Autor: Alvaro Cruz

Uno de los aspectos más importantes dentro del ámbito de la salud pública para mejorar la calidad de vida de las poblaciones es la utilización de los servicios de salud. Asimismo, una utilización adecuada de estos servicios contribuye a que el sistema sea más eficiente, equitativo y capaz de responder mejor ante crisis sanitarias. El concepto de utilización de los servicios de salud se define como el proceso mediante el cual una persona o población entra en contacto con el sistema sanitario para prevenir, atender o resolver una necesidad de salud; es decir, una interacción social e institucional orientada al mantenimiento o recuperación de la salud. Esta utilización se optimiza cuando responde a una necesidad real, en el nivel de atención adecuado y con el menor desperdicio posible de recursos. La utilización “correcta” no significa usar menos servicios, sino usarlos mejor: recibir atención de acuerdo con la necesidad, en el momento y lugar adecuados, sin saturar los servicios críticos.

Históricamente, la utilización de los servicios públicos de salud por parte de la población salvadoreña ha sido alta, especialmente entre los grupos de menores ingresos y en las zonas rurales. Sin embargo, esta alta demanda ha provocado en muchas ocasiones la saturación de los servicios, con tiempos de espera prolongados y la persistencia de desigualdades entre San Salvador y algunos departamentos. Según estudios locales, las quejas de las personas usuarias se relacionan con mayor frecuencia con los largos tiempos de espera, el desabastecimiento de medicamentos, la saturación de los establecimientos, el trato recibido, la dificultad para acceder a especialistas y la percepción de inequidad territorial, entre otros factores. Aun así, para muchas familias, especialmente en zonas rurales, esta sigue siendo la única opción accesible de atención médica.

Recientemente, ante la considerable oposición a la nueva estrategia de DoctorSV por parte de sectores de la oposición política de nuestro país y de colegas, especialmente del ámbito de la medicina privada y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, decidimos en el núcleo de nuestra familia comenzar a utilizar este servicio y evaluar sus características, en el marco de la promoción del uso de los servicios médicos públicos.

Nuestra experiencia:

Tiempos de espera: una vez descargada la plataforma y registrados los datos demográficos, se solicita una cita médica según la disponibilidad de día y hora. En nuestro caso, el tiempo de espera fue menor a 24 horas. El horario de la cita es bastante flexible. Incluso se ofrecen opciones para consultas en horario nocturno que finaliza a las 11:30 p.m.

Calidad de la atención: en general, la atención de salud brindada por las tres doctoras, en tres consultas diferentes, se caracterizó por una comunicación clara y efectiva, empatía, respeto, seguridad y oportunidad en la atención. Además, sentimos que la atención estuvo centrada en nuestras necesidades, valores y preferencias, con el fin de generar confianza y mejorar los resultados en salud. La ausencia del examen físico no se percibió como una limitación en la calidad de la atención. De hecho, en la práctica médica actual, el examen físico ha ido perdiendo protagonismo frente a los exámenes de laboratorio y los estudios de diagnóstico por imágenes, aunque sigue siendo un componente importante en muchos contextos clínicos.

Disponibilidad de medicamentos y exámenes complementarios: en nuestro caso, la plataforma emitió las recetas médicas correspondientes, así como los exámenes de laboratorio y de imagen. Los medicamentos fueron dispensados en farmacias privadas con amplia disponibilidad geográfica. En esta actividad no se presentaron retrasos ni colas de espera. En cuanto a los exámenes de laboratorio, sí hubo una espera de aproximadamente una hora para acceder al servicio del proveedor privado. Si el servicio se pagaba de forma particular, no era necesario esperar. Por su parte, el estudio de imágenes, en este caso la ultrasonografía, no requirió un tiempo de espera mayor al habitual en el ámbito privado.

Acceso a especialistas: en uno de los casos de nuestro ámbito familiar hubo necesidad de referencia a especialista. El tiempo de espera para acceder al especialista en nuestro caso fue de dos semanas debido a que se requería primero el resultado de la ultrasonografía.

La experiencia descrita permite observar que la utilización de los servicios de salud no depende únicamente de la existencia de la oferta, sino también de su capacidad para responder con oportunidad, calidad y continuidad a las necesidades reales de las personas. En este sentido, DoctorSV mostró elementos positivos como tiempos de espera razonables, flexibilidad horaria, buena calidad en la atención, disponibilidad de medicamentos y acceso relativamente rápido a estudios complementarios y especialistas. Estos aspectos sugieren que una estrategia bien organizada puede contribuir a ampliar el acceso y a promover un uso más eficiente de los servicios públicos de salud. No obstante, también queda claro que la valoración de estos servicios debe continuar desde una perspectiva crítica, considerando no solo la satisfacción inmediata de la persona usuaria, sino también su sostenibilidad en el tiempo, equidad y capacidad de resolver de manera integral los problemas de salud de la población.

 

 

 

Históricamente, el sistema penal y de Justicia ha padecido de una «miopía jurídica» que centra toda su atención en el delincuente, en el criminal, dejando a la víctima como un simple objeto de prueba. En El Salvador en este año continúan los casos conocidos como  «macroprocesos» o juicios masivos contra las estructuras criminales de las pandillas. Sin embargo, como criminólogo, observo con mucha preocupación que estemos por  ganar la batalla del castigo en las audiencias únicas abiertas, pero perdiendo la de la justicia integral para las víctimas.

El éxito de una política criminal no debe medirse únicamente por el número de sentencias condenatorias y menos en el número de registros de capturas. La verdadera eficacia se encuentra en la capacidad del Estado para restaurar el tejido social roto. Si el victimario es vencido en juicio y condenado a décadas de prisión, pero la víctima, aquella que perdió su patrimonio, su hogar por desplazamiento forzado o el sustento tras un homicidio no recibe ni un centavo de responsabilidad civil, estamos ante una justicia insuficiente e incompleta.

En la teoría clásica, el delincuente debe reparar el daño. Pero por favor  enfoquemos en la realidad fenomenológica de las pandillas criminales:

Insolvencia formal: La mayoría de los procesados carecen de bienes registrados a su nombre. Son muy hábiles y aprendieron a no registrar nada a su nombre.

Extinción de Dominio: Los bienes incautados a los cabecillas suelen ser absorbidos por el Estado para gastos operativos y para administrar dichos recursos incautados, rara vez llegan a  los afectados directos, las víctimas bajo ninguna figura.

Imposibilidad de cobro: Una condena de 35 a 60 años de prisión o la pena de prisión perpetua revisable anula cualquier posibilidad de que el sujeto genere ingresos para resarcir a sus víctimas.

Dejar la reparación en manos de la «buena voluntad» o la solvencia del pandillero es, en la práctica, negarle el derecho a la reparación a miles de salvadoreños.

Desde mi enfoque victimológico y de Justicia Criminal someto a consideración la siguiente Propuesta y recomendación al Estado  salvadoreño: El Fondo de Reparación Solidaria para las Víctimas de las pandillas criminales.

Es imperativo que el Estado salvadoreño transite de una Victimología Crítica a una «Victimología de la Acción». La creación de un Fondo de Reparación para Víctimas de Pandillas no es una dádiva, no es una acción de caridad, es una obligación de justicia social basada en los siguientes pilares mínimos:

1. Subrogación del Estado: al no haber podido garantizar la seguridad pública y ciudadana  en el presente siglo, asume la responsabilidad subsidiaria de indemnizar, cobrando posteriormente al sentenciado si este llegase a tener activos. Siempre he sostenido que las víctimas son la evidencia de los Estados de haber fallado en su deber prioritario de protegerla.

2. Financiamiento Estratégico: Este fondo debe nutrirse de los bienes decomisados mediante la Ley de Extinción de Dominio, sugiero que de un porcentaje de las ganancias de las industrias y trabajo penitenciario y de la cooperación internacional. Así como una contribución de las armas, municiones, alcohol y otras áreas que producen víctimas, lesionados y homicidios. Incluso de un porcentaje por mejoras en la recaudación tributaria.

3. Reparación Integral: No hablamos solo de dinero. El fondo debe cubrir rehabilitación psicológica, social, becas educativas para hijas e hijos que perdieron a sus padres por la violencia y criminalidad de las pandillas, programas de acceso a vivienda, programas para emprendedores, lista de espera con prioridad para nuevas plazas de trabajo en el Estado.

No podemos permitir que las victorias en sede judicial de los macroprocesos sean  consideradas para las estadísticas. El dolor humano no se extingue con una la sentencia de una condena. Si el Estado salvadoreño ignora la reparación material y moral, corre el riesgo de generar una nueva generación de resentimiento social. Y ya nos sucedió, las víctimas del conflicto armado miles ahora duermen y no recibieron ni la verdad, ni la justicia.  No permitamos que la historia se repita.

Como sostengo y lo seguiré promulgando: Sin reparación, no hay un verdadero tratamiento criminológico, ni paz del victimario, ni pacificación tampoco reinserción, menos restauración de la víctima. Es hora de que el Derecho Penal y el sistema de justicia deje de ser una prioridad sobre la pena y condena, y se convierta en un diálogo sobre la justicia. La deuda con las víctimas es enorme; es momento de empezar a pagarla.

*Por Ricardo Sosa / Doctor en Criminología / Doctorante en Justicia Criminal / @jricardososa

En los últimos años, El Salvador ha experimentado avances importantes en materia de protección laboral para las madres trabajadoras. Reformas legales, criterios jurisprudenciales y nuevas obligaciones empresariales han consolidado un sistema que busca garantizar que la maternidad no sea un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres. Más allá de una discusión jurídica, este tema representa una oportunidad para construir ambientes laborales más humanos, sostenibles y productivos.

Tradicionalmente, la protección de la maternidad se ha entendido únicamente como una obligación legal impuesta a los empleadores. Sin embargo, el debate moderno debería orientarse hacia una visión más equilibrada: proteger a la madre trabajadora no solo beneficia a la mujer y a su familia, sino también a las empresas y al país en general.

Las organizaciones que comprenden esta realidad suelen desarrollar culturas laborales más estables, con mejores niveles de compromiso y menor rotación de personal. La experiencia demuestra que las empresas que apoyan adecuadamente a sus trabajadoras durante el embarazo y la maternidad fortalecen su reputación, generan mayor sentido de pertenencia y mejoran incluso sus indicadores de productividad.

El marco jurídico salvadoreño ha evolucionado precisamente hacia ese modelo de protección integral. La Constitución reconoce el derecho de la mujer trabajadora a un descanso remunerado antes y después del parto y a la conservación de su empleo. A partir de ello, el Código de Trabajo desarrolla diversas garantías destinadas a proteger la estabilidad laboral de la mujer embarazada.

Entre esas medidas destaca la ampliación de la garantía de estabilidad laboral durante el embarazo y después del descanso postnatal. Actualmente, la legislación salvadoreña extiende esa protección durante seis meses posteriores al descanso por maternidad. Esta disposición busca brindar seguridad económica en una etapa especialmente sensible para la madre y el recién nacido.

Lejos de interpretarse como una carga desproporcionada, esta estabilidad puede entenderse como un mecanismo de equilibrio social. La maternidad implica cambios físicos, emocionales y familiares que requieren condiciones mínimas de seguridad para que la mujer pueda reincorporarse adecuadamente a sus labores. Cuando existe estabilidad laboral, también se facilita la continuidad de la experiencia y el talento dentro de las organizaciones.

Otro aspecto fundamental es el descanso postnatal remunerado. La legislación salvadoreña reconoce actualmente dieciséis semanas de licencia de maternidad, una medida que refleja el reconocimiento de la importancia de los primeros meses de vida del niño y de la recuperación física de la madre.

Hoy existe cada vez más evidencia internacional que demuestra que políticas adecuadas de maternidad tienen impactos positivos en la salud, la productividad y la permanencia laboral. Las empresas que facilitan una reincorporación gradual y respetuosa suelen retener talento valioso y reducir costos asociados a nuevas contrataciones o capacitaciones.

La jurisprudencia constitucional también ha contribuido a fortalecer esta protección. La Sala de lo Constitucional ha sostenido que la garantía de estabilidad de la mujer embarazada tiene fundamento constitucional y debe prevalecer incluso en situaciones relacionadas con el período de prueba. Este criterio busca evitar que la condición de embarazo pueda convertirse en un factor de vulnerabilidad laboral.

Más que generar confrontación entre trabajadores y empleadores, este tipo de resoluciones invita a construir relaciones laborales basadas en la buena fe, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. La protección de la maternidad no pretende limitar la actividad empresarial, sino asegurar que las decisiones laborales sean compatibles con los derechos fundamentales.

Otro tema que ha cobrado relevancia es la lactancia materna. La Ley Amor Convertido en Alimento fortaleció los derechos de las madres trabajadoras y estableció medidas orientadas a facilitar la alimentación materna durante los primeros meses de vida del niño. Entre esas medidas se encuentra la obligación de habilitar salas de lactancia en determinados centros de trabajo.

Aunque para algunas organizaciones esto implica ajustes logísticos y administrativos, muchas empresas han descubierto que estos espacios contribuyen a mejorar el clima laboral y proyectan una imagen institucional más comprometida con el bienestar de sus colaboradores.

Las salas de lactancia no deben verse únicamente como un requisito normativo. También representan una herramienta de conciliación entre la vida laboral y familiar. Cuando una madre siente respaldo en su entorno de trabajo, suele existir un mayor nivel de compromiso y motivación hacia la organización.

La ley también contempla el derecho al período de lactancia durante la jornada laboral y reconoce situaciones especiales vinculadas a la realización de horas extraordinarias. Esto es particularmente importante porque permite adaptar las condiciones laborales a las necesidades reales de la madre trabajadora y del menor.

En el contexto actual, donde las empresas enfrentan desafíos relacionados con la retención de talento y el bienestar organizacional, las políticas de protección de maternidad adquieren un valor estratégico. Las nuevas generaciones valoran cada vez más los ambientes laborales empáticos, flexibles y compatibles con la vida familiar.

Además, muchas empresas salvadoreñas ya han comenzado a implementar buenas prácticas que van incluso más allá de las exigencias legales: horarios flexibles, trabajo híbrido,programas de acompañamiento para madres recientes y políticas de bienestar integral. Estas iniciativas demuestran que es posible armonizar productividad y protección social.

Naturalmente, todavía existen retos importantes. Algunas empresas pequeñas enfrentan limitaciones económicas o dificultades operativas para implementar plenamente todas las obligaciones legales. Por ello, resulta importante que el diálogo sobre maternidad laboral se construya desde la cooperación y no desde la confrontación.

El fortalecimiento de los Derechos Laborales de las madres requiere un esfuerzo compartido entre Estado, trabajadores y sector privado. La inspección laboral, la capacitación empresarial y la educación sobre Derechos Laborales deben avanzar conjuntamente para evitar conflictos innecesarios y promover soluciones prácticas.

También es importante reconocer que muchas empresas salvadoreñas cumplen responsablemente con sus obligaciones y realizan esfuerzos genuinos por apoyar a sus colaboradoras durante el embarazo y la maternidad. Visibilizar esas buenas prácticas puede ser tan valioso como señalar las deficiencias existentes. En definitiva, la protección de la maternidad no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino como una inversión social y humana. Una sociedad que penaliza laboralmente a las madres termina castigando indirectamente a la niñez, debilitando la economía familiar y profundizando desigualdades de género históricas.

El desafío para El Salvador no es escoger entre crecimiento económico o protección laboral. El verdadero reto consiste en demostrar que ambos objetivos pueden avanzar juntos. Cuando las empresas y la legislación trabajan en armonía para proteger la dignidad de las madres trabajadoras, todos ganan: las familias, las organizaciones y el país entero.

*Jaime Solis, asesor de Derechos Laborales