Autor: Iliana Cornejo

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció este martes en la noche que concluyeron las reparaciones hidráulicas en el sistema Zona Norte, que mantenía suspendido el servicio de agua en distritos del Área Metropolitana de San Salvador.

Asimismo, en una publicación de las 10:33 de la noche de este martes, ANDA anunció que empezaron con el restablecimiento del servicio de agua potable.

El pasado domingo, la institución anunció que durante todo el martes suspenderían el servicio de agua en Miralvalle, Mejicanos, Escalón, San Benito, bulevar Los Próceres, alrededores del Estadio Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva, por trabajos hidráulicos.

ANDA aseguró que durante la suspensión sustituyeron una válvula de bypass de 40 pulgadas de diámetro y reemplazaron 13 válvulas operativas en los equipos de bombeo de la estación central y en la planta de bombeo del sistema Zona Norte. También hicieron mejoras eléctricas además de reparaciones en fugas de válvula antigolpe de ariete.

La Administración aseguró que mientras duró la suspensión de agua distribuyeron agua a través de camiones cisterna. Añadieron que en caso de necesitarse, la población puede contactarse con ellos al centro de llamadas 915 y WhatsApp 7838-1462.

Desde la semana pasada, los residentes de los apartamentos de la Zacamil, en Mejicanos, convivien con el ruido de la construcción de la próxima terminal del metrocable, de la línea que llevará al Centro Histórico de San Salvador, entre las dudas y la resignación. 

Algunos vecinos afirman que, como en toda construcción, hay ruido y polvo pero que no ven mayores dificultades, porque se desarrolla en un espacio donde era una de las zonas verdes que tienen.

Don David Cerón relató que tiene 20 años de vivir en uno de los apartamentos y cree que «todo debe irse modernizando» pero también dice que aunque otros vecinos presenten quejas, «lo que ya está en proyecto es proyecto y se diga lo que se diga ya está definido».

Lo anterior es respecto a otros vecinos que han señalado las incomodidades y quejas de la construcción: «La gente está preocupada por que son edificios viejos, todavía no ha entrado la maquinaria pesada como en la universitaria norte que eso sí podría afectar directamente a la gente y en los edificios, no hablaron de reparar», dijo un joven que prefirió no ser identificado.

Otra de las residentes de los apartamentos, Silvia Pérez, externó que también tienen preocupación por los edificios, ya que, estos fueron construidos hace 60 años y han sufrido daños tras los terremotos. 

Pérez resiente que las autoridades no han tratado el tema con responsabilidad social y que al quitar una parte de las zonas verdes, no han dicho como compensarán. Por ello, pide que «no se vaya a abandonar a la comunidad en caso de que hayan deslaves, que las instituciones estén al pendiente de la comunidad porque no ha habido espacio para cambiar el plan».

El pasado 12 de febrero, el ministro de Obras Públicas confirmó que las obras grises para la línea entre Mejicanos y el Centro Histórico ya empezaron a construirse, la igual que los cimientos de otras terminales ubicadas sobre las calles Rubén Darío, en el Centro de Gobierno, y a las afueras de la Universidad de El Salvador.

El proyecto

Las especificaciones técnicas del proyecto señalan que el sistema operará con 147 cabinas con capacidad para 10 personas sentadas, aunque en la entrevista de Frente a Frente, este jueves, el ministro indicó que se trata de 153 cabinas contratadas. Las especificaciones técnicas señalan que las cabinas alcanzarán una velocidad de seis metros por segundo.

Esto permitirá que el recorrido total entre Zacamil y el centro capitalino se realice en apenas 14-15 minutos, reduciendo drásticamente los tiempos de traslado actuales, que según Rodríguez en vehículo puede ser de una hora y en transporte público de más tiempo.

El metrocable fue adjudicado a la empresa francesa Poma, que tiene experiencia en construir metrocables en América Latina, Europa y China.

Las estaciones están pensadas para que tengan un espacio público y comercio, abrirán al rededor de las 3:00 de la mañana y su horario se extendería por unas 18 horas. La construcción tendrá una duración de 18 meses. 

El clima frío persistirá este miércoles y se extenderá hasta el jueves, indica el informe especial número 7 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

Según el pronóstico, el viento bajará a velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de 30 kilómetros por hora, mientras que el cielo estará nublado por la tarde y las primeras horas de la noche.

Para este miércoles no se esperan lluvias, sin embargo, las temperaturas frías persistirán en las primeras horas de la madrugada y mañana.

Este martes se percibieron las temperaturas bajas del evento de vientos nortes que inició el domingo 22 de febrero. Según Medio Ambiente se registraron temperaturas de 6.5 grados en Planes de Montecristo en Metapán, Santa Ana.

También, en la finca Los Andes de Santa Ana, el termómetro bajó hasta los 6.9 grados Celsius.

Ayer, las ráfagas de vientos sobrepasaron los 60 kilómetros por hora en Ishuatán y el Aeropuerto de Comalapa, según los reportes de Medio Ambiente.

Los afectados de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (Cosavi) entregaron dos escritos este martes, uno a la Fiscalía General de la República y otro al juez Sexto contra el Crimen Organizado, donde cuestionan si los casi dos años de intervención de la institución financiera aún no son suficientes para recabar información para la investigación del desfalco. 

El vocero de los afectados de Cosavi, Juan José Ortiz, explicó que el 1 de marzo se cumplen dos años desde que la Fiscalía le solicitó al mencionado juez una autorización para intervenir la cooperativa. 

«El escrito básicamente lo que pretende es preguntarle al juez y a la Fiscalía General de la República, ¿cuánto tiempo más necesitan mantener secuestrado Cosavi para sustraer la información que les pueda servir en el juicio penal? El sentido común dice que es válido que una institución esté secuestrada tres meses o a lo mejor por lo complejo del caso Cosavi, que pueda estar secuestrada seis meses, pero ya llevamos dos años», cuestionó Ortiz a la prensa este martes frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

Ortiz indicó que el juez debe resolver si el tiempo pertinente ya pasó, y si es así, proceder a liberar la cooperativa.

Nueva junta directiva

El vocero señaló que dentro de los afectados de Cosavi hay personas expertas en finanzas que puede hacerse cargo de manejar la cooperativa, ante lo que ello señalan, es una mala gestión de parte de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Por ello, indican que si el juez decide liberar la cooperativa, propondrán nombrar una nueva junta directiva, para que la cooperativa siga funcionando y entregar el dinero a los socios que aún no reciben su dinero.

En la ruta que los afectados de Cosavi se han marcado, al entregarles la cooperativa, la Superintendencia del Sistema Financiero debería entregar una auditoría con el detalle de la entrega de fondos y corroborar que el dato del 86 % de entrega de fondos a los socios.

«La idea de recuperar la cooperativa es que funcione como funcionaba hasta el anuncio del desfalco. Aquellas personas que adquirieron compromiso, Particularmente instituciones de gobierno, como las alcaldías y otras instituciones de gobierno que sabemos que le han prestado dinero a Cosavi, deben de pagar esos compromisos. Al día de hoy no sabemos si esas instituciones están pagando».
Juan José Ortiz, afectado de Cosavi.

La Fiscalía General de la República informó en mayo de 2024 que estaban procesando judicialmente a 32 personas, entre ellos ocho directivos de Cosavi, de R.L. por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. El fraude asciende a $35 millones; sin embargo, la captura del exgerente de Cosavi, Manuel Alberto Coto Barrientos, por autoridades hondureñas, terminó en una tragedia en donde también falleció el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas y otros dos altos mandos de la PNC de El Salvador.

La devolución del dinero a los socios a Cosavi va por la capa de los $70,000 anunciada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en octubre y habilitada desde el 1 de noviembre en la agencia de la calle Gabriela Mistral de San Salvador.

El pasado miércoles, la junta directiva de los afectados del fraude de Cosavi presentaron una carta a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador para solicitar una audiencia, debido a que entre ellos hay ciudadanos estadounidenses.

El presidente de la junta directiva de los afectados, Juan José Ortiz, explicó que durante las dos recientes semanas fallecieron tres personas afectadas del fraude más, totalizando 11 personas fallecidas que eran afectadas del fraude: una doctora en medicina de 69 años, la madre de un socio de Cosavi y Donaldo Turcios, quien falleció de insuficiencia renal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 16 miembros del grupo de exterminio denominado Paz o Muerte de la zona oriental, fueron condenados a penas que van desde los 20 a 60 años de cárcel.

Estos sujetos enfrentaron la vista pública en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado juez C de San Miguel, donde ocho estuvieron presentes vía conexión y el resto fueron condenados en rebeldía.

Esta estructura criminal estaba conformada por expolicías, exmilitares y civiles, y asesinaban a pandilleros o personas con quienes tenían problemas.

A estos sujetos la FGR los acusó de asesinar a un hombre el 20 de diciembre de 2020, en la carretera que conduce a la playa El Espino, al sur del desvío al cantón San Felipe, del distrito de  Concepción Batres, Usulután.

Esta estructura asesinó el 29 de diciembre de 2019, a dos personas en el caserío El Planchón, del cantón Candelaria, del distrito de San Jorge, San Miguel.

En ambos hechos, los delincuentes llegaban a las viviendas de las víctimas, utilizando ropas oscuras similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC) y simulaban un registro de allanamiento.

Al ingresar a las viviendas, privaron de libertad a las tres víctimas y se las llevaron a otro sector donde los asesinaron.

Por estos crímenes el tribunal condenó a 60 años de cárcel a Alejandro Monterrosa Alias Comando (presente), Salvador de Jesús Villalobos López, alias Salva (rebelde) y Juan Zapata Ramos Conocido (presente), por tres cometer tres homicidios agravados.

Mientras que Andrés Alberto Murillo Roque (presente), Agustín de Jesús Rivas López, alias eléctrico (presente), Yobani Alexander Crespo Romero, alias moreno o lágrimas de sol (presente), Víctor Manuel Romero Herrera (presente), y Gerardo Polillo Rivera, alias colmillo (rebelde), fueron condenados a 40 años de cárcel por dos homicidios agravados.

El resto de los pandilleros fueron sentenciados a 20 años de prisión.

El pastor de origen nicaragüense, identificado como Edwin Antonio Montenegro Zamora fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de tráfico ilegal de personas, informó la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado.

Montenegro fue condenado por el Tribunal de Sentencia de La Unión y según la investigación fiscal llevaba a tres personas con destino a Estados Unidos.

El religioso fue detenido en la frontera El Amatillo,  cantón Santa Clara, del distrito de Pasaquina, en La Unión Norte, el 11 de diciembre de 2018, luego que una de las tres víctimas avisara que la llevaba con destino a Estados Unidos.

En El Salvador, tanto las víctimas como Montenegro hacían el trámite rutinario de ingreso, en un principio habían dicho que iban de paseo a Guatemala.

En ese momento, Montenegro dijo a los periodistas que era comerciante y que viajaba a Guatemala periódicamente. Afirmó que con él iban cuatro señores, y que le dijeron que se quedarían en Guatemala, que iban para Estados Unidos y no conocían, «entonces yo venía haciéndoles el favor de dejarlos en la zona 1 (de la ciudad de Guatemala)», afirmó Montenegro, en diciembre de 2018.

La Fiscalía asegura que el ahora condenado cobraba $3,000 por persona para transportarlos.