La Asamblea Nacional francesa dio este miércoles el visto bueno definitivo a la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento.
La de este miércoles era una votación definitiva en tercera lectura, lo que habilitaba a la Cámara baja francesa a dejar aprobada la ley tras un complicado periplo en el que, desde 2025, el texto recibió en dos ocasiones el aval de los diputados pero fue tumbado en otras dos ocasiones por el Senado, de mayoría conservadora.
El proyecto de ley que legaliza la eutanasia había sido impulsado a finales de 2024 por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien se puso como objetivo la aprobación de este derecho como uno de los avances sociales de su segundo y último mandato que acaba en mayo de 2027.
No obstante, la norma será ahora examinada ante el Consejo Constitucional por iniciativa del primer ministro nombrado por Macron, Sébastien Lecornu, quien tiene dudas respecto a algunas partes del texto, como el tiempo de reflexión del paciente (dos días).
Nada más aprobarse la ley, Macron indicó, en un mensaje en X, que «los recursos ante el Consejo Constitucional seguirán su curso conforme a los principios de nuestro Estado de derecho» y agradeció «a todos los parlamentarios que han hecho posible el debate constructivo y respetuoso».
Los pormenores de la ley
El texto, impulsado por el diputado Olivier Falorni (de la izquierda independiente y alcalde de La Rochelle), introduce en Francia el derecho a la «ayuda a morir», que debe ser ejercida por la propia persona implicada excepcionalmente, si está físicamente incapacitada, por un médico o enfermero.
Las condiciones para ejercer ese derecho incluyen que hay que ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en el país.
Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital debe estar comprometido en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida.
Debe experimentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que el paciente considere insoportable tras haber decidido rechazar o detener un tratamiento, si bien se especifica que el sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente, no da acceso a este derecho.
Y para ejercerlo, el implicado debe tener plena capacidad de discernimiento y ser apto para manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud.
En ese caso debe pedir la ayuda a un médico y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada. A partir de ahí, el médico debe dar una respuesta motivada en un plazo de 15 días desde la solicitud. Si se aprueba, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de 2 días.
Recurso al Constitucional
Este último es precisamente uno de los factores que más controversia causan, por su duración, y uno de los aspectos que el Gobierno de Sébastien Lecornu remitirá al Tribunal Constitucional, si bien la regulación del derecho a morir era una promesa central, en el plano social, del segundo mandato de Macron.
También pedirá que se pronuncie sobre las disposiciones aplicables a los adultos bajo tutela o protección judicial, en particular en relación con la expresión de un consentimiento libre e informado, así como sobre el papel de las personas legalmente encargadas de su protección.
Y la tercera consulta irá dirigida a la articulación entre la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios y la situación de los establecimientos sanitarios y médico-sociales cuya razón de ser es acompañar a los enfermos al final de la vida, sin acelerar su fallecimiento pero también sin encarnizamiento terapéutico, y que excluyen el recurso a la ayuda a morir.
El Gobierno, en un comunicado, justificó esta decisión señalando que, aunque la Asamblea Nacional celebró un debate en profundidad sobre el texto, el examen en el Senado «no permitió un análisis igualmente exhaustivo» que concilie las expectativas de los defensores de la reforma con las inquietudes de sus detractores sobre su aplicación.
Espera así que la intervención del Constitucional aporte «las aclaraciones necesarias» para garantizar que su aplicación respete plenamente los principios constitucionales, en particular la dignidad humana y la libertad personal.
Por su parte, el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, también había anunciado previamente su intención de recurrir al Constitucional una vez aprobada la ley
