La Comisión de la Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa aprobó al final de la tarde del lunes tres dictámenes de reforma para disolver dos entidades que atienden a personas con discapacidad y adultos mayores, indemnizar a su personal y trasladar sus funciones a la entidad que actualmente atiende a excombatientes y veteranos militares.
Las reformas disuelven el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), y traslada sus funciones al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).
Se aprobaron tres dictámenes:
- Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd).
- Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam).
- Reforma a la “Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1º de enero de 1980 al 16 de enero de 1992”.
Gobierno: «Queremos darles más beneficios»
Francesca Rivas de Apostolo, abogada de la niñez y adolescencia y asesora jurídica de la Primera Dama de la República, quien llegó a la Comisión a explicar las iniciativas, aseguró que el objetivo de la reforma es ampliar los beneficios.
“Lo que queremos es darles más beneficios”, dijo. Señaló que este año se han otorgado más de $7 millones en créditos a veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN.
Vamos: «¿quién las va a proteger?»
La diputada Cesia Rivas, de Vamos, preguntó si se realizaron consultas a las organizaciones y a las personas con discapacidad ya que hay un principio de las personas con discapacidad que indica “nada de nosotros sin nosotros”.
“Se está cerrando el Conaipd. Usted decía que no se están vulnerando derechos. Yo difiero un poco”, opinó Rivas, quien sostuvo que se pasará el Conaipd a una institución no creada para las personas con discapacidad.
“Son 489,000 personas, ¿quién las va a proteger?, el Conaipd es el encargado de proteger los derechos de estas personas”, cuestionó. La diputada señaló que es un retroceso a la participación, especialización y “sí se están vulnerando derechos”.
Gobierno: «No se están vulnerando derechos»
La abogada y asesora de la Primera Dama respondió que sí se consultó a la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) y “trabajado de la mano con el Consejo Directivo del Conaipd”.
“No se están vulnerando derechos. No es que los derechos vaya a ser desprotegido”, afirmó. Señaló que el artículo 2 del decreto dice que las funciones del Conaipd contempladas en la ley “serán transferidas al Instituto”.
Apostolo agregó que la reforma crea una comisión integrada por cuatro especialistas de cada una de las materias y por tanto “no se pierde la especialidad”. “La misma institución será la encargada de velar de los derechos de esas poblaciones”, reiteró.
NI: «No se ha hecho un trabajo real»
Por su parte, la diputada Cesia Rivas agregó que “65,552 personas con discapacidad no estudian por no estar apta, tienen derecho, la Ley Crecer Juntos es para ellos”. “No es por venir a criticar, cada ley, cada reforma, cada disolución afecta”, insistió.
“No se ha hecho un trabajo real y sustantivo que la población (…) puedan decir ‘aplaudo esta ley’, ‘hemos avanzado’, una cosa es ganar en el discurso y otra es ganar en la vida real”, indicó la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, ante los cuestionamientos de la diputada de Vamos. Aseguró que son una administración “rápidas y eficientes” y no necesitan mucho tiempo para discutir una ley.