Autor: Alvaro Cruz

De acuerdo con la reciente publicación en The Lancet Regional Health – Americas sobre la plataforma de telemedicina asistida por inteligencia artificial Doctor-SV, este modelo aborda cuatro áreas problemáticas del sistema nacional de salud de El Salvador: financiación limitada, disparidades en el acceso, calidad de la atención y deficiencias en la formación de profesionales de la salud.

El modelo se implementa en dos fases. La primera, iniciada en noviembre de 2025, cubre el diagnóstico y tratamiento de enfermedades leves no complicadas, como infecciones comunes, salud maternoinfantil y salud mental. La segunda, iniciada en abril de 2026, incorpora el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.

Aunque existen preocupaciones en ciertos sectores de la población sobre el manejo de la información personal, estas no han limitado de forma significativa la utilización del sistema. Según reportes de la prensa gubernamental, la plataforma ya registra aproximadamente 1.1 millones de personas usuarias y más de 1.5 millones de citas médicas realizadas. Además, atiende alrededor de 18,000 llamadas diarias, con capacidad de ampliarse hasta 30,000.

Se espera que estos niveles de uso continúen en aumento, especialmente con el lanzamiento de la segunda fase. La tendencia observada no es únicamente cuantitativa, sino también estructural: la plataforma está comenzando a funcionar como puerta de entrada al sistema de salud, generando derivaciones hacia servicios presenciales cuando la telemedicina resulta insuficiente y contribuyendo a descongestionar hospitales y centros de salud.

Las proyecciones oficiales sugieren que el sistema podría alcanzar a unos 4.5 millones de personas salvadoreñas. Esto implicaría que un número significativo de pacientes evitaría desplazamientos y tiempos de espera para consultas de baja complejidad.

¿Cómo impactará DoctorSV al sistema actual de atención primaria?

Si se cumplen las proyecciones gubernamentales sobre el uso de DoctorSV, es esperable una disminución considerable en la demanda de consultas presenciales en unidades y centros de salud. En consecuencia, será necesario replantear el rol actual de estos establecimientos, orientándolos hacia funciones más resolutivas, de mayor complejidad clínica, seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y fortalecimiento de actividades comunitarias y preventivas.

Los centros de salud seguirán siendo necesarios para la atención de urgencias y sospecha de gravedad, procedimientos que requieren contacto físico (vacunación, curaciones, procedimientos de enfermería, controles de crecimiento y desarrollo, y tamizajes físicos), y acompañamiento social y comunitario como el manejo de determinantes sociales (violencia, salud mental, vulnerabilidad). En este sentido, la proyección es que los centros de salud se conviertan en “portales de resolución física” y nodos de red comunitaria, en lugar de ser únicamente el único punto de acceso para cualquier consulta.

La proyección realista es que DoctorSV no reemplazará a los centros de salud, sino que reconfigurará su existencia y su rol: pasarán de ser un único punto de entrada a convertirse en nodos presenciales clave para lo que no puede hacerse por pantalla, con menos carga de consultas rutinarias y más foco en urgencias, procedimientos y trabajo comunitario.

¿Impactará la medicina privada?

Definitivamente. DoctorSV tiende a reducir la demanda de consultas básicas y de seguimiento crónico en la medicina privada, sobre todo en población que acepta la telemedicina pública gratuita. Al mismo tiempo, fortalece el papel de laboratorios, radiología y farmacias del sector privado como parte de la cadena de valor financiada por el Estado, lo que crea un mercado derivado del sistema público. La medicina privada seguirá existiendo, pero su estrategia probablemente se virará hacia servicios de alta complejidad, complementariedad y planes de pago, en vez de basarse en la consulta de primer nivel generalizada.

En un país de ingresos medios, este modelo plantea un panorama de coexistencia tensionada: más acceso para la población, pero más presión sobre la rentabilidad de ciertos segmentos de la medicina privada, lo que puede impulsar tanto innovación como concentración y desigualdad según cómo se regule el sistema.

¿Es sostenible un sistema con estas características en nuestro país?

DoctorSV se sitúa dentro de una estrategia de modernización del sistema de salud, su viabilidad está condicionada a que el sistema de salud entero lo integre como herramienta de prevención y eficiencia. En este sentido, la verdadera sostenibilidad dependerá de que el sistema logre demostrar que el gasto en servidores, conectividad, licencias, personal de salud y mantenimiento de infraestructura se compensa con ahorros en complicaciones y hospitalizaciones por diabetes, hipertensión y enfermedad renal, que ya concentran buena parte del presupuesto en salud (cerca del 60–62 % del total nacional).

Un programa de salud digital es sostenible cuando mejora la prevención, aumenta la eficiencia y reduce costos totales, no cuando solo añade capas tecnológicas al gasto existente. Actualmente, el programa cuenta con un respaldo formal: la Asamblea Legislativa autorizó un préstamo de hasta 75 millones de dólares de la CAF para la segunda fase, dirigido a consolidar la plataforma, instalar 400 kioscos de dispensación de medicamentos y ampliar la cobertura en atención primaria. Esto sitúa a DoctorSV dentro de una estrategia de modernización del sistema de salud, más que en el ámbito de una iniciativa aislada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva semana inicia y con ella la entrada en vigencia de la pena de prisión perpetua revisable, hay un cambio trascendental ya que el sistema de justicia y penal se modifica para los delitos mas gravosos que estudia la Criminología. Desde la perspectiva de la justicia criminal, El Salvador al finalizar el cuarto mes del 2026 se encuentra en una fase transformadora en su política punitiva con la implementación de la pena de prisión perpetua revisable.

Esta medida constitucional, ratificada el 26 de marzo de 2026 mediante la reforma al artículo 27 de la Constitución, se erige como la sanción máxima para delitos de extrema gravedad en nuestra sociedad: homicidio, violación y actos de terrorismo. Sin embargo, la aplicación de esta pena no es indiscriminada en el tiempo. El pilar fundamental que rige su entrada en vigencia es el principio de irretroactividad de la ley penal, consagrado en el artículo 21 de nuestra Constitución. Como experto en criminología y justicia criminal, deseo subrayar que la prisión perpetua es, por definición, una norma sustantiva de carácter gravoso. Bajo la premisa que la pena aplicable es exclusivamente la que estaba vigente al momento de la consumación del crimen o delito.

Por lo tanto, la operatividad de la pena de prisión perpetua revisable es estrictamente prospectiva. Esto implica que solo podrá solicitarse para delitos cometidos después de que la reforma y adecuación de leyes secundarias, especiales y de la Corte Suprema de Justicia cumplió  su respectivo periodo de vacancia de la ley de treinta días tras su publicación en el diario  oficial que fue el 27 de marzo del 2026. Pretender su aplicación a hechos ocurridos antes de esta reforma constitucional y legales  constituiría un vicio de fondo y una vulneración al debido proceso que traería como consecuencia  la nulidad absoluta de las condenas en instancias superiores. Espero que no se llegue a este punto.

La fundamentación de este nuevo marco normativo descansa en mi opinión en tres principios esenciales:

Legalidad penal: Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes dictadas con anterioridad al hecho. El Estado tiene vedado endurecer las consecuencias jurídicas de forma sobrevenida para hechos pasados.
Seguridad jurídica y previsibilidad: El ciudadano debe conocer la consecuencia exacta de su conducta al momento de realizarla. La firmeza de las sentencias obtenidas por la Fiscalía ganadas en sede judicial  depende de que estas se ajusten a los límites de legalidad existentes al tiempo de la acción.

Favorabilidad: La retroactividad solo es admisible cuando la nueva ley favorece al condenado. Dado que la pena de prisión perpetua revisable  agrava severamente la situación jurídica del imputado respecto a las penas temporales previas, su aplicación retroactiva es jurídicamente inviable.

Es imperativo distinguir este rigor sustantivo de la normativa procesal. Mientras la pena es prospectiva, las reformas adjetivas o procedimentales, como las nuevas reglas de competencia para los Jueces de lo Criminal son de aplicación inmediata. Estas rigen los actos pendientes en procesos en curso, siempre que no afecten derechos sustantivos ya adquiridos o actos procesales consumados.

Es mi posición que la pena de prisión perpetua revisable en El Salvador se presenta como una herramienta firme de política criminal y de persecución penal diseñada para combatir la impunidad en los crímenes más atroces. No obstante, su eficacia real no reside en la severidad por si, sino en su solidez jurídica. El respeto irrestricto a la irretroactividad garantiza que el sistema de justicia penal salvadoreño opere con coherencia, proporcionalidad y, sobre todo, bajo el imperio de la Constitución.

*Por Ricardo Sosa /doctor en Criminología / Egresado doctorado en Justicia Criminal /@jricardososa 

Cuando caiga la noche de este 27 de abril, se habrán cumplido 55 años del evento más despreciable que el totalitarismo castrista ejecutó sobre el arte y la cultura cubanos: la tristemente célebre “autocrítica” del poeta Heberto Padilla (1932-2000) ante un grupo de destacados miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), luego de permanecer 37 días en prisión acusado de mantener actitudes críticas contra la Revolución.

El Caso Padilla (como se conoce desde entonces) constituyó un verdadero parteaguas, un quiebre de lanzas, tanto dentro como fuera de la Isla. Autores que hasta ese momento se habían mostrado incólumes en su respaldo al proceso revolucionario, entendieron con dolor —de golpe y porrazo— que el castrismo no era mejor que el estalinismo en su tolerancia a la disidencia inteligente y a la reprobación creativa. Incluso aquellos que siguieron siendo fieles al socialismo caribeño, por emoción o por pragmatismo, llegaron a preguntarse qué tan lejos había llegado Cuba en eso de imponer límites al arte y la cultura dentro de su sistema que se decía democrático.

Y no es que hubieran faltado, por cierto, los avisos. Además del infame discurso de junio de 1961 en el que Fidel Castro dejase claro cómo concebía él la “responsabilidad” de los artistas e intelectuales en el marco del proyecto histórico que lideraba —“…Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”—, a veces se olvida que bastante antes, en octubre de 1959, se había conformado la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas, adscrita al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), entidad que empezó a censurar filmes considerados “problemáticos” por su contenido.

Obras como Una vez en el puerto, de Alberto Roldán, o Un poco más de azul, de Fausto Canel, vieron prohibida su difusión dentro de la Isla en 1964, la primera porque documentaba con realismo la vida de los barrios habaneros que miraban al mar y la segunda por abordar el siempre espinoso tema del exilio. Ambos realizadores sufrieron, claro está, las consecuencias de sus actos “reaccionarios”: quedaron excluidos del Icaic (del que habían sido fundadores), se les restringió su libertad de expresión y terminaron abandonando Cuba. (Roldán murió en Miami, a los 81 años, en 2014, y Canel vivió en Francia y España antes de instalarse también en Estados Unidos, donde reside).

El golpe más duro a la libertad creativa había sido, sin embargo, el que sufrió en 1961 el documental PM de Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante, prohibido y confiscado por las autoridades señalándolo de ofrecer “una pintura parcial de la vida nocturna” de La Habana porque, “lejos de dar al espectador una correcta visión de la existencia del pueblo cubano en esta etapa revolucionaria, la empobrecía, desfiguraba y desvirtuaba…”. Fue precisamente a raíz del escándalo provocado por la condena de este corto, de apenas 14 minutos de duración, que Fidel Castro en persona blandió sus temibles Palabras a los intelectuales.

El pavoroso “todo o nada” del régimen encontró su siguiente víctima en Heberto Padilla, cuyo excelente poemario Fuera del juego había sido reconocido por la Uneac (un poco a regañadientes) con el Premio Nacional de 1968. A pesar de haber obtenido el galardón por la decisión unánime del jurado, la entidad hizo una extraña “declaración” en la que consignaba que el libro sería publicado —junto al de Antón Arrufat en la rama de teatro— con una nota “expresando su desacuerdo” por considerarlos “que son ideológicamente contrarios a nuestra revolución (sic)”.

Tres años después, en enero de 1971, Padilla se atrevió a protagonizar en la Uneac un recital con su nuevo libro, Provocaciones. Y así fue considerada, en efecto, su actitud: provocadora. Unas semanas más tarde, el 20 de marzo, Heberto y su esposa, la también escritora Belkis Cuza Malé, eran arrestados por agentes de la Seguridad del Estado y conducidos a las bartolinas de Villa Marista. El cargo que pesó sobre ellos fue el de “actividades subversivas contra el gobierno”.

“¿Te creías intocable, el artista rebelde…?”, recordaba Padilla que le dijeron en la cárcel los esbirros. “¿[Creías] que te íbamos a perdonar todas tus travesuras contrarrevolucionarias?”. Luego del brutal interrogatorio, en el que el poeta fue golpeado, despertó en un hospital militar donde recibió la inesperada visita de Fidel en persona. “Sí”, dice Heberto en La mala memoria (1989), “tuvimos tiempo para hablar, o para que él hablara y se explayara a su gusto, y se cagara en toda la literatura del mundo”.

Entonces se le “sugirió” al escritor que redactara un largo texto enumerando sus “errores”, documento que hace 55 años recitó de memoria en aquella reunión privada en la Uneac. El material grabado de la “autocrítica” fue conocido por fin, en 2022, cuando el cineasta cubano Pavel Giroud lo rescató y lo usó para armar un extraordinario documental titulado El caso Padilla, nominado a varios prestigiosos premios fílmicos.

En este momento, las tres horas y media de la confesión del escritor pueden verse en YouTube, algo que me permito recomendar a toda persona que desee ahondar en los procesos de censura que el castrismo instituyó para convertir el arte en propaganda y a los escritores en voceros obligados de una revolución que terminó devorando sus ilusiones.