El presidente de la República, Nayib Bukele, amplió por decreto ejecutivo, hasta el 31 de diciembre de 2026, la autorización para que la Fuerza Armada pueda apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en tareas de seguridad pública.
La autorización se realizó a través del decreto ejecutivo 25 aprobado el 3 de diciembre de 2025 y publicado en el Diario Oficial del 16 de diciembre de 2025.
El uso de la Fuerza Armada fue aprobado originalmente en un decreto ejecutivo del 28 de septiembre de 2009 durante el gobierno de Mauricio Funes.
El artículo 168 ordinal 12 de la Constitución de la República permite disponer de la Fuerza Armada “excepcionalmente”.
Durante el gobierno de Bukele, el primer decreto sobre el uso de la Fuerza Armada en seguridad pública fue aprobado en noviembre de 2019.
El decreto de prórroga aprobado en diciembre de 2025 iniciará su vigencia el 1 de enero de 2026.
Según el decreto, la Fuerza Armada está autorizada a realizar «patrullajes conjuntos de prevención, disuasión y aprehensión de miembros de estructuras del crimen organizado y delincuencia en todo el territorio nacional».
También autoriza a los miembros de la Fuerza Armada a poner énfasis en el resguardo de la frontera nacional en lugares «no habilitados», en la seguridad perimetral externa de las instalaciones de los centros penitenciarios, intermedios y de internamiento de menores, en colaboración con las labores de seguridad de los centros penitenciarios.
Con este decreto, los miembros de la Fuerza Armada están autorizados a ayudar al control de los ingresos y egresos de las instalaciones de los centros penitenciarios; y en la protección perimetral de los centros educativos.
El decreto de reforma argumenta que la implementación del Plan Control Territorial tiene resultados positivos en la lucha contra la criminalidad, por lo que necesitan «la continuidad de la participación de la Fuerza Armada» en el mantenimiento de la paz interna.
Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que suspendió tres derechos constitucionales bajo el cual el gobierno registra 90,600 supuestos pandilleros capturados. Mientras organizaciones no gubernamentales denuncian que bajo esta medida han muerto más de 400 personas en las cárceles bajo custodia estatal y han registrado 6,500 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos, el gobierno dice que ha habido 1,093 días sin homicidios durante la gestión Bukele.