Diputados de oposición ven como retroceso en la atención de personas con discapacidad y adultos mayores la disolución del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam) aunque sus funciones sean trasladadas.
Aunque las funciones de ambos Consejos serán trasladadas al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos explicaron que hay una violación al derecho de participación de ambos sectores.
El diputado Francisco Lira, de Arena, aseguró en declaraciones a periodistas que «le cortan las alas a la sociedad civil», ya que de tener a siete representantes en las respectivas juntas directivas de los consejos, ambos grupos vulnerables pasarán a tener a un representante en la junta directiva del INABVE, que tendrá 24 miembros. Las asociaciones de excombatientes del FMLN y de veteranos de la Fuerza Armada mantienen cuatro representantes por cada sector.
Para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, esta disminución en la representación en la junta directiva «es un retroceso en el derecho de participación establecido en el artículo 4.3 de la Convención» sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de los Estados de consultar y hacer participar activamente a las personas con discapacidad y a sus organizaciones en la elaboración y aplicación de leyes.
Ortiz explicó, en su intervención en el pleno, que la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) emitió un comunicado en el cual niega que haya sido consultada, como lo aseguró el lunes Francesca Rivas de Apostolo, asesora jurídica de la Primera Dama de la República a la Comisión de Hacienda, ante la pregunta de la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, sobre las consultas de la propuesta de ley. «Negamos categóricamente que nuestra asociación haya sido consultada oficialmente sobre la posibilidad de desaparecer el Conaipd», reza el comunicado publicado en la cuenta ALGES de Facebook.
Critican siete prórrogas a sanciones
Ambos legisladores criticaron que no se apliquen sanciones ante infracciones a derechos de las personas con discapacidad, ya que la vigencia de las sanciones de la Ley especial para la inclusión de las personas con discapacidad fue prorrogada siete veces. La última prórroga vencía el 1 de enero de 2026 pero el decreto de disolución también deroga al tribunal sancionador del Conaipd.
Sin embargo, el decreto no deroga las infracciones ni las multas, que oscilan entre uno y nueve salarios mínimos vigentes del sector comercio y servicios ($408.80).
Lira ve «falta de planificación y de visión de país» para atender a estos grupos sociales vulnerables que, aseveró, suman 1.5 millones de personas.
Nuevas Ideas argumentó en el pleno que buscan aumentar la eficiencia.
«Cuando hablan de la excusa de eliminar y liquidar estas dos instituciones por optimizar recursos y aumentar la eficiencia técnica, este gobierno ha tenido las posibilidades de presentar el reglamento para operativizar las leyes», rechazó Lira.
El legislador criticó las bajas asignaciones presupuestarias a ambos sectores.
Para la diputada Ortiz, estos decretos también «son el resultado de una mala gestión por parte del gobierno anterior», en referencia al gobierno actual.
Los decretos de disolución del Conaipd y del Conaipam (dictámenes 31 y 32) fueron aprobados con 56 votos. Votaron en contra Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos.
Un tercer decreto (dictamen 30) reformó la Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992″. La reforma fue aprobada con 56 votos y 2 en contra, de Claudia Ortiz y de Marcela Villatoro.