La subdirectora general de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, aseguró que los $359 millones que serán incorporados al presupuesto estatal 2025, provenientes de deuda y recursos propios, “son necesidades que han surgido durante la ejecución del presupuesto, es decir que no estaban programadas”.
Arce indicó que estas necesidades “surgen debido a la implementación de programas y proyectos que se han ejecutado” y que “en algunos también es fortalecimientos a todos los proyectos que las instituciones ya están ejecutando”.
“Es una iniciativa de refuerzo presupuesto para diversas instituciones por un valor de trescientos cincuenta y nueve millones novecientos treinta mil dólares. Actualmente existen varias instituciones del sector público que tienen diferentes de gastos de funcionamiento que han surgido durante la ejecución del presente ejercicio fiscal, por lo que no disponen de cobertura presupuestaria”, explicó la funcionaria ante los diputados de la Comisión de Hacienda, el lunes.
Para explicar el objetivo de los recursos, la funcionaria mencionó algunos destinos y en general mencionó las funciones generales de cada cartera de Estado.
¿Para qué usarán los $359.93 millones en las 15 instituciones del Estado según Hacienda?
Hacienda no detalló concretamente si se usarán para salarios o compra de bienes o servicios. Así detalló el destino de los fondos la subdirectora de Presupuesto, Laura Michelle Arce:
Educación: $116 millones, para fortalecimiento institucional y reducir brecha en acceso a recursos tecnológicos y plataformas educativas.
Obras Públicas: $57.5 millones para continuar con la ejecución de proyectos de infraestructura pública, para movilidad y logística.
Seguridad: $48.5 millones, para apoyar acciones para garantizar seguridad, desempeño policial eficaz y sistema penitenciario integral, y para fortalecer la ciberseguridad en el sector público.
Salud: $38.73 millones para “profundizar las acciones en los diferentes niveles de atención, ampliando la oferta y la cobertura en salud”, y “continuar priorizando el control y las enfermedades contagiosas y epidémicas, la detección temprana y el tratamiento oportuno de las enfermedades crónicas no transmisibles”.
Defensa: $37.47 millones para el fortalecimiento institucional para colaborar con la PNC en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
Agricultura: $20 millones para continuar el proyecto de fortalecimiento de capacidad logística de abastecimiento de productos a precios justos, y fortalecimiento de la operatividad de 61 puntos en funcionamiento.
Gobernación: $16.1 millones para el fortalecimiento institucional para “seguir articulando la planificación, el ordenamiento y el desarrollo territorial sostenible”, y acciones de prevención de riesgos y respuesta inmediata ante desastres y emergencias.
Fiscalía: $11.4 millones para “fortalecer la capacidad institucional” y “esfuerzos para brindar una pronta respuesta en la persecución del delito”.
Turismo: $4.13 millones para el desarrollo de eventos sobre Surf City y otras actividades de fin de año.
Ministerio de Cultura: $2.8 millones para organización de eventos culturales y remodelación teatral, inventario de libros de la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).
Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería): recibirá $2.5 millones para «sostenibilidad a la política exterior», mayor eficiencia de los intereses del país y de la diáspora.
Procuraduría General de la República: $1.3 millones para continuar cumpliendo con el mandato constitucional de facilitar los servicios de defensa pública en diferentes áreas.
Ministerio de Trabajo: $1.1 millones para el fortalecimiento institucional para cumplir los derechos laborales, fomentando el diálogo social en el mercado laboral.
Tribunal Supremo Electoral (TSE): $700,000 para fortalecer la institucionalidad del ente electoral que permita seguir administrando “procesos electorales democráticos”.
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): $700,000 para acompañar a población “cuyos derechos han sido vulnerados”.