiones. Ortiz pidió que se sustituya por el verbo “deberá” para que la facultad de la SSF sea obligatoria.
La diputada de Vamos agregó que si las inversiones incluyen los activos digitales, incluidos los servicios de proveedores de bitin, es muy importante que la entidad que supervisará “sea fuerte y no tenga una facultad discrecional, ‘podrá’, yo invito a que consideren este cambio para que el marco sea sólido”, pidió.
La petición de Ortiz tuvo solo dos votos y en reacción la diputada calificó de pasapapeles a la Asamblea Legislativa y señaló a los diputados de Nuevas Ideas de representar a un pequeño grupo que está convirtiendo a El Salvador “en una suerte de paraíso” para inversionistas de criptoactivos y activos digitales.
“Al final luego de siete años de gestión, el esperado milagro económico nunca llega y encima se pone en riesgo a nuestro país de tener este tipo de actividades que realmente podrían generarnos una muy mala reputación a nivel internacional”.
Claudia Ortiz (Vamos).
“Lamento que no se haya considerado la propuesta. Implica que estos fondos de inversión estén constituidos con activos digitales y que se genere un riesgo de que desde países donde no hay una adecuada vigilancia de lavado de dinero y activos se puedan introducir fondos que provienen de actividades delictivas, a fondos de inversión en nuestro país”, alertó.
La diputada Dania González dijo que han propiciado seguridad jurídica en todos los proyectos de ley y leyó el artículo 63, que indica que estarán sujetos a la ley antilavado. “Esta Asamblea estuvo aprobando una nueva ley, hemos sido sumamente ordenados, de dejar cada uno de los candados específicos”, dijo.
“El artículo 1 de la ley establece que este es un marco de regulación de fondos de inversión alternativos… La SSF tiene toda la potestad y va a poder autorizar que cumplan con los requisitos y los criterios establecidos en la presente ley. Deja todos los candados necesarios”.
Dania González (Nuevas Ideas).