Parte de los 125 audios escuchados en la séptima jornada de la audiencia única abierta en contra de la Mara Salvatrucha (MS-13) revelaron que la pandilla planeaba, en abril de 2016, recolectar más de $500,000 para comprar armas y vehículos.
Dos audios de las escuchas telefónicas, reproducidos en el juicio, fueron compartidos por la Fiscalía General de la República a periodistas y en ellos se escuchan las conversaciones entre pandilleros; el primero, un pandillero que se identifica como «El Infierno», desde la prisión le llama a otro en libertad para preguntarle sobre esta recolección de fondos.
«Hemos hecho un presupuesto de gastos, se han recogido un poco más de $500,000 en el censo, son como $500,000 y fracción, ¿me entendés?, hemos intentado de hacer un valúo de a cómo podemos encontrar los juguetes (armas) en otro lado y le hemos puesto un precio, de más o menos $1,200, lo que aquí nos están vendiendo en $3,000 ver como lo equiparamos allá en $1,200, va», le responde este pandillero de la MS-13 al «Infierno».
Luego le detalla que al comprar las armas a $1,200 les alcanza para 494 «juguetes». El pandillero explica que no solo piensan comprar las armas, sino también munición y armas de grueso calibre al que llama «chuchuluco» con cargador y munición, también planean comprar carros porque los pandilleros «no pueden andar a pie».
El pandillero en libertad le sigue explicando al «Infierno» este plan y le indica que no pueden quedarse atrás porque se han enterado que los «Chavalas», es decir los pandilleros del barrio 18, «ya tienen entrenada su gente». «Tienen fusiles y un pijazal de cosas ya. Están preparadas para la guerra y güachá nosotros como estamos», le cuestiona el pandillero al Infierno.
¿Pero para qué se preparaba la MS-13? Según los audios y el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, para una ofensiva o guerra en contra de ellos, dado que estos audios fueron de abril de 2016, y los mismos lo reconocieron en una conversación grupal en otro de los 125 audios que se reproducen en este juicio masivo.
«Ya aprobaron la ley que nos quieren bloquear a los hermanos allá adentro. Ahorita ya no quieren negociar con nosotros, ahorita ya no quieren ni hablar, ahorita es un gran pegue el que viene, y tenemos poco tiempo para llevar a cabo este proyecto», dijo uno de los pandilleros, en la escucha telefónica.
El 1 de abril de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 321 que contenía las disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión.
Estas medidas eran 14 prohibiciones, entre éstas, el encierro en las celdas las 24 horas, el bloqueo a las señales telefónicas, la no asistencia a las audiencias judiciales, la vigilancia perimetral a cargo del ejército y el bloqueo de señal WiFi, en los alrededores del centro penal, que hasta el año 2026 se mantienen porque pasaron a formar parte de las medidas ordinarias en los penales.
«Escuchamos como se distribuían las rentas de todas las clicas y todos los programas, escuchamos como había un sujeto, un pandillero que se había encargado de hacer la recolección del dinero, de las rentas para el barrio, para la familia, se habló que en ese momento, tenía contabilizado cerca de $500,000 y que eso era para el barrio porque se estaban preparando para la guerra».
Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
Este macrojuicio es desarrollado por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado y desde la semana pasada reproducen 125 audios, como parte de la fase probatoria, contra 486 cabecillas de la MS-13, entre estos, 22 ranfleros, es decir, los jefes de la pandilla.
A todos se les imputan más de 47,000 ilícitos, entre ellos, los homicidios cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo los 86 asesinatos que propiciaron el régimen de excepción.
