Autor: Uveli Aleman

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó este jueves que las autoridades salvadoreñas están conscientes de los

compromisos que asumieron en el programa de financiamiento por $1,400 millones sobre limitar las compras de bitcoin con fondos públicos.

«El gobierno se comprometió a no acumular bitcoins a nivel del sector público en general», añadió Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, en una conferencia en Washington.

«Respecto del reciente aumento de las tenencias de bitcoin por parte del Fondo de Reserva Estratégica de Bitcoin, las autoridades han confirmado que estas son consistentes con las condicionalidades acordadas en el programa, y seguimos en contacto con las autoridades sobre este importante tema», añadió Kozack.

El programa de Servicio Ampliado del Fondo aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI contempla el compromiso del gobierno de Nayib Bukele de limitar al mínimo su intervención en las actividades económicas vinculadas al bitcoin.

El paquete de compromisos asumidos por El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva (BCR), incluye que se limitarán las compras de bitcoin, pero el presidente Nayib Bukele desafió al FMI al afirmar el martes pasado que las adquisiciones no se

detendrían, e incluso reprochó que «la mayoría de bitcoiners nos abandonaron».

La Oficina del Bitcoin, una dependencia de Casa Presidencial, ha mantenido estos días una compra diaria de bitcoin. Su titular, Stacy Herbert, también

recriminó a los bitcoiners que confían más en «las palabras del FMI» que en las acciones del gobierno de Bukele.

El acuerdo establece estrictamente que el «programa limitarán la participación del gobierno en las actividades económicas relacionadas con bitcoin, así como en las transacciones gubernamentales y compras de bitcoin». Además, estipula que no se crearán nuevas entidades públicas que participen en operaciones de bitcoin, excepto si es necesario para administrar los activos existentes y de acuerdo con el personal del FMI.

La portavoz del FMI insistió que el programa tiene como «objetivo abordar los riesgos asociados con el proyecto bitcoin para proteger a los consumidores e inversores, así como limitar los posibles costos fiscales».

Asimismo, el gobierno se ha comprometido a publicar los estados financieros de la billetera estatal Chivo, así como eliminar su participación en el monedero y liquidar al fideicomiso de convertibilidad.

De igual manera, el programa con el FMI contempla medidas para garantizar la «sostenibilidad fiscal, reconstruir los amortiguadores externos y financieros, fortalecer la gobernanza y la transparencia y, en última instancia, crear las condiciones para un crecimiento más sólido y resiliente», indicó Kozack.

El plan de consolidación incluye un ajuste fiscal de 3.5 % del producto interno bruto (PIB) en los próximos tres años. Este año inició un tramo de 1.5 %, reflejado por el lado de gastos sobre todo con los recortes de la masa salarial.

La aprobación del programa incluye un desembolso inmediato de $113 millones, pero el resto del financiamiento se entregará a partir del desempeño del programa. Inicialmente se realizarán dos revisiones trimestrales para la implementación temprana del acuerdo, las cuales garantizarán la credibilidad y los efectos catalizadores.

Después se realizarán evaluaciones semestrales para realizar las «ambiciosas reformas estructurales apoyadas con el programa».

Stacy Herbert, directora de la Oficina del Bitcoin,

reprochóel cuestionamiento de «algunos bitcoiners» que creen más en las palabrasdel Fondo Monetario Internacional (FMI) que en las «acciones» del gobierno de Nayib Bukele sobre el ecosistema de criptomoneda.

«Algunos «bitcoiners» confían en las palabras del FMI sobre las acciones» tomadas por el gobierno salvadoreño para construir una reserva de criptomonedas, escribió en redes sociales la portavoz de la oficina con una lámina que confirmaba la compra de un bitcoin el pasado 4 de marzo.

«Las acciones hablan más que las palabras y deben tenerse más en cuenta. Las acciones tomadas por el presidente Bukele durante los últimos casi cuatro años han hecho más por la adopción de bitcoin que todas las palabras engreídas publicadas en X desde lejos», objetó.

Para los bitcoiners, el gobierno de Nayib Bukele dio su brazo a torcer ante el FMI en el tema de bitcoin, ya que el programa de $1,400 millones pone límite a la compra de criptomonedas con fondos públicos, así como la intervención el monedero estatal Chivo Wallet, la liquidación del fideicomiso de convertibilidad y ordena la publicación de informes financieros.

Samson Mow, CEO de JAN3 y Pixelmatic, que acompañó al gobierno salvadoreño en sus primeros pasos en la adopción del bitcoin,

criticóque el acuerdo con el FMI disiente de las declaraciones del presidente Bukele, quien a través de redes sociales ha asegurado que continuará con la compra de bitcoin.

Herbert, por su parte, volvió a compartir una publicación de diciembre de 2024 en la que aseguraba que el gobierno no retrocedería en su plan de acumular más bitcoin y que, por el contrario, aceleraría las adquisiciones.

Mientras se aviva la polémica, la Asamblea Legislativa aprobó en enero pasado un paquete de reformas a la Ley Bitcoin a petición del gobierno para establecer el uso de la criptomoneda de manera voluntaria, solo en el sector privado, y se eliminó la opción de pagar impuestos.

Este cambio era parte de las condiciones previas que puso el FMI para aprobar el acuerdo, que también establece que el gobierno tiene hasta julio para publicar y adoptar un plan de negocios para poner fin al uso de fondos públicos y su participación en la Chivo Wallet.

Los ingresos por la exportación de café crecieron un 80 % en los primeros cuatro meses del ciclo 2024-2025, de acuerdo con el Instituto Salvadoreño del Café (ISC).

Las exportaciones del aromático, el segundo producto agrícola de mayor venta al mercado exterior después del azúcar, totalizaron $23.98 millones entre octubre de 2024 y enero de 2025. Esto equivale a un crecimiento de $10.6 millones en relación a los $13.32 millones registrados en igual período de la cosecha 2023-2024.

El ISC reporta que los productores despacharon 93,537 quintales de café, 31,324 más que los 62,213 reportados en igual período del ciclo anterior, equivalente a un crecimiento de un 50.3 % este año.

Según el ISC, enero tuvo el mejor desempeño de los resultados con la exportación de 33,442 quintales, valorados en $8.3 millones. En volumen crecieron un 57.2 % respecto a igual mes de 2024, mientras que en ingresos monetarios fue 96.5 %.

Alivio después de los maltrechos resultados de 2024

Los resultados son un alivio para el sector caficultor que cerró la cosecha 2023-2024 en números rojos por una menor producción y exportación. El ISC reporta que en el anterior ciclo se enviaron 582,675 quintales, una reducción de 70,291 en relación al año 2022-2023 y la menor cifra de los últimos 35 años.

De acuerdo con el ISC, el quintal de café salvadoreño se ha exportado a un precio promedio de $256.40. Este precio está por arriba de los $214.19 que costó en el ciclo 2023-2024, con un crecimiento de $42.21 (19.7 %).

La recuperación en las exportaciones del grano de oro coincide con un fuerte repunte en el precio a nivel internacional, que posicionó al saco de café sobre los $424, su mejor cotización desde que se lleva registro de la bolsa de valores a partir de la década de 1970.

La Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal) ha explicado que la bonanza de precios en el mercado internacional en realidad no se materializa en ganancias para los productores, porque algunos vendieron a valores más bajos antes del repunte o porque no hay suficiente producción.

Hasta enero pasado, la corta de café acumulaba una caída de un 17.6 %. El ISC reporta 587,686 quintales de café oro-uva, un resultado inferior en 125,648 en relación con los 713,334 que se habían cosechado en igual fecha del ciclo 2023-2024.

El Ministerio de Hacienda continuará en los próximos dos años un ajuste para reducir la masa salarial del aparato público como parte del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La grasa salarial es el principal enfoque que propuso el gobierno salvadoreño al FMI para disminuir el gasto público como parte de un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), que se realizará entre 2025 y 2027.

El reporte publicado por el FMI detalla que para este año se prevé una reducción del gasto público de 1.4 puntos porcentuales del PIB, mientras que para 2026 será de 2.2 % y en 2027 llegará a un 2.8 %.

¿Cómo lo logrará el gobierno? El Fondo señala que “el enfoque inicial” es una reducción de la masa salarial, que iniciará en 2025 con un ahorro de 0.8 % del PIB. En 2026 el ajuste será más agresivo, en un 1.3 %, y en 2027 subirá a 1.6 %.

El presupuesto de 2025, cuya aprobación estuvo rodeada de polémica por el rechazo de los sindicatos, incorporó una reducción a la asignación para el rubro de remuneraciones a través de la eliminación de puestos vacantes.

Para los próximos años también se mantendrá la prohibición de aumentos salariales, la aplicación de escalafón a los trabajadores del sector de salud y educación de bajos ingresos, y la suspensión de beneficios económicos.

Aunque el gobierno contempla otras medidas para controlar el gasto, el Fondo advierte que se necesitarán “más esfuerzos para asegurar los recortes” a fin de cumplir la meta del 2.8 % del PIB para 2027.

Para esto, agrega en su reporte, se prepara una reforma al servicio civil con asistencia técnica del Banco Mundial, que se conocería en junio de 2025.

Además, el ajuste contempla una reducción del gasto en bienes y servicios, como optimizar el uso de edificios, consumo de energía eléctrica y restricción a compras no esenciales, que generarían ahorros al fisco salvadoreño de un 0.5 % del PIB en 2025, un 0.8 % en 2026, y un 1 % en 2027.

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De igual manera, Hacienda racionalizará “aún más las transferencias a los municipios” tras la reforma que redujo de 262 a 44 municipios, que, según el análisis del FMI, generaría “ganancias de eficiencia en el empleo público”.

La priorización de las transferencias a los municipios generaría ahorros equivalentes a un 0.1 % del PIB en 2025, mientras que para 2026 y 2027 sería de un 0.2 %, respectivamente.

Inversión pública

En anteriores revisiones al Artículo IV, una consulta períodica del Fondo a los países miembros, el multilateral con sede en Washington había recomendado al gobierno salvadoreño realizar un ajuste del gasto público también por una focalización de los subsidios, un tema que ha sido tocado a profundidad en el acuerdo.

En el reporte, el Fondo señala que el programa ofrecerá “suficiente espacio” para realizar inversiones públicas prioritarias, con un mínimo de 2.5 % del PIB. Además, se salvaguardará el gasto de programas sociales focalizados, con 1.5 % del PIB.

“Para garantizar una ejecución efectiva, también se prevé el desarrollo de una hoja de ruta para fortalecer los marcos institucionales de asistencia social”, añadió.

Para aumentar los ingresos, Hacienda ha propuesto una ampliación de la base tributaria con la incorporación del comercio electrónico y agentes que no tributan, además de reducir el gasto en la administración tributaria y completar la facturación electrónica.

El financiamiento de $1,400 millones aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilizará como apoyo presupuestario y cobertura de reservas, mientras el gobierno realiza un ajuste

fiscal en los próximos tres años para corregir el alto nivel de endeudamiento.

El documento final del acuerdo, publicado por el FMI el 3 de marzo de 2025, detalla que un tramo de $570 millones, equivalente a un 40 %, se asignará al Banco Central de Reserva (BCR) para aumentar las reservas, un mecanismo que sirve de “colchón” cuando la liquidez se agota debido a un incremento acelerado del gasto en medio de una crisis, como ocurrió en la pandemia de covid-19.

El 60 % de los recursos restantes, al menos $800 millones, se pondrán a disposición como refuerzo presupuestario.

De estos, $600 millones se destinarán para aumentar los depósitos del sector público no financiero (SPNF) en el BCR y $200 millones financiarán el déficit fiscal -la brecha que surge cuando el gasto es superior a los ingresos-.

El Fondo Monetario señaló que estos recursos aliviarán las necesidades de financiamiento externo mientras se abordan los desequilibrios fiscales y externos durante la ejecución del ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) en los próximos tres años.

“El financiamiento del programa también ayudará a aliviar el nexo entre el gobierno soberano y los bancos, y a proteger el crédito al sector privado y la diversificación de los fondos de pensiones”, sostiene el FMI.

Revisión de metas

La aprobación incluye un desembolso inmediato de $113 millones, pero el resto del financiamiento se entregará a partir del desempeño del programa. Inicialmente se realizarán dos revisiones trimestrales para la implementación temprana del acuerdo, las cuales garantizarán la credibilidad y los efectos catalizadores.

Después se realizarán evaluaciones semestrales para realizar las “ambiciosas reformas estructurales apoyadas con el programa”.

El visto bueno del Directorio Ejecutivo del FMI estaba sujeto al cumplimiento de acciones previas, como la aprobación del presupuesto general de 2025 de acuerdo con el plan fiscal y con la adopción de estándares de buenas prácticas internacionales.

En el proceso fue clave la reforma a la Ley Bitcoin para establecer el uso voluntario de la criptomoneda, exclusiva para el sector privado, así como la eliminación de la opción de pagar impuestos.

En adelante, el BCR tiene la obligación de emitir normas para aumentar las reservas a 12 % de los depósitos del sistema financiero.

Asimismo, el gobierno deberá publicar

información sobre el uso de los fondos públicos en la adopción del bitcoin, resumen financiero de la Chivo Wallet y secretar los fondos de la billetera una vez el Ejecutivo la liquide o venda, que pasarán a custodia del BCR.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obliga al gobierno salvadoreño a publicar los informes sobre el uso de fondos públicos en la adopción del bitcoin, así como liquidar el monedero Chivo Wallet, cuyo dinero de los clientes pasará a resguardo del Banco Central de Reserva (BCR).

Como era de esperarse, el FMI afianzó varios compromisos sobre el bitcoin ante la petición de un programa por $1,400 millones en una carta de intención firmada por el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, y el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada.

El informe publicado por el FMI desgrana el paquete de compromisos asumidos por el gobierno para reducir al mínimo la exposición de la economía salvadoreña a los riesgos del bitcoin, el tema polémico que frenó por casi cuatro años las negociaciones.

Desde la adopción de la criptomoneda, en septiembre de 2021, el gobierno reservó una parte de la información sobre la adopción de la criptomoneda y lo poco que se ha conocido públicamente ha derivado de informes de calificadoras o reportes del FMI.

Para que el FMI realice los desembolsos del financiamiento acordado, además de la liberación de $3,500 millones con otros multilaterales, el gobierno de Nayib Bukele debe cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo en materia fiscal, transparencia y bitcoin.

Transparencia

El gobierno salvadoreño se comprometió a publicar los estados financieros resumidos sobre la billetera Chivo, donde se incluyan las políticas de gestión de liquidez y las transferencias hacia y desde el gobierno.

Además, publicará las direcciones públicas de todos los monederos electrónicos fríos de bitcoin en propiedad o bajo control del gobierno, previo a una segregación de los activos de los clientes.

Para julio de 2025, el gobierno tiene que publicar y adoptar un plan de negocios para poner fin al uso de fondos públicos y su participación en la Chivo Wallet, que, según el FMI, tiene un costo de 0.1 % del PIB cada año. Para ese mes también debe publicar los estados financieros de Chivo revisados por un auditor independiente, que permita la privatización de los servicios.

De igual manera, el gobierno liquidará el Fideicomiso Bitcoin (Fidebitcoin), creado en septiembre de 2021 para conversión de la criptomoneda y emisión de títulos valores después de la publicación de auditorías por parte de la Corte de Cuentas.

“Los dólares estadounidenses de los clientes de Chivo se resguardarán en el BCR y la participación pública en Chivo finalizará (a finales de julio de 2025)”, indica el FMI.

Freno a las compras

Como se había anticipado, el acuerdo también contempla que el gobierno limitará las compras de criptomonedas. “A lo largo del programa, las autoridades se han comprometido a no acumular bitcoins y a no emitir ni garantizar ningún tipo de deuda pública indexada o denominada en bitcoin o instrumentos tokenizados que impliquen una responsabilidad para el gobierno”, señala el informe del FMI.

Esto pone freno a una promesa del presidente Bukele de construir la Bitcoin City en La Unión, junto a minería de bitcoin, que se financiarían con la emisión de los “Bonos Volcán” por $1,000 millones.

Sin embargo, en la antesala de este acuerdo, la Oficina del Bitcoin continuó este lunes con las compras diarias de bitcoin, hasta alcanzar una reserva de 6,101 monedas.

El Fondo Monetario detalló que además existe el compromiso por parte de las autoridades salvadoreñas de publicar trimestralmente los estados financieros de otros fondos fiduciarios y empresas estatales involucradas en el proyecto de bitcoin, como la CEL que destinó un tramo de un pozo geotérmico para minería de bitcoin.

Tampoco se crearán nuevas entidades públicas que participen en operaciones de bitcoin, excepto si es necesario para administrar los activos existentes y de acuerdo con el personal.

Para mantener el “entorno adecuado a la innovación”, el gobierno entregará en agosto de 2025 una reforma para revisar la regulación y la supervisión de las actividades de criptoactivos de todos los agentes involucrados en el mercado.

“Las reformas legales serán fundamentales para fortalecer la integridad del mercado y las políticas de protección al consumidor (antifraude, antimanipulación, transparencia), así como para desarrollar la gobernanza, los marcos de datos, la solvencia, la liquidez, la segregación y otros requisitos prudenciales”, sostiene el FMI.

El gobierno salvadoreño se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a ampliar la base tributaria como parte del ajuste fiscal, un acuerdo que revive la polémica de gravar al comercio digital.

El programa de $1,400 millones con el FMI contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), ejecutado entre 2025 y 2027, que en esencia requiere amarrar la cartera para reducir el gasto público mientras aumenta los ingresos.

La propuesta del gobierno, avalada por el Directorio Ejecutivo del FMI la semana pasada, contempla la adopción de medidas para “fortalecer el sistema de impuestos especiales y tasas y la administración tributaria”.

“Más allá de este año, las reformas en materia de ingresos procurarán ampliar la base impositiva y reducir los gastos tributarios”, señala el FMI en el reporte publicado el 3 de marzo de 2025.

¿Qué ha propuesto?

Para 2025, el ajuste fiscal contempla un 0.3 % por el lado de ingresos y 1.4 % por gastos.

De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda, la ampliación de la base de ingresos y la reducción de los gastos tributarios se traducirán en un incremento de los ingresos de 0.2 % como relación del PIB, mientras que factura electrónica aportará un 0.2 %.

La principal apuesta del gobierno es la implementación de la factura electrónica, lanzada oficialmente en diciembre de 2022 como un mecanismo más expedito que reduce los riesgos de evasión fiscal.

En el Plan Fiscal 2025-2027, publicado en Transparencia Fiscal, Hacienda reitera que el ajuste fiscal por el lado de ingresos descansa en mejorar el desempeño de la recaudación, promover la eficiencia y ampliar la base tributaria.

“Para ello, se propone el uso eficiente de herramientas de fiscalización y de reducción de la evasión fiscal, la ampliación de la base tributaria, la incorporación de la economía digital al sistema tributario”, agregó Hacienda en el plan.

Gravar al comercio electrónico generó polémica en mayo de 2021, cuando el exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó en ese momento no se busca crear un nuevo impuesto, sino que los comercios contribuyan al fisco con renta e IVA, como lo hacen las empresas tradicionales.

Ruta de trabajo ante distorsiones del mercado

El régimen tributario salvadoreño descansa fundamentalmente en impuestos indirectos, estructurados en 18 grupos que dependen de la actividad económica. Para ilustrar, el Impuesto sobre la Renta (ISR) es pagado por los asalariados y las empresas, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es cargado por cada producto que compra, en un 13 % del valor original. Ambos rubros generan más del 80 % de los ingresos que recibe el fisco cada año.

De acuerdo con el reporte, las autoridades reconocieron que la dolarización requiere una política fiscal ajustada los choques que deriven en un desempeño insuficiente de los ingresos al Tesoro salvadoreño, además de incluir medidas correctivas para salvaguardar las reservas internacionales y la sostenibilidad de la deuda.

Cuando los ingresos tributarios caen, pero se mantiene o aumenta el gasto público, el margen de maniobra del gobierno es limitado y recurre a deuda para cubrir todas las responsabilidades, como ocurrió en la pandemia de covid-19 o un evento climático extremo. De este desequilibrio surge el déficit fiscal, el problema es cuando se vuelve recurrente y socava la salud fiscal.

El FMI señala que las “ autoridades han acordado racionalizar aún más el gasto no prioritario y no salarial” cuando surjan déficits fiscales.

“También se considerará la movilización de ingresos acelerando las reformas destinadas a ampliar la base de ingresos y racionalizar los regímenes especiales, así como aumentando las tasas y otros impuestos en caso de que las desviaciones fiscales se vuelvan grandes”, sostiene el FMI.

¿Significa esto más impuestos? En esencia, Hacienda se compromete a incluir a sectores que no tributan mientras mejora el sistema de recaudación y la factura electrónica; sin embargo, el FMI señala que hay un acuerdo de aumentar las tasas y otros impuestos en caso de «desviaciones fiscales grandes».

El 54 % de los salvadoreños cree que su situación económica estará peor en 2025 por el nuevo gobierno de Donald Trump debido a las políticas migratorias que pueden afectar a su familias en Estados Unidos, reveló una encuesta de la consultora Kantar.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Donald Trump ha generado zozobra en la economía mundial por la amenaza de una guerra comercial ante la escalada de aranceles, que, según expertos y empresarios, derivaría en un aumento de las materias primas y, por consiguiente, en un repunte de la inflación que tanto presionó al bolsillo de los consumidores en los últimos tres años.

A los centroamericanos también les preocupa la amenaza de una ola masiva de deportaciones, que terminaría por afectar el flujo de remesas familiares.

A través del Panel Voice, un área de investigación de Kantar, se consultó a los hogares centroamericanos cómo ve su situación personal con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, a lo que un 54 % de los salvadoreños respondió que «peor» porque le preocupa que pueda afectar a su familia.

Un 45 % respondió que cree que será «igual» porque «no es algo que me vaya a afectar», frente a un 1 % que dijo que será «bien» al considerar que «las cosas van a mejorar para todos».

Estados Unidos ha sido el principal destino para la migración irregular de los salvadoreños, de donde procede más del 90 % de las remesas familiares que destinan al mantenimiento de las familias.

De acuerdo con el VII Censo de Población y VI Censo de Vivienda, un 59.8 % de los hogares consultados con familiares que migraron en los últimos cinco años indicó que fue para buscar un empleo, mientras que la violencia fue motivo para solo 2.4 %.

Los resultados de El Salvador están alineados con el promedio regional, ya que 5 de 1 centroamericanos cree que la situación personal será peor por el regreso de Trump, mientras que un 51 % considera que seguirá igual.

«Guatemala (57 %), El Salvador (54 %), Honduras (73 %) y Panamá (63 %) son los países más pesimistas acerca de la llegada de Donald Trump mientras que Costa Rica (48 %) y República Dominicana (44 %) tienen mejores perspectivas», indicó Fernando Montúfar, director de cuenta de la división Worldpanel de Kantar CariCAM.

Kantar señaló que las remesas cerraron en 2025 con un crecimiento, donde Nicaragua y Guatemala fueron los países de mayor crecimiento, con un 12.5 % y un 8.6 %, respectivamente. Entretanto, El Salvador tuvo la menor tasa de variación, de un 2.5 %.

La consultora se suma al grupo de organismos y economistas que advierten de un impacto en las remesas por la política migratoria del gobierno de Trump, luego de reconocer que «con la llegada de un nuevo gobierno a Estados Unidos podría impactar en la economía del país y familiar».

El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que el 91.6 % de las remesas que llegaron a los hogares salvadoreños en 2024 procedió de Estados Unidos, equivalente a $7.769.2 millones (de un total de $8,479.7 millones). Este saldo creció un 2.1 %, al menos $163 millones, respecto a 2023.

El nuevo Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Key), fundado por Roberto Kriete con apoyo de empresarios amigos, inició oficialmente este lunes clases correspondientes al primer año académico.

A través de redes sociales, Key confirmó el inicio del año académico 2025, definido como un “momento histórico” en la educación salvadoreña.

“Para nuestros estudiantes es el inicio del camino para convertirse en ingenieros que cambiarán el futuro. Para todo el equipo detrás de este proyecto, es la materialización de una visión construida con la pasión y el compromiso de nuestro fundador, Roberto Kriete”, escribió la institución en redes sociales.

El Instituto Kriete se especializa en la formación de ingeniería y ciencias, con un modelo diseñado en colaboración con el Tecnológico de Monterrey. De acuerdo con el portal oficial, cuenta con “laboratorios de última generación, tecnología y espacios flexibles creamos un campus pensado para el éxito académico y personal”.

Actualmente ofrece tres carreras enfocadas en ingeniería y ciencias de la computación integrada, ingeniería industrial y manufactura avanzada, e ingeniería mecatrónica y robótica.

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El instituto recibió la autorización por el Ministerio de Educación para que imparta clases en las instalaciones de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (Fepade), en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

El rector y director académico del Instituto Kriete, Juan Francisco Sifontes, indicó en noviembre pasado que la colegiatura oscila entre los $8,000 y $9,000 anuales, aunque la institución ofrece becas que cubren una parte del costo de la carrera.

Dicho instituto fue anunciado por Roberto Kriete en julio de 2024 como una alternativa a la educación avanzada y especializada, que responda a la demanda de las nuevas industrias.

“Creemos que una universidad enfocada en las ingenierías es importante en este momento para el desarrollo del futuro del país. Va a ser una universidad muy futurística”, dijo en ese momento el empresario, uno de los gigantes de aviación y accionista de Avianca, Volaris y Aeroman.

De momento, la institución no ha confirmado con cuántos estudiantes arranca el primer año académico ni cuántos de estos tienen becas.

El Salvador solo tiene una universidad pública y 23 de carácter privado. Además, hay institutos tecnológicos y especializados. Entre los casos más exitosos se encuentra la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), fundada en 1990 con el respaldo de la familia Poma.

DHL Global Forwarding invirtió $2.7 millones en la construcción de su nueva bodega, equipada con tecnología de punta para fortalecer su músculo logístico en El Salvador.

La planta se encuentra ubicada en el kilómetro 18.5 sobre la carretera a Quezaltepeque, en Apopa, un área de desarrollo logístico por su conectividad vía con la zona central y oriental de El Salvador, así como con las fronteras hacia Guatemala y Honduras.

La inversión es un “testimonio de nuestra confianza en el potencial de El Salvador como un centro logístico clave en Centroamérica”, añadió John Knöhr, CEO para CENAC en DHL Global Forwarding.

El nuevo plantel dispone de una capacidad para 6,500 posiciones de almacenamiento, con una altura de 14 metros y 10 muelles de carga y descarga. Además, incorpora un sistema de radiofrecuencia (RF) para el control de las mercaderías, lo que, según la empresa, reducirá los tiempos de procesamiento y aumentará la precisión de los inventarios.

Huella ambiental

DHL Global Forwarding, la división de transporte aéreo y marítimo del Grupo DHL, instalará posteriormente paneles solares para generar electricidad que atienda el consumo interno de la operación.

Según la firma, la planta solar tendrá una capacidad de 400 kilovatios hora (kWh), que se traducirá en una reducción de más de 300 toneladas de emisiones de gases contaminantes.

“Esta inversión no solo refuerza nuestra presencia en El Salvador, sino que también demuestra nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en nuestras operaciones logísticas”, afirmó Oscar Ayala Bichara, gerente país para DHL Global Forwarding en El Salvador.

DHL aseguró que la nueva planta, donde se crearán 30 nuevos empleos, tiene “características excepcionales que no son comunes en la región ni en la industria”, que agregan mayor capacidad de almacenamiento vertical y una operación más eficiente.