El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, exhortó al Gobierno a que apruebe una reforma de pensiones que beneficie también al sector informal, no solo a los empleados del sector formal.
“Conviene que se trabajen las reformas de las pensiones para ofrecer pensiones dignas y vitalicias no solo al sector formal sino para el sector informal”, indicó, el pasado 24 de marzo, en su homilía, en la 46º conmemoración de la muerte de san Óscar Arnulfo Romero.
Actualmente, únicamente reciben pensiones quienes han cotizado como empleados del sector formal de la economía, ya sea como empleados de instituciones estatales o empresas privadas.
El Gobierno salvadoreño se ha comprometido a diseñar y aprobar este año una reforma al sistema de pensiones, tomando como base un estudio, el cual fue publicado en diciembre de 2025. La propuesta de reforma debía publicarse a más tardar el 10 de febrero de 2026.
Se calcula que más de 779,000 salvadoreños trabajan en el sector informal de la economía según la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), un 45.2 %, una tasa de informalidad que ocupa el lugar undécimo a nivel mundial.
El Gobierno busca aumentar la formalización de las micro y pequeñas empresas. Uno de los pasos fue la reforma a la Ley
Ley de fomento, protección y desarrollo de la micro y pequeña empresa (MYPE) que obligará a las MYPE a presentar su declaración de impuesto sobre la renta o de ingresos por venta, para poder mantenerse en el registro y facilidades crediticias.
El estudio actuarial, publicado en diciembre, recomendó buscar «fuentes de financiamiento adicionales» para cumplir con los compromisos previsionales futuros y estimó un déficit previsional equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el período 2024-2070. Además, proyecta el agotamiento de la CGS en 2029, así como un rápido agotamiento de las cuentas individuales de la mayoría de los jubilados a partir de 2024.
En el sistema de pensiones salvadoreño hay dos regímenes, uno privado sostenido por las cotizaciones de los trabajadores salvadoreños afiliados a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y otro público, que prácticamente solo tiene jubilados y muy escasos cotizantes.
En el sistema de pensiones privado, hay 2.1 millones de afiliados activos y 137,000 jubilados. De estos últimos, el 57 % recibe una pensión mensual de $400. Este sistema funciona mediante cotizaciones que los trabajadores –con aporte de sus empleadores– destinan a dos cuentas: la Cuenta de Ahorro Individual para Pensiones (CIAP) y la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), la cual asegura una pensión vitalicia.
Hasta diciembre de 2024, el total de ahorros de los cotizantes en las AFP llegaba a $15,836.8 millones. De este monto, el 73.02 % ($11,563 millones) está invertido en instrumentos del Estado, que los toma para financiar el pago de pensiones del Sistema de Pensiones Público (SSP).
Por otro lado, el sistema público cuenta con solo 1,400 afiliados activos frente a 86,500 jubilados. Debido a este desequilibrio, depende de subsidios estatales que se financian mediante la deuda de pensiones.
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