Autor: Alvaro Cruz

Sí amorcito, te lo prometo, le dijo Julio a su hija Carmina de 7 años. Cumplía años ese día, y su madre le partiría un pastel después de cena. Estaba oscureciendo cuando Julio arrancó su motocicleta, una Yamaha XTZ250. Miró su reloj, eran las 6:15pm. Tenia exactamente 45 minutos para llegar a su casa y cumplir su promesa. Un grupo de nubes amenazantes se cernían sobre el horizonte, ojalá y no llueva, pensó. Pero pasados 15 minutos, comenzó el diluvio, típico de los meses de julio en nuestro país. Las nubes ocultaron el sol, y la lluvia abundante le dificultaba la visibilidad. Julio conducía, más rápido de los usual, su motocicleta por la 25 Avenida, una de las vías más transitadas de la ciudad. La lluvia hacía que el asfalto estuviera resbaladizo y la visibilidad disminuida, pero Julio iba atento y con precaución. Sin embargo, a su lado, un conductor de automóvil, apresurado y distraído por su teléfono móvil, invadió el carril de Julio sin darse cuenta. El impacto fue súbito. La moto de Julio derrapó sobre el pavimento mojado, lanzándolo violentamente contra el bordillo de la acera. A pesar de que llevaba casco y equipo de protección, la fuerza del golpe le provocó heridas graves en la cabeza y el torso. Los testigos llamaron rápidamente a emergencias, pero Julio perdió la conciencia antes de que llegaran. Julio falleció en el hospital debido a un trauma craneoencefálico severo y hemorragias internas. Era un sábado, y su hija Carmina lo esperaría toda su vida.

El Salvador se encuentra entre los países con mayor mortalidad vial de Centroamérica, con una tasa de 22 muertes por cada 100,000 habitantes, aproximadamente un 30 % por encima del promedio regional. Junto con Honduras, lidera esta trágica estadística en la región. Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), los accidentes de tránsito ocupan el sexto lugar entre las principales causas de fallecimiento en el país, una cifra alarmante que ha permanecido elevada durante la última década, con más de 1,000 muertes anuales de forma constante. Se trata de una tragedia sostenida, no solo por su magnitud, sino porque afecta principalmente a la población adulta en edad económicamente activa. El perfil más común de las víctimas fatales es el de un hombre joven o de mediana edad (71 %), en su mayoría motociclistas (39 %) y peatones (41 %). En conjunto, estos grupos vulnerables representan más del 80 % de las muertes por accidentes. En términos generales, el 68 % de los fallecidos son hombres, mientras que las mujeres constituyen el 22.8 %.

Entre las principales causas identificadas en 2025 por el Viceministerio de Transporte (VMT) se destacan: Distracción al conducir (224 muertes), Exceso de velocidad (135 muertes),Invasión de carril (86 muertes). San Salvador continúa siendo el epicentro de la siniestralidad vial, aunque en 2025 ha mostrado una ligera reducción en el número de fallecidos. A nivel departamental, se observan diferencias significativas: mientras en San Salvador y La Libertad las cifras bajan, en Chalatenango los accidentes y muertes han aumentado. De acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil y medios locales, la mayoría de los siniestros fatales ocurren entre las 21:00 y la madrugada. Estudios internacionales respaldan que los horarios más críticos suelen ser entre las 18:00 y las 21:00 horas, particularmente al atardecer y en las primeras horas de la noche. En cuanto a los días de la semana, el domingo (19 %) y el sábado (16 %) concentran la mayor parte de las muertes, mientras que el viernes presenta la menor frecuencia (12 %).

El Salvador lleva una década siendo golpeado por el flagelo de los accidentes de tránsito, y en todo ese tiempo, ningún gobierno —por incapacidad o indiferencia— ha logrado proteger efectivamente a la ciudadanía. El actual gobierno, que ya suma seis años en el poder, concentró sus primeros esfuerzos en combatir otro grave problema: el de los grupos terroristas o pandillas. Sin embargo, a estas alturas, resulta inaceptable que no exista una justificación clara sobre por qué los accidentes viales continúan siendo una de las principales causas de muerte en el país. Se trata, sin duda, de un problema grave de salud pública. No obstante, el gobierno ha delegado el liderazgo en materia de tránsito y seguridad vial al Viceministerio de Transporte (VMT), dejando en un papel secundario al Ministerio de Salud (MINSAL), cuya intervención debería ser clave dada la magnitud del impacto sanitario y humano que estos siniestros provocan. Aunque podría ser que nuestro ministro de salud prefiera seguir jugando con sus robots.

Frente al establecimiento de un impuesto del 10 % a las exportaciones salvadoreñas y al abrupto debilitamiento del mecanismo migraciones/remesas —consecuencia directa de las políticas proteccionistas y antiinmigratorias adoptadas por la administración del presidente Trump—, se vuelve urgente no solo la formulación de una nueva política industrial, sino también el diseño de una política agrícola renovada, capaz de dinamizar de manera sostenida el sector agropecuario y devolverle su papel clave en la economía nacional.

Apostar por el turismo y por la construcción de un paraíso cripto-fiscal puede contribuir a diversificar la economía y atraer inversiones, pero estas apuestas, por sí solas, son claramente insuficientes para generar la cantidad de empleos decentes que el país necesita. Ninguna economía pequeña y abierta, como la salvadoreña, puede crecer de manera robusta y sostenida sin una base productiva sólida, capaz de generar niveles altos de valor agregado, aumentar las exportaciones, reducir los niveles de dependencia y absorber mano de obra de forma masiva. Para ello, tanto la agricultura como la industria son sectores esenciales y complementarios. Ignorarlos o seguir marginándolos equivale a renunciar a cualquier posibilidad real de desarrollo inclusivo y sostenible.

Durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (MISI) —el periodo de mayor crecimiento económico en la historia del país, con una tasa promedio anual del 5.5 %—, la política agrícola fue impulsada con retraso, y ese rezago tuvo consecuencias graves: el abandono del campo, el estancamiento rural y la creciente exclusión social se convirtieron en caldo de cultivo para el conflicto armado que estallaría más adelante. Repetir ese error en el contexto actual, marcado por el debilitamiento de los flujos migratorios, la disminución del FODES y la creciente vulnerabilidad alimentaria, sería no solo imprudente, sino francamente irresponsable.

Aun así, la experiencia del MISI ofrece lecciones valiosas. Durante ese periodo, el gasto público agropecuario se incrementó notablemente, llegando a representar cerca del 15 % del presupuesto nacional en 1974. El Ministerio de Agricultura y Ganadería fue reestructurado, y se crearon o fortalecieron instituciones claves como el Instituto Regulador de Abastecimientos (1953), la Escuela Nacional de Agricultura (1956), el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (1955), el Departamento Nacional del Café (DNC), la Dirección General de Investigaciones Agronómicas (DGIA), transformada en 1975 en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), y el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) en 1973. Estas entidades promovieron la investigación científica, la transferencia tecnológica, el desarrollo de semillas mejoradas, la formación de técnicos y productores, y el acceso a crédito en condiciones favorables, lo que permitió ampliar la superficie cultivada y mejorar significativamente los rendimientos en rubros clave como el café, el algodón, la caña de azúcar y los granos básicos.

Como resultado, entre 1960 y 1980, El Salvador logró avances notables en materia de seguridad alimentaria. Los coeficientes de dependencia alimentaria —es decir, la proporción del consumo nacional cubierta con importaciones— se redujeron de forma sustantiva: en maíz, del 16.1 % al 3.7 %; en frijol, del 51.6 % al 3.4 %; en arroz, del 16.4 % al 8.9 %; en carne de res, del 3.8 % al 0 %; en huevos, del 0.6 % al 0.1 %; y en carne de aves, del 1.9 % al 0.2 %. El único rubro donde la dependencia aumentó fue el de los productos lácteos, cuyo coeficiente pasó de 21.3 % a 30.5 %. Estos logros no fueron casuales, sino fruto de políticas públicas coherentes, inversiones sostenidas y una institucionalidad que acompañó activamente a los productores.

Sin embargo, con el inicio de la guerra civil y, posteriormente, durante más de tres décadas de gobiernos orientados por principios neoliberales, la modernización y diversificación del agro dejaron de ser prioridad. El gasto público agropecuario cayó primero al 7 % durante el conflicto y luego se desplomó a apenas el 1 % en los últimos 25 años. A ello se sumó el desmantelamiento de las políticas de fomento productivo: se abandonaron los programas de investigación y extensión, se eliminó la prioridad de garantizar precios atractivos para los productores y justos para los consumidores, y se cancelaron las líneas de crédito a tasas preferenciales. En su lugar, se impulsaron programas como el “Paquete Agrícola” —centrado en la entrega de insumos mínimos— y más recientemente, la creación de “agromercados”, orientados más a aliviar la pobreza urbana que a reactivar la producción agropecuaria. El resultado ha sido el desvanecimiento de los avances en seguridad alimentaria y el registro de niveles de dependencia alimentaria sin precedentes.

La reconstrucción del aparato productivo nacional exige, sin ambigüedades, una nueva política agrícola. Esta debe ser ambiciosa en su alcance, moderna en sus instrumentos, inclusiva en su enfoque territorial y sostenida en el tiempo. Requiere de una institucionalidad fuerte, de una nueva generación de técnicos y extensionistas, de políticas crediticias específicas y de un marco regulatorio que proteja al productor y al consumidor. Más aún, debe estar alineada con una visión de país que reconozca que no hay desarrollo posible sin un agro dinámico, productivo y digno. En un contexto en el que las fuentes tradicionales de ingresos externos pierden fuerza, en el que el mundo experimenta crisis alimentarias cada vez más frecuentes y en el que la desigualdad territorial se profundiza, renunciar a una política agrícola transformadora sería condenar a amplias regiones del país a una marginalidad perpetua. El momento de actuar es ahora. Y el agro debe volver a ocupar el lugar que le corresponde en la agenda nacional.

*William Pleites es director de FLACSO El Salvador

El discurso del señor Fiscal General de la República licenciado Rodolfo Delgado Montes en el marco del LI Pleno de GAFILAT, celebrado en San Salvador la semana anterior, ha marcado un hito que va más allá de la simple retórica diplomática o técnica fiscal. Desde la perspectiva de la criminología, este evento no es un foro más de tecnócratas financieros, sino una declaración de guerra estratégica contra las arterias del crimen organizado. Su mensaje resuena con una verdad fundamental que la ciencia criminal ha validado: la desarticulación de las estructuras criminales no se logra solo con capturas, sino con la asfixia financiera de sus redes de poder.

Tradicionalmente, la criminología se ha centrado en el estudio del delincuente y el delito, a menudo desde una perspectiva de «delito de calle». Sin embargo, la evolución del crimen hacia organizaciones transnacionales sofisticadas nos obliga a ampliar el enfoque. La criminología corporativa y financiera nos enseña que el verdadero poder de una estructura criminal reside en su capacidad para generar, mover y legitimar capital ilícito. El dinero no es solo el fin; es el medio para corromper instituciones, armar a sus miembros, expandir sus operaciones y, en última instancia, socavar el Estado de derecho.

El discurso del señor Fiscal General muy categórico y potente, pone de manifiesto que El Salvador ha comprendido esta lección. Las estrategias de las que habló, centradas en la persecución de los activos ilícitos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, son la esencia de una política criminal moderna. Esto demuestra un salto cualitativo desde el combate frontal a las pandillas en las calles, hacia la batalla invisible contra sus financistas, testaferros y cómplices de cuello blanco.

Implicaciones Criminológicas de la estrategia fiscal

1. Enfoque en la Criminología del poder: La estrategia expuesta por el señor fiscal Delgado Montes no persigue al eslabón más débil, sino que apunta a los cerebros detrás de las operaciones. Esto es un cambio fundamental, ya que ataca la capacidad de liderazgo y de resiliencia de las organizaciones criminales. Al golpear el poder económico de estas estructuras, se envía un mensaje claro: la impunidad no está garantizada ni siquiera para quienes operan desde la sombra.

2. Uso de la inteligencia financiera como herramienta criminológica: La capacidad de seguir el rastro del dinero —a través del análisis de transacciones, criptomonedas y complejas estructuras de inversión— es la nueva ciencia forense del crimen organizado. El trabajo de la Fiscalía en esta área se convierte en una criminología de la evidencia digital y financiera, que permite mapear la red completa de una organización, desde sus líderes hasta sus colaboradores externos.

3. Prevención general y especial: Al despojar a los criminales de sus ganancias y bienes, se envía un poderoso mensaje de prevención general a la sociedad: el delito no paga. Esto desincentiva a quienes podrían verse tentados a colaborar o a emular estas conductas. A su vez, para los criminales ya activos, la pérdida de sus activos es una forma de prevención especial que debilita su capacidad para seguir operando.

4. Fortalecimiento del control social formal: El éxito en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un indicador clave del fortalecimiento de las instituciones de un país. Refuerza la confianza de la ciudadanía en que el sistema de justicia es capaz de enfrentar a los criminales más poderosos, restaurando la credibilidad en el control social formal y el Estado de derecho.

El mensaje del señor Fiscal General Rodolfo delgado Montes en este cónclave del GAFILAT en la ciudad capital de San Salvador, por lo tanto, no es solo un compromiso técnico. Es un reconocimiento de que, para ganar la guerra contra el crimen, debemos librarla en los foros internacionales y en las esferas económicas, siguiendo el rastro del dinero. Este enfoque proactivo y sofisticado es la única vía para garantizar que la paz alcanzada en nuestras comunidades sea duradera y que el poder del Estado prevalezca sobre el poder de las estructuras criminales. Y para ello el señor fiscal cuenta con un equipo de fiscales especializados bien capacitados, adiestrados y con tecnología de punta, y se confirma el compromiso del licenciado Delgado Montes en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, otras amenazas, pero además el compromiso de la FGR con los valores de: integridad, cooperación, fortalecimiento del talento humano, combate a la impunidad yla justicia. 

* Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología 

@jricardososa