El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves que los defensores de derechos humanos enfrentan amenazas serias, agresiones y criminalización por parte de “intereses oscuros” incrustados en las estructuras del Estado.
“Hoy enfrentamos niveles serios de amenazas, agresión y criminalización de personas que promueven el respeto de los derechos humanos frente a actores y redes criminales, a veces incrustados en instituciones del Estado, que se niegan a aceptar que Guatemala está cambiando”, expresó Arévalo durante un acto público celebrado en el antiguo Palacio de Gobierno.
Durante el evento fue presentada la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, una iniciativa impulsada en cumplimiento de una resolución emitida en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como respuesta al asesinato del activista Florentín Gudiel Ramos, ocurrido en 2004.
Política pública y cooptación del Estado
Arévalo sostuvo que “es evidente que hay una correlación directa entre el proceso de cooptación institucional y el aumento de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos”. Según el mandatario, esta nueva política representa un esfuerzo integral para cambiar esa situación.
“Es un día histórico para Guatemala porque concluye un proceso de diálogo que tiene como principal resultado esta Política”, afirmó, al destacar la impunidad que marcó el caso de Gudiel, quien “dedicó su vida al bien común”.
El documento, según Arévalo, busca garantizar una transformación real y duradera del Estado, de modo que casos como el de Gudiel no se repitan. “Esas vidas humanas han sido destruidas por aparatos de seguridad que deberían proteger al pueblo”, declaró.
Urgencia y actores en riesgo
Para el presidente guatemalteco, “es urgente” implementar esta política con el fin de construir una transformación irreversible del Estado, especialmente en un contexto donde son frecuentes las amenazas contra líderes indígenas, estudiantes, académicos, ambientalistas, periodistas, abogados y operadores de justicia independientes.
Arévalo denunció que estos “intereses oscuros” se encuentran agazapados en diferentes instituciones públicas y señaló que durante 2023 se registraron más de 9,000 ataques, de los cuales alrededor de 1,500 estuvieron dirigidos contra periodistas y comunicadores sociales.
Llamado a vigilar el sistema de justicia
Finalmente, el mandatario exhortó a la ciudadanía a “poner los ojos en el rescate del sistema de justicia en 2026”, año que calificó como crítico para el futuro democrático del país, debido a la elección de nuevas cortes y del próximo fiscal general.
La Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035 compromete a las instituciones estatales a garantizar el respeto y resguardo de quienes defienden derechos en un país en proceso de democratización, concluyó Arévalo.