La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó este lunes que al menos 554 personas han fallecido en centros penitenciarios de El Salvador tras ser capturadas durante la vigencia del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como parte de la estrategia del Gobierno contra las pandillas.
La ONG confirmó la actualización de sus registros y afirmó que se trata de «personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud».
Asimismo, Socorro Jurídico Humanitario reiteró que «el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad», «sin haber sido vencidas en juicio».
La organización, creada para brindar asistencia legal a familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción, señaló además que el número de fallecidos podría ser superior al registrado hasta ahora. Según la ONG, existiría un esfuerzo sistemático por ocultar información relacionada con estos casos dentro de los procesos judiciales masivos.
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre las cifras presentadas por la organización ni ha emitido una reacción oficial respecto a los señalamientos.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado en 53 ocasiones, suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. De acuerdo con datos oficiales, más de 92,480 personas han sido detenidas bajo esta medida, acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales.
Esta política de seguridad se ha convertido en la principal estrategia del Ejecutivo para combatir a las pandillas y también ha sido uno de los pilares del respaldo ciudadano al presidente Bukele, quien obtuvo la reelección para un segundo mandato, pese a los cuestionamientos sobre la prohibición constitucional vigente al momento de su candidatura.
Por su parte, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos mantienen críticas al régimen de excepción y aseguran haber recibido más de 6,400 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, principalmente relacionadas con detenciones arbitrarias y casos de tortura.
El abogado Daniel Olmedo sostiene en un análisis de los informes del Grupo de expertas y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador (GIPES) y de Amnistía Internacional que ambos reportes no son contradictorios y, por tanto, “fortalecen la base para acciones ante la Corte Penal Internacional”.
En el análisis “Dos caminos, una conclusión. GIPES y Amnistía Internacional frente a los crímenes de lesa humanidad en El Salvador”, publicado el 23 de julio, Olmedo compara el informe del GIPES presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2026 y el de Amnistía Internacional publicado en julio de 2026.
Ambos, dice, ven una posible comisión de delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción en El Salvador, pero con diferente población afectada: GIPES identifica grupos de pandillas y personas percibidas como pandilleros, además de opositores y personas recibidas como tales; y Amnistí Internacional se enfoca en personas de comunidades empobrecidas y estigmatizadas identificadas por zonas o apariencia física.
El abogado aseguró en su análisis de acciones ante la CPI o mediante los mecanismos de jurisdicción universal, que pueden ser ejercicios por los Estados.
Ambos señalan diferentes hechos que posiblemente se han cometido y que coinciden en encarcelación, tortura y desapariciones forzadas; además de otros actos inhumanos, uno menciona la desnudez forzada, falta de atención médica a embarazadas y obligación de presenciar actos de agresión a otros reos; y otro imposición de condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana.
También son mencionados el asesinato y la violación sexual pero únicamente por el reporte del GIPES.
El Salvador se adhirió al Estatuto de Roma el 3 de marzo de 2016. El Estatuto de Roma dio paso a la fundación de la Corte Penal Internacional para juzgar a personas responsables de cuatro categorías de crímenes: genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, definiendo el de lesa humanidad cuando es un ataque sistemático contra una población civil.
Según Olmedo, un elemento para que se cometa el crimen de lesa humanidad “es que el o los ataques que lo conforman se dirijan contra una población civil”.
En marzo de 2026, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador haya una persecución a los defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas.
En esa ocasión, el procurador general de la República, René Escobar Álvarez, aseguró que «el Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promisión de actos como desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias«.
En la misma audiencia, el GIPES sostuvo que hay «base razonable» que indican la posible perpetración de delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción.
El informe del GIPES fue rechazado y criticado por el gobierno salvadoreño. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló en ese entonces a «todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada» e insistió en que el Estado «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora» y acusó a «estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes».
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó el martes la audiencia única abierta contra 485 presuntos fundadores y cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes enfrentan cargos por múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2022.
La audiencia se prolongó por más de tres meses y permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar los alegatos finales, en los que solicitó al tribunal imponer la pena máxima para cada uno de los procesados por las imputaciones atribuidas dentro del proceso.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, informó que el Ministerio Público pidió las sanciones más severas para las 47,000 imputaciones presentadas contra los acusados, además del pago de $9 millones en concepto de responsabilidad civil por el delito de extorsión agravada.
“En esta audiencia única pública hemos finalizado nuestros alegatos finales, solicitando la imposición de la pena máxima en cada una de las 47,000 imputaciones que se les hacen a estos 485 criminales”, afirmó Muñoz.
De acuerdo con la acusación fiscal, los procesados enfrentan cargos por 444 homicidios agravados, extorsión agravada, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, rebelión y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos. La FGR también sostiene que la estructura utilizó aproximadamente 1,200 menores de 12 años y explotó a 638 mujeres víctimas de trata de personas para actividades delictivas.
Durante el juicio, la Fiscalía reprodujo audios de llamadas atribuidas a los principales líderes de la pandilla, en las que presuntamente daban instrucciones para cometer homicidios y otros delitos. Asimismo, expuso el funcionamiento del sistema denominado «válvulas abiertas», mediante el cual, según la acusación, se autorizaban períodos para ejecutar asesinatos contra personas consideradas traidoras o integrantes de grupos rivales.
Como parte de las garantías procesales, 162 imputados hicieron uso de la última palabra ante el tribunal, entre ellos varios ranfleros históricos de la MS-13. Algunos solicitaron «beneficios carcelarios» y manifestaron que ello permitiría que «la violencia no vuelva nunca más a las calles».
Antes de emitir el fallo, el tribunal deberá analizar más de 650 audios incorporados como prueba, más de 22,000 folios del expediente, actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y alrededor de 300 certificaciones presentadas por la Fiscalía. La fecha en la que se dará a conocer la sentencia será anunciada próximamente.
La audiencia única abierta es una figura procesal incorporada tras las reformas al Código Procesal Penal aprobadas durante la vigencia del régimen de excepción, que permite juzgar de forma masiva a presuntos integrantes de estructuras criminales y mantener abierto el proceso para incorporar nuevos acusados conforme avancen las investigaciones.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, acordaron acordaron “mantener canales de comunicación fluidos para dar seguimiento a las prioridades compartidas”, informó hoy la Vicepresidencia.
La reunión ocurre en el marco del Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), que se desarrolló en Ginebra, Suiza, los días 6 y 7 de julio.
De acuerdo a la Vicepresidencia, en el encuentro, Ulloa le expuso reformas y políticas del gobierno en seguridad, transformación digital y cooperación, destacó la reducción de la violencia, el fortalecimiento del turismo en el país e iniciativas de Inteligencia Artificial en salud y educación.
Türk, por su parte, según la Vicepresidencia, “enfatizó la importancia de colocar los derechos humanos en el centro de la gobernanza de la inteligencia artificial” y “manifestó la disposición de su Oficina para continuar el diálogo técnico con El Salvador”.
También acordaron identificar “nuevas áreas de cooperación técnica en beneficio de los salvadoreños”.
El 27 de febrero de 2026, Türk manifestó su preocupación por el “elevado” número de muertes de personas detenidas bajo custodia estatal de El Salvador durante su discurso en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. «Me preocupa el estado de excepción de cuatro años en El Salvador, y el uso de juicios masivos», señaló en esa ocasión.
El régimen de excepción instaurado desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado desde entonces ha facilitado la captura de personas por parte del Estado, que registra hasta 92,300 detenidos; mientras organizaciones sociales denuncias capturas arbitrarias, muertes de detenidos, malos tratos y torturas durante su aplicación.
La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra 563 cabecillas de la pandilla Barrio 18, a quienes atribuye un total de 14,488 delitos cometidos desde 2012, en uno de los procesos judiciales más amplios impulsados bajo el Régimen de Excepción.
El requerimiento fue presentado ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador y comprende a 275 integrantes de la facción Sureños y 288 de la facción Revolucionarios.
Entre los delitos imputados figuran rebelión, agrupaciones ilícitas, pertenencia a organizaciones terroristas, homicidios agravados, extorsiones y otros crímenes atribuidos a las estructuras criminales durante más de una década.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, aseguró que las pandillas fortalecieron su capacidad operativa durante el período conocido como la tregua entre pandillas, ocurrido en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
“Se fortalecieron por todas esas ventajas que les dio el gobierno en turno y que obviamente hicieron también crecer su organización”, afirmó Muñoz.
Uno de los principales procesados es Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificado por las autoridades como uno de los cabecillas históricos de la facción Sureños del Barrio 18 y señalado de ordenar extorsiones, homicidios y otras actividades criminales.
La acusación también incluye a Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”, considerado por las autoridades como el máximo cabecilla de la pandilla en el sector de La Campanera, en Soyapango, así como a César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”; Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”; Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”; y Víctor Antonio García, alias “Duke”.
Según la Fiscalía, César Daniel Renderos Díaz es señalado como responsable de la masacre ocurrida en Antiguo Cuscatlán en junio de 2006, donde murieron cinco personas, incluidos menores de edad. Además, enfrenta acusaciones por homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico de drogas y pertenencia a organizaciones terroristas.
En el caso de Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”, las investigaciones indican que dirigía una estructura de extorsión en el centro de San Salvador, donde presuntamente obligaba a menores de edad y vendedores ambulantes a movilizar los cobros ilícitos.
Entre los hechos incluidos en la acusación figura además la masacre registrada en marzo de 2016 en San Juan Opico, La Libertad Centro, donde fueron asesinados 14 trabajadores, uno de los casos más emblemáticos atribuidos a la pandilla Barrio 18.
Las autoridades sostienen que este proceso judicial busca llevar ante la justicia a quienes durante décadas dirigieron operaciones criminales que afectaron a miles de salvadoreños. Todos los imputados permanecen sometidos a procesos judiciales mientras avanzan las investigaciones y audiencias relacionadas con los delitos atribuidos por la Fiscalía.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular criticó este martes los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele y denunció lo que considera un deterioro de las condiciones democráticas, económicas y sociales en El Salvador.
La organización sostuvo que durante este período se ha consolidado una concentración de poder en las instituciones del Estado y cuestionó el papel de entidades como la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional en decisiones relacionadas con el actual proyecto político oficialista.
En el documento, en el marco del séptimo año de gestión del presidente Nayib Bukele, el movimiento también criticó la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y aseguró que esta medida ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en detenciones que considera injustificadas.
Asimismo, señaló que investigaciones periodísticas han planteado cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno, particularmente en relación con presuntos acuerdos con estructuras criminales, señalamientos que han sido rechazados en reiteradas ocasiones por las autoridades salvadoreñas.
La organización también expresó preocupación por la situación económica del país. Según el comunicado, el incremento en el costo de la vida, los bajos salarios y el aumento de precios en productos y servicios básicos continúan afectando a amplios sectores de la población.
En materia social, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular afirmó que existen retrocesos en áreas como educación y salud pública. Entre otros aspectos, mencionó la reducción de programas sociales, el cierre de algunos servicios y la situación del personal que laboraba en instituciones estatales.
El documento también cuestiona el manejo de la deuda pública, el desempeño de sectores productivos como la agricultura y la industria, así como presuntos problemas de transparencia en la administración pública. Además, critica la política exterior impulsada por el Gobierno en los últimos años.
La organización aseguró que las decisiones gubernamentales han favorecido a grupos económicos con mayor poder adquisitivo y llamó a distintos sectores sociales a organizarse para impulsar cambios políticos y sociales en el país.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este lunes dos años de su segundo mandato consecutivo con una alta popularidad sustentada en sus políticas de seguridad, pero también con crecientes cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos y una economía que sus ciudadanos sitúan como principal preocupación.
El mandato actual, que abarca el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño —controlado por su partido, Nuevas Ideas—, que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir de ese ciclo electoral.
Bukele no ha adelantado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: «No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (…) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más».
Popularidad y seguridad
Bukele llegó al 2026 con altos índices de popularidad que ha mantenido sin mayores variaciones a lo largo de sus 7 años consecutivos en el poder, respaldo que se basa principalmente en la reducción de los homicidios y en el régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales.
Cuando Bukele asumió el Ejecutivo, después de arrasar en los comicios de 2019, el país sumaba al menos tres años seguidos de reducciones en los homicidios tras registrar en 2015 su año más mortífero con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El mandatario implementó su plan de «Control Territorial» y continuó la baja en los asesinatos, pero en marzo de 2022, con la ola de homicidios más cruenta de la historia reciente del país, con más de 80 víctimas en tres días, Bukele impulsó su medida más popular: el régimen de excepción.
El Congreso, a instancia de Bukele, ha extendido esta medida por 51 ocasiones en periodos de 30 días, con lo que las autoridades han detenido a más de 92.000 personas, entre ellas al menos a 8.000 inocentes, según ha reconocido el mismo mandatario.
El Ejecutivo de Bukele atribuye a su política de seguridad la disminución de los homicidios a 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025 y la desarticulación operativa de las pandillas o «maras», bandas criminales que operaban en casi todo el país con miles de miembros entre sus filas.
De acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicada en febrero pasado, la aprobación de Bukele alcanzó al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados del año.
El presidente Nayib Bukele, mantiene elevados niveles de popularidad en su gestión y especialmente en materia de seguridad.
Las denuncias de atropellos
En este contexto, varias organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas, además de 530 muertes de personas en custodia estatal y la aplicación de las reglas procesales del régimen en la detención de activistas críticos de Bukele, como la reconocida abogada anticorrupción Ruth López.
La experta en derechos humanos Celia Medrano dijo a EFE que «poco puede esperarse a corto plazo en materia de garantías a derechos humanos en El Salvador».
«Si bien este escenario de regresión tiene características globales, no puede adjudicarse únicamente a este aspecto el que en El Salvador la violación a derechos humanos constituya prácticamente una política de Estado», dijo.
Medrano cuestionó las cifras dadas por las instancias estatales de seguridad, dado que organizaciones que monitorean la violencia han registrado solo en el primer trimestre del 2026 «el hallazgo de 35 cadáveres, de los cuales al menos 10 presentaban indicios de muerte violenta», pero «solo 5 fueron reportados por órganos oficiales».
Asimismo, lamentó que a las causas de la emigración en El Salvador se ha sumado la «persecución política» y que «han aumentado el número de solicitantes de asilo de origen salvadoreño en España, Alemania, México y aún en los Estados Unidos pese a las políticas antimigratorias actuales».
Demandas económicas
Bukele, al asumir su segundo mandato consecutivo, pese a que lo prohibía la Constitución, prometió el 1 de junio de 2024 «sanar» la economía tras curar al país del «cáncer» de la violencia.
Sin embargo, la situación de la economía se ha posicionado como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas, de acuerdo con las encuestas.
El economista César Villalona dijo a EFE que «no ha mejorado la economía» y que un reflejo es el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.400 millones, y que eso «lo que está diciendo es que las finanzas públicas están mal».
A su juicio, una mejoría económica «implicaría una alta tasa de crecimiento de la economía y aquí no hay una alta tasa de crecimiento» y el «crecimiento promedio casi es el mismo de los últimos 10 años anteriores a Bukele, 2,8 %».
«El año pasado creció más (3,9 %, según medios locales) pero con un deterioro fuerte de los servicios, con caída tasa negativa en educación, en salud y en otros servicios», añadió y apuntó que bajo el mandato de Bukele la deuda estatal ha crecido en 14.500 millones de dólares.
«Aquí no hay una mejoría social, lo que hay es un gran endeudamiento público», acotó.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedentes tres demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el régimen de excepción, medida vigente en El Salvador desde marzo de 2022 y bajo la cual se contabilizan más de 92,000 detenciones.
Samuel Ramírez, integrante del Movimiento de Víctimas del Régimen, confirmó este miércoles que los magistrados rechazaron los recursos al considerar que la medida extraordinaria continúa siendo necesaria.
“La respuesta de las tres demandas fue ‘no ha lugar, es improcedente’ y que la Sala sigue manteniendo que el régimen es necesario y que se justifica”, declaró Ramírez a medios de comunicación.
Las declaraciones fueron brindadas luego de que el movimiento presentara una cuarta demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción, cuya prórroga número 51 fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa con los votos de Nuevas Ideas y partidos aliados.
Ramírez cuestionó la decisión de la Sala y sostuvo que existen irregularidades jurídicas en la aprobación de la medida. “Abogados profesionales han evaluado que hay muchas incoherencias, hay vicios sobre la aprobación del régimen”, afirmó el activista.
El representante del movimiento aseguró además que continuarán impulsando acciones legales contra la normativa. “Vamos a continuar con el quinto recurso, no nos vamos a dar por vencidos”, expresó.
El régimen de excepción fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuida a pandillas que dejó más de 80 asesinatos en un fin de semana durante marzo de 2022.
Desde entonces, El Salvador experimenta una drástica caída de homicidios y la virtual desaparición de las pandillas que asolaban el país. Pero organizaciones de derechos humanos reportan más de 6,400 denuncias de supuestas violaciones a derechos fundamentales y estiman que más de 500 personas han muerto bajo custodia estatal.
Pese a los señalamientos de organismos internacionales y organizaciones humanitarias, el régimen de excepción continúa vigente y mantiene un amplio respaldo ciudadano, según diversas encuestas.
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la quincuagésima prórroga del régimen de excepción que mantiene suspendidas en El Salvador tres garantías constitucionales sobre el derecho de defensa, tiempo máximo de detención y la privacidad de las telecomunicaciones desde el 27 de marzo de 2022.
La prórroga fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) votó en contra y los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) estaban ausentes.
El régimen de excepción fue prorrogado por vez 50 el pasado miércoles 29 de abril, en ese entonces, el Gobierno reportaba 91,990 capturados, todos señalados de ser terroristas o pandilleros. Esa prórroga se vence el próximo sábado 30 de mayo de 2026.
Este miércoles, el Gobierno reiteró que “las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 92,300 terroristas», un aumento de 310 capturados en el último mes.
En la solicitud, el Ejecutivo pide mantener suspendidas las garantías mencionadas en el artículo 12, inciso segundo, 13 inciso segundo, y 24 de la Constitución de la República, ya que estas suspensiones “resultan ser necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad”.
El Gobierno argumentó que las pandillas todavía mantienen su «carácter transnacional de estas estructuras», ya que se han coordinado institucionalmente con autoridades de Estados Unidos y México para facilitar la «identificación, retorno y aprehensión de personas vinculadas a dichas estructuras». También, sostuvo que se han identificado sujetos que han «pretendido salir del país intentando evadir el control de las leyes».
La dispensa de trámites fue aprobada con los usuales 57 votos de Nuevas Ideas y diputados aliados, del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En el pleno, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, recordó la jornada sangrienta que vivió El Salvador del 25 al 27 de marzo marzo de 2027 cuando fueron asesinados 87 salvadoreños. Afirmó que la continuidad del régimen de excepción responde a la «necesidad de preservar la seguridad». Esta matanza según El Faro ocurrió debido a la ruptura de un pacto del Gobierno con las pandillas pero según el vicepresidente Félix Ulloa fue un hecho cometido por las pandillas apoyadas por “poderes fácticos” y “políticos del pasado” durante la visita de inversionistas en El Salvador.
«Antes pagaba renta todo mundo, vamos a seguir votando cuantas veces sea necesario», dijo, por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN.
Las cifras oficiales de violencia indican que los homicidios bajaron de 1,211 en 2021 a 615 en 2022, año en que inició el régimen; cifras que han disminuido a 194 en 2023, 114 en 2024 y 82 homicidios en 2025.
Sin embargo, para las organizaciones no gubernamentales, la aplicación del régimen de excepción ha dejado más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias pero también incluyen torturas y malos tratos. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) registra un total de 530 personas fallecidas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción.
Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como “El Viejo Lin” y considerado uno de los más brutales cabecillas de la pandilla 18 en El Salvador, murió la noche del miércoles mientras permanecía bajo custodia del sistema penitenciario salvadoreño, confirmó la Dirección General de Centros Penales.
El pandillero, considerado un despiadado asesino, falleció a causa de un fallo multiorgánico provocado por diversas complicaciones de salud que padecía desde hace varios años.
De acuerdo con reportes médicos, Mojica Lechuga sufría de cirrosis hepática, síndrome hepatorrenal y un probable glioblastoma, un agresivo tumor cerebral. Su estado de salud se deterioró tras presentar un severo sangrado digestivo.
“El Viejo Lin” fue identificado durante décadas como uno de los principales rostros de la pandilla 18, organización criminal vinculada a homicidios, violaciones, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y múltiples hechos de violencia en El Salvador.
Había sido deportado desde Estados Unidos y durante los años 90 y principios de los 2000, dirigió una de las facciones más violentas de la estructura criminal, en una época marcada por el crecimiento y expansión de las pandillas en distintas comunidades del país.
Su nombre salió a la palestra pública como autor intelectual del asesinato de «Rosa N.», una mujer cuya cabeza fue encontrada dentro de una mochila en el Parque Libertad, en el centro de San Salvador en diciembre de 2002. El resto de su cuerpo desmembrado fue descubierto por la PNC en distintos puntos de la capital.
La Fiscalía acusó a Mojica Lechuga junto a otros 18 pandilleros por el caso, Sin embargo, en 2004, los acusados fueron liberados y el caso fue archivado por falta de pruebas sólidas y contradicciones en los testimonios de los testigos criteriados.El caso de Rosa N. fue presentado entonces como un símbolo de la brutalidad de las pandillas y la impunidad con la que actuaban.
En 2012 volvió a tomar relevancia pública al convertirse en uno de los portavoces de la pandilla durante la denominada “Tregua”, impulsada en el gobierno de Mauricio Funes. En esa época daba entrevistas a medios de comunicación, hablaba en misas y cultos evangélicos y presumía de sus fechorías, al mismo tiempo que pedía perdón por sus crímenes.
La muerte de “Viejo Lin” ocurre en medio del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 y marca el final de uno de los símbolos más representativos del auge de las pandillas en El Salvador.
