Autor: Yolanda Magaña

La diputada Cesia Rivas, del opositor Vamos, aseguró que, cuando su partido realiza visitas a las comunidades las personas les expresan que tienen temor de caer en el “margen de error” que ha sido reconocido por el Gobierno en la aplicación del régimen de excepción.

“Los salvadoreños, ahí en las colonias… ¿saben qué nos decían?, les voy a poner el caso de Santa Lucía, nos decían que qué bonito era estar en la calle y que sus hijos salieran a jugar mica, a jugar ladrón librado como lo hacían antes… ¿Pero saben qué también nos dijeron? Que tienen miedo de ser el margen de error, que tienen miedo de ser un error y terminar con su vida”, expresó la legisladora suplente que el jueves votó en contra de la 47ª prórroga del régimen de excepción que cumplirá cuatro años en El Salvador el próximo 27 de marzo de 2026.

“¿Acaso el salvadoreño no merece una seguridad sin margen de error?, ese margen de error reconocido por esta administración, ese margen de error que se ha cobrado vidas de estudiantes, de jornaleros, de maestros, de sindicalistas, de salvadoreños de bien que no tenían ningún vínculo con las pandillas y que muchos de ellos han salido muertos porque no se les dio el derecho de decir que eran inocentes”, preguntó a los diputados en el pleno legislativo en la sesión del pasado jueves.

Rivas preguntó cuántas personas están detenidos y “con carta de libertad” porque a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) “no le importa porque en este país no hay separación de poderes”.

“Lo que reina es la inseguridad jurídica”, aseguró, sobre El Salvador. Según la diputada, dicha inseguridad jurídica hizo que un defensor ambiental y el pastor de una iglesia líder de la comunidad El Bosque fueran arrestados por “protestar”.

“Esos vendedores del Centro que son amenazados con el régimen de excepción que se los van a llevar, de eso no dicen nada”, reclamó.

La legisladora, que pidió la aprobación de una ley de desaparecidos, también objetó la reserva de información pública sobre las cárceles del país y criticó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo señalamientos de pactos con las pandillas durante la administración actual.

Cerca de los cuatro años del régimen de excepción en El Salvador, el Ministerio de Seguridad justificó ante el Consejo de Ministros la necesidad de mantener esta medida en la persistencia de las pandillas en el territorio nacional y en la amenaza regional de estos grupos delictivos poniendo de ejemplo los hechos ocurridos en Guatemala.

En su solicitud de la 47ª prórroga del régimen de excepción, enviada a la Asamblea Legislativa por el secretario jurídico de la Presidencia de El Salvador, Adolfo Muñoz, se expone que el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, sometió a consideración del Consejo de Ministros diversas circunstancias para sustentar la solicitud. El régimen de excepción se prorroga cada mes; la más reciente está vigente hasta el 1 de marzo próximo.

De acuerdo con el Gobierno, aunque se han capturado “más de 91,000 terroristas”, es necesario prolongar el régimen de excepción, ya que la suspensión de las tres garantías constitucionales contenidas en los incisos segundos de los artículos 12 y 13, así como del artículo 24, “son necesarias” para “continuar las actividades operativas de seguridad”.

La suspensión de las garantías constitucionales tienen que ver con el derecho de defensa, plazo máximo de detención e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, derechos que están suspendidos en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.

Según el Ejecutivo, estas medidas “han permitido la detención de integrantes y jefes de organizaciones terroristas, de criminales relacionados con la comisión de ilícitos vinculados al traslado de armamento, e incluso han neutralizado agresiones dirigidas hacia elementos policiales”.

El Ministerio de Seguridad explicó que recientemente fueron capturados miembros de una organización criminal “cuyas acciones estaban dirigidas a afectar gravemente a jóvenes y menores en entornos escolares, por medio de intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas tanto dentro como fuera de los centros educativos”.

“Esto confirma la persistencia y el intento de reorganización de las pandillas en el país, evidenciando la gravedad de este fenómeno”, señala el documento.

Asimismo, el ministro sostuvo que, debido a la amenaza que representan las pandillas para la sociedad y la juventud, “resulta indispensable continuar con la adopción de medidas extraordinarias y especializadas que permitan combatir eficazmente estas estructuras criminales”.

El Gobierno también argumentó que las estrategias permiten “mantener el control interno sobre las estructuras criminales”, pero advirtió que el contexto regional “demanda especial atención” por los hechos ocurridos en Guatemala, donde fueron asesinados nueve agentes policiales.

“Estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad alcanzada en nuestro país. Por ello, la defensa y el combate frontal contra terroristas deben mantenerse a través de las medidas extraordinarias previstas en el régimen de excepción”, indicó el Ministerio de Seguridad al Consejo de Ministros, según el escrito del secretario jurídico.

Finalmente, el documento sostiene que la continuidad del régimen de excepción se considera una herramienta indispensable para preservar la estabilidad y proteger a la población salvadoreña frente a posibles repercusiones externas.

El régimen de excepción ha cuestionado por organizaciones no gubernamentales bajo el argumento de que su aplicación ha implicado la captura de personas no vinculadas a pandillas ya que han registrado más de 6,500 denuncias, en su mayoría denuncias de capturas arbitrarias, y la muerte de más de 400 personas detenidas bajo custodia estatal. El gobierno ha admitido que hay un margen de error en las capturas.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aseguró que su gobierno estará dispuesto a colaborar con El Salvador en tecnología minera, educación y temas agrícolas, al esperar colaboración salvadoreña en torno al sistema penitenciario.

Kast se reunió el viernes con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, luego de visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, San Vicente Sur.

«Queremos generar vínculos de colaboración, en lo que nosotros podamos aportarle en temas de tecnología minera, en temas de educación, en temas agrícolas», expresó, sin dar detalles si hubo pláticas sobre estos tres temas en los que podría colaborar Chile con El Salvador.

Kast dejó claro que quieren «pedirle la colaboración» al gobierno salvadoreño «en mejorar el sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal», pero aclaró que «no necesariamente» aplicarán el mismo modelo sino que lo adaptarían a la realidad chilena, de la cual dijo que «va en un sentido contrario al progreso en tema de seguridad y ha ido perdiendo la esperanza».

“Son un faro dentro de un mundo agitado por el mundo agitado por el crimen organizado y que tenemos nosotros mucho que aprender de ustedes”. José Antonio Kast, presidente electo de Chile al gobierno de El Salvador.

La Asamblea Legislativa de El Salvador revirtió el 23 de diciembre la prohibición de la minería metálica y aprobó una Ley General de Minería Metálica, derogando la Ley de Prohibición de Minería Metálica que estuvo vigente en el país desde 2017.

La nueva ley, que está vigente desde el 7 de enero de 2025, permite la exploración, explotación y extracción de metales, así como toda actividad minera metálica, en el suelo y subsuelo y en el dominio marítimo de El Salvador, sin necesidad de concesión aprobada por la Asamblea Legislativa.

La explotación minera podrá ser realizada únicamente por el Estado pero podrá hacerlo “a través de sociedades en la que posea participación accionaria y de economía mixta». La ley prohíbe expresamente el uso de mercurio, aunque no del cianuro. El resto de sustancias deberán ser autorizadas por la Dirección de Minas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este viernes que el Estado «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora», al tiempo que acusó a organizaciones no gubernamentales, que han denunciado atropellos en el régimen de excepción, de «proteger a delincuentes».

«Me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países, ustedes sabrán si pasa en Chile o no, que solo se preocupan por los criminales pero nunca por la gente honrada, entonces, a mí me parece que como que hay algo perverso ahí atrás, de estas oenegés y estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes», respondió a la pregunta de una periodista chilena que aseveró que el modelo Bukele también críticas en Chile por las violaciones a derechos humanos.

Bukele aseguró que él está de acuerdo en que «todos los criminales tienen derechos humanos» pero subrayó que «la prioridad para el Estado» deben ser «los derechos humanos de la gente trabajadora.

«Nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente trabajadora y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos», agregó.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado la implementación del régimen de excepción en El Salvador.

Amnistía Internacional ha dicho que el régimen de excepción es un modelo de seguridad “a costa de los derechos humanos” por las “detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal”. Esta organización documentó 60 casos de capturas arbitrarias, sin órdenes administrativas o judiciales, con entrevistas con policías y movimientos que aseguraron hubo “imposiciones de cuotas diarias» a los policías, así como capturas con «acusaciones anónimas y factores discriminatorios como tener tatuajes”.

«A todas esas denuncias que han hecho estas organizaciones les daría algún valor si hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas, pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes», insistió Bukele.

El régimen de excepción, próximo a cumplir cuatro años de vigencia, se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y le granjeó a Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.

La polémica medida es señalada de violentar derechos humanos, dejando más de 6.400 denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 470 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado organizaciones humanitarias.

Las declaraciones de Bukele las brindó durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, que visitó El Salvador para reunirse con el mandatario salvadoreño y recorrer el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad para pandilleros.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele informó este viernes que está dispuesto a apoyar a Chile en la implementación de un sistema penitenciario tomando como ejemplo el de El Salvador, que cuenta con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad para pandilleros.

El salvadoreño Bukele y el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, hicieron estas declaraciones tras una reunión privada en la Casa Presidencial, en San Salvador, después de que Kast recorriera el Cecot, como parte de una visita al país correspondiente a una gira por Centroamérica y el Caribe.

«Presidente, cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle», dijo Bukele en la declaración conjunta ante la prensa nacional y extranjera.

El mandatario salvadoreño aseguró que el sistema penitenciario de este país «no es el mejor del mundo» y agregó: «No tenemos recursos para que lo sea, pero es bastante bueno a nivel Latinoamericano».

«La verdad es que el sistema penitenciario de El Salvador, que está lejos de ser perfecto, es uno de los mejores de Latinoamérica, se garantiza que desde allí (desde las cárceles) no se ordenan crímenes, no hay señal de celular y es un sistema que permite que no sean cuarteles generales de crímenes», apuntó.

La principal apuesta del Gobierno Bukele es la cárcel de máxima seguridad Cecot que se construyó en el contexto de la implementación de un régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas, pero que es señalado de violar derechos humanos.

En tanto, Kast sostuvo que El Salvador, una nación pequeña, es «la esperanza de muchas naciones que ven como el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control» y «han tomado decisiones duras, pero necesarias».

«Nosotros hemos visto sistemas penitenciarios en distintos países y el sistema penitenciario que uno ve que los medios comunican de El Salvador solamente es el Cecot, pero no hablan de la rehabilitación de personas que han cometido un solo delito y eso también es importante», señaló el chileno.

Kast agradeció a El Salvador por «ser un faro de esperanza» en «temas de recuperar la seguridad» y añadió que durante la visita al país centroamericano han «aprendido mucho».

«Realmente queremos pedir la colaboración de ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer todo su sistema de derecho penal, no necesariamente haciendo lo mismo, sino que de acuerdo a nuestra realidad poder perfeccionar siempre en la mira de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas», agregó.

Kast, que se impuso con más del 58 % de los votos en las elecciones de diciembre del año pasado, sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo.

Luego de su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y de conversar con las autoridades de Seguridad en El Salvador, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aseguró este viernes que los ejemplos exitosos deben seguirse y que las medidas “no se copian” sino que se “adaptan”.

“El Salvador era uno de los países más peligrosos de América Latina y hoy es el más seguro. Las medidas no se copian: se estudian y se adaptan a la realidad nacional. Pero los ejemplos exitosos, se siguen. Hoy visitamos el CECOT, una de las claves contra el crimen organizado”, posteó el funcionario chileno en X.

También, en declaraciones brindadas en el CECOT, remarcó que quieren conocer y estudiar el sistema penal de El Salvador aunque no necesariamente aplicarlo de la misma forma.

“Es un sistema penal distinto al nuestro que nosotros queremos estudiar y conocer, no necesariamente replicar de la misma manera, pero uno lo que tiene que aprender en partes, como lo hicimos en Haití y en República Dominicana, el muro fronterizo con Haití, cuáles son las fórmulas que le dan paz y tranquilidad a las naciones que a uno le toca dirigir”, expresó a un grupo de corresponsales.

Kast ha dicho que está interesado en evaluar la política carcelaria salvadoreña y para ello realizó su segunda visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que el presidente del país, Nayib Bukele, mandó a construir en 2023 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.

La visita fue realizada junto a la ministra de Seguridad designada por el presidente electo, la exfiscal Trinidad Steinert, quien se reuniría con el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.

El Salvador ha impulsado un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022 que ha dejado 91,000 capturados según cifras oficiales y también ha aprobado paquetes de reformas penales que ha prolongado el periodo de detención sin proceso judicial y el enjuiciamiento grupal así como el aumento de penas. Este modelo es criticado por organizaciones sociales que señalan capturas arbitrarias y muertes dentro de los centros penitenciarios distintos al CECOT, en donde también hay detenidos bajo el régimen. El gobierno ha admitido un “margen de error” en las capturas.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien está interesado en evaluar la política carcelaria salvadoreña, visitó este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que el presidente del país, Nayib Bukele, mandó a construir en 2023 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.

La visita fue realizada junto a la ministra de Seguridad designada por el presidente electo, la exfiscal Trinidad Steinert, quien se reuniría con el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.

Según Casa Presidencial de El Salvador, el gobernante electo del país sureño está buscando “conocer de primera mano nuestro modelo de seguridad y evaluar la adaptación y aplicación a la realidad que vive Chile”.

“Estamos listos para trabajar de la mano con nuestros hermanos chilenos”, posteó Casa Presidencial de El Salvador.

Kast arribó a El Salvador la noche del jueves y fue recibido por la canciller, Alexandra Hill Tinoco.

El gobierno de El Salvador implementó un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 que ha sido prorrogado 47 veces y se mantiene aún vigente, lo que ha facilitado las capturas de 91,000 personas acusadas todas de ser terroristas o pandilleras según cifras oficiales. Además de la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, el gobierno ha impulsado reformas penales y a la Ley contra el crimen organizado que permiten acusar a los pandilleros por estructuras y aumentó las penas para delitos como la pertenencia a la pandilla (agrupaciones ilícitas), si son colaboradores o es agravada si son cabecillas. Además, las reformas ha prolongado en dos ocasiones por dos años el tiempo para que los capturados sean acusados por la Fiscalía ante los tribunales de crimen organizado.

El régimen de excepción consiste en suprimir los derechos de la Constitución de la República establecidos en el inciso segundo del artículo 12, el inciso segundo del artículo 13 y el artículo 24.

Las disposiciones suspendidas indican que «la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca».

En el artículo 13, el inciso segundo establece: «La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiera practicado».

Y el artículo 24 suspendido dice que «la correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra», además que prohíbe la intervención de las telecomunicaciones y solo lo autoriza excepcionalmente con autorización judicial.

El gobierno ha admitido que hay «un margen de error» en las capturas. Las organizaciones sociales como Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal reportaron más de 6,500 denuncias de detenciones arbitrarias y otras violaciones durante el régimen de excepción, y más de 400 detenidos muertos bajo custodia estatal. La coordinadora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, está en el extranjero; y la jefa de unidad anticorrupción de Cristosal, Ruth López, fue capturada por delito de enriquecimiento ilícito.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador no cumple con más de dos tercios de la información que está obligado a publicar asevera un estudio presentado este viernes por la organización Acción Ciudadana.

De los 33 ítems evaluados en el estudio de Acción Ciudadana, únicamente siete se encuentran completos y actualizados conforme a la normativa y 22 presentan información desactualizada y tres ítems están completamente vacíos o sin justificación de su inexistencia.

Este viernes, se verificó que en el Portal de Transparencia del TSE transparencia.tse.gob.sv no hay información del año 2025, entre estas actas o resoluciones de los magistrados del TSE, registro electoral, viajes.

En su informe, Acción Ciudadana evaluó, el 15 de diciembre de 2025, 33 ítems de información que el TSE está obligado a publicar oficiosamente según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y verificaron que la información estuviera actualizada hasta el 15 de septiembre de 2025.

“El número de ítems desactualizado se mantiene prácticamente igual que en el segundo (monitoreo), lo que evidencia el estancamiento persistente en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del TSE, esto es especialmente preocupante de cara al proceso electoral”. Acción Ciudadana.

La Ley de Acceso de Información Pública obliga a instituciones de Gobierno y del Estado a publicar información

Un hallazgo de la investigación es que el TSE tiene información financiera desactualizada, información desaparecida de asesores y directorio de autoridades, e incluso los resultados de escrutinio electoral inaccesibles o con los enlaces rotos.

Además, la información operativa publicada y las agendas del pleno están desfasadas. “La mayoría no ha sido actualizada desde septiembre de 2024”, indicó Acción Ciudadana.

En comparación con los dos análisis anteriores, Acción Ciudadana consideró que no hay avances sustantivos, ya que entre el primer y segundo monitoreo se corrigieron problemas como enlaces rotos, “esta mejora no se tradujo en actualización real de contenido”.