La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa estudiará el lunes la petición del Ministerio de Hacienda para incorporar $2,235,021 de un préstamo suscrito en 2015 con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Reino de España por $30 millones y del cual ya se ejecutaron $23 millones.
Los fondos servirán para mejorar tramos desvío El Zapote y caserío La Danta-Puente Integración, en la frontera con Honduras, del que era municipio de Victoria, ahora distrito, departamento de Cabañas.
Con los fondos, se financiará el anticipo por obras de construcción como movimiento de tierra, desmonte de la zona, instalaciones provisionales y pago de la supervisión.
el camino terciario CAB19N – Puente Integración, en la frontera con Honduras, municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
La reforma presupuestaria se hará al plan de gastos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para 2026.
El convenio del crédito con el ICO de España fue suscrito el 27 de noviembre de 2015 y aprobado por la Asamblea Legislativa el 18 de abril de 2018 para financiar “Caminos rurales progresivos y mejoramiento de caminos a nivel nacional”.
De los fondos del programa, se han ejecutado $23,004,797.50 y hay un saldo disponible de $6,995,202.50, de los cuales se incorporarán los $2.2 millones para mejorar ese tramo de calle ubicado en Victoria, Cabañas.
La solicitud fue enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, a iniciativa presidencial remitida por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá el lunes una petición de reforma presupuestaria para incorporar más fondos del préstamo del Banco Mundial para actividades iniciales en la reconstrucción de los mercados de San Miguel y Santa Ana.
Se incorporarán $5,013,080 para reconstrucción del mercado de San Miguel y sus municipios aledaños y otros $5,728,686 para reconstrucción del mercado de Santa Ana.
Los fondos servirán para financiar “las estimaciones por avance de obras que incluyen actividades relacionadas a excavaciones, rellenos para estructuras, sistema colector de aguas lluvias, fundaciones, estructuras de concreto, losas, columnas, vigas, tabiquería, entre otras”.
Además, se incorporarán para fortalecimiento institucional $507,831, dinero que servirá para comprar bienes y servicios requeridos por la Unidad Ejecutora del proyecto como equipo informático, licencias de software, auditoría externa y vehículos para el seguimiento y supervisión de los proyectos.
El préstamo para los mercados que otorgó Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, asciende a $150 millones bajo el “Proyecto de desarrollo económico local resiliente”
En el presupuesto estatal de 2026 ya tiene presupuestados un total de $39,638,965 financiados con el préstamo: $14.1,88,965 para el mercado municipal de San Miguel, $24,450,000 para el mercado de Santa Ana y $1,000,000 para fortalecimiento institucional.
La Asamblea Legislativa tiene una petición de modificación al contrato de garantía soberana para avalar el incremento de la línea de crédito de $50 millones a $103.7 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Fondo Social para la Vivienda (FSV).
El incremento ya fue autorizado por el BCIE el 28 de julio de 2026 a la línea de crédito 2178, por lo que la institución financiera requirió ampliar la garantía soberana a la misma cantidad.
La solicitud será analizada el lunes próximo por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, cuyo pleno recibió el jueves la solicitud.
El plazo de la línea global del crédito es hasta 36 meses o tres años a partir de la suscripción del contrato, renovable por periodos iguales.
El BCIE “establecerá los intereses” según la naturaleza y e destino según el programa del crédito y los fondos serán utilizados exclusivamente para financiar o realizar operaciones que se enmarquen dentro de los distintos programas de intermediación financiera del BCIE con los que el FSV sea elegible.
De enero a agosto de 2026, la Asamblea Legislativa ha autorizado un total de $1,896.4 millones en nuevos préstamos, garantías crediticias y títulos valores.
Cuatro miembros propietarios del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) fueron reelectos para continuar en la institución durante el periodo 2026-2031, mientras que los otros tres cargos serán ocupados por funcionarios vinculados a la Corte de Cuentas de la República (CCR), una Cámara de Familia y una Cámara contra el Crimen Organizado.
Los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron y juramentaron el jueves a los siete consejeros propietarios y siete suplentes que integrarán el CNJ durante el próximo quinquenio, que comenzará el 22 de septiembre de 2026 y concluirá el 21 de septiembre de 2031.
Entre los actuales consejeros que buscaban continuar en la institución, cuatro conservaron sus cargos como propietarios. Otros dos, Alcides Salvador Funes Teos y Doris Deysi Castillo de Escobar, habían sido incluidos en ternas para ocupar puestos suplentes, pero finalmente no fueron seleccionados.
Funes Teos era consejero propietario desde 2010, después de haber sido auditor del Departamento de Investigación Judicial, mientras que Castillo de Escobar ocupaba el cargo desde 2016, luego de desempeñarse como colaboradora judicial del Juzgado Primero de Familia de Santa Ana.
Cuatro continuarán como propietarios
Los cuatro consejeros propietarios que fueron reelectos representan distintos sectores que participan en la conformación del CNJ.
Santos Guerra Grijalba continuará como representante del sector de abogados. Obtuvo 57 votos a favor y tres en contra, correspondientes a diputados de Arena y Vamos.
Luis Alonso Ramírez Menéndez también fue reelecto. Representa a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador y obtuvo 57 votos favorables y tres en contra.
Por las facultades de Derecho de las universidades privadas continuará Verónica Lisseth González Penado, quien recibió 57 votos a favor y tres en contra.
El cuarto reelecto es Miguel Ángel Calero Ángel, actual presidente del CNJ y representante del Ministerio Público. Su elección también obtuvo 57 votos a favor y tres en contra.
El CNJ es el organismo encargado de evaluar, proponer y capacitar a jueces y magistrados del sistema judicial.
Tres nuevos propietarios llegan desde cámaras y la CCR
La renovación de los propietarios se completa con tres nuevos integrantes.
Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez fue elegido por el sector de abogados; actualmente labora en una Cámara de Familia y también ha sido juez suplente. Recibió 59 votos a favor y uno en contra.
Alexander Efraín Ticas Navarro, también propuesto por el sector de abogados, se desempeña como asesor de la Corte de Cuentas. Su elección obtuvo 59 votos favorables y un voto en contra.
El representante del sector de jueces y magistrados será Omar Alexander Hernández, magistrado de la Cámara Primera contra el Crimen Organizado. Fue electo con 57 votos a favor y tres en contra.
Tres suplentes de la CCR
La nueva integración del CNJ también contempla siete consejeros suplentes, tres de los seleccionados pertenecen a la Corte de Cuentas.
Eduardo Antonio Pérez Hernández, jefe de la Unidad de Notificaciones de la CCR, fue electo por el sector de abogados con 59 votos a favor y uno en contra.
También fue seleccionada Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, quien labora en la Corte de Cuentas, ella tuvo 59 votos a favor y uno en contra.
El tercer integrante proveniente de la CCR es Manuel Alexander Guevara Hernández, director de Transparencia de esa institución. Recibió 57 votos favorables y tres en contra.
Los otros cuatro suplentes provienen de diferentes sectores.
Por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador fue elegido Elías Alexander Mejía Merlos, docente universitario y asesor de empresas privadas.
María Francesca Leiva Rodríguez, también docente universitaria, fue seleccionada como suplente por las facultades de Derecho de las universidades privadas.
Como representante del Ministerio Público fue electa Jennifer Isa Mansell García de Vásquez, jefa de la unidad fiscal de Santa Tecla.
Mientras, por el sector de jueces y magistrados, fue elegida Nelly Edith Pozas Henríquez, magistrada de la Cámara Segunda de lo Laboral.
Los cuatro últimos recibieron 57 votos a favor y tres en contra.
Miembros suplentes del CNJ para el periodo 2026-2031, junto con el diputado Ernesto Castro, quien los juramentó. / Transmisión legislativa.
El director de Protección de Datos Personales de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) será nombrado por el presidente de la República para un periodo de tres años, de acuerdo con una de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley de protección de datos personales el jueves.
El artículo 51 de la Ley de protección de datos personales, aprobada el 12 de noviembre de 2024, indica que el director general de la ACE ejercerá atribuciones excepto la potestad de imponer sanciones y establece que, para asistirlo, «será nombrado un Director de Protección de Datos Personales». Pero la normativa no detalló quién nombrará y por cuánto tiempo será nombrado el director de protección de datos personales de la ACE.
Así, la reforma aprobada ayer aclara que será el presidente de la República quien nombrará al nuevo director de Protección de Datos Personales por un periodo de tres años; y regula además que «deberá cumplir los mismos requisitos del director de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de la ACE».
Estos requisitos están regulados en la «Ley de ciberseguridad y seguridad de la información»: tener grado universitario, nacional o extranjero, de preferencia informática, computación, sistemas, telecomunicaciones o relacionadas; acreditar experiencia profesional y laboral en ciberseguridad, honorabilidad y probidad, y haberse desempeñado en forma destacada en asuntos profesionales, de servicio público o académico. No establece requisitos de edad ni nacionalidad.
La reforma en el artículo 51 mantiene la facultad del director de datos personales para conocer de los procedimientos administrativos e imponer las sanciones que establece la Ley de protección de datos personales, y siempre le otorga la facultad de delegar la instrucción y la sustanciación de los procedimientos pero que la imposición de la sanción no se podrá delegar en un funcionario distinto al director general de la ACE.
Las modificaciones aprobadas a la Ley de protección de datos personales eliminaron la obligación que se imponía a las empresas privadas de nombrar delegados de protección de datos personales. Aunque las obligaciones no se eliminaron, estas se atribuyeron a los sujetos obligados. Las instituciones del sector público mantendrán la obligación de nombrar a delegados de protección de datos personales, que podrán ser los mismos oficiales de información.
La jefa de fracción del partido Arena, Marcela Villatoro, aseguró el jueves que aplicaron un baremo a los 41 candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que fueron entrevistados por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y de los cuales ayer fueron electos a 7 consejeros propietarios y 7 consejeros suplentes.
Villatoro relató que, junto con la diputada suplente Raquel Serrano y el diputado Francisco Lira, revisaron los perfiles de los candidatos, calificándolos según diferentes puntuaciones asignadas a criterios específicos.
Según la diputada, evaluaron: visión jurídica, plan de acción, experiencia, moralidad notoria, formación académica, ejercicio profesional, su independencia y el 20 % asignada al desempeño en la entrevista.
Eso lo hicieron, dijo, porque la Sala de lo Constitucional ordenó que la elección de los funcionarios de segundo grado debía ser motivada.
Villatoro destacó que las entrevistas habían durado siete días y afirmó que «si alguno no quiso llegar también pueda ser que sea por haraganería». Criticó que se vote únicamente en contra por todos los candidatos, ya que afirmó cada uno «tenía algo que aportar» y había «perfiles muy buenos». «Encontramos candidatos que venían a alabar pero otros se mantuvieron totalmente profesionales y basados en el derecho», afirmó.
Villatoro explicó luego de aplicar el baremo se decantaron por los siguientes candidatos:
De la primera terna de propietarios de abogados: Jaime Roberto Reyes Guzmán, 60 puntos.
De la primera terna de suplentes de abogados: Eduardo Antonio Pérez Hernández, 53 puntos.
De la segunda terna de propietarios de abogados: Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, 61 puntos.
De la segunda terna de suplentes de abogados: Alba Geraldine Paredes de Bonifacio, 76 puntos.
De la tercera terna de propietarios de abogados: empate entre Alexander Efraín Ticas Navarro y Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza, 72 puntos.
De la terna de propietarios de la Facultad de la UES: José Humberto Morales, 64 puntos.
De la terna de suplentes de la Facultad de la UES: Wilson Francisco Flores Zelada, 57 puntos.
De la terna de propietarios por las facultades de universidades privadas: William Rafael Rebollo, 73 puntos. Los otros dos candidatos, dijo Villatoro, habían sido suspendidos como notarios.
De la terna de suplentes por las facultades de universidades privadas: Manuel de Jesús Torres Gavidia, 68 puntos.
De la terna de propietarios por el Ministerio Público: Larissa Ventura Peñate, 75 puntos.
De la terna de suplentes por el Ministerio Público: Silvia Carolina de Rivas Zamora, 58 puntos.
De la terna de propietarios por el sector de jueces: José Alberto Franco Castillo, 89 puntos.
De la terna de suplentes por el sector de jueces: José Mauricio Henríquez Iraheta, 53 puntos.
Así, Arena terminó respaldado a 4 consejeros que habían sido propuestos por Nuevas Ideas: Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez y Alexander Efraín Ticas Navarro para consejeros propietarios y por Eduardo Antonio Pérez Hernández y Alba Geraldina Paredes de Bonifacio para consejeros suplentes.
La diputada de Arena pidió realizar votación nominal y pública por cada candidato por separado. «Tiene que ir candidato por candidato. Si nos hace esa votación así donde van todos en combo, nosotros vamos a tener que votar todos en contra y sin embargo tenemos dos personas de estos suplentes que nosotros queremos apoyar en esta votación», indicó.
Castro le respondió que irán votando uno por uno, y le pidió votación nominal y pública por el primer consejero suplente seleccionado.
La Asamblea Legislativa eligió y juramentó la noche de este jueves jueves a los siete miembros propietarios y los siete miembros suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para el quinquenio que iniciará el martes 22 de septiembre de 2026 y concluirá el 21 de septiembre de 2031.
Cerca de las 5:00 de la tarde, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, propuso los nombres de los 14 nuevos funcionarios; y los diputados del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) coincidieron inmediatamente.
El dictamen fue aprobado con 59 votos, de Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), explicó que su fracción aplicó un baremo a los candidatos y con base en el puntaje que obtuvo cada uno decidieron votaron únicamente por algunos de los aspirantes propuestos por Nuevas Ideas.
La propuesta de Nuevas Ideas fue realizada un poco antes de las 5:00 p.m. A las 5:48 p.m. ya se habían realizado las votaciones nominales y públicas para los siete consejeros suplentes. Luego de las votaciones, el presidente de la Asamblea Legislativa juramentará a los funcionarios en sus nuevos cargos. A las 6:34 p.m., los diputados terminaron la votación nominal y pública de los siete consejeros suplentes.
La juramentación, primero los suplentes y después los propietarios, concluyó a las 6:57 p.m.
Los 14 miembros del CNJ, siete propietarios y siete suplentes: ¿qué cargo tenían?
Como consejeros propietarios 2026-2031:
Por el sector de abogados:
1. Santos Guerra Grijalba (actual consejal propietario del CNJ). Tuvo 57 votos a favor y 3 votos en contra (Arena y Vamos).
2. Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez (labora en Cámara de Familia y ha sido juez suplente). Tuvo 59 votos y 1 voto en contra (Vamos).
3. Alexander Efraín Ticas Navarro (asesor de la Corte de Cuentas). Tuvo 59 votos y 1 voto en contra (Vamos).
Por el sector de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador:
4. Luis Alonso Ramírez Menéndez (actual consejal propietario del CNJ). Tuvo 57 votos a favor y 3 votos en contra (Arena y Vamos).
Por el sector de facultades de derecho de las universidades privadas:
5. Verónica Lisseth González Penado (actual consejal propietaria del CNJ). Tuvo 57 votos a favor y 3 votos en contra (Arena y Vamos).
Por el sector del Ministerio Público:
6. Miguel Ángel Calero Ángel (actual consejal propietario y presidente del CNJ). Tuvo 57 votos a favor y 3 votos en contra (Arena y Vamos).
Por el sector de jueces y magistrados:
7. Omar Alexander Hernández (magistrado de la Cámara primera contra el crimen organizado). Tuvo 57 votos a favor y 3 votos en contra (Arena y Vamos).
Como consejeros suplentes 2026-2031:
Por el sector de abogados:
1. Eduardo Antonio Pérez Hernández (jefe de Unidad de Notificaciones de la Corte de Cuentas). Tuvo 59 votos y 1 voto en contra (Vamos).
2. Alba Geraldina Paredes de Bonifacio (labora en la Corte de Cuentas). Tuvo 59 votos y 1 voto en contra (Vamos).
3. Manuel Alexander Guevara Hernández (director de transparencia de la Corte de Cuentas). Tuvo 57 votos a favor y tres votos en contra (Arena y Vamos).
Por el sector de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador:
4. Elías Alexander Mejía Merlos (docente universitario y asesor de empresas privadas). Tuvo 57 votos a favor y 3 votos en contra (Arena y Vamos).
Por el sector de facultades de derecho de las universidades privadas:
5. María Francesca Leiva Rodríguez (docente universitaria). Tuvo 57 votos a favor y 3 votos en contra (Arena y Vamos).
Por el sector del Ministerio Público:
6. Jennifer Isa Mansell García de Vásquez (jefa de unidad fiscal de Santa Tecla). Tuvo 57 votos a favor y 3 votos en contra (Arena y Vamos).
Por el sector de jueces y magistrados:
7. Nelly Edith Pozas Henríquez (magistrada de la Cámara Segunda de lo Laboral). Tuvo 57 votos a favor y 3 votos en contra (Arena y Vamos).
La diputada Marcela Villatoro explicó que en la evaluación que realizaron a los 41 candidatos salieron con mayores puntajes en cada una de las ternas: Jaime Roberto Reyes Guzmán, Eduardo Antonio Pérez Hernández, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, Alba Rodríguez Paredes de Bonifacio, Alexander Efraín Ticas Navarro, José Humberto Morales, Wilson Francisco Flores Zelada, William Rafael Rebollo, Manuel de Jesús Torres Gavidia, Larissa Ventura Peñate, Silvia Carolina de Rivas Zamora, José Alberto Franco Castillo y José Mauricio Henríquez Iraheta. Villatoro mencionó que decidieron no acompañar a dos de los candidatos de habían sido suspendidos en su función notarial.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy un decreto que exime de impuestos, costos de almacenaje y manejo sobre importación e Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios (IVA) sobre anteojos y desfibriladores que serán introducidos por la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistencias de El Salvador (ADRA El Salvador) al país.
La exoneración fue aprobada con 60 votos de todos los partidos.
La donación realizada por personas salvadoreñas radicadas en los Estados Unidos fue recibida por la organización humanitaria sin fines de lucro.
Esta consiste en 1,259 lentes con un valor aproximado de $61,635 y 16 desfibriladores marca Cardiac Science valorados en $12,000.
La agencia, de acuerdo con el decreto, deberá presentar a la Dirección en tres meses a partir de la vigencia un informe sobre la entrega de los productos y ante la Asamblea Legislativa un informe firmado y sellado por un auditor donde se acredite la entrega de los productos o los beneficios otorgados.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el acuerdo con Estados Unidos para el funcionamiento del Programa del Cuerpo de Paz en El Salvador que permite exenciones de impuestos al grupo de voluntarios por sus labores en el país.
El acuerdo fue firmado el pasado 7 de septiembre de 2023 luego de que el gobierno de los Estados Unidos decidiera restablecer las operaciones del Cuerpo de Paz (Peace Corps) en El Salvador, después de siete años de haberse retirado por la violencia que vivía el país por las pandillas.
El documento, según Cancillería, establece responsabilidades de ambos gobiernos sobre “supervisión, capacitación, protección, financiamiento y facilidades administrativas, migratorias, tributarias y aduaneras necesarias” para el funcionamiento del programa, según el resumen publicado por el sitio asamblea.gob.sv.
En el artículo 1 literal 4 del acuerdo establece que El Salvador sufragará la parte de los costos pero Cancillería explicó que no se trata de una contrapartida sino de exenciones fiscales o gastos que podrían ser acordados entre ambos gobiernos.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Estados Unidos otorga el financiamiento para los programas desarrollados a través del voluntariado de los estadounidenses.
Los programas buscan satisfacer necesidades de comunidades en áreas comunitario, agricultura, educación, salud, medio ambiente y desarrollo de la juventud.
Los Cuerpos de Paz se retiraron del país en 2016 debido a los altos nivel de violencia en El Salvador. Peace Corps es un organismo estadounidense dedicado a brindar apoyo a países por medio de voluntariados de dos años en áreas como salud, educación, negocios y agricultura.
En noviembre de 2025, 11 voluntarios de «Peace Corps» llegaron a El Salvador para apoyar programas de trabajo comunitario, como tercer grupo desde septiembre de 2024, labor en la cual se comprometen a enfrentar desafíos de su servicio «con paciencia, humildad y determinación». Otro contingente de voluntarios había llegado en julio de 2025.
El acuerdo del Programa del Cuerpo de Paz de Estados Unidos en El Salvador se estableció en 1962 pero se retiró en dos ocasiones, en 1979 por la guerra y en 2016 por la violencia en El Salvador, y se restableció en 2023.
Con 60 votos, la Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria de este jueves una ley transitoria que permitirá a los contribuyentes pagar sus deudas tributarias en las 44 municipalidades a través de planes de pago que podrán extenderse hasta diciembre de 2027.
La ley dispensa o perdona las multas e intereses moratorios generados por la falta de pago de impuestos municipales declarado y no pagados, ya sea al momento del pago, declaración o de actualizar información.
El contribuyente deberá pagar “una prima de un mínimo del 30 % del monto total del tributo a pagar con la multa e intereses dispensados”, es decir, con la dispensa de multa e intereses, y se someterán a planes de pago que “no deberán exceder al 31 de diciembre de 2027”.
El beneficio aplicará para deudas registradas hasta el 31 de diciembre de 2025 y no podrán aplicar los contribuyentes contra quienes las alcaldías hayan iniciado una acción judicial de cobro.
Los contribuyentes podrán aplicar a los planes de pago durante un periodo de 120 días, es decir, cuatro meses, que durará la vigencia de la normativa.
El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, pidió ampliar el rango de publicación o aplicación de la normativa “otros dos meses”. “Sería interesante poder manejar otros dos meses porque el tema fiscal se mueve más en febrero, marzo, abril”, dijo el alcalde Durán.
La modificación solicitada por Durán no fue comentada por los diputados, ni en la Comisión de Hacienda ni en el pleno. Y tampoco fue modificado el proyecto de ley.
