Redacción HCloud

Autor: Alvaro Cruz

  • Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por delitos de financiamiento electoral

    Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por delitos de financiamiento electoral

    La excandidata presidencial de Ecuador, Luisa González, fue detenida este jueves en el marco de una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos electorales de su campaña de 2023, cuando disputó la Presidencia frente al actual mandatario, Daniel Noboa.

    González, de 48 años, fue arrestada durante la madrugada en la localidad de Canuto, provincia costera de Manabí, dentro de una investigación denominada ‘Laberinto’, que indaga «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023».

    La detención ocurre mientras la Fiscalía ecuatoriana también investiga a González y al movimiento Revolución Ciudadana (RC) en el expediente ‘Caja Chica’, abierto a principios de este año por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. Las autoridades sospechan que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

    La dirigente, quien perdió las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 frente a Noboa, sostiene que el mandatario estaría detrás de las investigaciones judiciales contra el correísmo.

    González fue presidenta de Revolución Ciudadana desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 y es considerada una de las figuras políticas más cercanas al expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.

    Una trayectoria vinculada al correísmo

    Nacida en Quito en 1977, González creció en Canuto, una comunidad rural de Manabí, donde sus padres residían. Es abogada, madre soltera de dos hijos y comenzó su trayectoria dentro del movimiento político de Correa cuando este llegó a la Presidencia en 2007. En 2010 asumió como coordinadora de Agenda Estratégica del mandatario, uno de sus primeros cargos dentro del Gobierno.

    Posteriormente ocupó diferentes responsabilidades públicas, entre ellas viceministra de Gestión Turística en 2014, secretaria general del Despacho Presidencial en 2015 y secretaria nacional de la Administración Pública en 2017. También ejerció funciones diplomáticas como vicecónsul en Madrid en 2011 y cónsul en Alicante en 2017, además de desempeñarse como secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito.

    Tras finalizar el Gobierno de Correa, González ingresó a la Asamblea Nacional en 2021, desde donde mantuvo una fuerte oposición al entonces presidente Guillermo Lasso, cuyo mandato terminó anticipadamente en 2023 después de aplicar el mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada».

    Esta decisión permitió disolver el Parlamento y convocar elecciones extraordinarias para completar el período presidencial 2021-2025. En esos comicios, Revolución Ciudadana eligió a González como candidata presidencial por encima del exvicepresidente Jorge Glas, quien acumula tres condenas por corrupción y fue capturado en 2024 durante el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito, cuando acababa de recibir asilo político.

    González continuó su oposición a Noboa después de perder las elecciones de 2023 y volvió a enfrentarlo en las presidenciales de 2025, cuando el mandatario consiguió la reelección para un período completo de cuatro años. Tanto la excandidata como Correa denunciaron un supuesto fraude electoral, aunque no presentaron pruebas fehacientes.

    El resultado otorgó a Noboa una ventaja superior a la prevista en las encuestas. La dirigente también participó en la oposición a iniciativas del Gobierno sometidas a referéndum y este año intentó, sin éxito, inscribir su candidatura a la prefectura de Manabí mediante otro partido, debido a la suspensión de Revolución Ciudadana solicitada por la Fiscalía.

     

  • Diputados de Arena apoyarán endurecer penas por conducción peligrosa

    Diputados de Arena apoyarán endurecer penas por conducción peligrosa

    Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro y Francisco Lira, expresaron su respaldo a las reformas que buscan endurecer las penas contra los conductores peligrosos en El Salvador. Sin embargo, Lira también pidió al Gobierno asumir su responsabilidad en la capacitación de motoristas y la regulación del transporte ilegal.

    Villatoro confirmó que el grupo parlamentario de Arena apoyará las modificaciones a las leyes de tránsito, al considerar que las sanciones actuales no han logrado frenar las conductas irresponsables de quienes manejan bajo los efectos del alcohol o las drogas.

    «Creo que tenemos que endurecer un poco más las penas, lastimosamente no sólo las penas, si no todo», expresó la legisladora, quien recordó que hace dos años se aprobó legislación para sancionar estas conductas, pero los accidentes continúan ocurriendo.

    La diputada también cuestionó que algunos motoristas del transporte de carga conduzcan sin licencia o sin la documentación necesaria para desempeñar su trabajo, lo que, según señaló, ha ocasionado accidentes y muertes.

    «Entonces creo que en ese sentido sí es importante hacer la ley un poco más fuerte. Tal vez así entienden y dejan de causar tanto accidente y daño a las familias salvadoreñas, así que en ese sentido como grupo parlamentario, si apoyamos», manifestó Villatoro.

    Por su parte, Francisco Lira coincidió en que las leyes de tránsito deben ser más estrictas para prevenir muertes y lesiones en las carreteras, pero señaló que el Gobierno también tiene obligaciones pendientes con el sector transporte.

    «Tenemos claridad que las leyes de tránsito deben de normarse, ser más estrictas, también hay responsabilidades que el Gobierno de El Salvador tiene que tener con este sector», afirmó el diputado, quien cuestionó la ausencia de una escuela pública de manejo para conductores de autobuses y microbuses.

    Lira también reclamó al Viceministerio de Transporte (VMT) por la circulación de más de 45,000 unidades de transporte ilegal, que, según sus declaraciones, cobran tarifas entre un 40 % y un 100 % superiores a las autorizadas. Agregó que el Estado debe garantizar mejores condiciones de capacitación y funcionamiento para elevar la calidad del servicio de transporte colectivo.

    Las declaraciones de los diputados se producen después de que la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa aprobara el martes dictámenes favorables para reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Código Penal y el Código Procesal Penal.

    Las propuestas buscan aumentar las penas de prisión por conducción peligrosa, crear un nuevo delito para sancionar a quienes faciliten vehículos a conductores sin licencia y restringir los mecanismos de conciliación en determinados delitos de tránsito.

    La reforma al artículo 147-E del Código Penal establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes conduzcan vehículos de transporte público de pasajeros o de carga sin autorización o licencia. Si la conducción peligrosa provoca homicidios o lesiones, las sanciones podrán alcanzar los 10 años de prisión para conductores de vehículos automotores y hasta 15 años para quienes manejen unidades de transporte público o de carga. Además, las modificaciones prohíben que la conciliación, mediación o reparación integral del daño extingan la acción penal por lesiones u homicidios culposos derivados de la conducción peligrosa.

    Los dictámenes también incorporan el delito de facilitación de vehículo de motor destinado al transporte público colectivo de pasajeros o de transporte de carga a conductor no habilitado. Esta disposición contempla penas de cinco a 10 años de prisión para propietarios, poseedores o encargados de unidades de transporte colectivo o vehículos de carga de ocho toneladas o más que permitan conducir a personas sin la licencia correspondiente.

    La propuesta establece que tampoco procederá la conciliación en este delito, como parte de las medidas para fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito en El Salvador.

     

  • A confesión de parte

    A confesión de parte

    Quien diga que El Salvador no ha tenido alternativas para comenzar a resolver sus problemas estructurales, en beneficio de toda su población y no solamente de alguna minoría privilegiada, falta a la verdad. Hubo chances desperdiciados a lo largo de casi cinco décadas; fueron importantes eventos que aparecieron en el escenario como posibilidades reales para cambiar lo que ha generado –esté quien esté en el Gobierno– los grandes males que hicieron surgir y crecer nuestra diáspora: el hambre y la sangre entre las mayorías populares. Dicho de otra forma, la exclusión económica y social junto a la violencia en sus diversas y brutales expresiones: desde la política, tanto la oficialista que permanece como la guerrillera en su momento, hasta la generada por la delincuencia organizada. Todo ello, junto a otro mal que persiste: la enorme deuda en lo relativo a la debida impartición de justicia.

    Un breve repaso a ese particular devenir histórico, negativo y recurrente, remite a los primeros días de abril en 1944 cuando se produjo un golpe de Estado contra Maximiliano Hernández Martínez. Este salió airoso del mismo y, mediante un Consejo de Guerra, condenó a muerte a 44 rebeldes de los cuales mandó a fusilar a trece militares y un civil. Tras estos hechos se organizó y consumó una huelga general de brazos caídos, que forzó al tirano a presentar su renuncia y abandonar el territorio nacional. Su reemplazo fue otro general: Andrés Ignacio Menéndez,  quien se asegura quiso convocar a elecciones y darle brochazos de democracia al país. No duró mucho: fue derrocado el 21 de octubre de 1944 y su lugar lo ocupó el coronel Osmín Aguirre y Salinas, con quien quedó atrás la dictadura personalista y surgió la sistémica. Fue, pues, una coyuntura desaprovechada.

    Después la silla fue ocupada por generales, coroneles, un teniente coronel y un mayor; hubo entre estos un par de candidatos únicos. Se instaló un Consejo de Gobierno Revolucionario, con tres militares y dos civiles; también cuatro Juntas de Gobierno, con uniformados y sin uniforme, y un Directorio Cívico Militar. No faltó un presidente provisional. Así, sin mayores inconvenientes y con una represión dosificada, los poderes fácticos manejaron las cosas a su favor en una sociedad sometida.

    Pero en 1972 y 1977 el escenario anterior se destanteó durante las elecciones presidenciales con la irrupción de la Unión Nacional Opositora, conocida como “la UNO”. Esta coalición la integraon tres partidos: el democristiano, el socialdemócrata y el comunista “disfrazado” con  bandera de “democrático” y “nacionalista”, por estar prohibida constitucionalmente su participación en esas “justas”. Dos descarados fraudes electorales impidieron que el país aprovechara esas oportunidades para empezar a recorrer un camino diferente –el de la apertura política– y se alejara del de la guerra.

    Luego se llegó al 15 de octubre de 1979, cuando la llamada “juventud militar” le “dio en la nuca” al general Carlos Humberto Romero, “electo” tramposa y violentamente como jefe de Estado casi tres años atrás. En su “Proclama”, esta presentó un diagnóstico objetivo de la realidad nacional reconociendo que la administración derrocada era ilegítima por ser impuesta, haber violado derechos humanos, corromper la cosa pública y la justicia, crear el caos económico y social, además de desprestigiar al país y a la institución militar.

    E iba más allá, reconociendo los problemas estructurales y admitiendo que sus causas últimas se encontraban en el sistema económico y político que negaba la dignificación de las personas; también señalaba responsables –por acción u omisión– de ello, destacando en ese escenario los sectores conservadores que impedían cambios significativos por afectar sus intereses egoístas. Pero fue otra posibilidad desperdiciada.

    Eso pasó hace 47 años y le siguió el incremento de la violencia represiva gubernamental y las acciones guerrilleras, también violentas, hasta llegar al conflicto bélico que finalizó con los acuerdos de paz alcanzados que no fueron ninguna farsa, como dijo aquel. El primero, doloroso pero real; los segundos también, aunque no hayan sido cumplidos a cabalidad. Así se desperdició otra mejor ocasión para adecentar el país y ahora estamos como estamos: viviendo en uno cuya estructura es definida, dentro y fuera del mismo, como la de una dictadura al nivel de las de Nicaragua, Venezuela y Cuba.

    Su figura principal, casi única, recién se fue de boca diciendo que tenía un plan para liberar a un considerable porcentaje de personas detenidas en el marco de su perenne régimen de “excepción”. ¿Para qué, entonces, está el sistema de justicia? Para fines “cosméticos”, pues. Y es que aunque intentó desdecirse, como reza la máxima jurídica, “a confesión de parte relevo de pruebas”. En fin: no salimos de una y ya estamos en otra.

  • Haití lanza ofensiva contra pandillas tras secuestro de militares salvadoreños

    Haití lanza ofensiva contra pandillas tras secuestro de militares salvadoreños

    Las fuerzas de seguridad de Haití lanzaron el miércoles una intensa ofensiva contra las pandillas armadas que operan en distintos sectores de la capital y sus alrededores, en medio de las operaciones para rescatar a cuatro militares salvadoreños secuestrados desde la tarde del domingo 18 de octubre.

    Las acciones se intensificaron después de que el presidente Nayib Bukele anunciara una operación militar y advirtiera a las bandas criminales sobre nuevas intervenciones si no liberan a los rehenes.

    La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que los operativos comenzaron el domingo en la llanura de Cul-de-Sac, con el apoyo de fuerzas especiales y unidades de seguridad. Las intervenciones se desarrollan en Croix-des-Missions, Santo, Carrefour Marassa y los corredores de Dyo y Las Vegas, donde las autoridades buscan desmantelar los puestos de control ilegales, impedir secuestros y recuperar territorios dominados por grupos armados.

    Según la institución policial, numerosos integrantes de las pandillas murieron durante los enfrentamientos, incluidos cabecillas locales y miembros de sus estructuras. La operación cuenta con un amplio despliegue de vehículos blindados, mientras que las Fuerzas Armadas de Haití mantienen posiciones estratégicas en los accesos a Puerto Príncipe para prevenir posibles ataques de otros grupos criminales.

    Los operativos también alcanzaron sectores de Croix-des-Bouquets, donde las fuerzas de seguridad irrumpieron desde las 5:00 de la mañana del miércoles en zonas controladas por estructuras criminales.

    Agentes policiales haitianos en el operativo contra pandillas. Foto @pnh_officiel

    Una de las intervenciones se concentró en el bastión de la banda Lanmò 100 Jou, mientras que otra se desarrolló en Las Vegas, territorio vinculado al cabecilla conocido como Chen Mechan. Habitantes reportaron el uso de drones explosivos y vehículos blindados, así como la huida de pandilleros que abandonaron armas y municiones.

    Informes preliminares no oficiales señalan que al menos 18 presuntos integrantes de las bandas murieron y otros 13 resultaron gravemente heridos durante las operaciones contra estructuras como 400 Mawozo y Chen Mechan. Sin embargo, las autoridades haitianas no divulgaron un balance oficial de víctimas. La Policía aseguró que las intervenciones continuarán para recuperar el control de las zonas afectadas por la violencia.

    El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, rodeado de funcionarios y oficiales de la policía y ejército haitiano.

    Gobierno haitiano prioriza rescate de salvadoreños

    El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, encabezó el miércoles una reunión de alto nivel con los responsables de seguridad para evaluar las operaciones y establecer nuevas medidas destinadas a conseguir la liberación de los cuatro aerotécnicos salvadoreños, secuestrados en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets.

    «El Gobierno está plenamente movilizado y se propone hacer prevalecer, con la mayor firmeza, la autoridad del Estado frente a los grupos armados. La liberación de los soldados secuestrados constituye una prioridad absoluta y se están movilizando todos los recursos necesarios para alcanzar este objetivo», señaló en un comunicado la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

    El gobierno haitiano aseguró que movilizará los recursos necesarios, en coordinación con las fuerzas de seguridad y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), para proteger la vida de los rehenes y restablecer la autoridad estatal.

    «Ante la gravedad de este acto, el Estado reafirma su autoridad y su determinación. Las fuerzas de seguridad continúan sus operaciones con firmeza para lograr la liberación de los soldados secuestrados y proteger la vida humana», agregó el comunicado de la oficina del primer ministro en este primer pronunciamiento sobre el ataque.

    Por su parte, Bukele anunció este miércoles el lanzamiento de una operación militar para recuperar a los cuatro integrantes de la Fuerza Armada salvadoreña.

    «Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño», escribió el mandatario en sus redes sociales.

    El gobernante explicó que los militares secuestrados son técnicos en aviación cuya misión en Haití consiste en realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, y no participar en combates.

    El presidente salvadoreño también dirigió una advertencia a los jefes de las pandillas haitianas, al señalar que el ataque de este miércoles «no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos».

    «Y no tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro», advirtió el mandatario.

    Fotografía del vehículo blindado donde viajaban los salvadoreños cuando fueron emboscados en Croix-des-Bouquets, Haití. / Medios haitianos.

    Mientras continúan los operativos, el periódico haitiano Métronome informó que un contingente de 300 soldados salvadoreños podría llegar a Haití este jueves para participar en acciones contra las pandillas de Croix-des-Bouquets. Pero no hay una confirmación oficial del despliegue de parte de las autoridades salvadoreñas.

    Según medios haitianos, los militares salvadoreños al parecer entraron por equivocación en una zona controlada por bandas armadas cuando regresaban de comprar víveres en un supermercado y fueron emboscados.

  • Tasas de interés para vivienda y préstamos de largo plazo bajan en septiembre

    Tasas de interés para vivienda y préstamos de largo plazo bajan en septiembre

    Las tasas de interés para adquirir vivienda en El Salvador bajaron a 7.70 % en septiembre de 2026, mientras que los préstamos con plazos superiores a un año disminuyeron a 10.18 %, según las estadísticas publicadas por el Banco Central de Reserva (BCR).

    El último informe de tasas de interés promedio ponderado revela que el financiamiento habitacional registró una reducción de 0.30 puntos porcentuales respecto a agosto, cuando la tasa alcanzó el 8.00 %, su nivel más alto entre enero y septiembre de este año.

    La tasa de interés para adquirir vivienda comenzó 2026 en 7.76 % y experimentó variaciones durante los siguientes meses. En febrero bajó a 7.70 %, pero posteriormente aumentó hasta alcanzar 7.90 % en junio, antes de descender a 7.76 % en julio y subir nuevamente en agosto.

    Con el resultado de septiembre, las tasas hipotecarias regresaron al nivel registrado en febrero y se ubicaron 0.06 puntos porcentuales por debajo del dato de enero, de acuerdo con las cifras oficiales del BCR.

    Préstamos de largo plazo registran mayor reducción

    La disminución más pronunciada ocurrió en los créditos con plazos superiores a un año, cuya tasa promedio pasó de 12.38 % en agosto a 10.18 % en septiembre, equivalente a una reducción de 2.20 puntos porcentuales en un mes.

    Este segmento presentó fluctuaciones durante 2026. En enero, la tasa promedio se encontraba en 10.26 %, mientras que en febrero aumentó a 11.33 % y en abril alcanzó 11.36 %. Posteriormente, descendió a 10.23 % en julio, antes de registrar su nivel más alto del período en agosto.

    En el caso de los préstamos de largo plazo otorgados a particulares, la tasa de interés bajó de 13.21 % en agosto a 12.28 % en septiembre, una reducción de 0.93 puntos porcentuales. Este resultado también se encuentra por debajo del 12.90 % registrado en enero.

    Las empresas experimentaron una disminución todavía mayor en el costo promedio del financiamiento de largo plazo. La tasa pasó de 12.97 % en agosto a 9.12 % en septiembre, una caída de 3.85 puntos porcentuales, aunque se mantuvo por encima del 8.81 % reportado al inicio del año.

    Según el BCR, las tasas publicadas corresponden a los promedios ponderados de las operaciones financieras contratadas durante cada período, tomando en cuenta la participación de las instituciones bancarias, los tipos de crédito y sus respectivos plazos.

     

  • CEPAL destaca avances de El Salvador en gobernanza de inteligencia artificial

    CEPAL destaca avances de El Salvador en gobernanza de inteligencia artificial

    El Salvador sobresale en varios indicadores relacionados con la gobernanza, la seguridad y las estrategias nacionales de inteligencia artificial (IA), en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile.

    El Salvador se ubicó en la posición 12 de 20 países evaluados en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026, con una calificación de 37.9 puntos, según el informe.

    Uno de los resultados más destacados del país corresponde al indicador de estrategias nacionales de inteligencia artificial, donde obtuvo una calificación de 100 puntos, junto con México, Perú y Ecuador. Esta evaluación considera la existencia de políticas y estrategias destinadas a impulsar el desarrollo y aprovechamiento de estas tecnologías.

    En materia de seguridad, precisión y confiabilidad de la inteligencia artificial, El Salvador alcanzó 91.3 puntos, una de las mejores calificaciones regionales, únicamente superada por Brasil, que consiguió 100 puntos. El informe también destaca que el país avanzó ocho posiciones respecto a la edición de 2025 en este indicador.

    Otro resultado positivo corresponde a la gobernanza de la inteligencia artificial, dimensión en la que El Salvador obtuvo 61.3 puntos, una calificación que lo incorpora al grupo de países con capacidades avanzadas. Este apartado analiza las condiciones institucionales y los mecanismos establecidos para orientar el desarrollo y la utilización de la IA.

    El país también registró 66 puntos en visión e institucionalidad, indicador que examina las políticas públicas y las estructuras encargadas de promover el desarrollo tecnológico. Este resultado refleja las capacidades institucionales evaluadas por el índice para impulsar la inteligencia artificial.

    En el apartado de productos de datos, El Salvador consiguió 85 puntos, otro de los resultados favorables dentro de la evaluación. La disponibilidad de datos constituye uno de los elementos considerados para medir las condiciones que permiten desarrollar y aprovechar herramientas de inteligencia artificial.

    El informe también incluye indicadores relacionados con la formación de talento humano. En el caso salvadoreño, el 22.4 % de los graduados de educación superior considerados en el indicador de licenciaturas corresponde a carreras vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, disciplinas relacionadas con el desarrollo de capacidades tecnológicas.

    Informe señala desafíos

    El informe advierte que El Salvador enfrenta importantes desafíos para desarrollar y aprovechar la inteligencia artificial (IA), principalmente en investigación, desarrollo tecnológico y condiciones para su adopción.

    Uno de los mayores desafíos para El Salvador está en la investigación, el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial, dimensión en la que obtuvo apenas 24.7 puntos. Este resultado contrasta con los 73.7 puntos de Chile y los 63.9 de Brasil, y evidencia la distancia que separa al país de los ecosistemas tecnológicos más desarrollados de la región.

    Las dificultades también se reflejan en los factores habilitantes, que comprenden infraestructura, disponibilidad de datos y talento humano. En esta dimensión, El Salvador registró 35.1 puntos, mientras que en infraestructura alcanzó 35.2, situándose en el grupo de países con capacidades intermedias, aunque cerca del límite inferior de esa categoría. La CEPAL considera que estas condiciones son necesarias para ampliar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial.

    La preparación del talento humano constituye otro desafío para el país. El estudio señala que ninguna de las 20 naciones evaluadas alcanzó un nivel alto en esta categoría y únicamente Chile, Uruguay y Trinidad y Tabago registraron una preparación moderada.

    El Salvador quedó dentro del grupo que enfrenta desafíos significativos en la formación de personal especializado, aunque el 22.4 % de sus graduados de educación superior corresponde a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por encima del promedio regional de 18.8 %.

    El aprovechamiento de la inteligencia artificial en las empresas también representa un reto para las economías latinoamericanas. La investigación advierte que el uso de estas herramientas avanza más rápidamente entre las personas que dentro de los procesos productivos, y que las empresas pequeñas presentan menores niveles de adopción.

     

     

  • COEXPORT firma dos alianzas para impulsar empleo juvenil y femenino

    COEXPORT firma dos alianzas para impulsar empleo juvenil y femenino

    La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) firmó el miércoles dos alianzas con ONU Mujeres y NUMU Group para fortalecer la formación técnica de jóvenes y mujeres salvadoreñas y facilitar su incorporación al mercado laboral, especialmente en empresas del sector exportador.

    El primer acuerdo, suscrito con ONU Mujeres, contempla la creación de una Escuela Especializada de Formación para Mujeres, que ofrecerá capacitaciones en áreas vinculadas al comercio internacional y responderá a las necesidades de personal especializado de las empresas exportadoras.

    La presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, explicó que “Son diplomados técnicos específicos que los exportadores andan buscando”.

    El memorando de entendimiento también busca promover la igualdad de género mediante programas de formación, elaboración de estudios de caso y espacios de diálogo sobre la participación femenina en las exportaciones.

    Cuéllar aclaró que la escuela no tendrá un límite establecido de participantes y que “el acuerdo está abierto a lo que nosotros podamos desarrollar”.

    La iniciativa toma como referencia los resultados del programa Terminal Trucks, que capacitó a 200 personas de comunidades cercanas al Puerto de Acajutla, de las cuales el 90 % fueron mujeres.

    Según Cuéllar, el proyecto tenía como objetivo incorporar a 140 personas al mercado laboral y ya consiguió la contratación de 120. “La meta era que trabajaran 140, ya están contratadas 120”, explicó.

    La representante de ONU Mujeres en El Salvador, Lourdes González Prieto, destacó que «la cooperación con el sector privado permitirá reducir las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a capacitación, financiamiento, mercados internacionales y puestos de liderazgo».

    La funcionaria reiteró el compromiso de la organización de continuar promoviendo oportunidades para mejorar la participación femenina en las actividades económicas.

    Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport y Gerardo Lara, representante de NUMU Group en El Salvador.

    Formación digital para 1,000 jóvenes

    La segunda alianza, establecida entre COEXPORT y NUMU Group, contempla la ejecución del proyecto CIBERLAMARR, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea y BID Lab que pretende capacitar a 1,000 jóvenes en áreas de alta demanda, como ciberseguridad, gobernanza de datos e inteligencia artificial.

    El programa buscará vincular a los participantes con empresas exportadoras, principalmente pequeñas y medianas empresas, para que puedan adquirir experiencia práctica y acceder a oportunidades de contratación.

    “Las empresas son las que reciben pasantes, orientan la información hacia lo que buscan y contratan”, indicó Cuéllar, al explicar la participación del sector privado en la formación de los beneficiarios.

    Del total de becas previstas, el 40 % estará destinado a mujeres, con el propósito de incrementar su participación en actividades relacionadas con las nuevas tecnologías.

    Gerardo Lara, representante de NUMU Group en El Salvador, destacó que estas competencias también permitirán desarrollar actividades económicas desde el hogar.

    “Esta oportunidad les permite trabajar desde casa y desarrollar una actividad económica que les es rentable y que produce una mejor economía para todo el país”, señaló.

     

  • Chavismo y oposición acuerdan revisar leyes electorales venezolanas y recuperar oro

    Chavismo y oposición acuerdan revisar leyes electorales venezolanas y recuperar oro

    El chavismo y un sector de la oposición venezolana acordaron este miércoles revisar varias leyes relacionadas con los derechos políticos y crear una comisión conjunta para gestionar la recuperación del oro depositado en el Banco de Inglaterra, al concluir la tercera ronda de negociaciones respaldadas por Estados Unidos.

    Después de una semana de conversaciones, ambas delegaciones pactaron examinar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, particularmente «lo inherente al proceso de inhabilitaciones» políticas, una de las principales demandas de los sectores opositores que buscan participar en futuras elecciones presidenciales.

    La revisión ocurre mientras la oposición exige levantar la inhabilitación política de María Corina Machado, premio nobel de la paz y dirigente opositora que permanece fuera de Venezuela desde diciembre pasado. Machado y Edmundo González Urrutia, quienes no participan directamente en las conversaciones, expresaron su expectativa de que las negociaciones permitan establecer un «cronograma electoral presidencial oportuno».

    La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, reconoció que la «gran demanda» de los venezolanos es celebrar elecciones presidenciales, que propone realizar en 2027.

    La dirigente sostuvo que existe voluntad para avanzar hacia ese objetivo y reiteró que Estados Unidos busca «acompañar ese proceso de estabilización democrática y de garantías políticas para el futuro del país». También planteó que antes de los comicios deben modificarse las estructuras del sistema electoral para garantizar una votación creíble.

    Revisión de leyes contra el terrorismo y sanciones

    Otro de los acuerdos contempla revisar la definición y tipificación del terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, utilizada para procesar a numerosas personas acusadas de violencia y vandalismo durante la crisis posterior a las elecciones presidenciales de 2024.

    Durante aquellos acontecimientos, el entonces fiscal general Tarek William Saab calificó como terroristas a varios de los acusados.

    El abogado Joel García denunció ese mismo año ante EFE que la utilización de ese delito constituía «un patrón sistemático y generalizado» contra los disidentes del Gobierno de Nicolás Maduro, proclamado vencedor de unas elecciones cuyos resultados detallados no fueron publicados por el organismo electoral.

    Las delegaciones también propusieron modificar la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024 por el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo. La normativa establece condenas de entre 25 y 30 años de prisión, multas millonarias y hasta 60 años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra el Gobierno venezolano.

    Asimismo, acordaron examinar la Ley de partidos políticos para «garantizar la participación de todos los actores» y avanzar en el fortalecimiento de la democracia. La propuesta surge en un escenario en el que el Tribunal Supremo de Justicia mantiene intervenidas varias organizaciones y facciones opositoras.

    Buscan recuperar oro retenido en Inglaterra

    Otro punto de las negociaciones fue la creación de una comisión paritaria encargada de gestionar la recuperación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Los recursos serían destinados a atender a los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio y financiar la «recuperación de los servicios públicos».

    Figuera explicó que la delegación opositora sostuvo conversaciones con representantes del Reino Unido para facilitar la transferencia de esos recursos, que estuvieron bajo control de la oposición en 2019, durante la crisis política provocada por los cuestionamientos al mandato de Nicolás Maduro, posteriormente depuesto de la Presidencia venezolana.

    Al concluir la tercera ronda de conversaciones, Jorge Rodríguez anunció que las delegaciones retomarán las negociaciones entre el 11 y el 15 de noviembre, cuando continuarán las discusiones sobre las reformas legales, las garantías políticas y los mecanismos para recuperar los recursos venezolanos depositados en el exterior.

     

  • Netanyahu insiste en derrocar al régimen de Irán

    Netanyahu insiste en derrocar al régimen de Irán

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró el miércoles que es necesario derrocar al régimen de Irán, al acusar al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, de continuar con las políticas de su padre y mantener los esfuerzos para desarrollar armas nucleares.

    «El régimen de Irán aún no ha aprendido la lección. Mojtaba Jamenei, el tirano de turno, ha decidido seguir los pasos de su padre», ha señalado el líder israelí durante un acto de graduación de militares en Israel.

    Las declaraciones del mandatario se producen a una semana de las elecciones israelíes, en medio de un discurso en el que volvió a señalar a Teherán como una amenaza para la seguridad de su país y cuestionó las intenciones del nuevo dirigente iraní.

    Netanyahu aseguró que Irán «ha quitado el seguro y está intentando, una vez más, fabricar las bombas de la muerte», en referencia a las acusaciones sobre el supuesto desarrollo de armamento nuclear por parte de la República Islámica.

    El primer ministro israelí sostuvo que la única manera de eliminar la amenaza que, según su Gobierno, representa Irán es mediante un cambio de régimen en Teherán, una postura que trasladó directamente a las instituciones militares y de inteligencia de Israel.

    En ese sentido, insistió en la necesidad de «derrocar al régimen de Irán». «Esa es mi orden a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), al Mossad y a los servicios de seguridad», ha explicado el dirigente israelí.

    Imagen de archivo distribuida por la agencia Mehr del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí. EFE/ Mehr

    Netanyahu también reiteró su intención de «finalizar el trabajo» iniciado en Oriente Próximo y «acabar por completo con el régimen de Irán». El mandatario afirmó que Estados Unidos «está de acuerdo» con esa postura, aunque no ofreció mayores detalles sobre posibles acciones conjuntas.

    Las declaraciones se suman a otras advertencias formuladas por funcionarios israelíes durante los últimos meses. En septiembre, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que el Ejército «estará libre de ataduras» si Irán ejecuta un ataque contra Israel.

    En aquella ocasión, Katz amenazó con devolver a Irán «a la Edad de Piedra» y atacar «toda la infraestructura militar y civil», en una advertencia que reflejó el endurecimiento del discurso del Gobierno israelí frente a las autoridades iraníes.

     

  • Nueva York publica documentos sobre contaminación tras atentados del 11-S

    Nueva York publica documentos sobre contaminación tras atentados del 11-S

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el miércoles  la publicación de 40,000 documentos relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que incluyen información sobre la contaminación del aire y los riesgos sanitarios a los que estuvieron expuestas las personas en la Zona Cero.

    Los registros, que suman más de 200,000 páginas, pueden consultarse públicamente en el portal habilitado por las autoridades municipales (nyc.gov/sep11docs). Su divulgación ocurre después de varios años de disputas judiciales para acceder a información sobre las sustancias tóxicas liberadas tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

    La publicación también representa el cierre de dos demandas interpuestas contra la ciudad por la organización 9/11 Health Watch, que reclamaba el acceso a documentos sobre la calidad del aire y las posibles enfermedades relacionadas con la exposición a materiales contaminantes después de los ataques.

    «Nuestro compromiso de honrar a las víctimas de los horribles atentados terroristas del 11 de septiembre y brindar transparencia y rendición de cuentas a los sobrevivientes no puede comenzar ni terminar en el aniversario», indicó el alcalde en un comunicado.

    Mamdani recordó que familiares de las víctimas, equipos de emergencia y representantes políticos exigieron durante años que las autoridades hicieran públicos estos archivos. Además, señaló que el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio fiscal de 2027 contempla $34 millones para mantener el portal de documentos oficiales.

    Documentos revelan advertencias sobre contaminación del aire

    Entre los archivos divulgados se encuentra el denominado Memorando Harding, atribuido a Robert Harding, quien ocupaba el cargo de vicealcalde de Nueva York en 2001. El documento advertía internamente sobre los graves peligros de exposición a sustancias tóxicas en la Zona Cero, mientras las autoridades municipales y federales sostenían públicamente que el aire del Bajo Manhattan era seguro.

    El portal también contiene los 170,000 documentos conocidos como Caja 68, cuya publicación fue ordenada por Mamdani en septiembre. Según las denuncias de los afectados, estos registros demostrarían que las autoridades ocultaron información sobre los niveles de toxicidad del aire después de los atentados.

    El director ejecutivo de 9/11 Health Watch, Benjamin Chevat, aseguró que el examen de los documentos divulgados permitió identificar «un panorama preocupante».

    Según explicó, las autoridades municipales, estatales y federales mantuvieron su estrategia incluso después de conocer la gravedad de los riesgos, lo que afectó las decisiones sobre el retorno de los residentes a sus viviendas, escuelas y oficinas, así como las labores de limpieza.

    Chevat reconoció al alcalde Mamdani y al asesor jurídico municipal, Steve Banks, por alcanzar el acuerdo que permitió divulgar los archivos, mientras que el alcalde adelantó que durante los próximos meses se publicarán nuevos documentos.