Desde enero y prácticamente sin descanso, el segundo Gobierno de Donald Trump está poniendo a prueba el tradicional sistema de controles y contrapesos del modelo democrático estadounidense con decisiones que desafían la legalidad en casi cualquier ámbito imaginable y amenazan seriamente la convivencia en el país.
El pasado septiembre un micrófono abierto captó, durante una visita de Trump al Reino Unido, al secretario de Gabinete de la Casa Blanca, Will Scharf, proclamando entre risas “crisis es nuestra marca”, y explicando a continuación a su interlocutora que ese es el título (‘Our brand is crisis’) de una película de 2015 protagonizada por Sandra Bullock.
Puede que Scharf desconozca que el citado largometraje está basado en un documental homónimo que desentraña la campaña de calumnias diseñada por consultores políticos estadounidenses para lograr la reelección de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia en 2002, pero en cualquier caso supone una admisión inconfundible de la raíz de la que ha partido el Trumpismo en este segundo mandato.
Porque eso es exactamente en lo que ha basado este proyecto político, en inventar o amplificar una serie de crisis que dibujaban en el horizonte el fin de la civilización blanca y judeocristiana en EE.UU. y que posicionaban al magnate neoyorquino como la única solución posible.
Y esto último es la justificación que se ha esgrimido desde la Casa Blanca -que habla de jueces lunáticos empeñados en ignorar la voz y el mandato otorgado por los votantes estadounidenses- cada vez se cuestiona una acción de esta Administración.
El diario The New York Times publicó en abril un artículo en el que se consultaba a 35 prestigiosos académicos del derecho estadounidense sobre las políticas de sus 100 primeros días de su segundo mandato. De los 35, 34 hablaron de ataques frontales a la Constitución, ilegalidad, debilitamiento de las libertades garantizadas por la Primera Enmienda o de una clara obsesión por concentrar y consolidar el poder del presidente.
Donde el movimiento MAGA ve al iconoclasta iluminado que EE.UU. necesita para romper con el sistema corrupto de las élites dominantes, la academia ve vandalismo puro y duro.
Michael Dorf, profesor de derecho en Cornell, y uno de los consultados en el artículo afirma en otra columna que “tras rodearse de aduladores, Trump no se siente ahora constreñido por la Constitución y las leyes federales”.
Dorf considera que su segundo Gobierno se sustenta ahora en las creencias de los “neorreaccionarios” de Silicon Valley, que creen que el país debería ser dirigido como una corporación liderada por un director ejecutivo todopoderoso.
Y así, en menos de un año Trump se ha valido de agencias federales o el Departamento de Justicia para tratar de que se procese a rivales políticos, ha deportado a migrantes sin el debido proceso o firmado órdenes ejecutivas de peso para eludir al Congreso, cómo las relativas a sus “aranceles recíprocos”.
También ha desplegado agentes federales y militares en ciudades estadounidenses de manera unilateral, difuminando la separación entre autoridad civil y militar, ha acosado a medios de comunicación o universidades o intentado eliminar el derecho de suelo para los hijos de indocumentados.
A su vez, ha redibujado distritos electorales sin ajustarse a los calendarios del censo para asegurar asientos republicanos en la Cámara baja de cara a las legislativas de medio mandato de 2026 o dictaminado que aquellos a los que acusa, sin aparentes pruebas, de traficar drogas por rutas marítimas merecen ser volados por los aires.
La lista se antoja interminable y ha deparado cientos de demandas contra las decisiones de la segunda Administración Trump, entre 500 y 530 requerimientos presentados ante tribunales federales, según distintas herramientas de seguimiento en línea.
El segundo Gobierno estadounidense más demandado de la historia es curiosamente el de su predecesor, Joe Biden, que fue llevado a los tribunales en unas 135 ocasiones, muy por debajo de lo que el magnate inmobiliario ha logrado en los apenas 11 meses que han transcurrido desde que volvió a la Casa Blanca.