La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en El Salvador, Raquel Guevara de Caballero, admitió que hay capturados bajo el régimen de excepción que tienen carta de libertad, pero que no han sido liberados y que espera respuesta de la Dirección General de Centros Penales.
«Sí es cierto, no llegan ni a 100, serán 80, 81 casos de personas que tienen cartas de libertad, pero de esos hay recapturas, porque tienen otras acusaciones por otros delitos que han sido cometidos. Pero la mayoría, yo creo más de 3,000, quizá más, de lo que yo me acuerdo, han sido liberados. Pero de 82,000 capturados con el régimen, son 81 casos que estoy esperando la respuesta de la Dirección General, que algunos son recapturas y los que no son recapturas, esos salen inmediatamente. Es muy probable que de esos 81, ya haya un porcentaje que a estas alturas ya haya sido liberado», dijo la funcionaria en una entrevista con Romeo Lemus.
Aunque la funcionaria habla de 82,000 capturados, el último dato que envió el Gabinete de Seguridad en la última petición de prórroga aprobada el 29 de octubre van 89,875 capturados.
En agosto de 2023, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que a esa fecha llevaban el registro de más de 7,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción, habían sido liberadas.
En la entrevista, emitida la semana pasada, la procuradora aseguró que en la Procuraduría reciben toda la información de las personas liberadas y capturadas.
«La Dirección General de Centros Penales me contesta cada oficio, hemos tenido una comunicación muy fluida. De los 82,000 que yo tenía registrados, de ellos 16, 292 familiares ha venido a preguntarme dónde está, el tema de ubicación, y cuando hay enfermedad leve o enfermedad crónica. Entonces si uno de ellos tiene problema de diabetes, quiere saber qué tratamiento se le da, entonces de Centros Penales me mandan la ficha técnica con el tratamiento que se le da. Y a través de la red del Ministerio de Salud, con telemedicina hacen las consultas».
Raquel Guevara de Caballero, Procuradora de Derechos Humanos.
Como ejemplo de atención médica en centros penitenciarios puso el del Centro Occidental de Santa Ana en donde dijo que hay 1,603 personas privadas de libertad y que en el plazo de dos meses y medio les dan consulta a todos «entonces los que requieren atención con especialistas hacen la conexión con el Ministerio de Salud, para que el especialista lo vea a través de telemedicina».
La prórroga actual número 44 del régimen de excepción inició el pasado 2 de noviembre y finaliza el 1 de diciembre de 2025.
Hasta septiembre de este año, el Socorro Jurídico Humanitario denunció que habían más de 450 reos que murieron en prisión, bajo custodia del Estado, debido a falta de atención médica y otros con señales de tortura y desnutrición. El gobierno ha negado estos señalamientos.
