Cuatro años después del retorno de los talibanes al poder, Afganistán continúa siendo el único país del mundo que impide a niñas y mujeres acceder a la educación secundaria y universitaria, una medida que organismos internacionales como la UNESCO y UNICEF califican de alarmante.
De acuerdo con la UNESCO, cerca de 2.2 millones de niñas están actualmente excluidas del sistema educativo más allá de la primaria. Su directora general, Audrey Azoulay, describió la situación como “profundamente preocupante” y pidió a la comunidad internacional no olvidar la crisis educativa que vive Afganistán.
Desde agosto de 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses, las autoridades talibanas han impuesto restricciones severas a la asistencia escolar. Las escuelas y universidades femeninas permanecen cerradas, bajo reglas que exigen segregación por sexo, códigos de vestimenta estrictos y un control curricular dominado por la instrucción religiosa y la narrativa oficial del régimen.
Dentro del propio gobierno talibán existen voces críticas. Abbas Stanakzai, viceministro de Exteriores y firmante de los Acuerdos de Doha de 2020, ha reiterado que estas políticas representan una injusticia. “Hoy, entre una población de 40 millones, estamos siendo injustos con 20 millones de personas (…) no se les permite estudiar, no se les permite asistir a las mezquitas, se les cierran las puertas de las universidades y escuelas”, afirmó en declaraciones recogidas por medios locales.
En contraste, el ministro interino de Educación Superior, Neda Mohammad Nadeem, ha defendido la línea oficial asegurando que el tema sigue en evaluación académica. “Si sus conclusiones demuestran que la educación de las mujeres es admisible, creemos que se concederá la autorización”, expresó.
Las propias jóvenes afganas transmiten su desesperanza.
“Nada de lo que los talibanes dicen sobre educación es cierto. Han prohibido la educación para mujeres y no se puede esperar esperanza de ellos”, dijo Nazo, de 17 años. Madina, de 16, añadió: “La comunidad internacional no considera realmente a las mujeres afganas como seres humanos. Si lo hiciera, habría dado al menos un paso en estos cuatro años”.
La proyección de UNICEF es igualmente preocupante: si la prohibición persiste hasta 2030, más de cuatro millones de niñas perderán su derecho a la educación secundaria y universitaria. Amnistía Internacional advierte además que la exclusión se agrava por el desmantelamiento de instituciones que protegían los derechos de las mujeres, ahora bajo control del régimen.
En Kabul, la vida cotidiana refleja estas restricciones: negocios cerrados, prohibición de la voz femenina en público y estrictos códigos de vestimenta impuestos bajo la ley de la sharía. Para la comunidad internacional, la situación representa uno de los mayores retrocesos en materia de derechos humanos en el siglo XXI.
