Una semana después de que una inundación arrasara parte del centro de Nepal, Libes Raj Shakya recuerda que la advertencia llegó a gritos de un empleado de una escuela que recorría el mercado avisando de que el agua se acercaba.
«Tuvimos solo tres minutos para escapar«, relata Shakya a EFE al reconstruir la mañana del 26 de agosto, cuando una enorme masa de agua, barro y escombros descendió por el sistema de los ríos Bhote Koshi y Trishuli y arrasó a su paso viviendas, carreteras y puentes.
Shakya estaba todavía en casa cuando, según su relato, Sazal Shrestha, contable de una escuela de la zona y a quien describe «como un hermano», recibió una llamada desde Dhunche, en el distrito de Rasuwa, advirtiéndole de que una gran crecida avanzaba río abajo.
Primero alertó a la escuela y después salió a correr por el mercado.
«Corría por todo el mercado gritando con todas sus fuerzas para que todos corrieran y se salvaran», recuerda Shakya.
Catorce minutos en la escuela, tres en el mercado
El relato coincide en varios puntos con la reconstrucción de la evacuación de la Tribhuvan Trishuli Secondary School, en Bidur, donde el contable irrumpió gritando que se acercaba la inundación después de recibir una llamada de un familiar desde Rasuwa.
El director del centro, Rajendra Dawadi, contó que más de 900 alumnos y 16 trabajadores se encontraban entonces en la escuela y que tuvieron unos 14 minutos para evacuarlos antes de que la inundación alcanzara el lugar. El colegio ya no existe y el terreno donde se levantaba forma ahora parte del cauce del río.
Para Shakya, que se encontraba en otro punto de la zona afectada, el margen fue mucho menor.
«Cuando estábamos cerrando las tiendas e intentando salir, el agua ya venía detrás de nosotros. Seguimos corriendo para salvar nuestras vidas mientras la inundación nos perseguía», recuerda. Su familia consiguió escapar, pero la inundación se llevó todo.
«Milagrosamente, todos los miembros de nuestra familia sobrevivieron. Tenemos suerte simplemente de estar vivos», afirma.
Los destrozos provocados por la riada que asoló el norte de Nepal.
Casi 680,000 mensajes de alerta
Su relato introduce, sin embargo, una diferencia entre el funcionamiento del sistema oficial de alerta y la forma en la que al menos algunos vecinos aseguran haber sabido que tenían que huir.
El informe técnico de la División de Pronóstico de Inundaciones establece que hacia las 9:00 las autoridades supieron que una gran inundación había entrado en el Bhote Koshi desde el Tíbet, después de que las estaciones automáticas situadas aguas arriba dejaran de transmitir sin haber alcanzado previamente sus niveles de peligro.
A las 9:15 comenzaron a difundirse advertencias a las comunidades situadas río abajo y, desde las 9:16, las telefónicas nepalíes Nepal Telecom y Ncell enviaron un total de 679,295 mensajes de alerta a residentes de zonas vulnerables de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Chitwan.
Shakya asegura que en su vecindario no habían recibido ninguno de esos avisos antes de escuchar los gritos del contable.
«Todas las noticias decían que la gente había sido informada 30 minutos antes y que el jefe comunal había ido de puerta en puerta avisando a todo el mundo», afirma. «Pero en nuestro barrio nadie había recibido ninguna advertencia oficial. Nosotros lo supimos únicamente por Sazal dai», dice usando la expresión «dai» para referirse a «el hermano mayor».
Salvó a su padre, volvió por su madre
La misma advertencia que permitió escapar a Shakya tuvo un desenlace distinto para la familia del hombre que había dado la alarma.
Según Shakya, después de avisar a la escuela y recorrer el mercado, Shrestha regresó a su casa, donde su padre no podía caminar, lo subió a una motocicleta y consiguió llevarlo hasta una zona elevada. Después volvió por su madre. Para entonces, la riada se la había llevado.
El director de la escuela ha confirmado que el contable consiguió poner a salvo a su padre y regresó después para buscar a su madre, pero encontró que la vivienda había sido arrasada y ella permanecía desaparecida.
«Salvó a madres, estudiantes y residentes», dice Shakya sobre su amigo. «Pero no pudo salvar a su propia madre», lamenta.
La velocidad con la que se desencadenó la catástrofe dejó además parcialmente ciego al propio sistema diseñado para anticiparla. Las estaciones hidrológicas de la parte alta del río dejaron de transmitir al ser alcanzadas por la crecida cuando sus últimas mediciones todavía estaban por debajo de los niveles establecidos para activar las alertas.
Una semana después, Nepal contabiliza más de mil muertos y unos cinco mil desaparecidos, según el primer informe de situación de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.
Shakya puede enumerar lo que perdió en aquellos minutos, lo que conserva es quienes echaron a correr cuando llegó el agua.
«Todos sobrevivimos», dice y repite, «tenemos suerte de estar vivos».
La campaña de ataques de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico cumplió este miércoles un año, con al menos 227 muertos y sin perspectivas de que Washington ponga fin al operativo militar.
La primera acción ocurrió el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, informó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que el Pentágono había «neutralizado» una «embarcación que transportaba droga, una gran cantidad de droga» en aguas del Caribe. Posteriormente, el mandatario divulgó un video desclasificado de 29 segundos que mostraba una lancha destruida mediante un «ataque cinético».
Trump aseguró entonces que los ocupantes eran «narcoterroristas» vinculados al Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela, y reportó la muerte de 11 personas. Posteriormente se conoció que dos lanchas fueron atacadas durante esa acción y que una segunda descarga alcanzó a dos supervivientes que permanecían en el agua y que finalmente murieron.
La Administración Trump sostuvo que el segundo ataque estuvo dentro de la legalidad y que era necesario para destruir completamente el cargamento de droga. Sin embargo, expertos jurídicos y miembros del Congreso estadounidense señalaron que la acción pudo constituir un crimen de guerra. La controversia no frenó la campaña, posteriormente denominada Lanza del Sur.
Después del primer operativo, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) comenzó a informar regularmente sobre nuevos ataques, principalmente a través de redes sociales y con datos incompletos. Los recuentos elaborados por diversos medios y otras entidades señalan que al menos 68 embarcaciones fueron destruidas y no menos de 227 personas murieron, mientras que únicamente se documentó el rescate de tres supervivientes.
Lanza del Sur también formó parte de la estrategia de presión militar de Washington contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado por el Pentágono el 3 de enero durante una infiltración en Fuerte Tiuna, en Caracas. La Casa Blanca, sin embargo, no ha anunciado planes para terminar la operación antidrogas.
La creación de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), integrada por Estados Unidos y otros 18 países de Latinoamérica y el Caribe, apunta a una mayor cooperación regional en seguridad. «La victoria consiste en que todo el territorio de nuestros socios esté bajo el control de esos Gobiernos afines. En otras palabras; cuando Colombia sea capaz de controlar su propio territorio, y no los cárteles, cuando Ecuador pueda controlar su territorio, y no los cárteles, o cuando Venezuela controle su territorio, y no los cárteles», explicó un funcionario estadounidense con motivo del aniversario del operativo.
Según esa fuente, la campaña provocó «reducciones récord» en las actividades marítimas ilícitas detectadas por el Comando Sur, con una disminución del 65 % en el Caribe occidental, 60 % en el Caribe oriental y casi 50 % frente a las costas del Pacífico. «Los estamos obligando a cambiar de ruta. Los estamos obligando a gastar más dinero. Los estamos obligando a asumir mayores riesgos», aseguró el funcionario sobre la presión contra los cárteles y organizaciones criminales, una veintena de las cuales fueron declaradas organizaciones terroristas extranjeras por Washington desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025.
Una jueza de Honduras dictó auto de formal procesamiento contra el exjefe de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández por presuntos ataques a la libertad de prensa, a raíz de una denuncia presentada por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) por una publicación que llamó “sicarios” a varios comunicadores.
Hernández, quien sostiene que enfrenta censura, continuará el proceso con medidas distintas a la prisión preventiva. La Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia presentó a finales de julio el requerimiento fiscal contra el exjefe militar.
El proceso se remonta a mayo de 2025, cuando el CPH denunció ante instancias nacionales e internacionales a las Fuerzas Armadas por una publicación divulgada en uno de sus medios oficiales que calificó de «sicarios» a varios periodistas. El gremio consideró que el señalamiento ponía en riesgo la integridad de los comunicadores y atentaba contra la libertad de prensa.
La publicación apareció en el periódico FF.AA. Digital bajo el titular ‘Sicarios de la verdad’ y fue acompañada por fotografías de al menos tres periodistas y el logotipo del CPH. Francisco Pascua, abogado de cuatro periodistas que participan en el proceso, entre ellos el presidente del gremio, Juan Carlos Sierra, aseguró que presentó «suficiente acervo probatorio para acreditar la afectación al bien jurídico de la libertad de expresión y la comisión del delito y la posible participación del imputado».
La defensa de los periodistas informó que la jueza resolvió dictar auto de formal procesamiento contra Hernández, aunque aplicó medidas diferentes a la prisión preventiva. El exjefe militar, por su parte, declaró ante periodistas que le han limitado su libertad de expresión y recordó que durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 hubo una «conspiración» en su contra y fue acusado de atentar contra la democracia.
Los cuestionamientos contra Hernández durante esos comicios surgieron por una crisis relacionada con el traslado del material electoral. Autobuses contratados circularon por ciudades como Tegucigalpa e incluso permanecieron estacionados en algunos lugares con maletas electorales en su interior, situación que retrasó las votaciones en varios centros. La legislación hondureña asigna a las Fuerzas Armadas el transporte, distribución y vigilancia del material electoral.
La investigación de la Fiscalía incluyó denuncias formales, diligencias previas al juicio, un peritaje especializado del material audiovisual y digital y testimonios incorporados al expediente. El Ministerio Público busca establecer si las publicaciones vulneraron la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, derechos reconocidos por la Constitución de Honduras y tratados internacionales suscritos por el país.
Hernández también recibió cuestionamientos durante su gestión como jefe militar por su afinidad con el entonces gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda. El coordinador general de esa formación política y expresidente hondureño Manuel Zelaya salió públicamente en defensa del exjefe de las Fuerzas Armadas.
Al menos 1,127 personas murieron y otras 4,850 permanecen desaparecidas este miércoles en Nepal, cuando se cumple una semana de las devastadoras inundaciones que arrasaron poblaciones enteras en el norte y centro del país, según el último informe de la Policía nepalí.
Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron otros 77 cuerpos durante las últimas horas, mientras que la cifra de desaparecidos aumentó en casi 1,000 personas respecto al día anterior. La restauración de las telecomunicaciones en varias de las zonas afectadas permitió a las autoridades acceder a nueva información sobre la magnitud de la tragedia.
Entre las víctimas mortales se encuentran al menos 77 niños, mientras que los equipos de emergencia recuperaron más de 400 restos humanos parciales, de acuerdo con el reporte oficial actualizado hasta las 8:00 de la mañana, hora local.
La emergencia también afecta a ciudadanos de otros países. Al menos 583 extranjeros continúan desaparecidos después de las inundaciones, mientras que las autoridades nepalíes reportan hasta el momento el rescate de 6,541 personas, entre ellas 580 extranjeros.
Ante la magnitud de los daños, el Gobierno de Nepal envió el lunes una solicitud urgente a la junta directiva del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños (FRLD), un mecanismo internacional de financiación climática, para obtener asistencia económica destinada a enfrentar las consecuencias de las mortales inundaciones.
La crecida, considerada por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, elevó el nivel del agua entre 15 y 18 metros sobre el nivel habitual del río y destruyó asentamientos ubicados a lo largo de unos 72 kilómetros del río Trishuli.
Las inundaciones también destruyeron el puesto fronterizo de Rasuwagadhi-Kerung, situado en la frontera entre Nepal y China y considerado una ruta estratégica para el comercio bilateral entre ambos países. Decenas de asentamientos ubicados en la zona también resultaron afectados.
Las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda y rescate mientras intentan dimensionar el impacto de la catástrofe en las comunidades incomunicadas. La recuperación de las telecomunicaciones podría permitir conocer nuevos reportes sobre víctimas y desaparecidos en las zonas golpeadas por las inundaciones.
El próximo 9 de septiembre marcará un antes y un después para más de 170,000 salvadoreños en EE.UU., cuando llegue a su fin el Estatus de Protección Temporal (TPS) y se enfrenten a la obligación de regresar a El Salvador, un país que algunos apenas conocen o del que, incluso, no conservan recuerdos.
“Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa, y estoy haciendo una carrera”, dice a EFE Alma, una salvadoreña amparada por el beneficio desde 2001 y que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.
La inmigrante, de 30 años y residente en Misuri, fue beneficiada por el TPS cuando apenas tenía apenas cinco años, después que su madre pidiera el amparo migratorio para las dos.
Alma asegura que no tiene recuerdos de El Salvador, pero sí del amparo migratorio. “Yo crecí con el TPS”, insiste la inmigrante, que llegó a EE.UU. en brazos de su madre con apenas 18 meses de edad.
“Una vez los oficiales de inmigración me subieron en una silla para tomarme las huellas, yo pensaba que era un juego. Ahora de adulta sé que eran los datos biométricos”, cuenta la mujer, que ha estado protegida por el TPS desde su designación en 2001.
Alma ha querido llamar la atención del público sobre inmigrantes como ella, que llegaron a EE.UU. siendo niños y han estado en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, quien desde su primer gobierno ha apuntado a terminar el TPS y el programa de Acción Diferida (DACA).
“Crecí con una vida estadounidense, con valores estadounidenses, ¿por qué nos quieren sacar?”, se pregunta. “De niña yo no tuve la posibilidad de elegir donde hacer mi vida”, añade.
La Casa Blanca ha terminado con el TPS de varios países incluido Haití, Venezuela y Afganistán.
En el caso de El Salvador, un país con el que Trump actualmente mantiene buenas relaciones, el Ejecutivo dejará expirar la protección que vence este 9 de septiembre para unos 170,000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.
Estos salvadoreños perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el país, lo que los pone en un inminente riesgo de deportación.
Una fábrica, varios afectados
Alma trabaja en una empresa de Misuri, donde ha alcanzado el rango de supervisora. Cuenta que la compañía, que tiene plantas fuera de EE.UU., está preparándose para perder a “gente muy trabajadora”, algunos de ellos empleados desde 2001.
“Duele ver cómo la vida va a seguir fluyendo y serán reemplazados, cuando los afectados (los protegidos por el TPS) nos vamos sin nada”, reflexiona.
Para Alma y sus compañeros, el panorama se complica aún más por vivir en un estado republicano, donde los mismos congresistas federales a los que ella debería acudir para que aboguen a su favor quieren que se termine el TPS y que los inmigrantes regresen a su país.
“Cuando la gente me dice ‘regresa’ (a El Salvador), para mí no es regresar a una vida porque no viví allí. Pensar en eso es muy fuerte”, advierte.
Una vida temporal
Una idea que comparte José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una iniciativa conformada desde 2017 para defender el amparo, y que reúne a organizaciones proinmigrantes que abogan por la aprobación de una ley que les permita acceder a la residencia permanente.
Palma, de 48 años, dijo a EFE que la incertidumbre sobre su futuro le ha obligado a frenar los proyectos que tenía, como una construcción en su vivienda.
El activista, que es padre de cuatro ciudadanos estadounidenses, también ha hecho recortes en sus gastos, en un esfuerzo para ahorrar ante la terminación del amparo, que lo dejaría sin autorización para trabajar.
Sin embargo, aún tiene la esperanza de que el Congreso de EE.UU. encuentre un camino para quedarse. Al igual que Alma, resalta que en estos 25 años no se les ha ofrecido una solución.
“Lo habríamos solicitado hace mucho tiempo. ¿Quién quiere vivir sin saber qué pasará con su futuro?», dice Palma.
En el caso de Alma, su madre falleció esperando lograr un camino a la residencia. Ella sigue esperando que el país que la vio crecer le dé una oportunidad para quedarse.
Durante el período de junio de 2025 a mayo de 2026, la Fuerza Armada devengó $366.8 millones, de los cuales $327.4 millones se destinaron al pago del personal, mientras que las inversiones en activo fijo absorbieron el 1.0% de los fondos, según la memoria de labores del Ministerio de la Defensa que abarca el trabajo entre junio de 2025 y mayo de 2026.
El Ministerio de la Defensa Nacional devengó un total de $366,867,564.89 en el período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026. De acuerdo con el informe oficial de rendición de cuentas de la institución, el 89.25% de dichos recursos públicos ($327,426,938) se canalizó de manera exclusiva al rubro de «Remuneraciones».
El reporte presupuestario del ramo castrense detalla que la asignación original para el ejercicio fiscal 2025 fue de $314,363,162.00, mientras que para el ejercicio fiscal 2026 la Asamblea Legislativa fijó una asignación de $334,596,852.00.
Con las modificaciones presupuestarias realizadas a lo largo del período evaluado, el presupuesto programado para ejecutarse entre junio de 2025 y mayo de 2026 alcanzó $367,635,058.00, registrando un nivel general de ejecución del 99.79%.
Bienes, servicios e inversiones de capital
En contraste con el gasto en personal, la «Adquisición de bienes y servicios» representó el segundo componente de mayor erogación, con un monto ejecutado de $32,624,057, lo que equivale al 8.89% del total devengado por la institución militar.
Por su parte, el rubro de «Inversiones en activo fijo» cerró con una ejecución de $3,800,059.00, equivalente al 1.04% del gasto total en el ejercicio.
El resto de los fondos devengados en el período se distribuyó entre «Transferencias corrientes», que absorbieron $2,393,098 (el 0.65% del total), y «Gastos financieros», que sumaron $623,412 (el 0.17%). No se reportaron transferencias de capital ni otras asignaciones extraordinarias durante dicho intervalo.
El informe ministerial señala que parte del incremento en los recursos orientados al personal militar responde al otorgamiento de un bono mensual de alimentación de $200 para los efectivos desplegados.
En el ámbito de las adquisiciones materiales ejecutadas en el segundo semestre de 2025, la memoria reporta la compra de materia prima para la confección de calzado y uniformes militares, la dotación de carabinas M4A1 de calibre 5.56 mm y la incorporación de equipos de protección personal, tales como chalecos balísticos y cascos.
Pese a los niveles de ejecución presupuestaria cercanos al 100%, el documento consigna en su apartado de dificultades la existencia de limitaciones de índole financiera.
Específicamente, Defensa identificó requerimientos pendientes de financiamiento para ampliar la compra de medios de transporte institucional («movilidad estratégica»), equipos de comunicación, modernización continua de armamento, maquinaria de construcción y herramientas técnicas destinadas al área de ciberseguridad.
Una vaguada en las capas altas de la troposfera sería la causante de las lluvias con granizo que están previstas para la tarde de este miércoles, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El pronóstico de este miércoles indica que a finales de la tarde se esperan lluvias y tormentas en la zona norte y en oriente, zona que ha enfrentado una sequía por los últimos dos meses.
Las lluvias se esperan en zonas de los departamentos de San Vicente, San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, Sonsonate y Santa Ana, y se tratará de tormentas de moderadas a fuertes, acompañadas de vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y granizo.
Por la noche, se esperan lluvias en la zona central, occidental y el Área Metropolitana de San Salvador, pero principalmente en Usulután, San Miguel y Morazán, tres de los cuatro departamentos más afectados por la sequía meteorológica.
Entre las 7:00 de la mañana del 31 de agosto hasta el 7:00 de la mañana de ayer, 1 de septiembre, el MARN reportó lluvias de hasta 48.8 milímetros en Chapeltique, San Miguel, pero también se percibieron lluvias leves en los alrededores de San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión.
¿Y el calor?
Por otro lado, las temperaturas se van a mantener cálidas en todo el territorio nacional, pese a la presencia de lluvias.
De esta manera, Medio Ambiente prevé hasta 38 grados Celsius en San Miguel, 36 grados Celsius en La Unión, uno menos en Nueva Concepción; 33 grados en Santa Ana, 32 grados en La Libertad y Acajutla, por otro lado, se esperan 31 grados en San Salvador.
El conductor de un autobús de la ruta 208 fue detenido por el delito de homicidio culposo este martes en Sonsonate, después de arrollar a una pareja de ancianos, indicó la Policía Nacional Civil (PNC).
La corporación identificó al detenido como Edwin Yovani Mejía, de 38 años de edad, quien conducía la unidad de transporte colectivo; la PNC señaló que Mejía conducía a una velocidad inadecuada y perdió el control de la unidad, arrollando a una mujer de 68 años y a un hombre de 76. Ambos murieron horas después, en un hospital.
La tragedia ocurrió en el kilómetro 36 de la carretera que de Sonsonate conduce a la capital, San Salvador, en la jurisdicción de Armenia.
Cerca del mediodía otro siniestro donde un bus estuvo involucrado, ocurrió en la carretera hacia el Puerto de La Libertad, en la jurisdicción de Ayagualo, donde cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales en Santa Tecla, luego que un bus de la ruta 40 colisionara con un camión y este último volcara en la cuneta.
Al menos cinco personas resultaron lesionados luego que un bus de la ruta 40 y un camión colisionaran en la carretera hacia el Puerto de La Libertad.
Según reportes de Comandos de Salvamento, los lesionados son Zoila Elizabeth Hernández de Sánchez de 68 años de edad, Wilson Paredes Hernández de 87 años, Nahomi Alexia Hernández de 22 años, Wendy García de 30 años, y Camila Priscila Flores de 25 años.
Los primeros dos lesionados viajaban en el bus, placas AB71-424, según el reporte de Comandos mientras que de las otras tres personas no se precisó si también eran ocupantes de la unidad de transporte.
El choque ocurrió en el kilómetro 14 de la carretera que conduce al Puerto de La Libertad, a la altura del Cristo Negro; según el Viceministerio de Transporte (VMT), el autobús colisionó con el vehículo liviano de transporte de carga en el sector de Ayagualo, el cual portaba placas P939 014, y volcó en la cuneta de la vía
Los adultos mayores fueron trasladados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), junto a otra de las mujeres; las otras dos fueron llevadas al hospital San Rafael, ambos nosocomios en Santa Tecla. Las autoridades no precisaron la causa del siniestro vial, sin embargo, ambos vehículos tuvieron daños considerables.
Hasta ayer, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial hacía cuentas de 15,041 siniestros viales en todo lo que va del año, que han dejado 15,641 lesionados y 964 muertos por esta razón.
La mujer que murió este lunes en Nueva York tras ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria.
«Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos», indicó el banco en un comunicado enviado a EFE.
🇺🇸 Las imágenes muestran el momento en que una mujer es abatida por la Policía de Nueva York tras matar a puñaladas a una persona y herir a otra en Times Square. La mujer ignoró las descargas de los tasers y avanzó con dos cuchillos hacia los agentes. https://t.co/GFI7uiRin5
«Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos», agrega la nota.
Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros, muriendo poco después en un hospital de la ciudad.
Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios.
Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no ha sido identificado.
La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente, que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde.
De acuerdo con la policía, Cisneros había enfrentado ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos.
El incidente provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.
