La Procuraduría General de la República (PGR) proyecta que al final del año sumarán un total de 518,182 servicios de la Unidad de Defensa Pública Penal a privados de libertad, dijo el procurador general, René Escobar, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
El funcionario presentó un presupuesto de $35.9 millones, de los cuales $24.4 millones se dirigen a remuneraciones.
“Hemos garantizado la defensa pública penal a todas las personas privadas de libertad, hemos brindado la atención a los familiares de estas personas para poder garantizar la defensa técnica y obviamente las garantías constitucionales”, indicó a los diputados.
La defensa pública penal que ejerce esta institución estatal alcanzó las 627,650 atenciones en 2022, cuando inició régimen de excepción que acumula casi 90,000 personas capturadas señaladas de ser pandilleros desde el 27 de marzo de 2022.
En 2023, las atenciones disminuyeron a 587,974; y en 2024 cayeron a 470,622. Sin embargo, en agosto, van 468,237, y se prevé un aumento a 518,182 al final del año.
Los servicios de defensa penal han disminuido en un 25 % en el año 2024 respecto a 2022, el año del inicio del régimen de excepción. De enero a agosto de 2025, se registran 468,237.
El funcionario aseguró que la PGR que, si una persona es culpable, no se valdrán de tecnicismos para que estos salgan en libertad, y negó que sean «juez y parte».
Según el procurador, la institución también ha logrado sustituir la detención de más de 4,700 personas pero señaló que esto no significa que estas personas sean inocentes.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa está recibiendo a diferentes funcionarios para que expliquen sus acciones realizadas durante 2025 y sus proyectos de presupuestos para el año 2026. Para el próximo viernes, recibirán a los titulares de Cultura, Corte de Cuentas de la República y Órgano Judicial.
