El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció este 1 de mayo que empezarán a emitir resoluciones que pongan en pausa los procesos de despido de sindicalistas en el país, a través de solicitudes de medidas cautelares a los tribunales de justicia que conocen las causas.
«Pero desde el Ministerio de Trabajo vamos a emitir resolución que aquel dirigente sindical que ha sido despedido, solo por una causa eminentemente política, anunciamos este día que emitiremos resoluciones ordenando el reinstalo de estos dirigentes despedidos sobre todos donde se ha violentado el debido proceso», anunció Castro en su discurso durante la concentración de la Unidad Sindical Salvadoreña.
El ministro explicó que llegaron a esta conclusión luego de estudiar cerca de 70 resoluciones judiciales, que protegen el derecho del movimiento sindical, a través de grupos multidisciplinarios.
Castro indicó que el ministerio que tutela no defenderá «dirigentes sindicales corruptos, haraganes, maltratadores de personal», y que cada caso será revisado.
Reconoce que la decisión jurídica que implementarán «no caerá en gracia ni afuera ni adentro», en referencia al mismo gobierno.
A las 3:00 de la tarde, el ministro Castro hizo llegar una aclaración a la redacción de Diario El Mundo, señalando que no se trata de todos los casos sino de aquellos donde sea un despido «injustificado y sin el debido proceso».
El anuncio de estas resoluciones para detener despidos ocurre en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y en un contexto donde organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Despedidos en El Salvador registra más de 47,124 empleados públicos despedidos entre los años de 2019 hasta inicios de 2026.
La ola de despidos atañe también al sector salud, donde más de 7,780 médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos y de otras áreas fueron despedidos desde el año pasado; el despido masivo ocurrió en el hospital Rosales donde estos se contaron en más de 1,500.
El Movimiento ha señalado que estos despidos han sido verbales y que no hay constancia de documentos que lo consignen para poder tramitar una indemnización a los miles de empleados públicos removidos.
Este 1 de mayo, el ministro Rolando Castro no precisó cuántos sindicalistas tienen causas abiertas en tribunales de justicia, ni quiénes son.
Fuera de la lista negra
En su discurso, Castro también anunció que El Salvador está cerca de salir de «la lista negra» de los países que «tienen una mancha», sin explicar a qué tipo de «mancha se refería.
Este mismo viernes, Sonia Viñerta, de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, explicó que el país está en esa lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Dentro de los 24 países más vulneradores de los derechos sindicales, eso se logró el año pasado con las denuncias que hemos realizado, poniendo las pruebas para demostrar cómo el sindicalismo está siendo dañado y limitado y quisieran eliminarlo pero eso no podemos permitir”, afirmó Viñerta.
La sindicalista reiteró las denuncias de despidos en el Estado, violación a convenios internacionales por parte del Estado salvadoreño y violación a derechos sindicales. El Salvador fue incluido en 2017 en esta «lista negra» por violaciones a los convenios internacionales.
En 2019, el Comité declaró al país en falta grave porque no atendió las recomendaciones de activar el Consejo Superior del Trabajo (CST), una recomendación que venía haciendo desde 2015.
Después de varios reclamos internacionales, en diciembre de 2021, se instaló un nuevo CST, la máxima autoridad en temas laborales con representación de trabajadores, empleadores y gobierno. Después de la juramentación y primeras sesiones, no se tuvo conocimiento si sigue activo hasta la fecha.
A inicios de abril de 2026, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora señaló que el gobierno no ha respondido a la OIT sobre los despidos de empleados públicos.
A principios del año 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) avaló un acuerdo con El Salvador de $1,400 millones a cambio de un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) durante tres años, es decir, que el gobierno se ha comprometido a reducir su gasto, entre ellos, la planilla de empleados públicos.
