Con 56 votos, la Asamblea Legislativa derogó este martes el artículo 10 de la Ley de Bancos para eliminar la exigencia de que un mínimo del 51 % de acciones de cada banco en El Salvador sean salvadoreños o centroamericanos, o de bancos centroamericanos o extranjeros calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.
La eliminación del artículo 10 fue aprobada con 56 votos a favor y el voto en contra por parte de la diputada Cesia Rivas, de Vamos.
Los primeros dos incisos del artículo suprimido establecían un mínimo del 51 % de las acciones de un banco en El Salvador a personas salvadoreñas o centroamericanas, o entidades salvadoreñas con accionistas mayoritarios de El Salvador o centroamericanos.
Los siguientes dos incisos del artículo establecían ese mínimo del 51 % de acciones bancarias para que estas estuvieran en manos de bancos centroamericanos o extranjeros con «regulación prudencial» y «calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente».
El último inciso del artículo 10 establecía que, en el caso de bancos centroamericanos y extranjeros, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) deberá suscribir memorándos con la sede de la entidad bancaria inversionista del país para «coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada”.
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que esta derogatoria permitirá que la “economía” salvadoreña “pueda florecer” e incrementará “las competencias del sector bancario, generando la introducción de nuevos productos o tecnologías financieras, la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito y mejores condiciones para los usuarios”.
“No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”, argumentó. Aseguró que se mantienen los requisitos para las instituciones bancarias en el artículo 11.
González dijo que “al menos el 55 % de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y “hoy ese artículo se está convirtiendo en una barrera que limita nuestra capacidad de atraer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”.
Vamos pide reforma: dos votos
La diputada Cesia Rivas, de Vamos, criticó que la supresión del artículo también elimina la «supervisión consolidada» y advirtió que no quieren que se repitan fraudes como el ocurrido en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI de R.L.).
«Derogar este artículo es estar a las puertas de muchos Cosavis. Es por ello que solicito que se pueda modificar este decreto y no sea derogado este artículo. Y la reforma dice así: la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador deberá mantenerse como mínimo en un 51 % entre los tipos de inversionistas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo. Cuando se trate de accionistas controladores provenientes del extranjero estos deberán cumplir los siguientes requisitos: a) estar sujetos en su país de origen a regulación prudencial y supervisión acordes a los estándares internacionales en materia bancaria, b) estar sometidos a supervisión consolidada respecto del grupo financiero al que pertenezcan de conformidad con los usos y prácticas internacionales, la Superintendencia deberá suscribir memorandos de cooperación con el organismo fiscalizador del país donde se encuentra establecida la entidad inversionista con el objeto de coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada», expresó y leyó su propuesta la diputada de Vamos.
La diputada de oposición les pidió a los diputados de Nuevas Ideas poner atención y preguntarse a quién se está beneficiando. «Es para garantizar los ahorros de la gente», defendió su propuesta. Al final, su propuesta solo tuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos.
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