Más del 80 % de los hallazgos detectados por los delegados ocultos de la Defensoría del Consumidor están relacionados con cobros indebidos.
Los datos, solicitados a través de un recursos de acceso a la información pública, apuntan a que, entre julio y diciembre de 2024, se ejecutaron 87 inspecciones a través de la modalidad de investigador oculto.
De esta proporción, un 5.75 % no presentaron hallazgos, mientras que un 92.25 % reportaron algún tipo de inconsistencia.
Según la Defensoría del Consumidor,71 de las 81 inspecciones con incumplimientos, un 85.59 % del total, estuvieron relacionadas con cobros indebidos.
Esta situación se relaciona con lo que dicta el artículo 18 letra c de la Ley de Protección al Consumidor, en donde se establece como ilegal realizar cargos directos a cuenta de bienes o servicios que no hayan sido previamente autorizados o solicitados por el consumidor.
El gobierno enfatiza en la normativa que el silencio no puede ser tomado como una señal de aceptación de este cobro indebido.
Descubrimientos
Los investigadores también detectaron prácticas abusivas en 10 inspecciones, un 12.2 % del total detectados.
Por su parte, uno de los casos estuvo relacionado con la discriminación al consumidor por discapacidad, sexo, raza, religión, edad, condición económica, social o política.
En el documento, la Defensoría aclara que no puede brindar más detalles sobre los incumplimientos porque se encuentran en trámite legal.
Las inspecciones encubiertas de la Defensoría iniciaron en julio de 2024, una modalidad para vigilar y monitorear el mercado como consumidores.
En su momento, el gobierno explicó que los investigadores fungen como una persona autorizada, a pesar de estar encubiertos, para detectar hallazgos y prácticas abusivas.
La institución indicó que al momento de detectar alguna irregularidad como cliente, el personal de la Defensoría procederá a identificarse como inspector.
Según la Defensoría, los investigadores encubiertos pueden multar a las personas con sanciones que van desde los 50 hasta los 500 salarios mínimos.