La Fiscalía Anticorrupción española pide una condena de 24 años de cárcel para el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021), sospechoso de varios delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia de covid.
En unas conclusiones provisionales presentadas este miércoles en el Tribunal Supremo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reclama 19 años y medio de prisión para Koldo García, un antiguo asistente del exministro Ábalos, y 7 años para el considerado comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama.
Aparte de esta investigación, los tres están imputados por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública, al igual que el exsecretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán, que cumplía prisión preventiva hasta hoy, cuando el juez del caso ha decidido que salga en libertad provisional.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ábalos y a Koldo García de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y malversación por la supuesta trama de comisiones por la adquisición de mascarillas.
Y Aldama es sospechoso de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada. Este empresario, que fue encarcelado provisionalmente por otra causa, salió en libertad provisional tras prometer colaborar con la Fiscalía en el caso de las mascarillas.
Además de las penas de prisión, se piden multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y de más de 3,8 millones para Aldama.
La Fiscalía sitúa a Koldo García como «testaferro» de Ábalos, y señala que desempeñaba para él «un buen número de tareas», tanto lícitas como ilícitas, y manejaba «las fuentes ilegales de dinero en efectivo» de su jefe.
El fiscal comparte con el juez la tesis del «preciso reparto de funciones» de los tres investigados en la presunta organización de comisiones ilegales en la compra de mascarillas por administraciones públicas, tras ver «la oportunidad de obtener un común beneficio económico», aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el Partido Socialista como secretario de Organización, que también ejercía en aquellos momentos.
Ábalos podría así favorecer, a cambio de un beneficio económico para los tres, la contratación pública «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad» de empresas captadas y promovidas por Aldama.
Al presentar estas conclusiones, la Fiscalía ha pedido también que se revisen las medidas cautelares para Ábalos y Koldo García, que siguen en libertas provisional. Actualmente deben comparecer quincenalmente ante el juzgado, tienen prohibido salir de España y se les ha retirado el pasaporte.