Autor: Alvaro Cruz

“Su excelencia”, así comienza la carta que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), dirige al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde una celda en una prisión estadounidense, una misiva que se convirtió probablemente en pieza clave para obtener su indulto por delitos de narcotráfico, junto con una persistente campaña de cabildeo liderada por Roger Stone, viejo amigo de Trump y también beneficiado previamente por un indulto presidencial. En la carta, Hernández sostiene que sus problemas legales se deben a una persecución política orquestada por el Departamento de Justicia bajo la administración Biden‑Harris para empoderar a sus adversarios ideológicos en Honduras y afirma además que no contó con una defensa legal eficaz.

“Le escribo desde una prisión federal, donde cumplo injustamente una condena de 45 años que, dada mi edad, equivale prácticamente a cadena perpetua. Al igual que usted, presidente Trump, he sido víctima de persecución política, blanco de la administración Biden‑Harris no por haber cometido delito alguno, sino por motivos políticos”, sostiene Hernández, quien utiliza ese argumento para deslegitimar su condena y enlaza el alegato con una serie de halagos personales a Trump: “Su resiliencia ante la implacable persecución política me ha inspirado profundamente. Al igual que usted, yo solo buscaba servir a mi pueblo, defender nuestros valores conservadores y, al mismo tiempo, impulsar reformas sin precedentes para hacer que mi país fuera más fuerte y seguro”.

La carta de Hernández llegó a Trump a través de Roger Stone, quien no solo actuó como intermediario, sino que también presionó activamente a favor del indulto mediante sus propios canales —Substack, programa de radio y redes sociales— aprovechando su acceso directo al mandatario. Stone, quien recibió en 2020 un indulto presidencial relacionado con el caso de la “trama rusa”, había sido condenado a 40 meses de prisión por mentir al Congreso, obstruir la justicia y manipular testigos en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, en parte para proteger a Trump y a su campaña.

Desde esa posición, Stone sostuvo públicamente que Hernández fue víctima de una campaña de “guerra jurídica” con motivaciones políticas, impulsada por la administración Biden y fiscales estadounidenses, que lo presentaron como un aliado de Trump derribado para favorecer al actual gobierno de centroizquierda en Honduras, encabezado por Xiomara Castro. A juicio de Stone, los procesos penales en Estados Unidos contra aliados de Trump —ya sean nacionales o extranjeros— forman parte de un sistema judicial instrumentalizado por los demócratas, de modo que los indultos se convierten simultáneamente en una “corrección” de injusticias y en un arma de combate político.

En el caso hondureño, Stone vinculó de forma explícita el indulto a JOH (quien perteneció y llegó al poder con el Partido Nacional de Honduras) con la proyección geopolítica de Estados Unidos en Centroamérica, al argumentar que la liberación de Hernández daría un nuevo impulso a la derecha hondureña, debilitaría al gobierno de Castro y, en consecuencia, reforzaría lo que él presenta como los intereses de Estados Unidos y de Trump en la región.

Indudablemente, este segundo mandato del presidente Trump ha experimentado un cambio rotundo en la mirada de ese país del norte hacia Latinoamérica. Brasil, Venezuela y ahora Honduras son pruebas tangibles del cambio de rumbo de la política exterior estadounidense. Muy probable las miradas norteñas se fijen en breve sobre nuestro vecino de Nicaragua. Es obvio, países con gobiernos de izquierda en el continente americano son y serán víctimas potenciales de la poderosa influencia del gigante norteamericano en su intento de fomentar un cambio continental de rumbo hacia la derecha.

Entretanto, Antonio “Tony” Hernández, hermano de JOH, sigue preso en Estados Unidos cumpliendo una condena de cadena perpetua más 30 años por narcotráfico y delitos relacionados. No hay información pública de que haya recibido indulto, reducción de pena o liberación; continúa recluido en una prisión federal estadounidense. Sin embargo, y aunque se le hayan decomisado $138.5 millones de dólares, además de hermano del expresidente, es un exdiputado de la República de Honduras, y por tanto a lo mejor y también se considera que su indulto fortalezca a la derecha hondureña. Vivimos en regímenes de “posverdad” donde pesan mas las emociones, identidades y creencias que los hechos verificados, por ende, todo se vale!

El pasado viernes 5 de diciembre, el Centro Histórico de San Salvador no solo encendió las luces de su Villa Navideña; encendió, ante los ojos del mundo, un caso de estudio criminológico sobre la recuperación del espacio público. Mientras otras metrópolis de América Latina y ciudades globales se ven obligadas a ceder sus calles al toque de queda informal impuesto por el crimen y la delincuencia, El Salvador exhibió un escenario de orden preventivo que merece un análisis profundo.

La Seguridad como facilitador, no como barrera

Lo acontecido en el epicentro de la capital fue una demostración de prevención situacional de alto nivel. El despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) no se percibió como un tradicional dispositivo de seguridad, que puede incomodar, sino como un cinturón de confianza. Lograr un evento de tal magnitud con cero incidentes es el resultado de la neutralización previa de los factores de riesgo que, por décadas, hicieron del centro una «zona roja».

Desde la criminología ambiental, sabemos que el crimen prospera en el desorden y el abandono por medio de la famosa Teoría de las Ventanas Rotas que en El Salvador cobró vida y no solo quedo en los libros, tratados y ponencias. Al iluminar, limpiar y asegurar el Centro Histórico, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha invertido el ciclo: la seguridad y el orden atrae al ciudadano, y el ciudadano, con su presencia masiva, ejerce una vigilancia natural que disuade cualquier conducta antisocial y reporta situaciones de posibles riesgos de todo tipo.

El Derecho a la noche: Un lujo y privilegio agotado en la Región

Es imperativo reflexionar sobre lo que este espacio representa en el contexto regional. En muchas capitales del continente, la noche se ha convertido en un territorio hostil. El ciudadano común se resguarda en su hogar, paga el sistema de cable, o en centros comerciales por miedo al asalto o al homicidio, es un punto de encuentro de familias completas debido a que las comunidades y colonias están sometidas al crimen organizado, delincuencia general y pandillas.

En El Salvador la PNC con el apoyo invaluable de la Fuerza Armada, la Academia de Policía ANSP con el aporte de sus estudiantes en prácticas y promociones de recién graduados que han sido asignados a las diferentes unidades policiales han recuperado el «Derecho a la Ciudad», un concepto sociológico que implica que el habitante no solo reside en una urbe, sino que la disfruta y la habita en todas sus franjas horarias, no solo en el día cuando pasa para transbordar el servicio público de pasajeros. La FGR ha hecho equipo y excelente coordinación con las fuerzas del orden y gana las batallas en los tribunales y con la PNC han reducido la impunidad. Quien se atreve a cometer ilícitos es detenido en las próximas horas por la PNC y presentado ante la justicia por la FGR con una sólida investigación y evidencias.

Que las familias salvadoreñas puedan caminar a medianoche entre luces decorativas, comida, diversión, música de orquestas sinfónicas y otros géneros, arte urbano, sin la zozobra de cruzar fronteras invisibles impuestas por pandillas, es una anomalía positiva en una región que sangra inseguridad. Lo que para nosotros fue el viernes una fiesta familiar, para un habitante de ciudades azotadas por el narcoterrorismo o el crimen organizado es un sueño inalcanzable.

En Francia para este fin de año varias villas y eventos navideños en ese país de primer mundo y élite de turismo han sido cancelados o están bajo fuertes restricciones de seguridad debido a una «altísima» alerta de inseguridad, destacando la suspensión del tradicional concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos y la incertidumbre sobre mercados populares como Le Barcarès, ya que las autoridades priorizan la protección ante posibles sabotajes o ataques a los asistentes. En Alemania el 20 de diciembre del 2024 se registró un atentado en el mercado navideño de Magdeburgo que dejo cinco muertos y caso 200 heridos. Ya no digamos en Centro y Sur América o los mismos Estados Unidos Mexicanos

Cohesión social y prevención del delito

La decoración, presentación, imagen, excelencia de diseño y materiales de la Villa Navideña es imponente y nos hace pensar que estamos en otro país.  La Villa Navideña representa un mecanismo de cohesión social. Cuando el espacio público es seguro, se rompen las barreras de clase; el centro se convierte en el punto de encuentro democrático donde todos convergen sin importar sus ingresos o clase social. Para la criminología moderna, esta interacción es la base de la eficacia colectiva: ciudadanos que confían en sus vecinos y en sus autoridades.

La inauguración del pasado viernes no fue solo un acto protocolario de la temporada. Fue la consolidación de un nuevo paradigma: el Gobierno del presidente Bukele y su gabinete de seguridad ha recuperado el monopolio de la fuerza y, con ello, ha devuelto la paz a la cotidianidad del salvadoreño, ahora si disfruta del espacio público y la noche.

*Por Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología, @jricardososa 

El acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador, aprobado en febrero de 2025 bajo un programa de Servicio Ampliado (EFF), no sólo persigue sanear las finanzas públicas y reducir vulnerabilidades macroeconómicas; también le da un grado de relevancia a la gobernanza y transparencia. El propio informe del FMI subraya que el programa busca “fortalecer las finanzas públicas, reconstruir los colchones externos y financieros y mejorar los marcos de gobernanza y transparencia”.  En ese contexto, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se convierte en una institución clave para asegurar que el ajuste fiscal y el uso del endeudamiento se ejecuten con probidad.

Dentro de los compromisos asumidos figura un hito específico para diciembre de 2025: la aprobación de reformas legales que fortalezcan el rol de la Corte de Cuentas. En la matriz de acciones estructurales del programa se exige “enmendar la legislación para fortalecer la independencia y el mandato anticorrupción de la Corte de Auditorías [Corte de Cuentas]” y alinearlo con estándares internacionales como la Declaración de México de INTOSAI y la Declaración de Abu Dabi de la UNODC, incluyendo una base legal clara para la colaboración con la Fiscalía General de la República.

Un elemento fundamental es la necesidad de que la Corte de Cuentas opere gradualmente bajo los estándares internacionales de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). El hecho de que el FMI haga referencia explícita a la Declaración de México —que define pilares de independencia para las entidades fiscalizadoras— supone que la CCR debe avanzar no sólo en su marco legal, sino también en la forma en que planifica, ejecuta y comunica sus auditorías. Esto implica transitar hacia metodologías auditorías basadas en riesgos, criterios de materialidad claros, procesos de revisión de calidad y una comunicación de resultados oportuna y accesible al público.

Introducir estos estándares no es un cambio que pueda hacerse de la noche a la mañana. Requiere inversiones en formación de personal, sistemas de información, herramientas de análisis de datos y manuales de auditoría actualizados. También exige una transformación cultural: pasar de auditorías predominantemente de cumplimiento formal a ejercicios que evalúen economía, eficiencia y eficacia del gasto público. La gradualidad es clave para que el personal asimile las nuevas metodologías y para que los entes auditados se adapten a mayores exigencias de documentación y control interno.

En este punto resulta revelador comparar el presupuesto votado para 2025 de la Corte de Cuentas con el proyecto para 2026, según la información suministrada. El total pasa de 50,448,939 dólares en 2025 a 55,820,585 dólares en 2026, un incremento nominal de 5,371,646 dólares, equivalente a un 10.65 %. Sin embargo, la verdadera transformación se observa en el rubro de Gastos de Capital: de 803,265 dólares en 2025 se proyecta un salto a 4,441,610 dólares en 2026, es decir, un aumento de 3,638,345 dólares que supone un crecimiento cercano al 453 %. En otras palabras, la inversión de capital prevista para la CCR se multiplica considerablemente entre un año y otro.

Como aspectos positivos, al desagregar este gasto de capital se aprecia que la mayor expansión se concentra en Bienes Muebles, que pasan de 355,035 dólares a 2,895,775 dólares (un incremento superior al 700 %), seguidos por Intangibles —probablemente software, licencias y desarrollos informáticos— que suben de 208,230 a 524,670 dólares (alrededor de 152 % más). La partida de Infraestructura también crece de forma significativa, de 240,000 a 1,021,165 dólares, cuadruplicando su nivel previo. Estas cifras sugieren un esfuerzo deliberado por modernizar equipamiento, sistemas y espacios físicos de la Corte de Cuentas, lo cual es coherente con la necesidad de adoptar estándares INTOSAI y de fortalecer su capacidad tecnológica y logística para realizar auditorías más complejas y oportunas. Así, la lectura conjunta de los compromisos con el FMI y del presupuesto 2025–2026 permite extraer una conclusión: el fortalecimiento de la Corte de Cuentas no es sólo un asunto de leyes, sino también de recursos.

Las reformas legales que refuerzan la independencia y el mandato anticorrupción de la CCR, junto con la introducción gradual de estándares INTOSAI y el fuerte incremento en gasto de capital, crean una ventana de oportunidad para transformar a la entidad en un verdadero pilar del sistema de control público salvadoreño. El desafío hacia adelante será garantizar que estas inversiones se traduzcan en más y mejores auditorías, en informes públicos accesibles y en una coordinación efectiva con la Fiscalía y otras instituciones, de modo que la lucha contra la corrupción y el uso transparente de los recursos públicos dejen de ser promesas y se conviertan en resultados verificables para la ciudadanía.

*Rommel Rodríguez es economista de Funde.