Autor: Alvaro Cruz

En los últimos meses he estado siguiendo los escandalosos eventos de corrupción del gobierno socialista de Pedro Sánchez en España. Sorprendido por la resiliencia de este señor, al mantenerse en el poder a toda costa, y la inmensa paciencia del pueblo español al aceptar con síntomas depresivos niveles tan altos de corrupción en sus gobernantes. Dos preguntas me han surgido durante este seguimiento, la primera: ¿previene la democracia la corrupción? Y la segunda; ¿Son los ciudadanos propensos a cambiar de voto si su partido es corrupto?

Según los entendidos, dependiendo de la consolidación del estado democrático, esta puede o no prevenir o combatir la corrupción. Estudios comparativos con datos de más de 150 países indican que, a mayor calidad democrática (derechos políticos, libertades civiles, controles institucionales), menores son los niveles promedio de corrupción percibida y de corrupción en el sector público. No toda democracia reduce la corrupción. Las “democracias electorales” con instituciones débiles, poca transparencia o captura de la justicia pueden convivir con altos niveles de corrupción.

En fases tempranas de apertura política, la combinación de nuevas oportunidades económicas, baja fiscalización y partidos débiles puede incluso incrementar prácticas corruptas antes de que las instituciones se consoliden. Para que la democracia ayude a prevenir o combatir la corrupción debe introducir mecanismos que elevan el costo de corromperse: elecciones competitivas, prensa libre, sociedad civil activa y separación de poderes. Cuando estos elementos están presentes, aumenta la probabilidad de detección y castigo, y se reduce el número de actores dispuestos a asumir el riesgo.

España, una democracia consolidada, presenta más corrupción política de la que “le correspondería” por su nivel institucional debido a debilidades especificas en controles, justicia y estructura económica heredada. “Si te pillan, no pasa nada” es la percepción ciudadana generalizada de la corrupción institucional y eso nos lleva a tratar de responder la segunda pregunta.

Análisis de más de 200 elecciones en decenas de democracias encuentran que, en países donde la corrupción de gobierno es muy visible, los legisladores tienen menos probabilidades de ser reelegidos. Esto sugiere que, como tendencia general, la corrupción reduce el apoyo a los gobiernos en funciones cuando la ciudadanía vincula claramente a los gobernantes con el problema. Sin embargo, la literatura también documenta que muchos votantes siguen apoyando a políticos corruptos, aunque conozcan o sospeches de actos de corrupción.

En Brasil, por ejemplo, experimentos de encuesta muestran que la identificación ideológica y de partido hace que algunos electores minimicen o reinterpreten la gravedad de la corrupción de los “suyos”. Su mismo presidente actual, Lula da Silva, fue declarado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero en 2017. Un poco más de un año estuvo privado de libertad, regresando triunfalmente a reelegirse como presidente de ese país.

Existen al menos tres mecanismos frecuentes de “perdón”. El primero se relaciona con si la población percibe que su accionar “trae obras, programas o beneficios”. Esto aumenta la posibilidad de volver a votarlo pese a conocer sus abusos. Otro mecanismo se relaciona con el costo-beneficio, o sea el ciudadano concluye que, aunque corrupto, su candidato preferido es mejor que la alternativa. El tercer mecanismo tiene que ver con la normalización de la corrupción en el país.

En contextos donde “todos son corruptos”, la corrupción deja de ser criterio decisivo y pesan más otros factores (clientelismo, identidad étnica, lealtad partidaria). Por ello es importante, para que la corrupción no quede impune, que se identifique claramente la responsabilidad en este accionar, así como la difusión de la información clara y específica sobre los responsables de estos actos de corrupción.

Es evidente que los estudios y experiencias nos demuestran que una democracia consolidada protege relativa e insuficientemente contra la corrupción institucional, y peor aun cuando nos encontramos con una democracia incipiente como es el caso de los países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica por supuesto. También es evidente que en aquellos países y contextos donde la corrupción es tradicionalmente histórica y normalizada el riesgo de impunidad aumenta exponencialmente.

“Todos roban, pero al menos hacen más que los otros” es un argumento común en nuestros países. Lastimosamente, al parecer no heredamos la buena cocina de nuestros conquistadores y colonizadores, pero si su cultura de corrupción.

Todo el sistema de salud nacional se encuentra en estado de alerta y activado debido a la temporada de fin de año en El Salvador, existe una tradición que persiste a pesar de los impactos negativos en niños, niñas, adolescentes, incluso en personas adultas; esta tradición tiene muchas situaciones que rodean al hecho de quemar pólvora en diferentes modalidades, y entre ellas esta una serie de situaciones no reguladas, fábricas de pirotécnicos ilegales, y que operan todo el año en clandestinidad donde trabajan incluso niños y niñas, sin ninguna medida de prevención y seguridad.

Los daños y estragos que genera la pólvora los conocemos después de las fiestas y celebraciones, pero siempre son lamentables, no debería de existir ni un tan solo reporte de daños a la integridad de niños y niñas por pólvora.

En El Salvador existe producción ilegal de productos pirotécnicos, pero también hay distribución ilegal, hay lugares en plenas comunidades que los vecinos saben que hay fabricación de pólvora sin permisos, ni registros y nadie reporta. Hasta que vienen las tragedias e impactan a otros vecinos de esa comunidad. Y el colmo los grupos al margen de la ley, si, los pandilleros invertían sus ganancias ilícitas producto del crimen y el dolor a las familias y empresas salvadoreñas para convertirse en comerciantes y distribuidores de pólvora. Sin duda es un buen negocio. Existen comercio ilegal y desleal en este mercado por que existen empresarios que, si están pagando impuestos, tasas y contribuciones, además de hacer inversiones para obtener permisos. Mientras otros venden la pólvora en tiendas, canastos, cajas, pick up, y a donde se pueda.

Padres de familia y responsables de niños, niñas y adolescentes quiero recordarles o hacer de su conocimiento que si sus hijos e hijas manipulando pólvora prohibida o sin supervisión. La Ley Crecer Juntos en El Salvador, implementada por el CONAPINA, protege los derechos de niños y adolescentes, prohibiendo su exposición a sustancias nocivas y trabajos peligrosos, incluyendo la manipulación de pólvora, sancionando a quienes permitan su uso, ya que es un riesgo grave para su desarrollo integral, salud y seguridad, y el Estado y familias tienen la obligación de evitarlo según esta ley y otros marcos legales,  si usted prefiere divertirse y dejar sin supervisión a su herencia más preciada, al menos para evitar problemas legales no permita que exista manipulación sin supervisión, si usted les fomenta y les permite que manipulen pólvora asuma su responsabilidad.

A nuestra PNC y FAES que tienen sobre carga de trabajo en esta temporada muchas gracias, porque tienen que atender la seguridad pública, a los conductores peligrosos, casos de intolerancia en parqueo y colonias, tráfico vehicular, finales de fútbol, y otros problemas, y si fuera poco andar supervisando puestos clandestinos de venta y distribución de pólvora. Por cierto, ya se escuchan los silbadores y morteros prohibidos por la ley, y se observa productos que parecen luces inofensivas, pero son verdaderas amenazas. Que este receso de fin de año sea una fiesta familiar, de amigos y de sana convivencia. Seguridad primero.

*Por Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología

@jricardososa

Hace algunos días, en su calidad de primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel manifestó dos cosas, una bastante previsible y otra que resulta muy reveladora en la coyuntura actual. Lo significativo fue su admisión del colapso económico que sufre el país que supuestamente regenta; la declaración previsible, desde luego, fue la de atribuir la entera culpa del desastre a “seis décadas de acoso económico externo”.

Ciertamente, en la clausura del XI Pleno del Partido Comunista (PCC), y tras una sola jornada de sesión, si el régimen no podía hacer otra cosa que reconocer lo que cualquier cubano de a pie vive en carne propia, la mejor forma de explicar el pésimo comportamiento de la economía en los últimos meses era señalar una “mayor persecución financiera, petrolera y de todo tipo contra Cuba”. Es la misma obstinada narrativa que hemos escuchado, una y otra vez, durante más de sesenta años.

“Lo sorprendente”, afirmó Díaz-Canel sin ruborizarse, “sería tener datos positivos en una economía brutalmente perseguida y cercada por la primera potencia mundial en tiempos en que ni los mercados más dinámicos están libres de la incertidumbre que genera el actual desorden económico internacional”.

Sin embargo, a la hora de abordar “de forma directa y sin eufemismos” los números de la isla, el funcionario admitió lo que ya no puede esconderse de ningún modo: “Con cierres del tercer trimestre, el PIB decrece más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados, y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población”.

Para la tiranía cubana los datos duros —sean sociales, políticos o económicos— nunca han sido el verdadero problema. Los déficits han estado ahí desde siempre y todos se han ocultado bajo la alfombra de la retórica revolucionaria. El dilema de hoy es que el malestar de la población aumenta cada día, el recurso al personalismo fidelista no encontró herederos y la mística del sacrificio dejó de tener arraigo ciudadano en vista de su eternidad.

Por eso Díaz-Canel, a su pesar, se ve obligado a tomar debida cuenta del enorme descontento popular: “Esta certeza, sin embargo, no puede sustraernos de la inconformidad generalizada por todo lo que funciona mal o no funciona, mientras por todas partes emerge la crítica al exceso de reuniones que no resuelven nada…”.

Estas palabras llegan, para colmo, en momentos de notorio desasosiego para el PCC, pues su IX Congreso, planificado a realizarse en abril del año próximo, ha sido pospuesto por orden expresa del nonagenario Raúl Castro Ruz, “líder al frente de la Revolución Cubana” según la televisión oficial. En una carta enviada por el “General de Ejército” (como también se le conoce y nombra) y leída por el diligente Díaz-Canel al pleno del Comité Central, Raúl aconsejó “dedicar el 2026 a recuperarnos en todo lo que sea posible”.

Esta pausa en el calendario político-teatral cubano exhibe el último eslabón de una larga cadena de desaciertos que el régimen ha ejecutado desde 1965, cuando se fundó formalmente el PCC. Aunque según sus lineamientos los congresos del partido debían realizarse cada cinco años, el primero de ellos se celebró en 1975, pues Fidel Castro estaba enfocado en consolidar el poder y realizar penosos experimentos económicos, como aquella zafra de 1970 concebida para hacer producir 10 millones de toneladas de azúcar y que terminó en un gigantesco descalabro industrial.

Tras el congreso de 1980, el tercero debía verificarse en 1985, pero se realizó en febrero del año siguiente. Esta reunión, por cierto, fue la primera que difirió su cierre hasta finales de 1986, en parte porque Fidel estaba impulsando el llamado “Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas”, que terminó siendo una vuelta a la pesada centralización y un retroceso para las tímidas aperturas económicas que se habían ensayado en la Isla.

El IV Congreso tuvo lugar en 1991, justo cuando la Unión Soviética se caía a pedazos. Ese cónclave se desarrolló en un ambiente de gran tensión en Cuba, ante la perspectiva de quedarse sin el apoyo financiero más duradero que había tenido. Luego vino el “período especial” y el V Congreso se pospuso hasta 1997, con un año de retraso, enfocado en la consigna de resistir y resistir hasta donde fuera necesario.

Luego pasaron casi 14 años hasta el VI Congreso, que fue en 2011. En ese dilatado lapso se agudizó la carestía, Fidel enfermó gravemente y en 2006 le traspasó el poder a su hermano Raúl. Siendo que en 2016 y 2021 sí se organizaron el séptimo y octavo congresos, respectivamente, la decisión tomada hace unos días rompe con la única fase de cierta regularidad que tuvieron estas reuniones partidarias, es decir, tres en el espacio de una década. Si ahora se recurre por enésima vez a la posposición del IX Congreso del PCC, sin lugar a dudas estamos delante de una admisión de fondo: el caos ha regresado y las autoridades cubanas no tienen idea de qué hacer.

La historia se encargará de recopilar todas las razones internas que han provocado el fracaso económico que hoy vemos en Cuba. Es esperable que también explique cómo fue posible que una ficción narrativa, enteramente ideológica, persistiera por tanto tiempo ofreciendo pretextos a una dictadura.