Autor: Uveli Aleman

El Salvador enviaru00e1 un grupo de trabajadores a Espau00f1a como parte de un programa de migraciu00f3n laboral, informu00f3 este martes el Ministerio de Trabajo y Previsiu00f3n Social (MTPS).

España es el tercer destino al que El Salvador envu00eda trabajadores con visas de empleo temporal, despuu00e9s de Estados Unidos y Canadu00e1. Tambiu00e9n se tiene una alianza con Costa Rica, pero hasta el momento no se ha materializado la primera misiu00f3n de empleados.

Rolando Castro, ministro de Trabajo, aseguru00f3 que el grupo de salvadoreu00f1os tiene permiso para trabajar en la naciu00f3n europea por cuatro au00f1os a travu00e9s de un contrato con una cadena hotelera, con oportunidad de renovaciu00f3n por igual peru00edodo.

«Van como socorristas acuu00e1ticos, un segmento ocupacional que muchos no se lo esperaban. Estamos hablando de un rubro que ha estado invisibilizado, pero que son personas muy profesionales», afirmu00f3 en conferencia de prensa.

Castro aseguru00f3 que los salvadoreu00f1os viajan con todas las prestaciones legales de la regulaciu00f3n espau00f1ola, con oportunidad de realizar horas extras. Ademu00e1s, el convenio establece que trabajaru00e1n ocho meses y pasaru00e1n cuatro meses con la familia en El Salvador.

La salida del primer grupo prevista para este 18 de marzo es parte de un convenio firmado en junio de 2022 entre el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Inclusiu00f3n, Seguridad Social y Migraciones de Espau00f1a durante una gira en Europa.

El Salvador comenzu00f3 a implementar un programa de migraciu00f3n laboral con Estados Unidos en 2021, inicialmente con permisos para el sector agru00edcola como contenciu00f3n a la migraciu00f3n irregular de los cordones de pobreza.

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Consulares, del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2024 se aprobaron 8,230 visas de empleo temporal tipo H-2A (agricultura) y H-2B (servicios).

En 2021 se comenzu00f3 a implementar un programa con Canadu00e1 y desde finales de 2023 se incorporu00f3 Costa Rica, que, segu00fan se ha comprometido en varias ocasiones Castro, se materializaru00eda con el primer grupo de trabajadores en el primer trimestre de 2025.

Castro afirmu00f3 que para el primer semestre de 2025 tambiu00e9n se anunciaru00eda otro destino europeo para enviar mano de obra salvadoreu00f1a. Como parte de una gira en 2022, el MTPS firmu00f3 un memorando con Italia.

Un 86 % de la banca en El Salvador corresponde a capital colombiano, centroamericano y estadounidense, revela un estudio elaborado por el Banco de España en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).

El Informe de Economía Latinoamericana analizó los efectos de las políticas monetarias internacionales y locales en el crédito bancario en Centroamérica y República Dominicana, influido principalmente por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central).

La investigación plantea que desde la crisis financiera internacional de 2008 se observó un aumento en la presencia de bancos con capital colombiano y centroamericano, que comenzaron a desplazar a las entidades financieras estadounidenses. De la región, los mayores movimientos se registraron en adquisiciones por parte de las organizaciones de origen hondureño y nicaragüense.

En El Salvador, la banca de capital colombiana representa un 54.1 % del mercado, mientras que el resto de capital extranjero (centroamericano y estadounidense) es un 31.9 %. Los bancos de origen salvadoreño solo representan un 14 %.

De acuerdo con el informe, El Salvador tiene la mayor participación de la banca colombiana a nivel centroamericano, pues en Costa Rica representa un 26.6 %, en Nicaragua un 28.4 %, en Honduras un 23.7 % y en Guatemala un 17.4 %.

Nicaragua y El Salvador tienen un elemento en común: la mayor parte de la banca es capital extranjero. En el caso nicaragüense, las instituciones de capital externo representan un 47.6 %, después el colombiano (28.4 %) y las instituciones locales (24 %).

“Los bancos de capital extranjero, excluyendo los colombianos, tienen una participación relevante en el crédito de El Salvador y Nicaragua, donde destacan particularmente los bancos de origen hondureño”, matizó el estudio.

Mientras que El Salvador es una economía dolarizada, Nicaragua mantiene una alta concentración de dólares en el crédito, que supera el 95 % de la cartera concebida, sostuvo el estudio.

Debido a la dependencia económica con Estados Unidos, planteó la investigación, un aumento de un punto porcentual en el tipo de interés por parte de la Fed genera en promedio una reducción del volumen de crédito de 0.3 % en toda Centroamérica, independiente del capital del banco.

En cambio, cuando Colombia aplica un aumento en la tasa de interés se genera un impacto positivo en el crédito otorgado por las filiales en la región, explicado por la diversificación geográfica del modelo de negocio.

Composición del mercado

En el mercado salvadoreño operan 13 grandes bancos, de los cuales cinco son de capital salvadoreño. Los bancos Fomento Agropecuario e Hipotecario son públicos, mientras que Abank, Azul e Integral son privados.

Bancoagrícola, el más grande del mercado con 1.6 millones de clientes, es parte de Bancolombia, así como Davivienda forma parte del grupo colombiano Bolívar y el cuarto más grande de la plaza salvadoreña.

Por su parte, Cuscatlán es de Inversiones Cuscatlán Centroamérica. Creada en 1972, la marca pasó a propiedad de Citibank en 2007, que en 2016 vendió las acciones a Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán S.A. y en 2019 compró al canadiense Scotiabank y Scotia Seguros.

Estos movimientos lo han colocado como el segundo banco más grande de El Salvador, según la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa).

De Honduras también es Atlántida, una división del Grupo Financiero Atlántida, que en 2017 compró las acciones de Banco ProCredit.

El Banco de América Central (BAC Credomatic) es de origen nicaragüense, así como Promerica.

Industrial es un banco de capital guatemalteco, mientras que Citibank es el único de capital estadounidense aún en la plaza local, pero solo atiende clientes corporativos.

La Superintendencia de Competencia (SC) informó el 11 de marzo que inició el análisis de solicitud presentada por Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. para adquirir el capital de La Hipotecaria Holding Inc.

«La SC se encuentra evaluando la solicitud a la luz de lo dispuesto en la Ley de Competencia y su reglamento, que establecen el procedimiento para autorizar concentraciones económicas y los criterios para determinar si dichas operaciones podrían limitar significativamente la competencia», señaló en el comunicado.

La institución tiene 90 días a partir de la recepción de la solicitud para resolver si autoriza la compra, después de evaluar si la transacción no afecta la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.

Inversiones Cuscatlán Centroamérica, sociedad controladora de Banco Cuscatlán y SISA en El Salvador, anunció en diciembre pasado que llegó a un acuerdo de compra con el panameño Grupo ASSA para adquirir la operación completa de La Hipotecaria Holding Inc. en los mercados de Panamá y sus subsidiarias en El Salvador y Colombia.

La SC indicó que la evaluación buscará prevenir posibles daños en el sector financiero, crucial para la economía salvadoreña. Citando datos de 2023 del Banco Central de Reserva (BCR), la institución señaló que representó un 25 % del producto interno bruto (PIB), con un crecimiento interanual de un 4.2 %.

«Este rubro no solo impulsa la economía nacional, sino que también genera empleo y facilita el acceso al financiamiento para empresas y familia, un pilar esencial para el bienestar de los salvadoreños y la competitividad del país», sumó Competencia.

La Hipotecaria Holding, fundada en 1997, se dedica al negocio de préstamos hipotecarios para el segmento de viviendas en el rango de precio de $45,000 a $120,000. Al término de 2023, manejaba una cartera de $1,070 millones en los tres mercados de operación.

A pesar de que las perspectivas económicas no se actualizan públicamente desde mediados del año pasado, el Banco Central de Reserva (BCR) planteó ante las autoridades regionales que la economía salvadoreña crecería en 2025 de entre 3 % y 3.5 %.

El dato se desprende de un comunicado compartido este lunes por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca) sobre el cierre de la 303ª reunión con autoridades regionales, realizada entre el 13 y el 14 de marzo en Managua, Nicaragua, y donde participó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez.

Según la información, que retoma los programas macroeconómicos de los países, el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció entre 2.5 % y 3 % en 2024, mientras que para 2025 se plantea un escenario de 3 % a 3.5 %.

La última vez que el presidente del BCR habló con la prensa sobre las proyecciones de crecimiento fue en junio de 2024, cuando anticipó un «dinamismo» de entre 3.5 % y 4 %. Ese desempeño, sin embargo, se vio minado en los siguientes meses por un «freno» en la actividad económica y el decrecimiento de las exportaciones.

El calendario de divulgación de variables económicas del BCR anticipa que la actualización del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2024 se publicará el 28 de marzo próximo. Usualmente, los titulares del BCR ofrecen una conferencia de prensa para explicar los resultados, pero en la última mitad del año pasado solo se cargaron los datos en la base de información.

Con base a los escenarios preliminares, El Salvador se quedó en 2024 en el último puesto de crecimiento económico de la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) -no incluye a Panamá-.

Costa Rica mostró el mayor desempeño, con 4.3 %. Entretanto, las autoridades de Nicaragua estiman que la economía nicaragüense creció entre 3.5 % y 4.5 %, Honduras 3.6 % y Guatemala 3.7 %. Si se incluye a República Dominicana, que es parte de la región SICA, fue el de mayor crecimiento con 5 %.

La Secmca también detalló que la inflación en la economía salvadoreña cerraría este año de entre 0 % a 0.5 %, después de que en diciembre de 2024 se situó en 0.29 %.

Según el comunicado, los banqueros centrales reconocieron que el desempeño de la economía global se mantendrá este año con relativa estabilidad debido a la guerra comercial que ha emprendido el presidente estadounidense Donald Trump, con una avalancha de respuesta de los socios comerciales.

En los riesgos para este año, las autoridades regionales temen un repunte de la inflación asociada con las perturbaciones por conflictos geopolíticos, que deriven en un aumento de los precios en bienes primarios.

“Se suman los fenómenos climáticos que pudieran afectar la disponibilidad y los precios de los alimentos”, sumó la Secretaría.

El presupuesto general de la nación de 2025 contempla una reducción de $857,650 para la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin y la Comisión Nacional de Activos Digitales.

Ambas instituciones se encuentran bajo la tutela del Ministerio de Economía (Minec), incluidas en el presupuesto a partir de 2024 y creadas con la Ley de Emisión de Activos Digitales que la Asamblea Legislativa aprobó en noviembre de 2023.

De acuerdo con la ley del presupuesto, ambas tienen una asignación de $2,969,173 para 2025, un 22.4 % inferior en relación con los $3,826,823 que se presupuestaron en 2024.

La Agencia Administradora de Fondos pasó de tener una asignación de $1,075,051 en 2024 a $896,390 en 2025, una reducción de $178,661 (16.6 %).

Entretanto, la Comisión de Activos Digitales tiene un presupuesto de $2,072,783, inferior en $678,989 en comparación con los $2,751,772 reportados en 2024, equivalente a una reducción de un 24.6 %.

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¿Qué hacen estas instituciones?

La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin tiene la función de administrar y resguardar los fondos provenientes de las ofertas públicas que emita el gobierno salvadoreño o las instituciones autónomas.

Además, tiene la facultad de invertir los fondos provenientes de las ofertas públicas, así como cobrar comisiones de administración de hasta un máximo de 0.5 %. Para esto, puede abrir cuentas bancarias o criptográficas.

En cambio, la Comisión tiene entre sus facultades habilitar o suspender ofertas públicas o cualquier otra solicitud de privado.

Asimismo, puede autorizar, suspender, revocar o cancelar el registro de proveedores de servicios de activos digitales; establecer mecanismos de salvaguarda de los activos emitidos a través de ofertas públicas; e inscribir emisores.

La Comisión también examina y vigila las actividades de los proveedores de servicios de activos digitales o cualquier otra entidad sujeta a fiscalización, así como cobrar por las tasas de los registros.

El acuerdo de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla una camándula de restricciones de la intervención pública en actividades vinculadas al bitcoin. Por un lado, restringe las compras de la criptomoneda y, por el otro, establece la liquidación del Fideicomiso Bitcoin (Fidebitcoin) y la salida del Ejecutivo en la operación de la Chivo Wallet.

En cumplimiento al acuerdo, el gobierno publicó los estados financieros de la Chivo Wallet, los cuales revelaron que el monedero estatal opera con pérdidas. En 2024 cerró con $245.4 millones en pasivos, mientras que sus activos superan los $238.61 millones.

El sistema de banca corporativa estu00e1 conformado por 13 instituciones, de las cuales cinco tienen la mayor participación en mu00e1s del 70 % en la cartera de préstamos y depósitos.

Estos bancos tienen en su tutela una cartera de depósitos de $18,922.8 millones al cierre de 2024, la cual incrementó en $1,525.6 millones (8.8 %) frente a 2023, mientras que los préstamos rebasaron los $17,498.9 millones en 2024, al menos $1,119.3 millones (6.8 %) mu00e1s que el año previo, según la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa).

A la lista se incorporó Integral, quien recibió el aval por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) luego de superar el límite legal para administrar en la cartera de depósitos.

Dos bancos son públicos -Fomento Agropecuario (BFA) y el Hipotecario-, mientras que cinco son de capital salvadoreños: Hipotecario, Azul, BFA, Integral y Abank.

Los cinco bancos mu00e1s grandes representan un 78.1 % de la cartera de préstamos y un 79.6 % en los depósitos.

Top de los 5 bancos mu00e1s grandes

Bancoagrícola: 24.2 % en préstamos y 25.4 % en depósitos, por lo que es la institución bancaria mu00e1s grande del mercado que atiende a un poco mu00e1s de 1.6 millones de clientes.

Cuscatlán: 17.9 % en créditos y 17.4 % en depósitos, especializado sobre todo en créditos de vivienda.

BAC Credomatic: 15.6 % y 15 %, en ambas carteras, su fuerte es el mercado de tarjetas.

Davivienda: 14.2 % en préstamos y 13.6 % en depósitos, parte del colombiano Grupo Bolívar.

Hipotecario: es el único banco público y de capital salvadoreño en la lista, con una participación de 6.2 % en los préstamos y 8.2 % en depósitos.

El Ministerio de Hacienda ha habilitado la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2024, una obligación que los contribuyentes deben honrar antes de finales de abril próximo, cuando cierre el período.

El calendario de obligaciones tributarias establece que el 30 de abril es el último día para declarar el ISR, uno de los mayores generadores de ingresos al fisco salvadoreño que se carga a los asalariados y las ganancias de las empresas.

Como en años anteriores, la declaración se realiza en línea en el área de la Dirección General de Impuestos Internos, pero los contribuyentes con dudas pueden acercarse a los centros de atención o comunicarse al 2237-3444.

1. ¿Quiénes están obligados a declarar?

• Las personas naturales asalariadas con ingresos anuales superiores a $60,000, o con rentas iguales o menores a $60,000 si resulta con monto a pagar.
• Personas naturales domiciliadas o no con renta imponible de una fuente salvadoreña superior a la base exenta ($4,064.00).
• Los sujetos que estén obligados a llevar contabilidad formal.
• Todo sujeto a quien se le hubiere retenido el impuesto, ya sea total o parcialmente.
• Los que hubiesen declarado en el ejercicio anterior.
• Todos los sujetos registrados como contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios («IVA»), aunque no hayan percibido ingresos.

2. ¿Qué ingresos debe declarar el contribuyente?
Los contribuyentes deben declarar todos los ingresos obtenidos por utilidades, efectivo o provenientes de cualquier fuente como el trabajo, actividad comercial o inversiones de capital.

3. Deducciones
La ley permite deducciones por hasta $800 en gastos médicos y $800 por gastos de educación, así como cuando un negocio tiene renta diversa.

4. ¿Cuánto tiempo se debe guardar las facturas médicas y de estudios?
Para que usted pueda aplicar la deducción tiene que mantener las facturas para evitar futuros problemas con Hacienda.

El artículo 33 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece que las personas naturales deben conservar las facturas por gastos médicos y de educación por un período de seis años, mientras que a los contribuyentes con rentas diversas se recomienda mantenerlas por 10 años.

5. ¿Si alquilo vivienda puedo deducir ese gasto?
Es deducible el precio del arrendamiento de los bienes muebles o inmuebles utilizados en la producción de ingresos gravables con el ISR. Sin embargo, no aplica para las cantidades invertidas en arrendamiento de vivienda para el uso personal del contribuyente, según el artículo 29 de la ley.

6. ¿Qué pasa si debo declarar y no lo hago?
No presentar la declaración de ISR es sancionado con una multa equivalente al 40 % del impuesto que se determine, la que en ningún caso podrá ser inferior a un salario mínimo mensual, según el Código Tributario.

Además, el contribuyente podría tener el estado de insolvencia y, en consecuencia, no podría realizar ciertos actos para los cuales la solvencia tributaria es requerida.

7. ¿Puedo pagar a plazos si me sale con saldo a pagar?
Sí, el artículo 74 de la ley habilita la concesión de prórrogas y facilidades diferidos para el pago del ISR.

Los contribuyentes pueden solicitar los plazos ante la Dirección General de Tesorería, del Ministerio de Hacienda, en el mismo portal donde declare y establecer su cronograma de pagos.

La solicitud de pago a plazo procederá únicamente sobre el 90 % del valor determinado a pagar, excepto para los asalariados que podrán solicitar plazo sobre el total del impuesto a pagar.

El gobierno salvadoreño ha comprado al menos 25 bitcoins para la reserva estratégica desde la aprobación del acuerdo por $1,400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que limita la intervención pública en las actividades vinculadas a la criptomoneda.

De acuerdo con la Oficina del Bitcoin, creada por decreto del Ministerio de Economía en 2022, el 26 de febrero de 2025 la reservaba acumulaba 6,091.18 bitcoins, mientras que para este 14 de marzo representa 6,115.18 monedas.

La agencia estatal publica casi todos los días que ha adquirido un bitcoin, como lo ha hecho desde que el presidente salvadoreño Nayib Bukele se comprometió en noviembre de 2022 de que su gobierno compraría una criptomoneda diaria.

Las compras de criptomonedas han generado mensajes cruzados en el mercado, ya que el programa del FMI, aprobado el 26 de febrero, limita el ecosistema del bitcoin en cuanto a las compras con fondos públicos, así como el compromiso del gobierno de separarse del monedero estatal Chivo Wallet.

Los compromisos asumidos por el gobierno ante el Directorio del FMI parecían un revés a la política adoptada por el gobierno de Bukele desde la incursión de la criptomoneda en septiembre de 2021; sin embargo, Bukele dijo el 4 de marzo pasado que el “bitcoin no se detendrá ahora”.

“Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los bitcoiners nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro”, sostuvo Bukele en ese momento.

Por su parte, el informe del FMI establece que “a lo largo del programa, las autoridades se han comprometido a no acumular bitcoins y a no emitir ni garantizar ningún tipo de deuda pública indexada o denominada en bitcoin o instrumentos tokenizados que impliquen una responsabilidad para el gobierno”.

En las últimas declaraciones de Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, dijo que “las autoridades (salvadoreñas) han confirmado que estas son consistentes con las condicionalidades acordadas en el programa”.

“El gobierno se comprometió a no acumular bitcoins a nivel del sector público en general”, sostuvo.

A las 11:30 a.m. de este viernes, la cotización de la criptomoneda se ubicó en $84,350, lejos del máximo reportado el 20 de enero pasado cuando alcanzó los $108,786.

La inversión pública ejecutada cayó un 28.6 % al cierre del año pasado y superó los $1,127.34 millones, revela el último informe del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2024 del Ministerio de Hacienda.

El saldo de la inversión ejecutada fue inferior en $451.97 millones en comparación con los $1,579.31 millones reportados en 2023, cuando alcanzó una cifra récord, según el historial de Hacienda.

El monto ejecutado representó un 63.9 % de los $2,469.57 millones programados en inversión pública para 2024, correspondientes a 325 proyectos a cargo de 44 instituciones del aparato público.

A pesar de la caída, Hacienda destacó en su informe que la ejecución se mantuvo por arriba del promedio de los últimos seis años, situado en $992.51 millones. Es además el segundo monto más alto registrado hasta la fecha, después de los resultados de 2023.

La inversión pública es un indicador sensible de la economía salvadoreña, ya que estimulan la inversión privada, sobre todo en la industria de la construcción, al tiempo que atienden una necesidad de la población en infraestructura o áreas sociales, como salud y educación. Sin embargo, está a expensas de la capacidad de ejecución y financiamiento del gobierno.

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Aunque el gobierno no ha explicado la caída en la ejecución, la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) ha insistido en varias ocasiones que la industria tuvo menor desempeño el año pasado porque en 2023 hubo más proyectos de infraestructura, como los escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el concurso de belleza Miss Universe.

Los diez proyectos más onerosos representaron $1,212.45 millones programados (49 % del total), de los cuales se ejecutaron $570.36 millones.

El Ministerio de Educación tenía tres grandes proyectos, de los cuales dos quedaron con bajo cumplimiento. Esta institución tenía Crecer y Aprender Juntos, con $225 millones previstos y el monto más alto de todo el PAIP 2024, pero apenas se ejecutaron $6.17 al cierre del año pasado, equivalente a 3 %.

También tenía el programa Mi Nueva Escuela, con $140 millones programados de los cuales se ejecutaron $10.89 millones. Esto significó un cumplimiento del 7.7 %.

Entretanto, el proyecto de Reducción de Brecha Digital en los Centros Escolares alcanzó un cumplimiento de 88.8 % con $91.34 millones ejecutados de los $101.8 millones contemplados.

El Ministerio de Obras Públicas tenía en programación $171.87 millones para la construcción del viaducto y ampliación del tramo de Los Chorros, de los cuales se ejecutaron $30.96 millones, un 18 %.

De acuerdo con Hacienda, los únicos proyectos que se ajustaron a lo programado corresponden obras municipales para infraestructura y red vial a nivel nacional, a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM). Para el primero se tenían previstos $142.98 millones, ejecutados íntegramente, mientras que para el segundo se habían considerado $132.09 millones y se cumplieron $132.08 millones.

El Fondo de Conservación Vial (Fovial) ejecutó $38.74 millones de los $92.65 millones programados (equivalente a 41.8 %) para el programa de inversiones adicionales al mantenimiento, mientras que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) utilizó $51.88 millones de los $56.49 millones previstos (91.8 %) para la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión.

El Ministerio de Salud tenía el proyecto Creciendo Saludables Juntos por $80.13 millones, de los cuales se ejecutaron $21.01 millones (26.2 %), así como el Programa Integrado de Salud II por $69.39 millones, con una ejecución de $44.30 millones (63.8 %).

Las exportaciones de cuadernos registraron un crecimiento interanual de 122 % en enero pasado, destacó el Banco Central de Reserva (BCR).

El informe analítico de comercio exterior señala que este producto destacó en el primer mes del año debido al inicio del año escolar. Solo en enero se enviaron $568,649, una cifra que aumentó en $313,476 en relación con los $255,172 reportados en igual período de 2024.

No se trata de la cifra mensual más alta, ya que en noviembre de 2023 se registraron exportaciones por $587,928.

“Cabe señalar que el principal comprador fue Guatemala con $0.3 millones (inicia el año escolar en febrero), que concentró el 60 %, y los demás países fueron Colombia, Nicaragua y Perú”, añadió el BCR en su informe.

Destino de exportación

En concreto, El Salvador exportó cuadernos a siete países. Guatemala adquirió $339,636 y creció un 146 %, mientras que Colombia no tiene punto de comparación porque no hubo exportación de este producto hasta septiembre de 2024.

Similar resultado ocurrió con Perú, que demandó $80,597 y comenzó a importar de las plantas salvadoreñas en septiembre del año pasado.

Sin embargo, las importaciones de cuadernos son cuatro veces superiores a las exportaciones. De acuerdo con el BCR, se adquirieron un poco más de $2.31 millones, con un crecimiento del 60 % ($869,082) frente a los $1.44 millones que se registraron en igual mes del año pasado.

Guatemala es el principal proveedor, con envíos valorados en $1.52 millones. También hay compras desde China, India, Brasil y Ecuador.