Autor: Alvaro Cruz

El mes de enero de 1981, es decir, hace 45 años, en El Salvador hubo un punto de quiebre en su proceso político. Claro, esto no siempre ha sido apreciado de esta forma y se ha tendido a valorar tal momento como una circunstancia oscura y llena de desaciertos.

La muy raquítica labor de investigación socio-histórica que padece El Salvador   no ha permitido ir reconstruir los principales procesos y dinámicas de las últimas tres décadas del siglo XX de un modo amplio y considerando diversas vetas, de ahí que lo que predomina son visiones adelgazadas, edulcoradas o dislocadas.

El 10 de enero de 1981 el proceso salvadoreño saltó de la crisis política a la generalización de la guerra. Y esto no fue un asunto de un solo actor. Creer tal cosa oscurece la comprensión.

A la guerra se llegó por un camino estrecho de intolerancia y de rupturas institucionales. No fue algo que ocurrió, así, de pronto, sin avisar. Desde 1970, o quizás un poco antes, ese fenómeno social que fue la guerra asomó su cresta. Pero el proyecto político conservador dominante en ese momento desestimó las señales que lo anunciaban. E imaginó que con mano de hierro eso podría contenerse, y para eso se apeló al ejemplo del aplastamiento de la insurrección campesina e indígena de enero de 1932.

Sin embargo, las diferencias entre aquel enero de 1932 y el enero de 1981, son enormes.

Entre el 15 de octubre y el 30 de diciembre de 1979 existió la posibilidad real de ‘desactivar’ el estallido que el 10 de enero de 1981 detonó. No se hizo porque el paroxismo político-ideológico de todos los actores obnubiló las visiones y desde los primeros días de enero de 1980 se pasó a un escalamiento de la represión en todos los órdenes (la institucional y la subterránea atribuida a los fatídicos Escuadrones de la Muerte). De hecho, todo el año de 1980, a la par del incremento de las acciones contestatarias (de masas y guerrilleras) se dio un sangriento lapso donde operativos militares masivos en el interior del país y puntuales acciones de asesinato y de desaparecimiento de personas fue la norma. Y la respuesta a esto fue el desafío armado. En ese cuadro, lo que era previsible es que la confrontación político-militar pasara a un escalón superior: el de la guerra.

No es que antes de enero de 1981 no hubiese intensa actividad militar, es que a partir del 10 de enero se produjo una dislocación territorial de las fuerzas guerrilleras de tal magnitud que el ejército gubernamental tuvo, de facto, que reacomodarse para enfrentar esa situación. Y aún más, desde julio de 1981, la iniciativa estratégica de la guerra estuvo en manos del movimiento guerrillero.

Pero como las guerras irregulares ―y esta de El Salvador no fue la excepción― no se reducen a la dimensión militar, lo que vivió El Salvador fue un complejo proceso de colisión de al menos tres proyectos políticos, los fundamentales, que estaban activos en ese momento.  Y que pueden resumirse su denominación de la siguiente manera: 1) el contestatario (constituido por las fuerzas guerrilleras y sus aliados políticos y sociales), 2) el gubernamental (que, en ese momento, y durante casi toda la década de 1980, se expresó a través del pacto entre la Fuerza Armada, el Partido Demócrata Cristiano y la ‘presencia norteamericana’) y 3) el conservador (primero descarrilado el 15 de octubre de 1979 y después rehabilitado a partir de finales de 1980 al conformarse como ‘nuevo’ partido político).

Cuando las fuerzas guerrilleras se lanzaron el 10 de enero de 1981 a la llamada ‘ofensiva final’ (y después reclasificada días después como ‘ofensiva general’), en realidad partían de un análisis de la situación donde sus expectativas eran mayores que la ponderación de las realidades que enfrentarían. Esto es, supusieron que podían alcanzar las metas que se propusieron: derrocamiento del Gobierno y derrota militar de la Fuerza Armada, y para esto la clave estaba en la combinación del poder de fuego que tenían, la disponibilidad de combatientes en sus filas, el diseño insurreccional y de huelga general que habían esbozado y las alianzas nacionales e internacionales con las que contaban.

Al poner sobre la mesa esos aspectos, es evidente que las cosas no podían salir como lo imaginó la dirigencia guerrillera.

El diseño insurreccional y de huelga general fue la cuestión más endeble y volátil que mostró el movimiento guerrillero, al punto que el adversario estatal que enfrentaban y el bloque de los sectores conservadores proclamaron, casi al instante, el fracaso de la ofensiva del 10 de enero. ■

*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones

La noche del sábado pasado Antonio Ruiz Maravilla, de 30 años de edad, se conducía en su motocicleta en la calle antigua a Santa Elena (Usulután) cuando sufrió un accidente que le costó la vida. Tony, como era conocido, fue un  destacado futbolista que militaba en la tercera división con el San Marcos de Jiquilisco, pero que antes militó en primera división con Platense de Zacatecoluca y Cacahuatique de Ciudad Barrios.

La< misma suerte corrió el joven  motociclista Carlos Ernesto De la Rosa Ramos, de 27 años, quien el viernes 9 de enero pasado, falleció producto de un accidente ocurrido al final del bulevar Merliot e incorporación del bulevar Monseñor Romero, en Santa Tecla.

El jueves 29 de enero pasado murió en un accidente el motociclista Enoc Reyes, de 25 años de edad. Aparentemente el joven conducía a excesiva velocidad en la autopista al aeropuerto, cuando una ráfaga de viento le hizo perder el equilibrio y el control y se estrelló contra el pavimento. El joven fue auxiliado, pero murió en el hospital Santa Teresa de Zacatecoluca por ls gravedad de las lesiones.

En San Miguel, la desgracia le correspondió a Jonathan Martín Lacayo, de 38 años, quien el lunes de la semana pasada murió  de manera instantánea cuando tras no respetar la señal de precaución del semáforo estrelló su motocicleta contra un autobús en la carretera Ruta Militar.

Las muertes de Tony, Carlos, Enoc y Jonathan vienen a confirmar lo vulnerable que son los motociclistas en carretera, donde al menor descuido sufren accidentes con consecuencias letales. Muchos accidentes en los que se ven involucradas motocicletas son filmados por cámaras de seguridad y a juzgar por lo que se ve, en la mayoría de ocasiones los que originan el percance son los mismos motocicletas.

Muchas veces los motociclistas conducen con irresponsabilidad e imprudencia irrespetando el Reglamento de Tránsito. A saber, conducen a toda velocidad, forman un tercer carril imaginario, sobrepasan por los puntos ciegos de los conductores de otro tipo de vehículos, no usan el equipo protector adecuado, conducen bajo los efectos del alcohol y diversas drogas, sobrepasan en zonas de precaución (puentes, curvas, pendientes aceras peatonales, cruz calles, etc.). El colmo es que algunos conducen mientras usan el teléfono, llevando más de un acompañante  y hasta sin la pericia necesaria, pues no tienen licencia de motociclista.

Las cifras oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señala que, desde el 1 de enero hasta el 9 de febrero  del año corriente en el país sumaban 2,653 accidentes viales. En ese mismo período el año pasado sumaban 1,978 percances. Es decir, este año la cifra se ha elevado en 675 accidentes en el mismo periodo. Hasta el 9 de febrero el año pasado hubo 1,227 lesionados y en 2026 la cifra se incrementó en 431, llegando a 1,658. Los muertos en los primeros 40 días del año pasado fueron 116 y este año ya suman 165, es decir 49 víctimas mortales más. La mayoría de víctimas fatales ha sido peatones y motociclistas.

En 2025 la cantidad de accidentes en los que estuvo involucrada al menos una motocicleta se elevó a 4,568, que provocaron 4,265 lesionados y 498 muertos, la mayoría jóvenes en edad productiva. Para 2026 la tendencia es al alza de los números de accidentes, muertos y lesionados.

En el país hay cerca de 2 millones de vehículos, entre ellas casi 600 mil motocicletas. Las horas picos son intransitables y ocurren casi todo el día, un vehículo quedado o el cierre de un carril por cualquier circunstancia genera un grave congestionamiento vial y a veces las autoridades de tránsito no colaboran lo suficiente. En fin, hay muchos motivos para conducir a la defensiva y respetando las leyes de tránsito.  No es necesario conducir de manera abusiva, a toda velocidad, sobrepasando peligrosamente o tratando de generar daño a los demás.

Los salvadoreños nos debemos armar de tolerancia, paciencia y respeto por los demás. Cualquier tipo de vehículo conducido irresponsablemente o de manera intrépida se convierte en un arma que puede ser letal. Conducir de manera ofensiva es un atentado para nuestras propias vidas como conductores y para los demás conductores, nuestros acompañantes y los peatones.

2026 pinta para un incremento de accidentes viales, lesionados y muertos, especialmente de motociclistas, pero si cada uno tomamos conciencia y manejamos a la defensiva respetando a los demás y las leyes, podemos bajar los guarismos. No vale la pena morir en las carreteras, en un barranco, dentro de los hierros retorcidos de un vehículo o en un hospital. Tampoco vale la pena quedar lisiado para el resto de la vida o hacer gastar al Estado miles de dólares en procesos de recuperación hospitalaria. Salvemos vidas, conduzcamos con tolerancia y paciencia… Con responsabilidad.

*Jaime Ulises Marinero es periodista