La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso reserva a los procesos de investigación judicial en contra de funcionarios del Órgano Judicial, según consta en el acta 85 de la Corte Plena.
La decisión fue aprobada con 11 votos de los magistrados, durante la sesión del 18 de noviembre de 2025, y se refiere a los documentos, informes y análisis que se formen parte de las investigaciones en contra de los empleadores del sistema judicial.
La reserva fue aprobada por los magistrados Henry Alexander Mejía, Elsy Dueñas Lovos, Óscar López Jeréz, Alex David Marroquín Martínez, Lidia Patricia Castillo Amaya, José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero, José Fernando Marroquín Galo, Miguel Elías Martínez Cortez, Héctor Nahum Martínez García y Ramón Iván García.
Según explicó un abogado especialista, la reserva cubre las investigaciones que se abren en contra de jueces, magistrados, secretarios y otros empleados públicos, cuando son denunciados por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Estas denuncias pueden estar relacionadas con maltrato al personal, mala administración de procesos judiciales, faltas a la ética profesional o incluso casos de soborno, entre otras conductas que podrían considerarse ilegales.
El abogado advirtió que, al mantenerse los procesos en reserva, no se podrá conocer públicamente si un funcionario del Órgano Judicial ha sido denunciado mientras la investigación esté en curso, lo que impide, por ejemplo, solicitar la separación de un juez de un caso judicial.
La Corte estableció que, en cada caso, la información será reservada hasta que la resolución final quede firme, con el objetivo de proteger el desarrollo de las investigaciones y evitar la divulgación de información preliminar.
«Se verificó que la propuesta encaja en la normativa, se fundamenta y se analiza que la información sea atinente a opiniones o procesos deliberativos, cuya divulgación podría poner en riesgo la investigación».
Corte Plena.
Durante la sesión, la Corte argumentó que la reserva se ajusta a la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información preliminar y deliberativa, cuya divulgación anticipada podría generar confusión o afectar el desarrollo de las investigaciones.
Además, se avaló una declaratoria general de reserva sobre este tipo de información, la cual tendrá una vigencia de siete años como criterio institucional.
En 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, la cual ordenó el retiro obligatorio de jueces y magistrados mayores de 60 años de edad, afectando a más de un tercio de los juzgadores de ese entonces. En su lugar, fueron nombrados nuevos jueces.
La medida fue criticada por organismos internacionales, quienes consideraron que se trataron de reformas inconstitucionales con el propósito de atentar en contra de la independencia judicial. Los señalamientos también iban enfocados en que los nuevos jueces fueron impuestos, con órdenes desde el Ejecutivo.