Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles el dictamen favorable número 177 para aprobar la Ley del presupuesto general del Estado 2026 y su respectiva Ley de salarios por un total de $10,555.5 millones.

La ley de presupuesto fue dictaminada con un recorte de $164,210,965 al Órgano Judicial para reforzarlos a los ramos de Educación, Salud, Agricultura y Obras Públicas, aunque no detallaron a qué actividades o unidades específicas.

El recorte es posible luego de una reforma constitucional que eliminó el mínimo del 6 % de ingresos corrientes del presupuesto que establecía el artículo 172 de la Constitución.

¿Cómo distribuirán el recorte de $164.2 millones del Órgano Judicial?

• Educación: $40,000,000
• Salud: $20,000,000
• Agricultura: $23,363,750
• Obras Públicas: $50,000,000
• Hacienda: $30,847,215

Luego del recorte al Órgano Judicial, la segunda modificación fue incorporar el presupuesto de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA): $3,070,532. Los fondos provienen de Hacienda.

Y la tercera modificación se debe a una reestructuración de plazas en el Ministerio de Economía que incluye las plazas de encargada de comunicaciones, técnico, técnico Uaci (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones) y de colaborador técnico; según la lectura, se suprimirán cuatro plazas.

Según el dictamen leído en la comisión, el presupuesto asciende a $10,555,580,928 y promete estar “formulado de manera equilibrada”, que “los ingresos cubren en su totalidad el gasto corriente” y que se encontraría “sin brechas de financiamiento”.

Los ingresos tributarios proyectados suman $8,289,331,501, la mayor parte de IVA, Impuesto sobre la Renta y aranceles a la importación.

El proyecto presenta un programa anual de inversión de $2,261,000, que aumenta el presentado –y que no se ejecutó en su totalidad– en 2025.

Los fondos para los ramos de Educación, Salud, Seguridad y Defensa suman $4,003,358,027, un 38 % del plan de gastos, $1,325,025,360 para Salud y $1,641,150,290 para Educación.

Se destinan $238,775,994 para subsidios: $114,646,162 para gas licuado de petróleo, $60,003,595 para subsidio a transporte público y $64,126,237 para subsidio a la energía eléctrica.

El presupuesto 2026 proyecta ingresos corrientes por $8,890,916,660; ingresos de capital por $27,579,930, en su mayoría donaciones; y financiamiento por $1,375,395,156, “desembolsos ya contratados y aprobados”.

El diputado Christian Guevara, presidente de la Comisión, dijo que realizaron ocho sesiones de trabajo desde el 10 de octubre de 2025 y que las reuniones eran abiertas. “Cualquier partido pudo haberse venido a sentar”, expresó.

Los diputados también agregaron asociaciones o fundaciones sin fines de lucro o modificaron algunas de sus asignaciones, respecto al proyecto presentado.

“Finalmente se informa que, en atención de consulta realizada por la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, el señor ministro de Hacienda no tiene objeción en que se asignen los fondos a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro hasta por un monto de $10,868,721, lo cual representa un incremento de $3.6 millones con relación al proyecto de presupuesto 2026 presentado a esta Asamblea Legislativa. El monto necesario para este ajuste se tomará de las asignaciones correspondientes al Ramo de Hacienda”, indica el dictamen.

Entre las asociaciones agregadas están: Asociación Alianza Agropecuaria Salvadoreña, Asociación Patitas de la Calle, Asociación Hermandad de Jesús Nazareno de Sonsonate, Fundación Tecnológico de Exalumnos Salesianos (FITEXSAL), Asociación Protectoras de Aves (Aproaves), Asociación Felicidad, Asociación El Hogar para el Alcohólico, Fundación Un corazón que ayuda, Fundación para la Cooperación Médico Quirúrgica Miguel Layton.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió este miércoles un dictamen favorable para aprobar el presupuesto y la respectiva ley de salarios que tendrán los diputados para el año 2026.

El presupuesto del Legislativo asciende a $46,996,257, según el dictamen 176, que recibió los votos de todos los diputados presentes en la Comisión.

La Asamblea Legislativa consultó el presupuesto con el presidente de la República. “Dicha consulta obtuvo respuesta afirmativa”, indica el dictamen.

La cantidad aprobada no disminuye respecto al presupuesto de 2025. En la reunión, los legisladores no realizaron ninguna modificación al proyecto.

El dictamen no desglosó los gastos que se tendrían para el próximo año.

En el presupuesto de 2025, se destinaron $36,719,342 a remuneraciones, entre las que se encuentran: $1,309,335 para gastos de representación, $6,342,149.52 para remuneraciones permanentes y $24,199,603.84 para remuneraciones eventuales, entre otros.

También, en el plan de gastos de 2025 se incluyeron $5,827,585 para compra de bienes y servicios; además de $1,205,280 para gastos financieros y otros.

Así mismo, se destinó $1,095,000 para seguros, comisiones y gastos bancarios, de los cuales hasta junio se habían ejecutado $231,730.46, siempre en el presupuesto de 2025.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo el pasado 9 de diciembre que el presupuesto del Legislativa sería presentado el viernes 19 de diciembre. Castro convocó para una sesión plenaria este jueves 18 de diciembre, en la cual podría ser aprobado el presupuesto de esta institución dirigida por los diputados.

Castro aseguró que el presupuesto del Órgano Legislativo para 2026 «no cambia absolutamente nada», respecto al presupuesto del presente año. En el presupuesto, cada uno de los 60 diputados disponen de un presupuesto de $8,000 cada mes para poder contratar a su propio personal como asesores, camarógrafos, entre otros.

El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa una nueva reforma al presupuesto general del Estado de 2025 para incorporar $15,950,550 de excedentes de ingresos tributarios que según Hacienda se deben a la amnistía fiscal.

La reforma fue avalada este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, como dictamen favorable 180.

En su visita a los diputados, la subdirectora general de presupuesto, Laura Arce, explicó que los fondos destinados a Salud servirán para estrategias de modernización y ampliación de los servicios de salud.

Y detalló que los fondos para la Cancillería servirán para las “sedes del servicio exterior”. Agregó que la Fiscalía recibirá los nuevos fondos para el pago de servicios jurídicos para litigios judiciales.

«Necesidades urgentes»

El gobierno argumentó en su proyecto de decreto que a algunas instituciones “les han surgido necesidades urgentes de funcionamiento durante el último trimestre del presente ejercicio fiscal de 2025 que requieren cobertura presupuestaria”.

La solicitud no detalla las necesidades que han surgido en cada cartera de Estado, únicamente indica el monto por cada institución.

Así, se orientarán $5.4 millones de estos excedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores, más de $1.5 millones a la Fiscalía General de la República y $9 millones al Ramo de Salud.

Según la solicitud, los fondos provienen del cobro del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), ya que es el rubro que se incrementa en la Cuenta 114 del rubro 11 de Impuestos, del apartado de ingresos del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

La solicitud fue enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, a solicitud del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, con iniciativa de ley presidencial.

Según el escrito, fue entregada el pasado martes 9 de diciembre a las 3:10 p.m. a la Asamblea Legislativa pero fue hecha pública hasta ayer 16 de diciembre en el sitio web asamblea.gob.sv.

Hasta noviembre, la Asamblea Legislativa ha realizado 47 reformas presupuestarias por $1,990.2 millones, de las cuales Hacienda declaró que $38.7 millones provienen de recursos propios y $348.8 millones de “asignaciones disponibles”. De estas reformas, $740 millones provienen de préstamos y $496.6 millones de títulos valores.

Mientras los diputados de Nuevas Ideas argumentan que buscan un gasto razonable del Órgano Judicial, diputados de oposición advirtieron que la eliminación del piso presupuestario para el Órgano Judicial salvadoreño socava la independencia judicial y la expone a presiones políticas.

Al defender la reforma sobre el presupuesto del Órgano Judicial, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, argumentó que están “ordenando” la Constitución de 1983.

“La realidad va adelante, el buen legislador, el buen diputado debe ir siguiendo con su legislación y legislando esa realidad”, indicó.

El diputado arguyó que únicamente la Corte Suprema de Justicia tenía “asignado un porcentaje” de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado por Constitución de la República y lo comparó con el resto de instituciones contraloras.

“Esto obviamente sabemos las motivaciones que hubieron en el pasado para buscar proteger algunos sectores, pero también hay instituciones contraloras, por ejemplo, la Corte de Cuentas, la Procuraduría y que no tienen pisos establecidos en la Constitución”, indicó.

El diputado explicó que la Corte Suprema de Justicia llegará a la Asamblea Legislativa “cada año” su presupuesto y que buscan “un gasto razonable”.

“Ellos vendrán a justificar en su debido momento, cada año, como las instituciones del Gobierno lo hacen, vendrán a decir en qué se va a gastar el dinero, cuánto se va a ocupar para los juzgados, recordemos que esta Asamblea Legislativa ha sido una de las Asambleas que más ha apoyado al sector justicia en nuestro país”, indicó Navarro.

«Justicia sin presiones políticas»

La diputada Marcela Villatoro indicó que con el piso presupuestario para el Órgano Judicial, creado a partir de los Acuerdos de Paz, se buscaba “es que existiese una real independencia de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los diputados y a la Presidencia de la República” y que “pudieran aplicar la justicia sin tener esas presiones políticas o sociales”.

Según Villatoro, ha existido abusos de la Corte como la contratación de seguros de vida y hospitalarios privados. Sugirió que este tipo de gastos deberían suprimirse no solo en la Corte sino en ministerios del poder Ejecutivo.

«Queda sujeta a caprichos políticos»

Durante la ratificación de la reforma, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, opinó que la reforma al artículo 172 de la Constitución quita la protección del Órgano Judicial contra cualquier presión política indebida.

Según Ortiz, la reforma, que eliminó el mínimo del 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado para el Órgano Judicial, altera el diseño básico de un Estado de derecho y no es una modificación inocente.

“El piso del 6 % del presupuesto para el Órgano Judicial nació como una garantía de independencia presupuestaria del Órgano Judicial después de los Acuerdos de Paz. Esto es lo que debe evitar para que la justicia no sea politizada, para que la justicia no sea sometida a presiones indebidas a nivel político o presupuestario”, criticó Ortiz.

La legisladora señaló que el Órgano Judicial está llamado a hacer el contrapeso de las decisiones del Órgano Ejecutivo que pudieran afectar “la legalidad, la Constitución o los derechos de los ciudadanos”.

Pero objetó que “se elimina es una protección constitucional para que el Órgano Judicial reciba presiones indebidas de los poderes políticos» y se suprime «la protección constitucional para que la justicia no se politice”.

La diputada alertó que podría afectar a los inversionistas extranjeros. “¿Cómo pretenden que vamos a traer inversiones?, a partir de ahora, la independencia judicial queda sujeta a caprichos políticos. No queda ninguna garantía de esa independencia, no fortalece la democracia, simple y sencillamente la debilita”, cuestionó.

La modificación constitucional, advirtió Ortiz, afectará a ciudadanos que quieran que un juez independiente decida sobre una herencia, una cuota alimenticia para sus hijos o defender sus derechos ante los tribunales. “Usted va a querer un juez que tome una decisión sin presiones políticas”, aseveró.

La reforma al artículo 172 de la Constitución que eliminó el piso presupuestario del Órgano Judicial fue aprobada el martes 16 de diciembre en una sesión plenaria en la cual se aprobó otra reforma al artículo 208 de la Constitución que amplió el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para equipararlo al nuevo periodo presidencial de seis años que aprobaron los diputados junto a la habilitación de la reelección presidencial indefinida, el pasado 31 de julio.

La nueva “Ley para la estabilidad del sistema financiero y garantía de depósitos”, que permite al Estado salvadoreño apoyar a través de instituciones del Órgano Ejecutivo en caso de una crisis financiera sistémica, inició su vigencia el lunes 15 de diciembre.

La normativa entró en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, en septiembre pasado.

Esta ley crea un Comité de Estabilidad Financiera, que puede emitir opinión antes de una declaratoria de crisis financiera sistémica por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Una declaratoria de crisis financiera es una situación en la cual “el Estado podrá apoyar” a través de instituciones del Órgano Ejecutivo, si los fondos del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD) son insuficientes.

La nueva normativa aumentará el monto de las primas que aportan los bancos al IGD, el cual busca respaldar los depósitos de los ahorrantes hasta por un monto de $11,951. Con la nueva ley, el derecho al reclamo de pago de garantía por un depósito prescribirá luego de cinco años a partir del inicio del proceso de reclamo.

Las primas aumentarán gradualmente en tres años del 0.10 % al 0.15 % del promedio de depósitos del trimestre anterior: 0.116 % el primer año, 0.133 % en el segundo año y 0.15 % en el tercer año a partir de la vigencia.

Esta ley también modifica el consejo directivo del IGD que ya no tendrá los dos directores nombrados por los presidentes de los bancos. Mantendrá el presidente y vicepresidente, más dos directores nombrados de una terna propuesta por el ministro de Hacienda y otros dos de una terna propuesta por la SSF.

La nueva normativa fue fruto del acuerdo del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La nueva ley es la única que ha finalizado su proceso de aprobación luego de observaciones del presidente Nayib Bukele de un paquete de leyes que buscaba regular el sistema cooperativo.

El Salvador se comprometió a implementar una nueva Ley de Estabilidad Financiera y también a «mejorar la supervisión y la gobernanza de las instituciones financieras no bancarias, de acuerdo con las mejores prácticas». En julio de 2025, el FMI consideró que la Ley de Estabilidad Financiera aún debía «alinearse con los estándares internacionales».

El acuerdo con el FMI también proyecta a mediados de diciembre de 2025 la aprobación de una ley para fortalecer la regulación y supervisión de las criptomonedas.

Diputados de oposición rechazaron este martes la reforma constitucional que homologó el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al nuevo periodo presidencial de seis años aprobado el pasado 31 de julio.

Si bien los diputados de Nuevas Ideas lo presentaron como una reforma sencilla que sincroniza ambos periodos, la oposición cree que el gobierno busca perpetuarse en el poder y concentrarlo. Lo califican como un ajuste del árbitro electoral.

“Es una estrategia para seguir concentrando el poder, debilitando los pesos y contrapesos de esta débil democracia”, indicó el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

“Homologar el tiempo al periodo presidencial ilegal e inconstitucional rompe el principio básico, nadie debe ser juez y parte», señaló.

Este partido político emitió un comunicado de prensa en el cual aseguran que Nuevas Ideas «ha abierto una puerta peligrosa», ya que puede cambiar la Constitución «para ajustar a los árbitros electorales a su medida», no descartan que después cambien leyes que protegen la propiedad privada, los ahorros o los derechos laborales.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que los magistrados del TSE «de árbitros no tienen nada». «Si el partido ya lo tienen pitado”, expresó.

“Sincérense y díganle a la gente que lo que quieren es que continúen sus cheros como magistrados”, expresó.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, atribuyó la reforma constitucional del TSE al «el hambre desmedida por centralizar más poder» y criticó la falta de consulta de la reforma. «Todas han sido para encajar en ese plan que ustedes tienen de perpetuarse en el poder, seguir con sus privilegios. La gente está con hambre y ustedes con banquetes», indicó.

La reforma al artículo 208 de la Constitución de la República extendió el periodo de los magistrados del TSE de cinco a seis años.

El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa reformó la Constitución para extender el periodo presidencial de cinco a seis años, a la vez que habilitó la reelección presidencial indefinida.

La Asamblea Legislativa ratificó, en una segunda sesión plenaria de este mismo martes, dos reformas a la Constitución de la República para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otra para eliminar el mínimo de presupuesto que debe recibir el Órgano Judicial.

Los diputados completaron las dos reformas constitucionales en menos de siete horas, en un proceso que inició poco después de las 12 del mediodía y concluyó a las 6:55 p.m. de este martes.

Casi a las 6:00 de la tarde, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que tenía en su poder las constancias de publicaciones del Diario Oficial de los acuerdos de reforma constitucional número 4 y 5, sobre las reformas a los artículos 208 y 172 de la Constitución, respectivamente. Por ello, solicitó introducir la ratificación de ambas reformas constitucionales aprobadas al inicio de la tarde de este mismo martes.

La dispensa de trámites y la ratificación de la reforma constitucional al artículo 208, sobre el TSE, fue aprobada con 57 votos y 3 en contra, de Arena y Vamos.

La primera reforma indica que los cinco magistrados del TSE “durarán seis años en sus funciones” y ya no cinco años. Transitoriamente el periodo de los actuales magistrados del TSE iniciado el 26 de septiembre de 2024 y que concluía el 1 de julio de 2029 “finalizará anticipadamente el 1 de julio de 2027, con el propósito de lograr una sincronía temporal con el periodo para el que resulte elegido el presidente y vicepresidente de la república”.

La segunda reforma constitucional ratificada elimina la disposición que ordenaba que el Órgano Judicial debía recibir al menos el 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Esa disposición, del artículo 172, fue sustituida por: “El Órgano Judicial dispondrá anualmente, según las necesidades razonables que dicha institución presente, de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.

Las reformas fueron calificadas de inconstitucionales e ilegítimas, además de que señalaron que no queda garantía para la independencia judicial.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que las reformas no están publicadas materialmente en el sitio web del Diario Oficial ya que el último Diario Oficial publicado es del 10 de diciembre.

«No es válido hacer una ratificación de los acuerdos aprobados en este mismo día. Eso solo es en tema de procedimiento. ¿Cuál es la prisa?, ¿cuál es el miedo?», exclamó Ortiz. Consideró que este cambio es «inconstitucional, ilegítimo e ilegal».

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el mecanismo de ratificación de las reformas constitucionales permitido con el nuevo artículo 248 reformado por Nuevas Ideas que habilitó la reforma constitucional en una sola legislatura.

«Nosotros como Asamblea Legislativa, según la Constitución y porque fuimos electos por el pueblo salvadoreño de manera directa, tenemos facultades para proponer un acuerdo de reforma constitucional como para ratificarlo en este mismo periodo siempre y cuando se cumplan con los requisitos del artículo 248», indicó Callejas.

Callejas también defendió la reforma que extiende el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para homologarlo al periodo presidencial.

La diputada Ortiz indicó que Callejas «no ha respondido» a su observación sobre la falta de publicación en el Diario Oficial. «La publicación y no solo el mero acto formal, sino la publicación efectiva, es un requisito indispensable para que este proceso de reforma constitucional sea legítimo y sea legal», indicó.

En respuesta, Callejas enfatizó en que se «ha y se está cumpliendo» con la Constitución ya que han visto la certificación del Diario Oficial y por la legitimidad que la población les ha dado.

En la votación de la ratificación del segundo acuerdo constitucional, la diputada Ortiz insistió en que el proceso de reforma constitucional aprobado este 16 de diciembre «es inconstitucional» y que «no es algo inocente».

«Alteran el diseño básico de un Estado de derecho, alteran definitivamente  un sistema donde existen pesos y contrapesos al poder político, y hace que El Salvador avance hacia una peligrosa concentración de poder», indicó Ortiz.

Según la diputada de Vamos, los inversionistas en El Salvador que entren en una disputa con el Estado «estarán sometido a un juez que puede tener el temor de no fallar con base al derecho porque a la vuelta del año siguiente su plaza puede ser suprimida por recortes presupuestarios».

Una segunda reforma constitucional impulsada este martes por la Asamblea Legislativa eliminará de la Carta Magna la asignación mínima del 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto estatal a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Órgano Judicial.

“El Órgano Judicial dispondrá anualmente según las necesidades razonables que dicha institución presente de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”, será el nuevo inciso cuarto del artículo 172 de la Constitución.

El acuerdo de reforma fue presentado este martes por la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas; fue introducido en agenda de la plenaria con 56 votos, su dispensa de trámite fue aprobada con 57 votos y, a las 3:31 de la tarde, fue aprobado con 57 votos. Los tres diputados de oposición votaron en contra.

La reforma requiere una ratificación en la misma legislatura con 45 votos, una votación que se prevé realizarán este mismo día, ya que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cerró la sesión plenaria y convocó a una nueva a las 4:30 p.m.

“Un Estado pequeño necesita ser eficiente, ser moderno y necesita responder a las diferentes necesidades que los salvadoreños tienen”, argumentó Rivas, al presentar la iniciativa.

“Han existido diferentes reordenamientos en otras instituciones del Estado. Hay algunas instituciones que por su naturaleza necesitan más recursos que otras instituciones”. Alexia Rivas (Nuevas Ideas).

El proyecto, leído por la diputada Elisa Rosales, asevera que las Constituciones «no son leyes eternas» y que los Estados «procuran alcanzar el ideal aristotélico de dar a quien lo que le corresponda», así como que «existen otras áreas que tienen una importancia aún mayor» como salud, seguridad pública y educación.

Condicionarán la justicia: Vamos

Para la diputada Cesia Rivas, de Vamos, la reforma «solo confirma que no existe la independencia de poderes».

Esto es grave, por esa separación de poderes y por la independencia judicial porque hoy con el presupuesto van a venir a condicionar procesos y justicia. Cesia Rivas (Vamos).

Rivas agregó que los tribunales de familia y de lo laboral “no dan abasto”. “Solo ustedes saben su verdadera intención. Porque con discurso de ahorrar le quitaron el Fodes (Fondo para el Desarrollo Económico y Social) a las alcaldías pero a las horas de las horas los que tienen más terrenos allá en el CNR (Centro Nacional de Registros) ya sabemos quiénes son, el ahorro forzoso es el del pueblo… Porque vaya que están haciendo magia”, criticó.

«Un equilibrio»: NI

Los diputados de Nuevas Ideas afirmaron que no están subiendo ni bajando el presupuesto del Órgano Judicial.

Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, aseguró que la reforma «responde a un enfoque moderno de gestión pública» sin montos fijos, sino «basadas en resultados, en necesidades reales». «Buscamos garantizar el mejor uso del dinero del pueblo salvadoreño», indicó. Y el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, aseguró que la plenaria de este 16 de diciembre «está transformando el país».

«Estamos generando un equilibrio, una planificación estatal y una asignación no automatizada. Aquí no estamos ni disminuyendo ni bajando, simplemente de acuerdo a esos principios y de razonabilidad se les va a permitir para que la Corte Suprema de Justicia siga trabajando». Walter Coto (Nuevas Ideas).

Coto aseguró que, de esta manera, están poco a poco cambiando las cláusulas pétreas de la Constitución.

«¿Solo ustedes van a quedar con ese privilegio?»

La diputada Cesia Rivas respondió que «no es cierto» que solo el Órgano Judicial tenga beneficios en su presupuesto, ya que la Asamblea Legislativa puede definir su propio presupuesto sin que el Ministerio de Hacienda intervenga.

«¿Van a hacer eso de homologar, armonizar, con los demás órganos de Estado o solo ustedes van a quedar con ese privilegio?», cuestionó a Nuevas Ideas.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, añadió que ese 6 % asignado al Órgano Judicial no viene de la creación constitucional sino que tras los Acuerdos de Paz de 1992 se buscaba «una real independencia de la Corte Suprema de Justicia» con respecto a los diputados y la Presidencia de la República.

La modificación se hace al artículo 172 de la Constitución, que actualmente establece: «El Órgano Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado». El Órgano Judicial tuvo un presupuesto de $492.3 millones para el año 2025 y proyectó un presupuesto de $533.4 millones para 2026.

La Asamblea Legislativa inició la tarde este martes el proceso de reforma a la Constitución de la República para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a raíz de una reforma constitucional aprobada en julio que extendió los periodos presidenciales de cinco a seis años.

La iniciativa, propuesta después del mediodía por la diputada Dania González, fue firmada en el pleno legislativo por el resto de diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, y su acuerdo constitucional fue votado casi a las 1:53 de la tarde.

La reforma se realiza en el inciso primero del artículo 208 de la Constitución de la República e incluye una modificación transitoria que acorta también el periodo actual de los magistrados del TSE de cinco a tres años.

Para Nuevas Ideas, esta reforma busca «homologar» los tiempos de las elecciones presidenciales con los periodos de los magistrados del TSE. Para los diputados Arena y Vamos, es un «abuso» para la «perpetuación del poder» del gobierno actual.

La Constitución señala actualmente que los magistrados del TSE se eligen con tres ternas de los partidos “que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial” y otras dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que su periodo dura cinco años.

La reforma obedece a la reforma constitucional aprobada el 31 de julio, día en el que la Asamblea habilitó la reelección presidencial indefinida, alargó el periodo presidencial a seis años para hacer coincidir las elecciones presidenciales con las municipales y legislativas. Esta reforma también adelantó las elecciones presidenciales de 2029 a 2027.

La reforma rápida constitucional es posible en El Salvador luego de que la Asamblea reformara el artículo 248 de la Constitución, que exigía las reformas constitucionales en dos legislaturas diferentes. Ahora, puede ser ratificada por la misma legislatura si tienen 45 votos (tres cuartas partes) y por la siguiente con dos tercios. La dispensa de trámites de la iniciativa fue aprobada a las 13:12 p.m. con 57 votos.

Es para «sincronizar» dice Nuevas Ideas

La iniciativa, con fecha 15 de diciembre de 2025, defiende la modificación de las Constituciones para “armonizar la realidad política con la realidad normativa” y que la realidad política es “esencialmente mutable”.

La diputada Dania González aseguró que “en palabras sencillas” los diputados están aprobando una reforma para “unificar” las elecciones de presidente junto con las elecciones de diputados y concejos municipales, y con los tiempos de los magistrados del TSE.

“En este preciso caso estamos homologando los tiempos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los tiempos que actualmente tienen no coinciden con este calendario electoral”. Dania González (Nuevas Ideas).

El diputado Raúl Chamagua, del mismo partido, aseguró que la reforma busca «homologar» o «sincronizar» los periodos del TSE con los presidenciales.

«Con la reforma estamos homologando los plazos del periodo. Simple y sencillamente eso, no se cambia ningún proceso. Lo único que se hace es acoplar el periodo de los magistrados del TSE al tiempo que ejecuta el presidente de la República que sea electo en el momento», dijo. Agregó que cuando las instituciones están sincronizadas todos ganan.

«Como papel higiénico»

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó el uso de los periodos vacacionales para cambiar la Constitución y recordó que en el periodo navideño de 2024 se aprobó la Ley de Minería. Aseguró que la Constitución está siendo “pisoteada» y usada como papel higiénico. “Tienen un problema bien grave, se creen constituyentes”, aseveró.

“Aquí la verdad es que ocupan las vacaciones para hacer y deshacer la Constitución como si fuese un trozo de papel higiénico”. Marcela Villatoro (Arena).

Villatoro también puso en duda la credibilidad de los magistrados del TSE: “Aquí parecería que ustedes ya tienen los resultados… Aquí parecería que todos están bajo una misma guía y bajo una misma señal (…) De árbitros no tienen nada. Si el partido ya lo tienen pitado”, expresó.

Agregó que con esta reforma “se les está olvidando el principio de la irretroactividad de la ley” al acortar el periodo del TSE.

Según Villatoro, el argumento de “congruencia cronológica” no tiene que ver con la Constitución: “Sincérense y díganle a la gente que lo que quieren es que continúen sus cheros como magistrados”.

“No vamos a apoyar ninguno de esos engendros que vengan después de esa primera reforma constitucional que ustedes han hecho, que al final de cuentas todo radica en un mismo sentido y es la concentración del poder”, criticó.

La diputada también criticó a Nuevas Ideas por hacer un “show” con una “colita bayunquita” de los legisladores para firmar la propuesta supuestamente de la diputada Dania González.

“No se dejen engañar y póngale coco a las próximas sesiones plenarias. Quien quita que hasta nos quiten los alcaldes, porque solo eso les falta”, dijo, también advirtió que posiblemente habrá “otra reforma constitucional”.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, lo calificó de “vergonzoso y vulgar”. “¿Consultaron a los ciudadanos acerca de esta reforma?”, preguntó a Nuevas Ideas. Atribuyó la reforma al deseo del gobierno actual de «perpetuarse en el poder».

Aquí ustedes hacen lo que quieren, con la excusa de que son los más populares. Lo que están haciendo es abuso de poder. Cesia Rivas (Vamos).

César Ríos, experto en migración, aseveró este martes que las deportaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos “son selectivas y políticas”, ya que “tienen un listado de órdenes de deportación” clasificadas por países.

Ejemplificó que hubo mucha deportación de ciudadanos mexicanos a su país cuando el gobierno estadounidense estaba negociando aranceles con dicho país.

Entrevistado en el programa La Tribu, el experto explicó que las deportaciones son publicitarias, “el ICE lleva hasta cámaras para generar temor y políticas porque tienen que ver con una relación política con los países”, indicó.

Con ello, consideró que “ha sido menos el impacto” de las deportaciones de salvadoreños.

“Aunque ha habido, si lo comparamos con Honduras, Guatemala, México, hay una diferencia grande”, agregó.

Sin embargo, Ríos sugirió esto podría ser resultado “de las buenas relaciones políticas” pero sugirió “poner otros temas en agenda” como la residencia permanente de los amparados bajo el programa de protección de estatus temporal (TPS) que merecen muchos salvadoreños que se han portado bien y han contribuido a la economía estadounidense.

“Esto lo tiene que hacer el presidente en un acuerdo presidente-presidente y después le pasan la pelota a la embajadora y a las otras áreas”, señaló.

Salvadoreños que quieren regresar

César Ríos aseguró que cree que los migrantes salvadoreños que quieren regresar a su país son personas indocumentadas que viven en áreas de mayor persecución en los Estados Unidos y también quienes están en una situación de retiro laboral.

El experto reaccionó a la publicación de la encuesta publicada por el Banco Central de Reserva (BCR), que reveló que el 65 % de los salvadoreños que residen en Estados Unidos tiene intención de regresar a vivir a El Salvador, un incremento respecto al 60.2 % de la encuesta de 2022.

“Habría que hacer un esfuerzo de segmentación de quienes más se quieren regresar. Hay un sector perseguido que vive en una de las áreas de mayor persecución que quieren venirse porque son indocumentados y ya no encuentran oportunidades”. César Ríos, experto en migración.

Por otra parte, agregó que “hay un sector de retiro de nuestra migración que se fue en los años 70, también mayoritariamente quieren regresar”, además de que advierte “algunas inversiones de la diáspora con capacidad de invertir”.

Según la encuesta del BCR, la mayoría de salvadoreños quiere retornar a su país pero no de manera inmediata, ya que el 36 % quiere hacer después de 10 años, 24 % en los próximos 10 años y 21 %, en los próximos cinco años.