El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador realizó la intimación de Michael Alejandro Castillo Murga, extraditado desde Estados Unidos y acusado del feminicidio agravado de su expareja, Fernanda Nájera, y de intentar asesinar al hijo de ambos.
El Centro Judicial informó que Castillo Murga fue presentado ante la sede judicial por Interpol, luego de ser extraditado desde Estados Unidos. El procesado enfrenta cargos por feminicidio agravado y homicidio imperfecto en perjuicio de su expareja e hijo menor de edad, respectivamente.
El caso ocurrió en febrero de 2019 en Concepción de Ataco, Ahuachapán. El juzgado informó que realiza las diligencias necesarias para programar próximamente la vista pública.
Castillo fue detenido en Estados Unidos en octubre de 2024, en respuesta a una solicitud de extradición presentada por las autoridades salvadoreñas. En septiembre de 2025, un juez federal estadounidense rechazó una petición del acusado para suspender su extradición, luego de que una solicitud de habeas corpus también fuera denegada en noviembre de ese año.
Fernanda Nájera Quezada, de 26 años, fue encontrada muerta el 1 de febrero de 2019, con múltiples lesiones ocasionadas con arma blanca, en el kilómetro 99 de la carretera que conduce de Ahuachapán a Sonsonate, en el cantón El Molino, Concepción de Ataco.
Cuatro días después, el 4 de febrero, su hijo, de un año y siete meses, fue localizado en estado de abandono y deshidratado en un cafetal.
Según el relato de la madre de Nájera, Castillo llegó a su vivienda el 31 de enero de 2019 para llevarse a su hija y a su nieto. Supuestamente, ambos se dirigirían a realizar una diligencia para otorgarle el apellido al niño, pero nunca regresaron.
La Fiscalía General de la República acusó inicialmente a cinco personas por su presunta participación en el caso. Castillo fue procesado por feminicidio agravado y homicidio tentado en perjuicio del niño, además de ser declarado rebelde y contar con una orden de captura internacional.
El proceso judicial, que inicialmente estaba a cargo de un juzgado especializado de Santa Ana, fue trasladado a San Salvador por resolución de una Cámara de lo Penal.
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