En mayo de 2022, un empleado de la Alcaldía de Soyapango fue notificado de su despido con la justificación de Recursos Humanos de: ‘no hay fondos para pagar su salario’. Sin embargo, a finales de ese mismo año, la entonces alcaldesa de Nuevas Ideas, Nercy Patricia Montano, autorizó un gasto de $800,000 para las fiestas patronales, destinando incluso $150,000 para la presentación de un artista internacional.
Este miércoles, Montano enfrentó una audiencia preliminar por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, luego de que las investigaciones de la Fiscalía General de la República revelaran que su administración no solo despidió injustificadamente a cuatro trabajadores, sino que ignoró deliberadamente las órdenes judiciales de reinstalo, acumulando condenas por salarios caídos que superan los $19,000 y que también salpicaron a sus regidores.
La relación de los hechos de este segundo requerimiento presentado contra Montano en febrero de 2025 constan cuatro casos de despidos. La catalogada como víctima 4 en el proceso se le notificó su despido en mayo de 2022 bajo la justificación de que la municipalidad no tenía fondos para cubrir su salario.
Durante el primer proceso judicial -que desencadenó toda la crisis en la comuna soyapaneca- un exconcejal que rindió testimonio confirmó que Montano aprobó pagos que alcanzaron los $800,000 para las celebraciones patronales en el mismo año del despido de la víctima mencionada, incluyendo el pago de $150,000 por la presentación de un artista internacional.
En el juicio original se estableció que la falta de liquidez argumentada por la alcaldía para no pagar salarios fue generada por el mismo concejo municipal, al aprobar un aumento en el presupuesto de las fiestas patronales que superó los $800,000. Simultáneamente, entre septiembre y diciembre de 2022, la municipalidad reportaba una planilla de más de 1,800 empleados a los cuales se les dejó de pagar salarios y se les retuvieron sus cuotas laborales.
El requerimiento de este caso también presenta tres casos más, en ninguno se restituyó el empleo y en otros dos, los argumentos fueron «Ya no necesitan sus servicios, por lo que está despedido por órdenes de la alcaldesa municipal de Soyapango», y «Por orden de la alcaldesa y por acuerdo del concejo está despedido». Las cuatro víctimas empezaron procesos de nulidad del despido, puesto que fue verbal.
Los tribunales de lo laboral, donde se presentaron estos procesos de nulidad de despido, emitieron condenas económicas directas contra los funcionarios. El Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador declaró nulo el cese de la víctima 3, ejecutado en mayo de 2021, y condenó a la alcaldesa y a 12 regidores a pagar $10,440 en concepto de salarios caídos.
Por su parte, el Juzgado Quinto de lo Laboral anuló el despido de la víctima 4 y ordenó a la municipalidad pagar los salarios caídos, por una cantidad aún por determinar en ese expediente. Tal como establecen los registros del caso laboral, las demandas acumuladas por las víctimas generaron condenas que superan los $19,000 en salarios caídos, incluyendo fallos adicionales por $8,266.02 y $1,005 a favor de otros dos empleados despedidos.
La Fiscalía General de la República documentó que la dinámica de las destituciones se ejecutaba de manera verbal. A la víctima 3, el jefe de Recursos Humanos le manifestó que la decisión era «por orden de la alcaldesa y por acuerdo de concejo».
Los empleados afectados ganaron sus respectivas demandas laborales, las cuales ordenaban la reinstalación en sus puestos y el pago de sus remuneraciones pendientes. La FGR acusa a Montano del delito de desobediencia debido a que la exfuncionaria no cumplió las órdenes de los jueces. Por este caso, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango que el proceso pase a la etapa de juicio
