El procurador general de la República de El Salvador, René Escobar, reiteró la política institucional de no “defender a toda costa” y aseguró que, si consideran que una persona es culpable, no se valdrán de tecnicismos para lograr su libertad.
“Si una persona es culpable de la comisión de un delito, yo no voy a ser parte de una institución que genere la impunidad. Y vamos a hacer firmes en nuestras defensas, pero también vamos a ser respetuosos de los procesos y no nos vamos a valer de tecnicismos para generar que personas que han cometido delito estén en libertad, eso no lo vamos a permitir”, indicó el funcionario, el viernes, ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
El funcionario aseguró que “hay familiares que están conscientes de las acciones que ha cometido” su pariente.
“Muchos defensores públicos a nivel sobre todo de Latinoamérica tienen una estructura y esquema de trabajo y es defender a toda costa, sin embargo, los invito a que vean las disposiciones de la Constitución”, indicó.
El funcionario afirmó a los diputados que él garantizará “los derechos” de todas las personas privadas de libertad y el debido procesos, sobre todo si consideran que algunos casos pueden revisarse.
“No somos juez y parte, estamos ejerciendo nuestro rol. Y lo vamos a seguir haciendo así”, expresó.
La PGR ha asistido de manera directa a más de 4,700 personas a quienes jueces les han sustituido las detenciones por otras medidas cautelares, sin embargo, el procurador enfatizó en que no significa que estas personas sean inocentes, lo que se determina, dijo, al final del proceso.
Según Escobar, en el pasado se normalizó la criminalidad en el país y muchas personas cometían delitos como avisarle a las pandillas cuando llegaba la Policía o guardar el dinero de una extorsión.
“Estos casos en los cuales hemos hecho un planteamiento porque consideramos que debe haber una evaluación por la peligrosidad que podría considerarse, los jueces han hecho una reconsideración y dicen esta persona puede continuar el proceso en libertad porque no presenta un riesgo pero no quiere decir que no haya una acción delictiva cometida”, indicó.
En mayo de 2025, la organización Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) presentaron un escrito ante la PGR para denunciar lo que calificaron como «deficiente atención» a víctimas y familiares afectados por el régimen de excepción; y señalaron al procurador general de no garantizar una adecuada defensa de derechos humanos.
El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, señaló a la PGR de ser «cómplice» en capturas arbitrarias y criticó procesos colectivos alegando que los presentan de esa manera porque «no tienen pruebas».