Autor: Alvaro Cruz

  • Envían a instrucción a acusado por muerte de motociclista en Soyapango

    Envían a instrucción a acusado por muerte de motociclista en Soyapango

    El Juzgado Primero de Paz de Soyapango resolvió remitir a la etapa de instrucción el proceso penal contra Wil Ernesto L. G., de 45 años, acusado de homicidio culposo en perjuicio de Summer Jafet A. B., un motociclista de 24 años que falleció tras un accidente de tránsito.

    El caso pasará a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador, luego de que durante la audiencia inicial no se lograra un acuerdo conciliatorio entre las partes involucradas.

    Como medidas sustitutivas a la detención provisional, la jueza impuso al imputado la prohibición de salir del país, por lo que se notificó a la Dirección General de Migración y Extranjería. Además, deberá presentarse cada 15 días ante el juzgado competente mientras continúe el proceso.

    Según lo expuesto en la audiencia, el hecho ocurrió el 8 de diciembre pasado, alrededor de las 4:20 a. m., en las cercanías de una delegación de la Policía Nacional Civil, ubicada en la urbanización Montes de San Bartolo III y calle La Fuente, en Soyapango. De acuerdo con la investigación preliminar, el imputado salía en reversa del pasaje donde reside cuando la motocicleta conducida por la víctima impactó contra su vehículo.

    El joven fue trasladado a un centro hospitalario del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde falleció el 18 de diciembre debido a complicaciones derivadas de las lesiones sufridas en el percance vial.

     

  • Corte Suprema reorganiza juzgados en Chalatenango y crea Oficina Distribuidora de Procesos

    Corte Suprema reorganiza juzgados en Chalatenango y crea Oficina Distribuidora de Procesos

    La Corte Suprema de Justicia informó el jueves sobre sobre la reorganización y cambio de denominación de sedes judiciales en Chalatenango, así como el nuevo mecanismo para la recepción y distribución de procesos en distintas materias.

    El Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango pasó a denominarse Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, mientras que el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María ahora se llama Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango. Este último será el único que recibirá procesos o diligencias nuevas durante un período de 180 días, que inició el 1 de septiembre de 2025 y finalizará el 28 de febrero de 2026.

    La Corte detalló que la Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla será competente para conocer en segunda instancia los procesos sustanciados por los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango en materias civil, mercantil e inquilinato. En materia laboral, la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador conocerá las apelaciones derivadas de estas sedes judiciales.

    En el ámbito penal, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro conocerá en segunda instancia los procesos tramitados por los Juzgados de Instrucción de los distritos de Chalatenango y Tejutla.

    Asimismo, se creó la Oficina Distribuidora de Procesos (ODP) de Chalatenango, que iniciará funciones el 2 de marzo de 2026 y estará ubicada en colonia Cayaguanca, casa número tres, frente al Instituto de Medicina Legal de Chalatenango. Su correo institucional es odp.chalatenango@oj.gob.sv.

    A partir de esa fecha, los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango ya no recibirán demandas o solicitudes de forma directa, sino únicamente a través de la ODP. Esta oficina también recibirá y distribuirá de manera equitativa requerimientos fiscales, denuncias, solicitudes, comisiones procesales y auxilios judiciales en materias penal, civil y de familia, incluida Violencia Intrafamiliar, que deban conocer los Juzgados Primero y Segundo de Paz del distrito de Chalatenango, municipio de Chalatenango Sur.

     

  • Capturan a sujeto por tráfico de drogas en San Salvador

    Capturan a sujeto por tráfico de drogas en San Salvador

    Las autoridades detuvieron este jueves a Jonathan Arístides Rivas Menjívar, de 28 años, acusado del delito de tráfico ilícito de drogas, tras una serie de allanamientos ejecutados en el departamento de San Salvador.

    Según la Fiscalía, la captura se produjo en la colonia Flor Blanca, distrito de San Salvador, en San Salvador Centro, luego de intervenir tres inmuebles donde, presuntamente, el imputado almacenaba droga para su posterior comercialización en distintos sectores de San Salvador y Chalatenango.

    Durante los registros, los investigadores decomisaron varias porciones de marihuana y metanfetaminas, un teléfono celular, dos balanzas digitales, dinero en efectivo y un vehículo que habría sido utilizado para movilizar los ilícitos.

    La Fiscalía indicó que Rivas Menjívar también operaba en la zona de Chalatenango, donde continúan las investigaciones para determinar posibles conexiones con otras personas vinculadas al tráfico de drogas.

    Las autoridades aseguraron que el detenido será presentado ante los tribunales correspondientes en los próximos días, mientras avanzan las diligencias para fortalecer el caso en su contra.

     

  • Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar a hijo de Lula por corrupción

    Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar a hijo de Lula por corrupción

    El juez del Tribunal Supremo de Brasil, André Mendonça, autorizó a petición de la Policía Federal, el levantamiento del secreto bancario, fiscal y de las comunicaciones de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como ‘Lulinha’, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de una investigación por una presunta trama de corrupción en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

    La decisión trascendió este jueves, poco después de que la comisión parlamentaria de investigación en el Congreso aprobara una medida similar impulsada por la oposición. El caso forma parte de la llamada operación ‘Sin Descuento’, que indaga un supuesto esquema de malversación de fondos públicos.

    La Policía Federal sostuvo ante el magistrado que ‘Lulinha’ figura como posible beneficiario en una de las fases de la investigación. Según un extracto del expediente, los datos recopilados “sugieren la posible participación de Fábio Lula en acciones destinadas a promover los proyectos empresariales” del presunto líder de la trama, Antonio Camilo Antunes, quien ya fue detenido.

    No obstante, la propia investigación aclara que las menciones al hijo del mandatario provienen de terceros y que, hasta el momento, no existe evidencia directa de su participación en los hechos. La cadena Globo indicó que el expediente no establece pruebas concluyentes contra él.

    La oposición utilizó el avance de la investigación policial para respaldar su solicitud en el Congreso, que fue aprobada en medio de fuertes intercambios y momentos de tensión, incluso con empujones entre legisladores. Por su parte, aliados del Gobierno calificaron la medida como un intento de afectar la imagen del presidente Lula a pocos meses de las elecciones presidenciales.

    Hace unas semanas, Lula reveló en una entrevista al portal UOL que conversó con su hijo sobre el caso y le advirtió que “pagaría el precio” si estuviera implicado. “Que se investigue lo que se tenga que investigar”, expresó el mandatario.

    “Cuando salió el nombre de mi hijo, le llamé y se lo dije a todo el mundo. Miré a los ojos de mi hijo y le dije, ‘solo tú sabes la verdad. Si tienes alguna cosa, vas a pagar el precio por ello. Si no, defiéndete’”, relató el presidente.

    En la misma entrevista, Lula recordó que fue durante su gestión cuando se descubrió la presunta red de corrupción, la cual, según afirmó, se habría originado “años atrás” durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. Además, planteó que fuera su propio Gobierno el que impulsara la creación de una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer responsabilidades.

     

  • EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    Estados Unidos anunció este 26 de febrero sanciones contra cinco altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, a quienes señala de incitar a la “inestabilidad regional” mediante la consolidación del poder de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como por mantener abusos sistemáticos contra la población.

    El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que “desde 2018, la dictadura de Murillo-Ortega ha reprimido violentamente protestas pacíficas, ha detenido injustamente, torturado y matado a opositores políticos”. Además, sostuvo que el régimen nicaragüense ha perseguido al clero católico y ha optado por “silenciar” y “desterrar” a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil.

    Los sancionados son el director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el general retirado Denis Membreño Rivas y el comisionado policial Aldo Martín Sáenz Ulloa; la ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez;  la subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) Celia Margarita Reyes Ochoa y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército, general Leonel José Gutiérrez López.

    Según Washington, la reforma a la Constitución impulsada por el oficialismo permitió asegurar que las instituciones castiguen a adversarios políticos y habiliten la supervisión y control de los sistemas de telecomunicaciones. La Administración estadounidense considera que estas medidas fortalecen el aparato de vigilancia y el control sobre la disidencia.

    “La dictadura ha cometido abusos laborales sistémicos y utiliza las estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que se perciba como una amenaza a su control del poder. Las personas sancionadas lideran agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión”, agregó Pigott.

    El funcionario reiteró que la Administración Trump “utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas” disponibles para enfrentar a quienes, a su juicio, amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio. Asimismo, insistió en el llamado a la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos en Nicaragua.

    Con estas sanciones, Washington eleva la presión sobre Managua en medio de crecientes tensiones diplomáticas y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.

     

  • El margen de la historia

    El margen de la historia

    La neblina bajo temprano sobre los pinos de Tapalpa. A esa hora, el bosque respiraba lentamente, una especie de humo blanco parecía ascender desde las raíces de los árboles, y el olor a tierra mojada inundaba los alrededores. El pueblo cercano aun no despertaba, y sus pobladores aun ignoraban que aquellas personas que habitaban esa cabaña aislada, escondida entre barrancas, mantenían el aliento de todo un país entrecortado.

    El teniente Emiliano Vargas, había aprendido desde temprana edad a leer el bosque. El bosque había crecido en él, era parte de su ser. Nunca se imaginó durante su entrenamiento militar y policial, que aquellas experiencias de su niñez le serian de tanta utilidad durante estos momentos de vida o muerte. Esa madrugada, acurrucado entre la maleza, todo le sonaba distinto. No era miedo -se dijo- era la conciencia de estar transitando al margen de una delgada línea que separaba la rutina de la historia.

    Los susurros emanaban de la radio que portaba en la bolsa de su chaleco. La orden había sido clara: avanzar en lo invisible, cerrar las vías de escape, y evitar daños colaterales. Capturar no abatir, le habían repetido hasta el cansancio a los miembros del batallón de Armas y Tácticas Especiales, cuyos miembros estaban bajo su dirección en aquella misión especial. Capturar no abatir.

    Desde hacía unos meses la inteligencia militar del ejército mexicano, en colaboración con la DEA (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos, había seguido un hilo casi imperceptible: movimientos mínimos, visitas discretas, compras en efectivo en tiendas lejanas. Un patrón que no parecía patrón hasta que no se observó a través del universo, dibujando un mapa. El mapa conducía a la sierra.

    El bosque olía a promesa y a pólvora anticipada. Los miembros del batallón se dispersaron en diferentes flancos, en anticipación de vías de huida potenciales. El silencio reinante era inusual, hasta los grillos habitantes usuales de esas tierras callaban. Emiliano, lideraba un grupo de militares especializados que debía cerrar la salida hacia la cañada. Eran tres grupos de militares estratégicamente plantados y se encontraban posicionados en sus respectivos flancos. A los lejos se escuchaba tenuemente el motor de un helicóptero que se confundía con el viento.

    Dentro de la cabaña no se escuchaban voces, pero una lámpara permanecía encendida. Su luz amarilla atestiguaba la presencia de alguien en el interior. Afuera, los soldados se deslizaban entre las sombras, avanzando en lo invisible. De pronto se oyó un chasquido, breve y seco. Luego, el primer disparo. El silencio se rompió como vidrio, estallando en una oleada de detonaciones ensordecedoras que abrumaban los sentidos. El teniente Vargas sintió la cara contra la humedad del suelo, protegiéndose de las balas que silbaban a diestra y siniestra.

    El motor del helicóptero se acercaba cada vez más, apoyando con su artillería pesada a las tropas de asalto. Súbitamente, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Tres hombres cubrían la retirada de un cuarto que corría hacia un vehículo blindado, ya en marcha y listo para la huida. Todo indicaba que se trataba del objetivo del operativo militar: Nemesio Oseguera Cervantes, jefe supremo del CJNG, el cártel de Jalisco, reyes del tráfico de anfetaminas y fentanilo que cruzaban impunemente la porosa frontera con los Estados Unidos.

    La voz en el auricular del teniente Emiliano seguía crujiendo: “intenten asegurarlo con vida”. Emiliano se levanto lo justo para situarse muy cerca del objetivo, pero el intercambio de fuego continuo por unos minutos que parecieron horas sintió un dolor agudo en su brazo izquierdo, al cual respondió automáticamente. Vio la silueta tropezarse con una raíz y caer de bruces, simultáneamente los hombres que lo protegían caían abatidos por el fuego cruzado de sus compañeros. Vio el instante en que todo se decidió sin palabras. El bosque engullo su silencio ritual.

    El enfrentamiento había terminado y en el suelo yacía el hombre que había sido perseguido durante años. Emiliano lo miro sin triunfo. La historia, pensó, no siempre se parece a las películas. No hay música épica, no hay cámara lenta. Solo respiraciones entrecortadas. El objetivo todavía se encontraba con vida, pero con heridas serias que comprometían su supervivencia. Emiliano pidió apoyo de transporte aéreo por la radio. Al momento el helicóptero aterrizo evacuando el cuerpo malherido del líder supremo del cartel de Jalisco.

    Horas después, en una conferencia de prensa, la presidenta de México Claudia Sheinbaum hablo de la coordinación del operativo, de su legalidad, de un operativo planeado para capturar. En el auditorio, los flashes parpadearon, como reflejos del fuego cruzado que termino con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes. La noticia se esparció con la velocidad de las redes. En algunas ciudades hubo bloqueos, en otras, silencio expectante. En Jalisco, la gente miro al cielo con una mezcla de alivio y temor, como si esperara una réplica.

  • Abogados de Kilmar Ábrego piden anular el proceso en su contra

    Abogados de Kilmar Ábrego piden anular el proceso en su contra

    Los abogados del salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de tráfico de personas en Tennessee, solicitarán este jueves a un juez federal que anule el proceso penal en su contra al considerar que se trata de una acusación “vindicativa” impulsada como represalia. La audiencia se celebra en una corte federal en Nashville.

    Ábrego García fue acusado tras una detención vehicular ocurrida en 2022 en Cookeville. Sin embargo, su caso cobró notoriedad internacional el año pasado, cuando fue deportado por error a El Salvador en marzo, pese a existir una orden judicial de 2019 que prohíbe su expulsión hacia ese país debido al riesgo que enfrentaría por amenazas de pandillas contra su familia.

    El salvadoreño, de 30 años, ingresó irregularmente a Estados Unidos cuando era adolescente y durante años residió y trabajó en Maryland bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras su deportación, el Tribunal Supremo ordenó que la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trabajara para traerlo de regreso. Una vez retornó al país, enfrentó cargos criminales vinculados a la detención de 2022, de los cuales se declaró no culpable.

    Imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran un intercambio tranquilo durante la parada por exceso de velocidad. En el vehículo viajaban nueve pasajeros y los agentes discutieron entre ellos sospechas de tráfico de personas, pero finalmente permitieron que continuara su camino con una advertencia.

    El juez federal Waverly Crenshaw consideró previamente que existen indicios de que la acusación “puede ser vindicativa” y señaló que declaraciones de funcionarios de la Administración Trump “generan preocupación”.

    En una orden desclasificada en diciembre, el juez escribió: “Algunos de los documentos sugieren no sólo que McGuire no tomaba decisiones en solitario, sino que, de hecho, informaba a otros en el Departamento de Justicia y la decisión de procesar a Ábrego puede haber sido una decisión conjunta”.

    La defensa y la Fiscalía han mantenido disputas sobre la posible comparancia de altos funcionarios del Departamento de Justicia y la entrega de correos electrónicos internos. Mientras la Fiscalía sostiene que la decisión fue independiente, la defensa insiste en que el proceso busca castigar a Ábrego García por haber ganado su caso de deportación indebida.

    El pasado 17 de febrero, una jueza federal dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede volver a arrestar a Ábrego García, porque expiró el período de detención de 90 días y el Ejecutivo no tiene un plan viable para deportarlo.

  • Hambre, sangre e impunidad

    Hambre, sangre e impunidad

    A la confrontación armada iniciada en nuestro país en enero de 1981, no llegamos por azares del destino. Medio siglo antes, en diciembre de 1931, el presidente constitucional –ingeniero Arturo Araujo, fundador del Partido Laborista de El Salvador– fue derrocado por su segundo: Maximiliano Hernández Martínez, quien además era ministro de Guerra de un gobierno que apenas comenzaba.

    Este dictador se estrenó con el baño de sangre consumado en enero de 1932; además, el 13 de julio del mismo año firmó el decreto en el cual se apelaba a la “armonía social” y la “perfecta paz” que “gozaba” la nación, para conceder una amplia e incondicional amnistía a “funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad y cualquier otra persona civil o militar” que pudiesen haber participado en la matanza.

    Así sofocó aquel alzamiento casi suicida por la desventaja en armamento,  organización y experiencia para el combate; aun así, parte de la población indígena y campesina principalmente en el occidente del territorio nacional se lanzó al vacío. Su motivación principal: el hambre. Además, así se premió con la impunidad a los criminales. Y, por no aprender de esas lecciones terribles de nuestra historia, medio siglo después se nos vino encima la larga y cruenta guerra referida.

    ¿Qué cambió desde el fin de aquellos combates entre los ejércitos gubernamental y guerrillero en 1992, hasta la llegada de Nayib Bukele a Casa Presidencial en el 2019? Fueron estas casi tres décadas durante las cuales algunas transformaciones comenzaron a entreverse en la fisonomía estatal; ello, pese a los graves errores de los agrupamientos políticos que dejaron las trincheras para continuar sus pleitos en las urnas.

    A lo largo de los primeros diez años de la posguerra, además del surgimiento de nuevas instituciones esencialmente pensadas para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos ‒como la Procuraduría para su defensa y la Policía Nacional Civil‒ durante la primera década de la posguerra hubo familiares de víctimas que libraron duras y conocidas batallas contra la impunidad; por ejemplo, en casos como las ejecuciones de los jóvenes Ramón Mauricio García Prieto y Adriano Vilanova Velver así como la del adolescente William Antonio Gaitán, A partir de 1999 también fue notable la lucha de Hilda María Jiménez, madre de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez.

    En los dos primeros hechos criminales, logramos capturas y condenas de algunos autores materiales pertenecientes o vinculados a la recién creada corporación policial; no así de los intelectuales. En cuanto al caso Gaitán, conseguimos una resolución de la entonces procuradora para la defensa de los derechos humanos ‒Victoria Marina Velásquez de Avilés‒ señalando como autor material directo al motorista del vehículo policial que le asestó el “tiro de gracia” a este muchacho de apenas dieciséis años; en el de Katya no se logró ni siquiera el mínimo de justicia dentro del sistema interno, debido a su cuestionable funcionamiento; por ello, actualmente lo litigamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    Traigo a cuenta lo anterior pues desde mi perspectiva, insisto, de 1992 al 2019 algún mínimo había comenzado a cambiar en el aparato estatal ‒a pesar de los pesares‒ y en la mentalidad de la gente. Pero desde el 11 de junio de ese último año, con la entrega del bastón de mando a Bukele para convertirse en comandante general de la Fuerza Armada y su discurso frente a la tropa presente a la que hizo jurar lealtad hacia él para enfrentar enemigos externos e internos, debimos haber parado nuestras antenas y prever lo que se venía: la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del 2020, el control casi absoluto de esta en el 2021, la destitución de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general para sustituirlos con incondicionales el 1 de mayo del mismo año, el dominio del resto del Ministerio Público y todo lo que quedaba de la administración gubernamental, incluyendo el encuadramiento del sistema educativo.

    Y el 1 de junio, también del 2021, Bukele anunció su “siguiente paso”: la batalla contra el aparato ideológico de la oligarquía materializado a través de sus “fundaciones”, “tanques de pensamiento” y “oenegés”. Una mezcolanza en la que solo se salvó casi a plenitud, precisamente, la oligarquía; un revoltijo adonde cabía todo aquello que ahora se encuentra acomodado o resignado, sometido o atemorizado, silenciado o exilado. En tal escenario, a futuro, cuando aumente el hambre de las mayorías populares y estas protesten desesperadas, ¿habrá otro derramamiento de sangre? Y si hoy la impunidad permanece más fortalecida a pesar de haber derrotado formalmente la última amnistía hace casi diez años, ¿cuál sería el “problema” para el opresor y cuál la realidad del oprimido?

  • El 91% de las niñas sufre algún tipo de violencia antes de los 11 años, revela un estudio

    El 91% de las niñas sufre algún tipo de violencia antes de los 11 años, revela un estudio

    Nueve de cada diez niñas sufren algún tipo de violencia antes de cumplir 11 años, según el estudio “Opciones Reales, Vidas Reales” elaborado por la ONG global Plan International (PLAN). La investigación, presentada este jueves, siguió durante 18 años la vida de 142 niñas en Brasil, Camboya, El Salvador, Filipinas, República Dominicana, Togo, Uganda y Vietnam, la mayoría provenientes de comunidades agrícolas rurales y contextos socioeconómicos vulnerables.

    El informe documentó las experiencias de las participantes desde su nacimiento en 2006 hasta 2024, cuando alcanzaron la mayoría de edad.

    Entre los principales hallazgos destaca que el 91 % sufrió violencia antes de los 11 años, incluyendo violencia emocional, física y mental. Esta situación genera un impacto profundo en su desarrollo, ya que muchas asumen como propia la responsabilidad de protegerse, limitan su movilidad y se confinan al espacio doméstico por temor.

    La violencia se manifiesta tanto en el entorno escolar como en el hogar. En las escuelas, las niñas enfrentan acoso y abuso por parte de compañeros varones y castigos físicos de docentes. En casa, son castigadas por comportamientos que sus familias consideran inapropiados.

    Además, el 95 % realiza tareas domésticas durante un promedio de cinco horas y quince minutos al día, una carga que incluso supera la reportada por mujeres adultas a nivel global, mientras que sus hermanos varones no asumen responsabilidades equivalentes.

    En educación, el estudio señala una mejora generacional, ya que más niñas completan la secundaria en comparación con sus madres. Sin embargo, el acceso a la educación superior sigue siendo limitado: solo el 9 % logra ingresar a ese nivel. Al llegar a la adolescencia, enfrentan nuevas formas de violencia, como abuso sexual y acoso en espacios públicos, así como la exposición a criminalidad, pandillas, robos y asesinatos en algunas comunidades.

    El informe también advierte sobre la violencia digital, ya que al acceder a internet y redes sociales muchas niñas sufren acoso sexual en línea, reciben imágenes o mensajes no deseados y están expuestas a contenido perturbador.

    “Lo que 18 años de investigación nos confirman es que el problema nunca ha sido la capacidad ni la ambición de las niñas. Es el entorno que las rodea. Mientras sigamos aceptando que una niña pueda sufrir violencia a lo largo de su vida y dedicar más horas al trabajo doméstico que a su propia educación, la igualdad de género seguirá estando cada vez más lejos”, afirmó la directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe, Carmen Elena Alemán.

     

  • La ONU alerta expansión récord del mercado mundial de cocaína

    La ONU alerta expansión récord del mercado mundial de cocaína

    El mercado mundial de la cocaína es el que más rápido crece entre todas las drogas a nivel global, advirtió este jueves la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual presentado en Viena.

    El organismo atribuye esta expansión al aumento sostenido de la producción en Sudamérica, especialmente en Colombia, así como a una creciente demanda en regiones emergentes como África y Asia.

    Según el documento, la producción mundial de cocaína habría superado las 3,700 toneladas en 2023, lo que representa un incremento del 34 % en comparación con 2022. Este crecimiento responde, en particular, al aumento del área de cultivo ilícito de coca en Colombia y a la mayor capacidad de producción en laboratorios clandestinos.

    La JIFE señala que el mercado no solo ha crecido en volumen, sino que también se ha diversificado y globalizado. Aunque Europa y América del Norte continúan siendo los principales destinos, las rutas ilegales alcanzan ya “todas las regiones del mundo”, incluida África —tradicionalmente zona de tránsito— y Asia, donde antes la presencia era marginal.

    En Europa occidental y central, por quinto año consecutivo, las incautaciones en 2023 superaron a las de Norteamérica, consolidando a la región como el principal destino. Entre enero de 2019 y junio de 2024 se decomisaron más de 1,826 toneladas de droga con destino a puertos europeos, de las cuales el 82 % correspondió a cocaína, equivalente a 1,487 toneladas.

    El informe también destaca que las incautaciones en África aumentaron un 48 % en 2023 respecto a 2022, reflejando una expansión del mercado en ese continente. Entre 2013 y 2023, el número de consumidores pasó de 17 millones a 25 millones a nivel global.

    “Hay una tendencia al alza en el consumo de cocaína en todo el continente, especialmente en África Occidental, Central y Austral, y al menos 4,700 personas han recibido tratamiento por trastorno por consumo de cocaína en los últimos años”, indica el reporte.

    En Sudamérica, la JIFE advierte sobre el impacto violento del narcotráfico, citando el caso de Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas de cocaína, un 30 % más que en 2023. El país registró 6,964 muertes violentas ese año, con una tasa de 38.76 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que se quintuplicó en cinco años.

    “En Sudamérica, el impacto del aumento del tráfico de cocaína se ha sentido especialmente en Ecuador, que en los últimos años ha vivido una ola de violencia letal causada tanto por grupos criminales locales como transnacionales”, concluye la JIFE.