A pesar de mejoras «limitadas», el aparato represivo del Estado venezolano, responsable de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, permanece «intacto», alertó este miércoles la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.
En su nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.
«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», resumió al presentarse el documento la nueva presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher.
Leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los «colectivos», fuente permanente de intimidación y violencia, alerta la misión de tres expertos.
Periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana, y al menos 19 funcionarios que la misión identificó en informes previos como responsables de graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando puestos clave en el régimen.
En la parte positiva, la misión observó este año una disminución significativa de las detenciones de larga duración y desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, así como «un margen algo mayor» para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.
Persisten las torturas
En cambio, la misión ha seguido documentando patrones de tortura y malos tratos contra detenidos por motivos políticos, citando casos de intubación forzada y confinamiento prolongado en cisternas subterráneas (un método apodado «la máquina del tiempo») en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I.
En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, la misión denunció el confinamiento de personas en celdas similares a fosas subterráneas, así como privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones degradantes.
En total la misión recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, mientras cientos de personas siguen expuestas a «condiciones de detención deplorables», que en algunos casos han tenido como consecuencia la muerte bajo custodia de presos por malos tratos o falta de atención médica.
Pese a la reducción en el número de presos políticos por las excarcelaciones, la misión señaló que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivaciones ideológicas, según datos de organizaciones no gubernamentales.
Aunque unas 200 de las 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos denunciadas en los últimos 12 meses se produjeron antes de la captura de Maduro, tras el 3 de enero la misión ha identificado un patrón recurrente de arrestos de corta duración para intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros actores.
«Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible», advirtió la presidenta de la misión.
El canadiense Alex Neve, quien junto a Macher y a la mexicana-argentina María Eloísa Quintero completa la misión, pidió a la luz del informe que Estados Unidos y otros «actores influyentes» intensifiquen sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela.
No obstante, esos actores deben asegurarse de que sus acciones «no contribuyan a más violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales», agregó.
Estudio profundo de los «colectivos»
Junto al informe sobre 2026, la misión presentará este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU otro centrado en el funcionamiento de los grupos civiles armados conocidos como «colectivos», donde concluye que no son organizaciones marginales o periféricas, sino «parte central del aparato represivo estatal».
Su consolidación y expansión durante los gobiernos de Maduro y Hugo Chávez «no fue fortuita, sino que respondió a una estrategia política orientada a fortalecer las bases de apoyo para su proyecto político, también a través de la violencia y la coacción», indicó este informe.
La relación con instituciones del Estado, añade, está probada con la incorporación de integrantes de esos colectivos en la Policía Nacional Bolivariana, o, a la inversa, con la llegada a esos grupos civiles de miembros retirados o en activo de las fuerzas armadas y de seguridad.
