Autor: Uveli Aleman

A caballo y a pie, centenares de personas, en su mayoría habitantes del área de rural de El Limón protestaron este sábado contra el proyecto de un nuevo embalse del Canal de Panamá, alegando que no quieren salir de sus tierras, que serán inundadas o afectadas por el lago que será construido en el lugar, y que defienden la naturaleza.

El embalse se levantará en la cuenca del río Indio, que nace en la provincia de Coclé y desemboca en el Caribe, en la provincia de Colón. Las tierras que lo circundan albergan a pequeñas comunidades de campesinos que viven en su mayoría de la agricultura de subsistencia y también de la ganadería.

El proyecto que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) involucra $1,500 millones, $1,000 millones para la infraestructura y $500 millones para la reubicación, pensada en áreas seguras circundantes al nuevo lago, de unas 2,000 personas afectadas, según ha explicado la administración del paso navegable.

El embalse de río Indio, el tercero que alimentará a la vía acuática de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico, garantizará el abastecimiento de agua por los próximos 50 años tanto al Canal como a más de la mitad de la población del país, incluida la capital, según la explicación oficial.

«No al embalse de río Indio»

«No al embalse de río Indio», «Quieren dinero nosotros queremos vida», «El embalse y la minería, la misma porquería», decían algunas de las muchas pancartas que llevaban los manifestantes que recorrieron El Limón, situada a unos 140 kilómetros de la capital panameña, y bordearon una parte del torrente en un ambiente de tranquilidad.

Claudino Domínguez, de 65 años y residente de Limón desde hace 44, declaró a EFE que «su felicidad» y la de muchos vecinos «es el campo», por lo que están «muy entristecidos» por el proyecto del embalse.

«Están apurados en hundirnos y no estamos de acuerdo», afirmó Domínguez, que dijo ser propietario de 30 hectáreas de terreno, y que rechaza la reubicación porque los quieren llevar a una «barriada», donde no podrían trabajar la tierra y conseguir el sustento con ello.

Domínguez agregó que se ha negado a participar en el censo que desarrolla el Canal en el área porque hacerlo significaría, en su opinión, que estaría aceptando el proyecto.

Maricel Sánchez, de 25 años y madre de dos niñas, vive desde hace ocho en El Limón, y declaró a EFE que el proyecto del Canal «atenta contra la vida de las personas, del futuro de los niños y el medio ambiente».

Sánchez afirmó que ha participado en «tres reuniones comunitarias» organizadas por personal del Canal para «hablar de que el Río Indio es un proyecto de interés nacional, que es para el desarrollo, y sobre el plan de reasentamiento».

«Las opciones que ellos (los representantes del Canal) presentaron son lugares por aquí cerca», pero «la tierra no es igual de fértil como la que tenemos hoy en día», explicó.

«Yo no quiero reubicarme, sinceramente, porque para mí, lo que hay detrás de mi historia vale mucho más que una casa bonita y un pedazo de metro que ellos dicen van a darnos, y plata durante tres años», agregó.

Sánchez aseveró que hay personas en las zonas afectadas por el embalse «que están a favor del proyecto», porque «se han dejado cegar por lo que llamamos dinero».

«Mi mensaje sería que pensemos que la tierra tiene un valor y que cada año ese valor aumenta. Y en un futuro, estas tierras que hoy estamos entregando van a tener más valor de lo que la ACP nos está dando en un reasentamiento», opinó.

Hombres armados atacaron este sábado el radar ubicado en el Cerro Santana, en la localidad colombiana de El Tambo, del departamento del Cauca (suroeste), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país.

«Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional», manifestó en su cuenta de X la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La entidad agregó posteriormente en un comunicado que, según informes preliminares, «el sistema de antenas ha sufrido impactos directos, lo que ha provocado la salida de servicio de esta estación de radar».

«A pesar del daño en la infraestructura de vigilancia radar, la Aerocivil entrega un parte de tranquilidad a las aerolíneas y usuarios», señaló la entidad, y añadió que gracias a la robustez tecnológica de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia, «la operación aérea continuará desarrollándose de forma segura y eficiente».

El ataque fue repelido por miembros de la fuerza pública, a quienes la Aerocivil expresó su «total solidaridad», así como a su personal técnico, por permanecer en las instalaciones «defendiendo la soberanía y los activos estratégicos del Estado».

«Gracias a la pronta reacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional para defender la infraestructura aeronáutica, el personal que labora en esta estación se encuentra a salvo», señaló la información.

De igual forma, la Aerocivil condenó «cualquier ataque a la infraestructura aeronáutica del país» y manifestó que esos hechos «no solo afectan bienes públicos, sino que podrían poner en riesgo un servicio esencial para la conectividad y la seguridad aérea nacional e internacional».

En el departamento del Cauca operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos varios frentes de disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como bandas de narcotraficantes que se disputan zonas estratégicas de esa región que es una importante salida al océano Pacífico para el tráfico de drogas.

Este mismo sábado, al menos siete personas murieron y 17 más quedaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera en la zona de El Túnel, del municipio de Cajibío (Cauca), donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús.

El Cauca es vecino del Valle del Cauca, donde ayer hubo una arremetida de estos grupos armados ilegales, que atacaron con explosivos en Cali el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

El Ejército atribuyó los ataques en Cali y Palmira a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán.

«Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor», aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el Air Force One para volar a Washington.

El Ejército ecuatoriano capturó a Leonardo M., considerado el tercero al mando de la organización criminal ‘Los Lobos’, la más grande y peligrosa de Ecuador, informó este sábado el Ministerio de Defensa Nacional.

El sujeto, conocido con el alias de ‘Maldito árabe’, fue capturado en la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, durante una operación estratégica de control de armas, municiones y explosivos.

El capturado es «considerado objetivo de alto valor, ocupando el tercer puesto dentro de esta organización criminal», señaló el Ministerio en referencia a ‘Los Lobos’.

Anotó que el sujeto es requerido por la justicia al figurar como uno de los «principales actores en delitos graves como extorsión y sicariato» (asesinato por encargo).

La operación la ejecutó el Ejército ecuatoriano en la localidad de Bajo Alto, en el municipio El Guabo, provincia de El Oro.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, entre ellas ‘los Lobos’, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.