La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, en La Libertad, confirmó la sentencia de 30 años de cárcel para los militares condenados por el asesinato de cuatro periodistas holandeses, en una masacre ocurrida en marzo de 1982, en Santa Rita, Chalatenango.
Los magistrados, Roberto Antonio Anzora Quiroz y Rigoberto Chicas, rechazaron los argumentos de los defensores y confirmaron la decisión de la jueza de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, María Mercedes Argüello de la Cruz, de condenar la excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada, el excoronel Mario Adalberto Reyes Mena; el exdirector de la Policía de hacienda, Francisco Antonio Morán; y el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García.
La defensa expuso a la Cámara, como argumentos para revocar la condena, que el país estaba en conflicto armado desde la ofensiva del 10 de enero de 1981 y por eso, acusarlos del delito de homicidio carecía de tipicidad
La defensa indicó que los periodistas holandeses – Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Johannes Jan Wilemsen- estaban junto a combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuestionaron si era necesario que los periodistas fueran a un campamento guerrillero y señalaron a los periodistas de autoponerse en peligro al viajar con “subversivos”.
“El periodista actúa, entonces, por cuenta y riesgo propios, ya que, en este caso, renuncia a la protección de facto que le es debida”, dice uno de los argumentos de la defensa, y sigue: “asumieron un riesgo propio, tomaron parte en el conflicto y se comprueba al manifestar meterse en un campamento guerrillero, iban guiados por guerrilleros, transitaron por una zona conflictiva, es decir, conocían sabían los riesgos de su misión, por tanto delito de asesinato no existe”, dijeron los abogados.
Los defensores también alegaron que la decisión de la jueza al condenar era nula, porque los miembros del jurado “llegaron intimidados a emitir el veredicto”, porque el 24 de mayo de 2025, en la plaza de Dulce Nombre de María, miembros de la querella o acusación particular, proyectaron el documental “A Sangre Fría”.
Los argumentos de la Cámara
Los magistrados hicieron una revisión de las pruebas presentadas en el juicio, en una extensa resolución de más de 100 páginas y concluyen que la muerte de los cuatro periodistas holandeses fue planificada, dado que los testigos señalaron que hubo antecedentes de reprimir su ejercicio periodístico para que no difundieran la información sobre la guerrilla salvadoreña.
Los magistrados retomaron las pruebas que desfilaron en el juicio donde señalan que previo a la masacre, en la ropa de un cadáver de un subversivo hallaron una nota con el contacto del periodista Koos Koster, quien se hospedaba en el extinto hotel Alameda, en la habitación 418, donde estaba anotado el número de teléfono; a partir de ahí, empezó una “persecución en contra de los cuatro periodistas”, dice la Cámara.
“La anterior afirmación obedece al hecho de que debido a esta nota, los periodistas holandeses, en fecha 11 de marzo de 1982, fueron llevados a la Policía de Hacienda, lugar en el cual fueron específicamente atendidos por el coronel Francisco Antonio Morán Reyes, y como se dijo en su calidad de Director de la Policía de Hacienda, quien a su vez levantó una acta de esa visita, la cual fue publicada en un periódico nacional y que allí en ese lugar, el Coronel Moran interpeló a Koster sobre su relación con los grupos guerrilleros en el país y la forma de como el subversivo que resultó fallecido había obtenido los datos consignados en la nota que le fue encontrada al mismo”, relata el fallo.
Los magistrados añaden como prueba de peso dos testimonios, el primero es el de un periodista alemán a quien un militar estadounidense le confirmó que se trató de una emboscada y quien recibió llamadas amenazantes que le dijeron que “el quinto ataúd era para él”.
Y el segundo, el testimonio del motorista de los cuatro periodistas quien describe una persecución de un carro Cherokee de los que usaban los escuadrones de la muerte el día que fueron a Santa Rita.
Los magistrados señalan que la muerte de los cuatro periodistas se trató de una emboscada premeditada, y que fue autorizada y conducida por el comandante general de la cuarta brigada de infantería, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, inclusive con la reserva estratégica de la Fuerza Armada, que era el Batallón de Reacción Inmediata Atonal, que estaba en apoyo.
«Es un precedente bien importante, más que fue un asesinato de periodistas que andaban en el ejercicio de la profesión, fue un atentado gravísimo contra la libertad de expresión, contra el ejercicio del periodismo y contra la vida», señaló el abogado Pedro Cruz, quien es parte de los acusadores particulares.
La condena
El Juzgado de Sentencia de Chalatenango condenó, el 3 de junio de 2025, a 60 años de cárcel a tres exmilitares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado, un crimen ocurrido el 17 de marzo de 1982 en el lugar conocido como La Lomona, jurisdicción del cantón Piedras Gordas, de Santa Rita Chalatenango. Sin embargo, el juzgado señaló que debido a que el caso fue procesado con una legislación antigua, se estipuló la pena máxima de ese entonces que son 30 años de prisión.
La condena fue resuelta por un jurado de conciencia, que tras analizar las pruebas, los declaró culpables.
En su momento, la juzgadora señaló que debido a la condición de salud de los condenados Francisco Antonio Morán Reyes y José Guillermo García, la pena de prisión debe ser cumplida «en hospital Bautista de San Salvador si este tiene los medios económicos para sufragar los gastos, caso contrario deberá cumplirse en el centro penal que la Dirección General de Centros Penales designe o en su caso en un hospital nacional», señala la sentencia.
El excoronel Mario Adalberto Reyes Mena estuvo ausente en este proceso, pero la Corte Suprema de Justicia inició un proceso de extradición desde Estados Unidos.
Este juicio por el asesinato de los periodistas holandeses fue el primer caso de crimen de guerra en llegar a etapa de vista pública por la vía penal a más de 43 años del crimen.
