La gran mayoría de los muertos en la operación policial del pasado martes en Río de Janeiro tenía antecedentes policiales por crímenes graves como narcotráfico y homicidio y casi la mitad tenía órdenes de captura en su contra, informaron este viernes fuentes oficiales.
El Gobierno de Río de Janeiro ha reconocido 121 muertes, entre ellas cuatro policías y 117 supuestos narcotraficantes, pero la Defensoría Pública ha contabilizado 132 víctimas.
De los 99 muertos que ya fueron identificados, 78 tenían antecedentes por crímenes graves y 42 eran buscados por órdenes judiciales de detención, según el balance divulgado por la Secretaría de Seguridad Pública de este estado brasileño.
La operación policial, la más letal de Brasil y en la que también fueron capturadas 133 personas y decomisados 93 fusiles, tenía por objetivo la captura de importantes líderes del Comando Vermelho, la mayor y más antigua organización criminal de Río de Janeiro y que tiene ramificaciones en todo Brasil.
De las 100 órdenes de captura que justificaron la operación, expedidas por jueces de Río de Janeiro y de otros estados, los 2,500 policías que participaron en la acción tan solo cumplieron 20.
Entre los muertos identificados figuran 40 procedentes de otros estados de Brasil, que la gobernación regional señaló como líderes de grupos armados de otras regiones vinculados al Comando Vermelho y que estaban refugiados en Río de Janeiro.
Según el gobernador de Río, Cláudio Castro, una medida de la Corte Suprema que restringe las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro desde 2021 convirtió a esta ciudad en el destino de miembros de grupos criminales de otras regiones que buscan esconderse de las autoridades.
Los 40 muertos identificados como integrantes de organizaciones criminales de otras regiones proceden de áreas en las que el Comando Vermelho tiene influencia, entre los cuales 13 del estado amazónico de Pará (norte), seis de Bahía (noreste) y cuatro de Ceará (noreste).
En la rueda de prensa en la que divulgó la lista de muertos ya identificados, el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, los tildó de «narcoterroristas», un término con que los partidos de derecha en Brasil quieren que se califique a integrantes de poderosas organizaciones criminales como Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC).
El Gobierno brasileño, del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, hasta ahora ha evitado usar este calificativo para referirse a estas organizaciones, algo que sí hizo hoy el Gobierno de Paraguay.
Según Curi, la operación demostró que los complejos de favelas de Alemão y de Penha, ubicados en una empobrecida región en la que viven unas 200,000 personas y en donde se concentraron las operaciones, funcionan como bastiones y centros de entrenamiento para narcotraficantes de otras ciudades.
De acuerdo con el secretario, los dos conjuntos de comunidades también funcionan como centros de abastecimiento y distribución de drogas y armas para las diferentes favelas controladas por el Comando Vermelho, con un comercio de hasta 50 fusiles por mes.
En la misma rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Victor Santos, afirmó que la posible militarización de las favelas está descartada debido a que no solucionaría nada, pero que la gobernación sí estudia medidas para recuperar el control de esos territorios.
