Amnistía Internacional rechazó la reforma a la Ley contra el crimen organizado que prohíbe expresamente la libertad condicional o libertad anticipada a todo condenado por delitos relacionados a esta normativa.
Según la organización internacional, la eliminación del acceso a beneficios penitenciarios, como la libertad condicional, afecta a «personas condenadas por delitos contenidos en esta legislación, ya sean menores de 18 años o personas adultas», lo cual consideró «socava la posibilidad de resocialización».
Así, consideró que la reforma contradice las Reglas de Mandela, como se conocen las «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos», que sugiere el acceso a la libertad condicional en la regla 87, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las reformas aprobadas permiten también trasladar a los menores de 18 años a cárceles comunes, separándolos con pabellones, y que sus penas sean vigiladas por los tribunales que procesan los casos de crimen organizado.
Amnistía también rechazó el resto de reformas –a la Ley Penitenciaria y a la Ley Penal Juvenil– argumentando que condenan a «adolescentes a un sistema penitenciario diseñado para adultos, en el cual ya se han documentado torturas, hacinamiento extremo y la muerte bajo custodia de más de 300 personas».
El 20 de enero pasado, representantes de 29 países recomendaron a El Salvador respetar el debido proceso, los estándares mínimos internacionales en derechos humanos y las normas «Nelson Mandela» de condiciones carcelarias, entre estos estuvieron España, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, México, Países Bajos, Noruega, Rusia, Francia, Estonia, entre otros.
El 11 de febrero pasado, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar las reformas, aseveró que el Gobierno no cree en la rehabilitación de «terroristas independientemente de la edad».
En el comunicado, publicado el martes, la organización exhortó a las autoridades de El Salvador a permitir el acceso de organismos internacionales a los centros penitenciarios y a revertir las reformas.
Amnistía Internacional es un movimiento conformado por más de 10 millones de personas, se financia de donaciones particulares que, según su sitio web, fueron 1.7 millones de personas en 2023 con una donación media mensual de 13.30 euros (13.92 dólares). Actualmente la secretaria general es Agnes Callamard, exrelatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
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