Autor: Uveli Aleman

Más de 2 millones de visitantes, entre nacionales e internacionales, recorrieron los sitios turísticos y parques recreativos del país durante los primeros cuatro días de las vacaciones agostinas, informó este miércoles la ministra de Turismo, Morena Valdez.

“Tenemos la meta de 2.8 millones de visitantes nacionales e internacionales en sitios públicos. Hasta ahora llevamos 2 millones, así que vemos a bien que vamos a lograr esta meta», afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa junto con autoridades de Protección Civil.

Los visitantes han acudido a los 18 parques recreativos administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), así como a las áreas naturales protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a parques de diversiones.

Valdez señaló que Silverland es, hasta el momento, el sitio más visitado durante el período vacacional, seguido del Centro Histórico de San Salvador y las playas.

La ministra recordó, además, que el parque temático Sunset Park, ubicado en el Puerto de La Libertad, reabrió el fin de semana tras concluir los trabajos de restauración por los daños que sufrió su infraestructura a inicios de junio debido al paso de la tormenta Cristina.

Para el período vacacional, el Ministerio de Turismo prevé el ingreso de 91,000 visitantes internacionales, entre turistas —quienes pernoctan al menos una noche— y excursionistas, que permanecen en el país solo por un día.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este miércoles en Brasilia que aumentará en un 60 % los recursos destinados a proyectos de seguridad y combate al crimen organizado.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, dijo que el monto pasará de $2,500 millones a $4,000 millones para los próximos tres años, en respuesta al interés mostrado por los países miembros de la Alianza para la seguridad, la justicia y el desarrollo.

«Dentro del BID vamos a reasignar recursos para la seguridad porque estamos sintiendo la demanda», declaró Goldfajn, en el marco de la Cumbre regional de este grupo de países lanzado por el banco.

El presidente de la institución dijo que ya se había destinado el 60 % de los recursos, es decir alrededor de $1,400 millones, de la meta anterior, anunciada en la reunión del año pasado en Buenos Aires.

Entre los proyectos financiados con ese monto figuran planes de reformas en el sector de la seguridad en Ecuador y Uruguay, así como el refuerzo de la policía del Ministerio Público de Costa Rica.

Además, Goldfajn anunció la instalación del Observatorio regional para el crimen organizado, que buscará organizar y compartir información de forma «transparente» entre los miembros de la Alianza, de la que ahora también formará parte Bolivia, su vigésimo tercer integrante.

El ministro brasileño de Seguridad, Wellington Lima, anfitrión del evento, destacó durante la reunión que hoy en día las facciones buscan «los espacios que existen entre jurisdicciones y fronteras».

«Enfrentar el crimen organizado exige más que instituciones nacionales fuertes; exige instituciones capaces de cooperar», dijo Lima.

En la misma línea, el secretario general de la Interpol, Valdecy Urquiza, dijo que las organizaciones criminales «han evolucionado» y que, por esa razón, las instituciones deben hacerlo también.

Un análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas indica que el fortalecimiento del fenómeno meteorológico de El Niño «agravará significativamente la inseguridad alimentaria en algunos de los países más vulnerables del mundo hasta 2027» y en Latinoamérica y el Caribe «se podrían experimentar uno de los mayores aumentos afectando a más de 16 millones de personas».

Por ello, explicaron este miércoles en un comunicado, la agencia de la ONU «está intensificando sus esfuerzos de preparación y respuesta, ya que los efectos de El Niño ya están afectando a las personas más vulnerables que se encuentran en la primera línea del hambre».

Los análisis más recientes muestran que las perturbaciones provocadas por el cambio climático podrían empeorar significativamente la inseguridad alimentaria en 45 países.

«Latinoamérica y el Caribe podrían experimentar uno de los mayores aumentos en la inseguridad alimentaria, afectando a más de 16 millones de personas y en particular, se prevé que Centroamérica registre el mayor incremento proporcional (83.1%) de todas las regiones analizadas», explicó el informe.

“El Niño representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria de millones de personas que ya son vulnerables. Cuanto antes ayudemos a las familias a prepararse para estos desastres climáticos, mayor será nuestra capacidad para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia. Las inundaciones y sequías severas pueden llevar rápidamente a las comunidades de la adaptación a una situación de crisis», explicó el director ejecutivo interino del PMA, Carl Skau.

El PMA explicó que «se prevé que El Niño alcance su punto máximo entre septiembre y diciembre de 2026, pero en muchas zonas sus efectos se sentirán durante todo 2027, debido a las repercusiones en los futuros ciclos de cosecha. La sequía, las inundaciones y las temperaturas extremas ya están poniendo en riesgo a las comunidades».

Desde mayo, el PMA ha puesto en marcha planes de acción anticipada en Sudán del Sur, Chad, Mauritania, Uganda, Guatemala y El Salvador, proporcionando más de 14 millones de dólares en ayuda vital para medio millón de personas.

El análisis se centró en 45 países que ya se consideran con inseguridad alimentaria y donde El Niño influirá significativamente en los patrones de lluvia. temperaturas y la ocurrencia de inundaciones y sequías. En estos países, el número total de personas con inseguridad alimentaria aguda (familias que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias diarias) aumentaría de aproximadamente 225 millones a 274 millones de personas.

Se prevén los mayores impactos en algunas zonas de Centroamérica y el sur de África, así como efectos significativos en el este de África y el sur y sureste de Asia.

La deuda pública total de El Salvador aumentó en más de $1,800 millones al cierre del primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025, indican estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).

Esta cifra abarca la deuda del sector público no financiero (SPNF), que incluye Letras del Tesoro (LETES) y pensiones, así como las obligaciones del sector público financiero (bancos públicos). Se trata de uno de los principales indicadores fiscales, ya que un elevado nivel de endeudamiento compromete las finanzas públicas y genera una presión constante por el pago de vencimientos e intereses.

Al cierre de junio pasado, el saldo de la deuda pública alcanzó $34,865.15 millones. Esta cifra aumentó en $1,845.08 millones respecto a los $33,020.07 millones reportados en igual mes de 2025, equivalente a un incremento interanual de 5.58 %.

En la estructura de la deuda, el saldo del SPNF alcanzó $34,179.42 millones, equivalente al 98 % del total, mientras que el sector público financiero sumó $685.73 millones, un 2 %.

¿A qué se debe?

Del saldo del SPNF, el gobierno central concentra $33,001.17 millones; el resto del gobierno general, $303.29 millones; y las empresas públicas no financieras —como CEPA y CEL—, $874.96 millones.

De acuerdo con el BCR, el saldo de las LETES alcanzó $1,401.21 millones en junio. Estos títulos son adquiridos principalmente por bancos y administradoras de fondos de pensiones, y son emitidos por el Ministerio de Hacienda para cubrir necesidades temporales de liquidez. Frente a junio de 2025, el saldo aumentó en $131.78 millones.

En las finanzas públicas, una de las obligaciones que genera mayor presión corresponde a las pensiones. La deuda previsional alcanzó $11,669.85 millones al cierre del primer semestre de 2026, equivalente a $793.04 millones más que los $10,876.81 millones registrados en igual período de 2025.

La deuda pública interna, concentrada principalmente en títulos colocados entre bancos y administradoras de fondos de pensiones, llegó a $19,188.76 millones, un incremento de $525.76 millones frente al primer semestre de 2025.

Por su parte, la deuda externa ascendió a $15,676.49 millones, equivalente a $1,319.32 millones más que un año atrás.