Organizaciones ambientalistas de Honduras, Guatemala y El Salvador denunciaron que el proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala, cambió de nombre a Era Dorada, recientemente, y aseguran que se trata de una estrategia para confundir a la población.
“Tras dos intentos fallidos de explotación de dos empresas anteriores, ahora surge una nueva amenaza para el pueblo de Asunción Mita: la actual empresa, tratando de ocultar y evadir el historial de corrupción, ilegalidades y conflictividad social, ha decidido cambiar el nombre del proyecto Cerro Blanco a Era Dorada, con el fin de engañar a la población, a inversionistas y accionistas”, señalaron los y las ambientalistas en un comunicado difundido el pasado 24 de abril, cuando realizaron la sexta marcha acuática y ecofestival, en el lago de Güija, Santa Ana.
Las organizaciones ambientalistas de los tres países señalaron que la empresa Entre Mares tuvo que vender el derecho minero en 2021 a Bluestone Resources, la cual, cambió su nombre a la subsidiaria Elevar Resources; indicaron que “en 18 años no ha podido extraer oro ni plata”, sin embargo, indican que persisten los riesgos para afectar a las comunidades cercanas.
La mina Cerro Blanco, ahora Era Dorada, está ubicada a tres kilómetros de la ciudad de Asunción Mita en el vecino país y a nueve kilómetros de Metapán, en Santa Ana, El Salvador.
En junio de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala revocó el permiso minero y ordenó tramitar uno nuevo, tras encontrar al menos siete irregularidades en el otorgamiento de la licencia. Para ello, la empresa debía solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental para el nuevo proyecto de explotación a cielo abierto.
Las organizaciones sostienen que se deben garantizar los derechos humanos y ambientales de las poblaciones afectadas con el proyecto, a Guatemala le piden que reconozca la consulta popular realizada en 2022 a los pobladores de Asunción Mita, quienes votaron por un “no” para el proyecto.
Además, piden a las autoridades que cancele el proyecto minero, de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Minería. A los estados de la región piden proteger las aguas transfronterizas de los proyectos mineros que causan daños irreparables.
En diciembre de 2023, El Salvador derogó su ley contra la minería y avaló una nueva Ley general de minería que permite la extracción en El Salvador, bajo el mandato del actual presidente, Nayib Bukele, quien ha defendido que estos proyectos son parte de la ayuda económica que el país necesita.
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