Autor: Alvaro Cruz

El reciente acuerdo de Facilidad de Fondo Ampliado (EFF) firmado entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional representa un hito en la política fiscal del país. Más allá del alivio financiero que supone, el acuerdo ofrece una oportunidad valiosa para fortalecer la institucionalidad fiscal, especialmente el papel de la Corte de Cuentas de la República (CCR), órgano clave en la vigilancia del uso de los recursos públicos. Diversos informes internacionales, entre ellos los del propio FMI, la Encuesta de Presupuesto Abierto y el Reporte de Transparencia Fiscal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, han coincidido en señalar la necesidad de reforzar la independencia y capacidad técnica de la entidad contralora del Estado salvadoreño.

Una gestión fiscal responsable requiere instituciones sólidas y transparentes. Según la más reciente edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership, El Salvador obtuvo una calificación de 61 puntos sobre 100 en vigilancia presupuestaria.

En este ámbito, la Corte de Cuentas alcanzó 72 puntos, superando a la Asamblea Legislativa y destacándose por su aporte al control del gasto público. Sin embargo, persisten desafíos importantes: ampliar el acceso a los informes de auditoría, garantizar que los más relevantes lleguen a conocimiento de la Asamblea Legislativa y realizar una auditoría financiera completa conforme a los estándares internacionales a la liquidación del presupuesto ejecutado del Estado. Como aspecto favorable, la legislación salvadoreña permite la participación ciudadana en la fiscalización cuando se sospecha un uso irregular de fondos, siendo este un aspecto alentador que puede favorecer el mejor uso de fondos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su Reporte de Transparencia Fiscal, reconoce los avances de la Corte de Cuentas, pero insiste en la necesidad de que sus auditorías abarquen todo el presupuesto ejecutado y que la institución cumpla con los principios de independencia establecidos internacionalmente. En esa línea, el acuerdo entre el FMI y el Gobierno salvadoreño contempla la presentación, antes de diciembre de 2025, de una propuesta de reforma legal para fortalecer la autonomía institucional y financiera de la Corte de Cuentas, otorgándole además un mandato claro en materia anticorrupción.

Con base en el Acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, la reforma deberá alinearse con las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia la Declaración de México de la INTOSAI, que consagra los principios de independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, y la Declaración de Abu Dabi de la ONU sobre integridad institucional.

Entre los cambios esperados figuran una mayor independencia política y técnica, un mandato ampliado para investigar irregularidades administrativas y financieras, y mecanismos de coordinación con la Fiscalía General de la República mediante protocolos de intercambio de información y remisión de casos. Estos ajustes permitirían transformar la Corte de Cuentas en un órgano de control moderno, técnico e independiente, capaz de detectar y prevenir la corrupción en la gestión pública.

El acuerdo con el FMI debe verse, más que como una imposición externa, como una oportunidad para avanzar hacia una cultura  de responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Publicar auditorías pendientes, proporcionar datos fiscales y adoptar estándares internacionales no son metas ajenas al país, sino pasos concretos hacia una gestión pública más eficiente y confiable. Cada acción de apertura, cada informe disponible y cada avance en rendición de cuentas contribuye a fortalecer la confianza ciudadana y la sostenibilidad fiscal.

El Salvador se encuentra ante un momento decisivo. La modernización de la Corte de Cuentas no solo podría mejorar la calidad del gasto público, sino que también puede consolidar la confianza en las instituciones y la capacidad del Estado para administrar con probidad los recursos de todos. Aprovechar este impulso con determinación es clave. La fecha clave es diciembre de 2025 donde las propuestas deben estar en el congreso salvadoreño para que puedan ser discutidas y, una vez aprobadas, fortalecer el proceso de evaluación del gasto público.

*Rommel Rodríguez es economista de Funde

Por años, El Salvador ha sido rehén de una violencia estructural que ha cobrado miles de vidas. En este contexto, la reciente condena de exfuncionarios de los partidos FMLN y ARENA por negociar con pandillas para obtener apoyo electoral y cometer fraude electoral en las elecciones de 2014 y 2015 representa no solo un hito judicial, sino una profunda herida en la ética democrática del país. Benito Lara, Ernesto Muyshondt, Arístides Valencia y otros actores políticos fueron sentenciados a penas de hasta 28 años de prisión por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, tras comprobarse que ofrecieron dinero y beneficios carcelarios a líderes de la MS-13 y Barrio 18 a cambio de votos y de amenazar a la población por el apoyo o no a dichos partidos políticos.

Este caso revela una verdad lamentable y vergonzosa: las pandillas no solo han sido actores criminales, sino que fueron convertidas en actores políticos por quienes debían combatirlas. Por ambos partidos que gobernaron el país por 30 años. La institucionalización de estos grupos como interlocutores válidos en procesos electorales es una traición a la ciudadanía, especialmente a las víctimas de la violencia pandilleril. Negociar con estructuras que han sembrado el terror en comunidades enteras equivale a legitimar su poder territorial y simbólico. Es, en esencia, negociar con la sangre, la vida y la libertad de los salvadoreños.

Desde una perspectiva criminológica, este tipo de pactos representa una forma de “insurgencia criminal”, donde grupos violentos no estatales desafían al Estado no para derrocarlo, sino para obtener autonomía y beneficios económicos mediante el control social y político de territorios. Al pactar con ellos, los partidos políticos no solo cedieron poder, sino que contribuyeron a la consolidación de un seudo-Estado paralelo, donde la ley de las armas de fuego, la amenaza, extorsión, desplazamientos forzados reemplazó al Estado de derecho.

Las implicaciones son múltiples. Primero, se erosionó la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. ¿Cómo puede el pueblo creer en dichas elecciones que fueron limpias si los votos fueron comprados con pactos oscuros? Segundo, se debilita la legitimidad del sistema judicial, que durante años fue cómplice por omisión o por incapacidad. Tercero, se perpetúa el ciclo de violencia, al enviar el mensaje de que el crimen organizado puede negociar su impunidad si tiene suficiente poder de fuego o influencia territorial.

Este caso también plantea una pregunta urgente: ¿cuál es el límite ético de la política? La búsqueda de poder no puede justificar alianzas con el crimen organizado. La democracia no puede construirse sobre cadáveres ni sobre pactos con quienes han convertido la vida en las comunidades en una moneda de cambio.

Lo que sucedió en los tribunales con una tardìa justicia por falta de voluntad política de quienes les correspondió en aquellos años y no lo quisieron hacer, no es novedoso en diferentes medios de comunicación lo sostuve de los pactos con el crimen organizado y las pandillas de los partidos políticos ARENA y FMLN que ante la ausencia de una plataforma o propuesta creíble decidieron negociar e ir a buscar ellos a los criminales con la autorización y visto bueno de sus cúpulas y máximas autoridades partidarias y quizás de sus financistas. Quedan muchas preguntas sin resolver cómo quienes proporcionaron el dinero que se les entrego a las pandillas criminales, quienes fueron los ideólogos, porque los ahora condenados guardan silencio y van a cumplir sendas condenas en el olvido. Pero ahora ya existe una verdad judicial y una sentencia.

La condena judicial es un paso importante, pero insuficiente. Es mi opinión que jurídicamente existe fundamentación y legalidad para iniciar un proceso de cancelación de dichos partidos políticos por comprobarse el fraude electoral de autoridades en la toma de decisiones, no son solo militantes o simpatizantes, y conociendo la verticalidad de dichos institutos no es creíble que fuera una decisión sin el conocimiento de sus máximas autoridades y representantes, incluyendo presidentes y secretarios generales. Porque tendríamos que renunciar a lo establecido en la Ley. Porque el Tribunal Supremo Electoral TSE no actúa de oficio ante el fallo judicial que ha sido público y tantas noticias criminis. Y, sobre todo, necesitamos recordar y dejar en claro que la seguridad y la paz no se negocia con quienes han hecho de la violencia su estilo de vida, con los actores del crimen organizado.

* Ricardo Sosa es doctor y máster en Criminología

@jricardososa 

Stalin mandaba borrar de las fotografías a los colaboradores que caían en desgracia. En la Alemania nazi, el Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, controlaba por completo la prensa, la radio, el cine y la literatura. En España, la Ley de Prensa de 1938 impuesta por Franco estableció la revisión previa obligatoria de todo material publicado. En Corea del Norte, Kim Jong-un mantiene un control absoluto sobre internet y los medios de comunicación; solo se puede acceder a información aprobada por el Estado. Y en Rusia, el célebre Putin ha restringido la prensa, cerrado medios independientes y perseguido a periodistas críticos de su régimen. Incluso Estados Unidos, paladín de la democracia, actualmente utiliza el acoso legal y castigo con pérdida de ingresos contra medios de información para fomentar el temor a la difusión de noticias que critiquen a su presidente.

Cuán satisfechos estarían los dictadores del pasado y del presente al ver el amplio régimen de censura que aún se aplica en muchos países, incluido el nuestro. Estamos llegando a la distopia que nos planteaba George Orwell en su novela “1984”, con una sociedad totalitaria controlada por un régimen omnipresente y su ministerio de la verdad.

¿Que entendemos por censura y para qué sirve?

La censura es la supresión, control o limitación de información, ideas o expresiones por parte de una autoridad, ya sea un gobierno, institución o grupo de poder, con el objetivo de impedir que el público acceda a ciertos contenidos que se consideran indeseables, peligrosos o inconvenientes.

Mantener el poder político, controlar la opinión pública, proteger la moral o valores “oficiales” son los objetivos primordiales de la censura para evitar el cuestionamiento, y/o debilitar la autoridad de los grupos de poder.

Evolución de la censura en nuestro país:

Antes del actual gobierno, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) fue aprobada en 2011, durante la presidencia de Mauricio Funes (FMLN). Esta ley permitió la creación del Instituto de acceso a la información Pública (IAIP), entidad que aseguraba que todo ciudadano salvadoreño tuviese acceso a información estatal. Entre 2011 y 2018, aunque hubo casos de opacidad o retrasos, el acceso a datos públicos fue relativamente amplio. Los ciudadanos y periodistas podían solicitar informes sobre gastos, salarios, compras públicas, etc. Pero todo cambio con la llegada de Nayib Bukele al poder en junio de 2019.

En 2020, el gobierno clasificó como “reservada” gran parte de la información relacionada con gastos en publicidad, viajes, contratos y compras de emergencia (por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19). Durante este año, se comenzó a negar información solicitada por periodistas y organizaciones civiles, alegando “seguridad nacional” o “protección de datos personales”. Durante este tiempo, el IAIP sufrió el cambio de comisionados independientes por funcionarios “amigables”, así debilitando su autonomía. Con esta infusión de personas afines al gobierno, el instituto comenzó a avalar la reserva de información en casos donde antes habría exigido transparencia.

Desde 2021, muchas instituciones del Estado ya no publican datos actualizados (por ejemplo, sobre finanzas públicas, seguridad o salud). Diferentes medios independientes de información han denunciado obstáculos sistemáticos para acceder a fuentes oficiales. En 2023, el gobierno reformó procedimientos administrativos que facilitan declarar como “reservada” casi cualquier información.

La censura nos mantiene en la oscuridad. Limita y debilita la participación ciudadana y por ende la democracia. Cuando los gobiernos censuran información o medios de comunicación, los contrapesos se debilitan. A largo plazo, esto genera concentración del poder, y puede derivar en regímenes totalitarios. La censura permite ocultar irregularidades financieras, contratos sospechosos y desvíos de recursos. Los abusos de poder y la corrupción se multiplican. De acuerdo con la clasificación en el índice de percepción de la corrupción, en el 2024, El Salvador cayo al puesto 126 de 180 países.

La censura facilita proyectar una imagen idealizada del gobierno, incluso cuando la realidad es muy distinta. Es muy clara la contradicción de la percepción del ciudadano común salvadoreño, por ejemplo, con respecto al estado de la economía nacional, y los reportes técnicos producidos por entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La censura fomenta desinformación, rumores y teorías conspirativas, ya que la ciudadanía busca información en fuentes no oficiales. Pensadores como John Stuart Mill, argumentan que la censura limita la búsqueda de la verdad y restringe el desarrollo moral e intelectual de las personas. La búsqueda de la verdad, un concepto cada vez más ajeno en nuestro país.

*El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional