La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este miércoles a Nicaragua por las agresiones y hostigamiento de la que fueron víctimas el fiscal partidario opositor Jaime Antonio Chavarría y su familia tras denunciar irregularidades en las elecciones municipales del 27 de julio de 2008.
Chavarría, quien el día de esas elecciones ejerció como fiscal de verificación electoral del opositor Partido Liberal Constitucionalista en un centro de votación de Managua, presentó una impugnación a las autoridades del centro, quejándose de su cierre antes del horario previsto, cuando quedaban personas pendientes de verificarse.
El fiscal partidario y algunos de sus familiares que se encontraban en el sitio fueron objeto de insultos y amenazas por parte de un fiscal del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y cuando se retiraban del lugar fueron interceptados y atacados por un grupo numeroso de personas, instigadas por dirigentes sandinistas del distrito.
«Los hechos fueron presenciados por agentes policiales que se abstuvieron de intervenir. El señor Chavarría Morales y sus familiares, quienes sufrieron diversas lesiones, lograron huir en su vehículo, al que los agresores intentaron incendiar», detalló la CorteIDH
Chavarría denunció lo sucedido a la Policía Nacional, pero la causa fue finalmente archivada en mayo de 2016, y los actos de hostigamiento e intimidación se prolongaron a lo largo del tiempo.
«El Estado tuvo responsabilidad por los hechos de amenazas, hostigamiento y agresiones posteriores a julio de 2008, dada la participación o aquiescencia de agentes estatales en algunos de ellos y por la falta de adopción de acciones de protección e investigación», afirmó la CorteIDH.
En su sentencia de este miércoles, la CorteIDH estableció que el Estado violó los derechos de Chavarría a la integridad personal, libertad de pensamiento y de expresión, derechos políticos, derecho a la igualdad ante la ley y derecho a defender derechos humanos.
Además, determinó la responsabilidad estatal por la afectación al derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, y a la protección de la familia, así como por la afectación al proyecto de vida en perjuicio de los hijos de Chavarría: Cindy Alicia Chavarría Alonso, Jeffer Joaquín Chavarría Alonso, y Jaime Antonio Chavarría Alonso.
La Corte ordenó al Estado investigar los hechos de agresión y hostigamiento y pagar indemnizaciones en favor de las víctimas por concepto de daño material e inmaterial.
«Los hechos del caso se produjeron en un contexto sostenido de debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, que se intensificó a partir de 2007. Desde entonces, se instauró un clima de hostilidad y persecución contra personas opositoras al gobierno, que ha restringido su participación en los asuntos públicos y procesos electorales, colocándolas en situaciones de especial riesgo y vulnerabilidad», afirmó la CorteIDH.
La CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato desde 2022, cuando el Estado se negó a cumplir con una serie de resoluciones de medidas provisionales que exigían al Estado liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno del mandatario Daniel Ortega que fueron encarceladas.
Desde entonces Nicaragua no responde a órdenes de la CorteIDH ni acredita representantes para las audiencias.
