Autor: Uveli Aleman

El café salvadoreño fue protagonista durante el Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano, que se realizó en Roma, en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Instituto Salvadoreño del Café (ISC) organizó una degustación del grano durante el evento, desarrollado el 14 y 15 de octubre, el cual congregó a delegados gubernamentales, inversionistas y socios internacionales en el marco del Foro Mundial de la Alimentación.

“En este espacio, el país busca consolidar alianzas que permitan movilizar recursos hacia una producción más competitiva, sostenible y resiliente, con el acompañamiento de socios estratégicos como la FAO, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Italiana”, indicó el ISC.

Según la institución, los asistentes degustaron muestras de pacamara y bourbon, dos variedades por las cuales El Salvador es reconocido a escala internacional debido a sus atributos en taza.

“Más que una experiencia gastronómica, la degustación se convirtió en una ventana al trabajo, la dedicación y la historia de las familias caficultoras salvadoreñas”, señaló el ISC.

El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que las exportaciones de café sumaron $175.96 millones de enero a agosto, pagados por el despacho de 538,600 quintales. Esto representó un incremento de 17.6 % en ingresos y 5.1 % en volumen. Cada quintal se vendió a un promedio de $326.7, superior frente a los $292 reportados en igual período de 2025.

De acuerdo con el ISC, la participación del grano salvadoreño en recintos internacionales facilita el contacto directo con potenciales compradores e incentiva la atracción de capitales para dinamizar la caficultura nacional.

Banco Atlántida anunció su nueva propuesta de inversión tokenizada, Token Atlántida, orientada a ampliar las alternativas financieras para personas y empresas en el mercado salvadoreño.

La institución, integrante del conglomerado de origen hondureño Grupo Financiero Atlántida, lanzó la primera emisión denominada ATLÁNTIDA01, que forma parte de un programa por $300 millones, donde los inversionistas recibirán pagos periódicos de intereses y capital a cambio de sus aportes en la entidad.

El presidente ejecutivo de Banco Atlántida, Carlos Turcios, aseguró que la plataforma representa un avance en el portafolio de la institución. “Incorporamos nuevas alternativas de inversión que combinan innovación, experiencia bancaria y acompañamiento especializado”, expresó el ejecutivo.

La entidad precisó que, a diferencia de la compra de una criptomoneda común, en la tokenización de deuda el inversionista adquiere un derecho de cobro exigible de capital e intereses frente al emisor financiero.

El esquema contempla condiciones contractuales definidas para los adquirientes, tales como tasa de interés, plazo, calendario de amortizaciones y devolución de capital, las cuales se fijarán según las condiciones de mercado vigentes al momento de cada colocación.

“ATLÁNTIDA01 es un token de deuda emitido por Banco Atlántida que permite invertir y recibir intereses según las condiciones de cada tramo”, explicó la subgerente de Productos de Financiamiento Estructurado de la entidad, Ingrid Segovia.

Los participantes pueden ingresar al primer tramo a partir de $5,000. De acuerdo con el banco, el instrumento ofrece ventajas operativas como la posibilidad de fraccionamiento digital, acceso ágil a colocaciones primarias y trazabilidad tecnológica de las transacciones.

El producto se enmarca en las facultades regulatorias obtenidas por el banco en 2024, tras convertirse en la primera entidad del sistema tradicional en recibir la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD). Posteriormente, en 2025, la entidad estructuró su primera oferta mediante tecnología de bloques.

A la fecha, el banco reporta $45 millones en tokens emitidos y más de $70 millones en servicios de plataforma de intercambio (exchange), volumen que consolida siete emisiones estructuradas.

Al cierre del primer semestre de 2026, Banco Atlántida reportó activos superiores a $1,500 millones, acompañados de una cartera de créditos de $958.3 millones y depósitos por $1,197.7 millones.

El 7.8 % de los salvadoreños que no cotiza una pensión espera recibir ayuda de familiares o de Dios para cubrir sus necesidades básicas cuando alcance los 60 años, reveló una encuesta publicada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).

Uno de los segmentos considerados en el estudio es la población no cotizante de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), integrada por personas que trabajan en el sector informal o que actualmente se encuentran desempleadas.

La investigación consultó a los ciudadanos no cotizantes cómo prevén solventar su sustento cuando cumplan 60 años o más: el 5.9 % respondió que espera recibir auxilio de sus parientes o hijos, mientras que el 1.9 % confía en la ayuda divina, señalan las conclusiones del documento.

El estudio del Iudop refleja la vulnerabilidad previsional de la población no cotizante, donde casi un 46 % prevé depender de ahorros propios o seguir trabajando después de los 60 años.

Esto parte de que el 25.6 % señaló que utilizará ahorros personales y el 18.4 % continuará trabajando en un empleo formal, mediante un negocio o por cuenta propia.

Otro 10 % afirmó que utilizará lo que cotice en las AFP.

Según el informe, el 41.4 % de los actuales no cotizantes ya ha ahorrado en algún momento en una AFP, frente al 58.6 % que nunca ha realizado aportes previsionales.

Asimismo, el sondeo determinó que el 65.8 % de este segmento desearía cotizar en una AFP, mientras que el 31.7 % manifestó no tener interés en incorporarse al sistema.

El 68.9 % de las personas en edad de jubilación afirma que la pensión que recibe no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, reveló una encuesta de coyuntura del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).

El Iudop presentó los resultados del estudio Percepciones ciudadanas sobre el sistema de pensiones y la situación de las personas adultas mayores en El Salvador, realizado del 27 de abril al 28 de mayo con 453 encuestas válidas. De los consultados, el 36.7 % no tiene cobertura de AFP, el 26 % está afiliado y el 37.4 % es afiliado y cotizante de una AFP.

Entre los hallazgos, el Iudop destacó que el 32.8 % de los encuestados en edad de jubilación afirma que recibe una pensión y el 67.2 % carece de ella. De quienes sí reciben ahorros previsionales, el 60.7 % lo hace por vejez (tras alcanzar la edad de retiro), el 31.4 % por sobrevivencia y el 5.8 % por invalidez.

Una de las preguntas de la investigación consultó si la pensión que perciben es suficiente para cubrir sus requerimientos elementales, ante lo cual el 68.9 % respondió de forma negativa, frente a un 31.1 % que afirmó que sí lo es.

Para los encuestados, la pensión ideal debería ser de $662.27, pero con el sistema actual se estima un promedio de $450, por lo cual deja una brecha de $212.43.

Para el 57.7 % de los pensionados, la carga económica persiste, ya que reporta tener personas que dependen de sus ingresos.

“Los datos indican que, pese a las limitaciones económicas, la población en edad de jubilación continúa desempeñando un papel relevante en el sustento del hogar: casi cuatro de cada diez personas adultas mayores que trabajan o reciben una pensión reportaron que otras personas dependen económicamente de ellas”, señala el reporte.

Cinco de cada diez adultos mayores aún trabajan

Aunque la aspiración de la mayoría de trabajadores es retirarse de la actividad laboral al cumplir la edad reglamentaria, la realidad socioeconómica obliga a muchos salvadoreños a permanecer activos.

De acuerdo con el estudio, el 52.1 % de la población en edad de jubilación se encuentra trabajando. De este grupo, el 13.3 % lo hace en el sector formal y el 39 % en la informalidad. En este segmento predomina la participación masculina, con un 71.3 % de hombres aún activos, frente al 31.6 % registrado en las mujeres.

El informe añade que el 23.9 % de la muestra se dedica a los quehaceres del hogar, ámbito donde la mujer tiene mayor presencia con un 69.2 %, lo que evidencia la “persistencia de responsabilidades no remuneradas en esta etapa de la vida”.

Asimismo, el 1.7 % de los encuestados busca activamente un empleo y el 7.1 % no lo busca. Además, el 3.2 % no puede trabajar debido a una discapacidad o enfermedad crónica, y el 11.9 % está pensionado, jubilado o se considera con demasiada edad para laborar.

El valor de las exportaciones de bienes de El Salvador crecería un 7 % en 2026, según el informe de perspectivas de comercio exterior publicado este jueves por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Bajo esta proyección, los ingresos por las ventas externas de bienes llegarían a $5,942 millones al cierre del año, lo que significaría un aumento de $392 millones frente a los $5,550 millones reportados en 2025.

El Salvador representaría el 6.6 % del total de las exportaciones que concretarían las economías centroamericanas, estimadas por la Cepal en $88,935 millones.

Costa Rica se consolidaría como el mayor exportador de la región, con más de $25,106 millones proyectados para 2026 y un crecimiento previsto del 7 %. Le seguiría Panamá con la Zona Libre de Colón, al registrar $19,443 millones; no obstante, sin las operaciones de este recinto franco, sus ingresos se limitarían a $878 millones (-14 %).

La Cepal estima que Guatemala exporte $16,221 millones (un alza del 13 %); Honduras, más de $13,835 millones (13 %), y Nicaragua, poco más de $8,388 millones (5 %).

Asimismo, el organismo prevé que el valor de las exportaciones de bienes en América Latina y el Caribe repunte un 20 %, impulsado principalmente por un incremento del 11 % en los precios y del 9 % en el volumen comercializado.

De los 33 países que integran la región, en cinco se registrarían caídas de entre el 6 % y el 24 %, mientras que en el resto se prevén incrementos que van desde el 2 % en Jamaica —la tasa más baja— hasta el 30 % proyectado para Perú.

Con estos resultados, El Salvador se ubica en el puesto 20 de la región, dentro del grupo de economías con una expansión moderada y por debajo del promedio continental.

“La región enfrenta importantes desafíos en un entorno geopolítico incierto. Las tensiones geopolíticas, las disrupciones en rutas logísticas y la falta de previsibilidad de la política comercial plantean riesgos para el comercio”, afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

El informe hace hincapié en que el comercio mundial experimenta una profunda reconfiguración motivada por objetivos de seguridad económica, la instrumentalización de la interdependencia comercial y el avance sostenido de las tecnologías emergentes.

En el rubro de servicios, la Cepal proyecta que las empresas salvadoreñas exporten un 5 % más en 2026, una tasa que quedará rezagada frente al promedio del 11 % previsto para América Latina y el Caribe, y del 12 % estimado para Centroamérica.

Por otra parte, la agencia de las Naciones Unidas proyecta que las importaciones salvadoreñas superen los $18,134 millones, un incremento de $1,476 millones respecto a los $16,658 millones contabilizados en 2025, equivalente a un crecimiento del 8.8 %.

Para el conjunto de Centroamérica, la demanda proyectada de bienes importados supera los $140,501 millones.

“En Centroamérica las importaciones crecerían alrededor de un 9 %, con aumentos particularmente significativos en El Salvador (17 %) y Guatemala (14 %), lo que refleja el fortalecimiento del consumo y de la actividad económica”, destaca el estudio.

Durante el primer semestre de 2026, añade el reporte, las exportaciones de bienes crecieron un 4 % interanual (frente al 2 % del mismo lapso de 2025), mientras que las importaciones aumentaron un 9 % (en comparación con el 10 % reportado en 2025).

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) destinará $113.71 millones a la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, durante 2027, según indica el anteproyecto del presupuesto de la empresa estatal.

De ese total, según las estimaciones de CEPA, $14.88 millones corresponden a recursos propios y $98.82 millones a préstamos externos.

Dicha inversión busca “garantizar la ejecución del proyecto de inversión del Aeropuerto Internacional del Pacífico conforme a su planificación, cumpliendo con los más altos estándares e incentivar el desarrollo económico en el país y generar un polo de desarrollo en el oriente”.

La construcción de la primera terminal se ubica en el cantón El Ciprés, de Conchagua. Las obras comenzaron en enero de 2025 y se proyecta su entrega para el primer semestre de 2027.

CEPA reportó a inicios de octubre que la construcción tiene un avance del 30 %, el cual ha abarcado trabajos de cimentación, sótano, losa de primer nivel, muros, columnas y cubierta, así como cuatro zapatas que soportarán la estructura metálica.

Los trabajos de esta etapa también comprenden la colocación y compactación de las primeras capas de pavimento en la pista de aterrizaje y en la plataforma de estacionamiento de aeronaves.

El Aeropuerto del Pacífico representa una inversión de $386.4 millones para la primera etapa, que contempla una terminal de pasajeros, una pista de aterrizaje de 2,400 metros de longitud, una plataforma de estacionamiento de 12,000 metros cuadrados y obras de calles de rodaje, torre de control e instalaciones aeroportuarias.

CEPA proyecta que esta terminal atienda 365,000 pasajeros anuales, un flujo que irá en crecimiento en los siguientes años de operaciones.

Inversión aérea

En la lista de los proyectos de inversión pública de CEPA también se contemplan $23.30 millones para rehabilitación y modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y del Aeropuerto Internacional de Ilopango.

Asimismo, se contempla una inversión de $5 millones para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica del Aeropuerto Internacional de El Salvador, al igual que $3.5 millones para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la terminal.

El anteproyecto incluye $3.5 millones para suministro e instalación del sistema de control de luces en la pista y calle de rodaje del aeropuerto San Romero, y $11.30 millones para mejoramiento y equipamiento de la terminal en Ilopango.

En total, el anteproyecto señala que CEPA tiene un portafolio de inversión de $137.01 millones para el ejercicio de 2027.

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal «Enrique Álvarez Córdova» (CENTA) anunció este jueves la liberación de una nueva variedad de semilla de maíz, formulada para que tenga un alto potencial de rendimiento y mayor valor nutricional.

La variedad CENTA Biofortic HQ-13 fue desarrollada por el CENTA, una división del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), junto con la organización no gubernamental Semilla Nueva.

El CENTA señaló que esta variedad se destaca por «su buen desarrollo radicular, tallos fuertes y resistencia al acame de tallo y raíz, cualidades que favorecen el desarrollo y la estabilidad de las plantas».

La directora ejecutiva del CENTA, Odette Varela, aseguró que esta variedad tendrá «mucha nutrición, zinc, hierro, vitaminas, aminoácidos y un rendimiento aún mayor».

En los estudios técnicos se determinó que durante el invierno alcanzó una producción de 132.98 quintales por manzana, un 43 % más que el la variedad híbrida Biofortic H-59 que se lanzó en 2025.

Durante el verano, en tanto, CENTA Biofortic HQ-13 mostró una producción similar a su predecesor, de 76.75 quintales por manzana.

La nueva variedad también registró un contenido de zinc 53.7 % mayor y un incremento del 90.5 % en lisina, un aminoácido esencial.

El Senado brasileño aprobó una enmienda constitucional para prohibir las semanas laborales de seis días y para limitarlas a un máximo de 40 horas, lo que afectará a unos 36.2 millones de trabajadores, principalmente aquellos en labores de hostelería, turismo o comercio.

La votación en la Cámara Alta se saldó con 75 votos a favor de acabar con el llamado ‘régimen 6×1’ y solo un senador en contra; Hamilton Mourão, miembro de los Republicanos y exvicepresidente con Jair Bolsonaro.

El hijo de este último, Flávio Bolsonaro, se ha mostrado muy crítico con la medida durante meses, llegando a advertir del «desempleo masivo» que provocaría de salir adelante en línea con la opinión de algunas organizaciones empresariales.

No obstante, cambió de opinión el pasado martes tras afirmar, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre, que «la mayoría de los trabajadores brasileños» apoyaban la norma. Bolsonaro concurrirá como candidato de la derecha a los comicios, donde se medirá con el izquierdista Lula da Silva.

Bolsonaro dio, así, libertad de voto a sus 29 legisladores del Partido Liberal, que secundaron junto a la mayoría del Senado el fin del ‘6×1’. De este modo, la enmienda entrará en vigor tras haber obtenido en mayo el beneplácito de la Cámara de Diputados.

«Hoy es un día para celebrar un logro histórico de millones de trabajadores y trabajadoras. El fin de la jornada ‘6×1’ es más que un simple cambio. Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver crecer a los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida. Quienes trabajan tanto para construir Brasil también se merecen tener tiempo para vivir», ha escrito Lula en un post de ‘X’.

Los cambios no serán inmediatos, ya que, como recordó el Senado en su página web, tendrán que transcurrir 60 días desde la promulgación de la ley antes de que la semana laboral baje de 44 a 42 horas. Después, pasarán otros 14 meses antes de caer de 42 a 40 horas.

Expertos de México y Centroamérica abogaron este jueves por respuestas regionales coordinadas para enfrentar al gusano barrenador, una plaga que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres e incluso a los humanos.

«Las amenazas sanitarias que trascienden las fronteras requieren respuestas coordinadas sustentadas en información oportuna, análisis de riesgo y una sólida articulación institucional», declaró en un comunicado del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la funcionaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, René Hernández.

El IICA informó este jueves que representantes de los servicios veterinarios y autoridades sanitarias de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá participaron en la primera reunión del Grupo Técnico Regional del Centro Regional de Inteligencia Sanitaria para el Gusano Barrenador del Ganado (CRIS-GBG), iniciativa impulsada conjuntamente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México y el IICA.

Esta iniciativa regional busca impulsar respuestas coordinadas en la región para anticipar escenarios de riesgo y orientar medidas de prevención y respuesta que reduzcan el impacto del gusano barrenador sobre la ganadería y las familias que dependen de ella.

Uno de los primeros pasos del grupo técnico regional será identificar las capacidades existentes, las principales brechas y las oportunidades de cooperación entre los países, una evaluación cuyos resultados permitirán definir prioridades y elaborar un plan regional que oriente la cooperación hacia las necesidades concretas de los países y fortalecer sus capacidades para proteger el patrimonio pecuario y responder ante la plaga, afirmó el IICA.

Durante la reunión, los expertos recordaron que en 2023 reapareció el gusano barrenador en Panamá y posteriormente su presencia se expandió hacia Centroamérica y Norteamérica, lo cual, indicó el IICA, «evidenció la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, la integración de información sanitaria y la capacidad de respuesta ante emergencias zoosanitarias».

Su reciente reaparición, tras más de dos décadas de haber sido erradicada en la región, ha vuelto a generar impactos sanitarios, económicos y sociales significativos.

El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente y también en las personas. Horas después de que se han depositado, nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo.

Se han detectado miles de casos de gusano barrenador en animales en Centroamérica y México, y cientos en humanos, en los últimos años.

El Salvador es anfitrión de la edición número 45 del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (Colade), que reúne a 350 especialistas en el sistema financiero y reguladores.

La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) inauguraron este jueves la jornada, que abarca el 15 y el 16 de octubre.

En esta edición, el evento cuenta con doce ponencias y la participación de más de 25 expertos internacionales procedentes de España, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Colade abordará temas vinculados a regulación financiera y tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, activos digitales, blockchain, inversión especializada y la relación entre las fintech y la banca tradicional.

Posición de El Salvador

Durante el acto de apertura, la presidenta ejecutiva de Abansa, Luz María de Portillo, afirmó que la realización del congreso coincide con una etapa de transformación para El Salvador, impulsada por mejoras en seguridad y perspectivas de crecimiento económico.

«Colade 2026 llega a El Salvador en un momento diferente, marcado por importantes avances en seguridad y mejores perspectivas de crecimiento económico», expresó.

También destacó el papel de la banca en el desarrollo nacional mediante el financiamiento a familias, empresas y proyectos de inversión.

Asimismo, sostuvo que el objetivo del encuentro es fomentar el intercambio de experiencias y el análisis de soluciones que se están implementando en distintos mercados latinoamericanos frente a los nuevos desafíos del sector financiero.

Por su parte, el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán, destacó los avances alcanzados por el país en materia de seguridad y atracción de inversión, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno y las instituciones financieras.

“Hoy inauguramos este congreso en el cual estoy seguro se verán nuevas oportunidades, se conocerán nuevas tecnologías, se advertirán nuevos riesgos y se trabajará en conjunto para lograr que nuestra región está a la vanguardia en estos temas”, agregó Kattán.

En tanto, la directora jurídica de Felaban, Claudia Díaz de Granados, señaló que la región atraviesa un proceso de profundas transformaciones impulsadas por la innovación tecnológica.

Según indicó, estos cambios están modificando los modelos de negocio, la prestación de servicios financieros y los riesgos que deben gestionar las instituciones.

La representante de Felaban planteó además la necesidad de analizar cómo los marcos jurídicos y regulatorios pueden acompañar la innovación sin comprometer la estabilidad, la seguridad y la confianza en el sistema financiero.

Entre los especialistas invitados figuran Almudena de la Mata, fundadora de Blockchain Intelligence y académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; Marcos Allende López, CEO de Blerify; Julio Valdés Rank, cofundador y CEO de TOHKN; y Pablo Arboleda, CEO de Wenia y vicepresidente de Analítica e Inteligencia Artificial del Grupo Bancolombia.