El financiamiento de $1,400 millones aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilizará como apoyo presupuestario y cobertura de reservas, mientras el gobierno realiza un ajuste
fiscal en los próximos tres años para corregir el alto nivel de endeudamiento.
El documento final del acuerdo, publicado por el FMI el 3 de marzo de 2025, detalla que un tramo de $570 millones, equivalente a un 40 %, se asignará al Banco Central de Reserva (BCR) para aumentar las reservas, un mecanismo que sirve de “colchón” cuando la liquidez se agota debido a un incremento acelerado del gasto en medio de una crisis, como ocurrió en la pandemia de covid-19.
El 60 % de los recursos restantes, al menos $800 millones, se pondrán a disposición como refuerzo presupuestario.
De estos, $600 millones se destinarán para aumentar los depósitos del sector público no financiero (SPNF) en el BCR y $200 millones financiarán el déficit fiscal -la brecha que surge cuando el gasto es superior a los ingresos-.
El Fondo Monetario señaló que estos recursos aliviarán las necesidades de financiamiento externo mientras se abordan los desequilibrios fiscales y externos durante la ejecución del ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) en los próximos tres años.
“El financiamiento del programa también ayudará a aliviar el nexo entre el gobierno soberano y los bancos, y a proteger el crédito al sector privado y la diversificación de los fondos de pensiones”, sostiene el FMI.
Revisión de metas
La aprobación incluye un desembolso inmediato de $113 millones, pero el resto del financiamiento se entregará a partir del desempeño del programa. Inicialmente se realizarán dos revisiones trimestrales para la implementación temprana del acuerdo, las cuales garantizarán la credibilidad y los efectos catalizadores.
Después se realizarán evaluaciones semestrales para realizar las “ambiciosas reformas estructurales apoyadas con el programa”.
El visto bueno del Directorio Ejecutivo del FMI estaba sujeto al cumplimiento de acciones previas, como la aprobación del presupuesto general de 2025 de acuerdo con el plan fiscal y con la adopción de estándares de buenas prácticas internacionales.
En el proceso fue clave la reforma a la Ley Bitcoin para establecer el uso voluntario de la criptomoneda, exclusiva para el sector privado, así como la eliminación de la opción de pagar impuestos.
En adelante, el BCR tiene la obligación de emitir normas para aumentar las reservas a 12 % de los depósitos del sistema financiero.
Asimismo, el gobierno deberá publicar
información sobre el uso de los fondos públicos en la adopción del bitcoin, resumen financiero de la Chivo Wallet y secretar los fondos de la billetera una vez el Ejecutivo la liquide o venda, que pasarán a custodia del BCR.
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