¡Feliz año nuevo!, les decía a mis amigos. Mucha salud y tranquilidad, agregaba, porque a nuestra edad el dinero y el amor ya no cuentan. Como me dijo uno de ellos, el amor y el sexo, a estas alturas, ya entran en la categoría de los milagros.
Y así llegó el sábado 3 de enero del nuevo año. La paz y la tranquilidad se volvieron remotas, distantes y, de cierta forma, angustiosamente inalcanzables. El gobierno de los Estados Unidos, mediante una operación militar-judicial, procedía a la captura extraterritorial de un jefe de Estado en funciones. Nicolás Maduro, líder venezolano, era detenido junto con su esposa por fuerzas especiales del vecino del norte y trasladado a una prisión en el estado de Nueva York.
Pura coincidencia —o no—, el gobierno de George H. W. Bush había invadido Panamá y capturado a su jefe de Estado, Manuel Noriega, el 3 de enero de 1990. Tanto Noriega como Maduro fueron acusados por Estados Unidos de narcotráfico y ambos desataron fuertes controversias internacionales. Podríamos agregar en este recuento el caso hondureño de Juan Orlando Hernández que, aunque fue condenado por narcotráfico por un tribunal de Nueva York, terminó siendo indultado hace muy poco por el propio gobierno de Trump.
A estos dos casos se suma el arresto de Augusto Pinochet en Londres, en 1998, un evento que marcó un punto de inflexión: por primera vez, un exjefe de Estado era detenido en un tercer país por crímenes de lesa humanidad, invocando el principio de jurisdicción universal. No hubo invasión ni captura militar. Hubo jueces.
A diferencia de otros casos latinoamericanos, como las capturas de Noriega y Maduro, el caso Pinochet estableció un límite distinto: la soberanía nacional no podía convertirse en refugio permanente frente a crímenes considerados intolerables por la comunidad internacional. La detención en Londres no fue un acto de fuerza, sino un proceso judicial impulsado desde España y validado por los tribunales británicos.
Un profundo silencio se cierne sobre muchos gobiernos de la región. Con excepción de Cuba, la mayoría de los líderes latinoamericanos, incluido El Salvador, han optado por el mutismo, quizás temerosos al constatar que la mal llamada soberanía no protege frente a los dueños del mundo. México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto rechazando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, por considerar que violan el derecho internacional y la soberanía de los Estados. Otros gobiernos que se han alineado con el discurso de “libertad para Venezuela” y el apoyo a la acción estadounidense incluyen Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá, según los recuentos regionales iniciales.
El Salvador no se siente amenazado por una acción militar de una potencia extranjera, pero la figura de Pinochet sí le incomoda. La historia reciente del país, marcada por una suspensión prolongada de derechos ciudadanos desde marzo de 2022 y por una larga cultura de impunidad, hace que la justicia internacional sea vista con ambivalencia: esperanza para las víctimas, incomodidad para las élites políticas y militares.
El gobierno salvadoreño actual goza de una legitimidad electoral indiscutible y de un respaldo popular significativo, particularmente en materia de seguridad. Sin embargo, el precedente Pinochet introduce una idea que trasciende coyunturas: la legitimidad democrática no extingue la responsabilidad jurídica futura. Estados de excepción prolongados, concentración de poder y uso intensivo de la fuerza pueden ser defendidos políticamente en el presente, pero quedan registrados históricamente. En un mundo donde los estándares internacionales de derechos humanos siguen operando, las decisiones excepcionales tienden a ser evaluadas con el paso del tiempo, no solo por tribunales nacionales, sino también por instancias externas.
Es cierto que las medidas actuales en materia de seguridad han tenido una eficacia inmediata, pero el horizonte ético no las mide por su efectividad, sino por su compatibilidad con estándares universales. De ahí las limitaciones extremas que este gobierno ha instalado para obstaculizar la documentación y preservación de la memoria, tan importantes hoy para la sociedad civil y para el futuro de nuestra democracia.
El caso de Pinochet nos enseña que, por más esfuerzos que se hagan para silenciar la realidad, el tiempo y la historia no siempre absuelven. Soberanía con responsabilidad o soberanía con impunidad: ese es el dilema salvadoreño actual. Como mencioné en un artículo anterior, estamos viviendo la era de la posverdad. Todo se vale hoy; está por verse si mañana seguirá siendo válido.
